Coordinación de acciones de seguridad entre Ejército y Guardia Indígena: Un imposible moral

“Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también, entonces… hablamos. Y a los grupos armados, esta es nuestra casa… esta es nuestra casa y como autoridades, como autoridades desde el grupo familiar, no son bienvenidos. Tenemos un lema y es: tocan a uno, nos tocan a todos… esas son mis palabras como resguardo de Tacueyó”. Estas palabras invadieron las redes sociales durante la semana. No era para menos, se trataba de la voz de la gobernadora indígena Nasa, Cristina Bautista, del Resguardo de Tacueyó, en Corinto, Cauca, quien, a sus 42 años, fue asesinada junto a cuatro guardias indígenas, por un grupo armado.

“Se refuerza la seguridad en el Cauca: en los próximos días llegarán 2500 hombres de las Fuerzas Militares… En este momento comandantes de las Fuerzas Militares se encuentran en el Cauca para encargarse personalmente de la situación. Ya se encuentran en Corinto al frente de las acciones pertinentes. El enemigo por vencer es el narcotráfico y las bandas criminales. Hablamos con las autoridades indígenas para trabajar de la mano con la fuerza pública, y se enviarán 2.500 hombres para enfrentar estos grupos, lo más importante es velar por la vida de los indígenas”. Fueron las respuestas del gobierno nacional a través de los ministros de Defensa, Guillermo Botero y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Dos discursos distintos que responden a una misma realidad: la violencia contra el pueblo indígena del norte del Cauca. Para el gobierno nacional el problema radica en dos hechos: uno, que los indígenas no se dejan proteger porque no dejan entrar a la fuerza pública a sus territorios, pues parten del hecho que sí tienen la solución al problema de violencia y dos, el narcotráfico entendiéndolo como un problema de terceros donde el Estado nada tiene que ver. Al gobierno nacional se le olvida, o no le importa, que cuando la Constitución y la ley reconocen a los pueblos indígenas como autónomos, con gobierno propio, pasa por hacer valer el derecho de controlar sus territorios desde su propia cosmovisión.

Dos modelos de seguridad excluyentes

La visión de seguridad del pueblo Nasa es diametralmente distinta a la del Estado colombiano. Mientras éstos ven la guerra, el conflicto armado y la violencia como consecuencia de desarmonía con la madre tierra; el gobierno colombiano insiste en militarizar más el territorio que conlleva más conflictividad, es decir, profundizar la desarmonía. Por tanto, cuando el Ministro de Defensa informa al país, que enviará 2500 militares más al norte del Cauca, como una gran y novedosa solución, evidencia que no escuchó las palabras de la gobernadora Cristina Bautista cuando decía “esta es nuestra casa y los armados no son bienvenidos”.

Para el pueblo Nasa la seguridad de sus comunidades, de sus territorios, de la vida toda, depende de la conexión armónica con el entorno natural, esto es, el cuido y protección de la madre tierra a la que se deben como hijos de ella.

incluida la vida de los seres humanos, preservando la unidad con la madre tierra. Por ello, de ahí que el instrumento para el ejercicio de control y seguridad lo realizan física y simbólicamente con un bastón de mando –que para la sociedad en general puede aparecer como un simple bordón de madera, colorido y simpático– pero para los indígenas representa una serie de valores propios que deben conservar la casa –territorio–: rectitud, armonía, equilibrio y unidad. Pero también implica para la autoridad que lo porta, el deber de realizar un buen gobierno, de manera colectiva y con gran responsabilidad, la que la comunidad le otorgó. Vale decir, quién lo lleva, está obligado a ejecutar las decisiones que la comunidad aprobó y le depositó para implementar. Por tanto, el modelo de seguridad responde a una búsqueda de armonización y los bastones de mando simbolizan la recuperación y conservación de la vida. En otras palabras, los Nasa no comparten el sacrificio físico de nadie, por ello, la Guardia Indígena y su ejercicio de control territorial responde a un modelo para la vida, no para la muerte. La protección es entonces un concepto holístico que conlleva el cuido de la vida toda. Por supuesto surgirán las preguntas de los castigos –remedio– que infligen a los infractores de sus normas y las condenas en cárceles cuando se han cometido crímenes. No obstante, este pueblo se vio obligado por el contexto de violencia impuesto por agentes externos que intervinieron sus territorios, a adoptar dichas medidas para buscar la armonía, pero nunca, implicaciones de muerte.

