Elección y paro nacional

“…le grandi masse si sono stacatte dalle ideologie tradizionali, non credono più a ciò in cui prima credevano (…). La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregnosi verificano i fenomeni morbosi più svariato.”
Antonio Gramsci, en Gramsci. Fenomeni morbosi. Garzanti, 2019, p. 12.

“No sabíamos que había menores de edad…no fue una operación contra menores de edad, sino contra un cabecilla de los Gaor”.
Gral. Luis Fernando Navarro, comandante de las FFAA de Colombia.

Sí a la paz, No más neoliberalismo

Las elecciones del 27 de octubre no llegaron solas. Vinieron acompañadas después por la denuncia de los resultados luctuosos, inexcusables, de un bombardeo realizado contra un campamento de la disidencia de las Farc, bajo el mando de Gildardo Cucho en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 29 de agosto.

En esa acción de guerra quedó establecido que por lo menos murieron 8 menores, cuyos cuerpos quedaron destrozados y esparcidos en medio de un total de 17 muertos, de acuerdo con lo reportado por Medicina legal y la Fiscalía. Sin embargo, para hacer más desgarrador el episodio, Noticias Uno, señaló que, en realidad, los menores muertos en la acción de guerra fueron 18, y de éstos, 3, señalan, consultando a pobladores de la zona, fueron asesinados después del bombardeo.

De otra parte, el no saber de la presencia de menores, alegado por el mindefensa como por el Gral. Navarro se contrasta con lo informado por Herner Carreño, personero de Puerto Rico (Caquetá), quien denunció tres casos de “niños reclutados contra su voluntad mes y medio antes del bombardeo”. (ET, 7/11/19, 1.2)

José Miguel Vivanco de HRW, consultado, reiteró que el DIH no distingue cuando se trata de reclutamiento de menores, sea este forzado o voluntario. Para estas operaciones, el ejército tiene que contar con la información requerida. No hay excusa. El precandidato del CD, Nieto Loaiza, en cambio, hizo una interpretación contraria, que menores sí pueden ser responsables cuando participan de acciones armadas; y aventuró la hipótesis, no para este caso, que los menores sean utilizados como escudos, porque de lo contrario su “tesis” resultaría contraevidente.

El mindefensa, los generales Navarro, y Nicasio Martínez Espinel, y el propio presidente alegaron que no supieron de la existencia de menores en el campamento, sino hasta después de las muertes. Más aún, el comandante de las FFAA, afirmó que apenas se enteró el día del debate, cuando lo mencionó el senador Roy Barreras. Eso sí, aprovechó para decir que supo, antes de estos bombardeos, de la reunión de las disidencias en el Retorno (Guaviare) para realizar acciones de reclutamiento.

Después se conoció el testimonio de la madre de una de las víctimas, una niña de 12 años. Dijo que su hija fue obligada a irse con el Viejo y una joven, Lorena, quienes hacían reclutamientos en Caquetá. Denunció, igualmente, que no le dejaron ver su cadáver, y que la identificación de los restos se hizo por huellas.

Entonces, antes de producirse la votación de la moción de censura, hecha la aritmética de votos por la bancada gobiernista, tenían claro que ya había 53 votos, Alianza, Polo, Farc, Decencia, Colombia Humana, Indígena, con Cambio Radical (16), más 14 del Liberalismo, a lo que se sumó la lista de 14 senadores del partido de la U, para un total de 67 votos. Así las cosas, Guillermo Botero comunicó su renuncia el pasado 6 de noviembre.

La crisis poselectoral

A la crisis de representación del bloque dominante, que comanda el uribismo se le sumó la renuncia del mindefensa, Guillermo Botero, que buscó escabullirse del desenlace de la votación de la censura congresional. Se abrió una crisis ministerial que se desató con el nombramiento de su reemplazo, el que era el canciller Carlos Holmes Trujillo. Antes Trujillo, en la asamblea general de la ONU, se abstuvo en nombre de Colombia, el pasado 7 de noviembre.

Le correspondió el triste papel de ser el heraldo negro de la diplomacia colombiana, que modificó la tradición del voto en favor de Cuba. Pretextó el gobierno Duque, sin fundamento en el DIH, “una actitud hostil de Cuba”, porque el nuevo presidente Díaz Canel se negaba a extraditar a los guerrilleros del ELN, cumpliendo con los protocolos acordados previamente entre gobierno y guerrilla, que son ley para las partes.

Ahora la canciller es Claudia Blum, excongresista del círculo de confianza del expresidente Uribe, a quien acompañó durante el segundo gobierno, cuando abandonó las filas del partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, que estuvo en oposición al segundo mandato del señor de las sombras.

Con estos antecedentes en cascada, se entiende por qué la desaprobación de Duque llegó al 69 %, según lo informó Invamer. Superó las cotas más altas de sus 15 meses como presidente. Sólo el 26% aprueba su desempeño, acercándose al número de simpatizantes y militantes del CD, y los partidos de la coalición gobernante. La cifra más desfavorable la marca el hacer frente al desempleo, 88%, lo sigue la inseguridad, 85%, luego la economía, 77%, y el cumplimiento del posacuerdo de paz, 70%.

La cabeza del frente reaccionario, la mascota del BID, Iván, que comparte jefatura con el máximo dirigente del partido de la guerra, Álvaro Uribe, responde a las que denomina “falacias” de los convocantes del paro nacional del 21 de noviembre. Habló primero en el Congreso Nacional de cajas de compensación, dijo que no habrá masacre laboral, tampoco golpeará las pensiones, ni acabará Colpensiones; no se pauperizará el empleo de jóvenes, y tampoco se reducirá el salario mínimo. Cerró diciendo en tono airado, “no vamos a dejar que las falacias sean las que motiven el odio y la confrontación”. (ET, 9/11/19, 1.5)

Ese día viajó a apagar el “incendio social” del Cauca, en compañía de dos altos prelados de la Iglesia católica, Darío de Jesús Monsalve, y Luis José Rueda. El baño de sangre en esta región, en 14 de 15 meses de gobierno de Iván Duque registró 127 personas asesinadas. Al término del consejo de seguridad prometió acelerar, por fin, el plan social, que las minorías indígenas y campesinas no ven llegar; y que el comisionado de paz, Miguel Ceballos tasa en casi el billón de pesos.

A la manera del alcalde Peñalosa, su aliado en Bogotá, Duque aparece con su listado de realizaciones en la deprimida y aterida bota caucana: el apoyo a 207.000 personas de Familias en acción; 3.437 de familias en su tierra, que corresponde a población desplazada; 41 proyectos en infraestructura con 80.000 beneficiarios; 160 proyectos aprobados de Regalías con beneficio para el 90% de los municipios caucanos. Para aumentar las cuentas, se totaliza para la vigencia de 2018, 94 proyectos realizados, y de éstos 58 son obras PDET concluidas; y la de 2019, suma 181 proyectos PDET. En pocas palabras, Cauca, de un momento a otro, se transformó en el país de Jauja de las cifras.

Pero, de la paz, ni siquiera mentarla el presidente, ni por equivocación. Sin embargo, el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado le aguó la fiesta. Mencionó la necesidad de implementar los acuerdos de paz, que abarcan 6 puntos principales, que, por lo demás, está consignados en un documento de 376 páginas, que, probablemente, el primer mandatario no tuvo tiempo, ni ganas de leer.

Al memorial de agravios caucanos se unió la voz del alcalde de Toribío, Alcibíades Escué, quien denunció: “Alguien muy poderoso (…) nos está matando, pero nosotros, bajo la sabiduría de nuestros ancestros y de la vida misma, nos defenderemos”. Claro, el bestial antecedente fue el asesinato de cuatro indígenas, y la gobernadora del resguardo de Tacueyó, Cristina Taquinás, el mismo día de elecciones. El carrusel de la muerte contabiliza para el norte del Cauca, según el registro del CRIC, 54 indígenas asesinados, sin causas penales efectivas contra sus perpetradores.

La promesa de 2.500 uniformados más para el Cauca, cuando los crímenes se producen en las barbas de las fuerzas militares ya existentes, y los esfuerzos valerosos de Rossi Jair Muñoz, defensor del pueblo del Cauca, que intenta hacer una especie de fudra de la paz desarmada, llamada “la carpa blanca”, que integre a gobierno y autoridades indígenas, es manchado antes de implementarse por el sacrificio de un indígena.