Por esa misma razón, cuando la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN, aceptó la protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP, no permitió escoltas de la entidad ni armas para su seguridad. Desde entonces, los esquemas –carros blindados o no– cuentan con guardias indígenas de acompañantes con bastones de mando como “arma” de protección.

Para el Estado colombiano, la seguridad parte de someter, al contrario, al adversario, y si es preciso, eliminarlo. Este ejercicio se hace principalmente a través de las fuerzas armadas y ellas, obviamente portan armas convencionales. Cuando la industria armamentística fabrica un artefacto de estos, lo hace para matar, para quitar la vida, para eliminar de manera física. Cierto es que las leyes adosan su uso con premisas de utilizarse en última instancia o caso extremo, sin embargo, eso no le quita su sentido original: matar.

En consecuencia, es lógico desde todo punto de vista, pero principalmente desde la cosmogonía indígena, que cuando el gobierno nacional insiste en coordinar con la Guardia Indígena las operaciones de seguridad del territorio, encuentra un NO rotundo. Son modelos de esencia, sentido, fundamento y búsqueda, contradictorios y excluyentes, por tanto, incompatibles para cualquier intento de enfrentar la guerra declarada contra el pueblo Nasa.

El narcotráfico, la excusa perfecta

Argumentan los altos funcionarios del gobierno que la violencia en el territorio se desprende del narcotráfico. En parte tienen razón, si se mira como consecuencia del ejercicio del fenómeno. Sin embargo, si se analiza desde la prevención y desmantelamiento de los grupos armados que lo estimulan y protegen, la violencia que se desprende del fenómeno del narcotráfico tiene todo que ver con el papel del Estado en el territorio y particularmente de la Fuerzas Militares allí apostadas.

Los últimos hechos, que no los únicos, pues esta situación viene de mucho tiempo atrás, y de acuerdo con los pronunciamientos de las organizaciones indígenas CRIC y ACIN, la Fuerza Pública tiene la información de la ubicación de los grupos armados, sus movimientos y sus rutas, y no las desmantelan, por el contrario, crecen exponencialmente. Pero también lo advierten en todas sus intervenciones, dos situaciones: una, que el Ejército sí está en sus territorios, siendo falso que no pueden entrar, dos, el Ejército está apostado en las vías por donde circulan los camiones cargados de marihuana, pero no los detienen ni controlan, por el contrario, ante lo cual, los camiones lo hacen con libertad. Todo lo contrario, hace la Guardia Indígena y las autoridades, de ahí la guerra declarada contra ellos y las vidas sacrificadas de sus comunidades.

Para nadie es un secreto que el movimiento indígena del Cauca es y ha sido un dolor de cabeza para el establecimiento colombiano, dada la resistencia ejercida desde siempre para la recuperación de las tierras que consideran suyas y han sido usurpadas por los ingenios de azúcar (recuperación de la madre tierra). En esa tensión o conflictividad histórica, la Fuerza Pública fue puesta del lado de los empresarios, de ahí que el pueblo indígena tenga el estigma de enemigo del desarrollo y, por ende, no es sujeto de protección, en cambio sí de agresión. Sin embargo, como esa agresión física y directa contra las comunidades indígenas ha traído altos costos políticos al Estado colombiano, mantener convulsionado el territorio con mayor militarización –desarmonización– y cohonestar con terceros –grupos delincuenciales y bien armados– para que mantengan a raya al pueblo indígena y romper su resistencia, es una buena fórmula para no pagar costos políticos y controlar a uno de los enemigos internos.

Pero el gobierno no sólo no escuchó las palabras de la gobernadora inmolada y los cuatro guardias acompañantes, ignora también sus categóricas sentencias:

“Por cada indio muerto, otros miles nacerán…”
“Quisieron enterrarnos, pero sabían que éramos semilla…”
“Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol…”