A pesar de las intimidaciones, las amenazas de las guardias blancas, urbanas y rurales, los chantajes ejercidos sobre las direcciones sindicales, los partidos políticos de centro, izquierda, los movimientos democráticos, las protestas estudiantiles y magisteriales, la minga anunciada se juntan decididos en la convocatoria al paro nacional del 21 de noviembre.

Basta recordar la experiencia del paro cívico nacional de septiembre de 1977. Para precaver, claro está, que como protesta pacífica que es, cualquier hecho de sangre está proscrito, como los padecidos en aquellas jornadas de lucha, en Bogotá y otras ciudades. El gobierno del “progresista” López Michelsen sacó a la calle las fuerzas armadas para reprimir y disparar a mansalva contra los protestantes.

Esta vez, el 12 de noviembre, el gobierno y las centrales obreras CGT y CTC, dieron compás de espera al presidente Duque, quien insistió en que no habrá reforma pensional y laboral, y que no pagará menos del salario mínimo a los jóvenes de primer empleo, pero, por sobre todo, que estará proscrito cualquier tipo de violencia en la movilización/paro que sigue adelante, como lo reiteró Julio Roberto Gómez, uno de los líderes del comando de paro, junto con la CUT y Fecode que no suscribieron el voto de confianza al gobierno.

¿El partido de la reacción en caída libre?

“Es prácticamente imposible encontrar departamentos o ciudades importantes en el país donde un solo partido haya conseguido el triunfo…La política nacional se fragmentó”.
Rafael Nieto L, ET 5/11/19, 1.4.

Algunos analistas ante los resultados en las ciudades y gobernaciones hacen cuentas alegres sobre el derrumbe electoral del Centro Democrático, CD, pero esas cuentas tienen que relativizarse, por el anclaje principal, desde los tiempos del segundo mandato de la seguridad “democrática”, que el CD estableció sus reales y mojones en los municipios, veredas y corregimientos que iban pasando a control de los ejércitos paramilitares, quienes obtenían el beneplácito y daban los votos para elegir a los parapolíticos, a quienes embadurnaban de “mermelada”, fruto del tráfico de la cocaína, la heroína y la mariguana, según los lugares de sus enclaves.

A este fenómeno, nosotros los nombramos en el libro colectivo “El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia”, la pararepública, la manera de parasitar la sociedad civil rural y semirural, dándole nacimiento progresivo y express, cuando las resistencias eran menores, o las masacres eficaces, al régimen parapresidencial desde la base, que se fue extendiendo a punta de fusil, metralla, machete y terror.

Para ir desmontando la promesa del estado social, y sembrar con sangre y dolor, en su lugar, el llamado estado comunitario, con la legitimación vergonzante y descarada del publicitado “estado de opinión”; por medios de comunicación proclives y encuestadores bien pagos. Todos haciéndose por los primeros años de la seguridad los de la vista gorda, y los menos intimidados por el sacrificio de periodistas y comunicadores que actuaron a contracorriente.

En los parajes del parapresidencialismo, pero no solo allí, el CD volvió a elegir una considerable cantidad de concejales y diputados. Estas resultan ser las células de la reacción, en alianza con políticos tradicionales que aún se visten de liberales y conservadores. Ellas fagocitan en esta aterradora alianza, las resistencias y el tejido democrático municipal; u obliga a los tibios a comer callados, y a los venales a repartirse la corrupción en la tranza con el neoclientelismo armado que se expandió en círculos concéntricos desde uno de sus laboratorios principales, Santafé de Ralito.

Esta componenda de terror y corrupción política la denunciaron bien, primero, Claudia López en Y refundaron la patria; luego Iván Cepeda con sus relatos sobre el Ubérrimo, y Olga Behar, en su trabajo periodístico testimonial, el Clan de los 12 apóstoles. Hasta superponerse con Antioquia, la fábrica de las Convivir desde cuando Ernesto Samper era presidente.

No en vano Antioquia es el botón de muestra de la “resiliencia” del partido CD. Es, hoy por hoy, ejemplo de cómo trabaja este topo reaccionario permeando, horadando la ciudad y el campo. Este año eligió en Medellín a 7 concejales, que son la mayoría, y ganó en las JAL de 15 comunas, y en 2 corregimientos; además tiene 7/8 diputados para la asamblea, siendo también la bancada mayoritaria. Dicho lo cual, Daniel Quintero, el alcalde independiente, pronto sentirá cómo lo presionan para que rectifique el rumbo.

La política como fórmula criminal

“Es claro que no se cumplen los presupuestos probatorios ni los requisitos de necesidad para proferir medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe”.
Jaime Granados, su apoderado, en alegato de 339 folios.

No es cosa menor, que Álvaro Uribe, al fin, haya rendido indagatoria, y también parte de su corte de los milagros, sus peones, Álvaro Hernán Prada, y el exitoso abogado de narcotraficantes Diego Cadena, quien se ha inculpado, mientras va y viene en su avión entre Bogotá y Miami.

Tampoco lo es que haya tenido también su turno ante la justicia, el hermano del expresidente, Santiago. La Fiscalía 10 pidió compulsar copias por falsedad testimonial de 7 testigos; mientras que Procuraduría pide condenarlo, pero por conformar grupo paramilitar, distinto al homicidio de Camilo Barrientos Guzmán, aunque las ejecuciones eran la fórmula más socorrida, dicen los testigos, del modus operandi de la mafia política de Los 12 apóstoles.

En todo caso, la boconería del exvice Rafael Nieto Loaiza, quien suele posar de especialista en derecho internacional, y DIH, con poca fortuna, a la sombra de su padre que en efecto fue tratadista en esas materias, es relevante para inventariar con la vocería de uno de los suyos al partido de la reacción, y al bloque que dirige la guerra interna y defiende a capa y espada la paz reaccionaria, esto es, la propia de los sepulcros y las rendiciones incondicionales.

La voz “disidente” pide pista y despista

“Este ha sido siempre un partido de opinión. Ha hecho política sin puestos, sin contratos, sin presupuesto, y no fue distinto ahora”.
Rafael Nieto Loaiza, ET 5/11/19, 1.4.

Entrevistado por una “furibista” solapada, María Isabel Rueda, Rafael Nieto ofrece un balance del resultado electoral, y hasta cuentas alegres hace. Recuerda que en 2015 tenían una gobernación, Casanare, y le añadieron a la cosecha otra, Amazonas; porque las otras dos son compartidas en la pasada elección. De modo general, sin atreverse a dar cifras dice que “el partido crece en el número de concejales, de diputados y alcaldías”. Y es cierto, comparado con cuatro años atrás, pero, no se equivoca al reclamar como punto de comparación el año 2018, cuando tuvieron excelentes resultados en congreso y presidente.

Al respecto, conviene recordar la acusación de fraude que levantó Petro sobre las elecciones de 2018, sin pruebas a la vista, pero que nos dan otra perspectiva sobre los resultados actuales. Porque Nieto Loaiza reconoce que perdieron en todas las capitales, excepto en la coalición hecha en Barranquilla. Tampoco pudieron ganar en ciudades intermedias, excepto Soledad y Bello. Pero, en parte, contrasta, diciendo que el CD no puede “quedar confinado a ser uno mayoritario en los pequeños municipios y en las áreas rurales”. (ET,5/11/19, 1.4)

Es precisamente de estos lugares, con la excepción de Antioquia, Córdoba y Sucre, bancos de prueba del régimen parapresidencial, de donde partió la “cruzada” del Estado comunitario, de la mano asesina de los cabecillas paramilitares, confederados luego en las AUC; y extraditados después por el socio mayor de la “degeneración democrática”.

Luego, Nieto posa su interés analítico en los demás partidos “tradicionales”, mezclas bizarras de bipartidismo herederos del país político relanzado con los acuerdos del Frente Nacional. Señala también la caída de Cambio Radical que tenía el 40% del gobierno regional; otro tanto le pasó a liberales, conservadores, y peor al partido de la U. Y remata con esta afirmación: “El único que puede sacar cara y decir que ha sido ganador en este proceso es Alianza Verde”, que por supuesto no es un partido.

El analista del Centro Democrático traza una diferencia entre las elecciones para Congreso y presidente, y las territoriales, no solo acudiendo a referencias históricas, sino también a la conveniencia para las aspiraciones de su propio partido en el año 2022. Para sustentar esta diferencia trae a cuento, cómo Cambio Radical fue la segunda fuerza en el Congreso, y su candidato Vargas Lleras no pasó de 1.400.000 votos; y el Liberalismo fue la primera fuerza para el mismo año 2018, en Cámara, pero su candidato, Humberto de la Calle no superó los 400.000 votantes. Igualmente, sentencia, que donde se dividen centro y derecha, como fue el caso de Medellín, es electa otra persona, en este caso Daniel Quintero que se autocalifica de independiente.

Por fin le toca el turno a la izquierda. Dice Nieto que al petrismo le fue bastante mal, excepto en Magdalena, en alcaldía y gobernación, y en la participación marginal en Cali. Otro tanto le reparte al PDA, a quien Rafael endilga sólo buen resultado en la alianza en Bogotá, porque en Nariño perdió la gobernación que estuvo en cabeza de Camilo Romero.

La contra marcha de la crisis de hegemonía

“Cuando la ciudadanía sale a las calles es porque los gobiernos no la escuchan…Necesitamos un acuerdo de verdad…”
Roy Barreras, senador citante de la moción de censura contra mindefensa.

El CD, partido de gobierno, y su coalición están en calzas prietas. La salida de Guillermo Botero no resuelve la problemática de la seguridad que ataca en todos los flancos al gobierno Duque. A la vez, la ley de financiamiento va a ser torpeada en el Congreso, aunque los problemas del presente año quedaron resueltos con el apoyo de la Corte Constitucional.

De ahí para adelante, el primer obstáculo político de la dupla reaccionaria, Duque/Uribe, es el pliego de exigencias que levantan los organizadores del paro nacional de 21 de noviembre. Así se modificará la ley de financiamiento, que no puede beneficiar a pocos grandes capitalistas ampliándoles exenciones, y premiándoles su voracidad sin límites, a costillas de clase media y trabajadores en general.

Aumentará, igualmente, vía Congreso el reclamo por los responsables directos, civiles y militares, exigiendo sanciones a todo nivel por la sangre de las víctimas, en primer lugar, de los 8 menores literalmente volados a bombazos, en tribunales dentro y fuera de Colombia.

Las fuerzas del centro y la izquierda han crecido electoralmente en las capitales, y tienen al frente la red de casamatas y trincheras de la sociedad civil rural y semirural, donde la violencia “para” arrecia, disfrazada detrás del nombre de Águilas Negras, que recuerda a la Mano Negra del tiempo de la gran violencia; y el cinismo de las fuerzas militares cada vez tiene más obstáculos para recibir coimas por sus “buenos servicios” al establecimiento.

No hay duda de que el nuevo ministro de defensa no podrá insistir con descaro en continuar la política pública de guerra a la chita callando. Por lo pronto se cambió ya la costumbre que venía desde 1991, de colocar en la cartera solo a civiles, porque fue encargado el general Luis Fernando Navarro, que no ha hecho otra cosa que evadir, o mentir hasta más no poder, a periodistas, cuando se le ha preguntado por el bombardeo infanticida al campamento de la disidencia.

Esta actitud, y la conducta reiterada de mentir frente a los falsos positivos ha ampliado el descrédito de esta institución, y ha ampliado la crisis de hegemonía en el espacio de la sociedad política, en el comando de sus aparatos represivos de estado. Por lo que se barajan con afán y tacto nombres, siendo, en apariencia, los más opcionados dos quemados, los jóvenes Juan Carlos Pinzón, y Miguel Uribe, aunque algunos hablan también de Rafael Guarín y Luis Guillermo Plata.

A las puertas del 21

“Cada país está viviendo un drama propio. Pero lo que es evidente en la región es que mientras el tejido de la integración global se deshilacha, los gobiernos latinoamericanos enfrentan un aumento de la insatisfacción popular y una marcada pérdida de confianza pública en los gobiernos y las instituciones”.
Jeremy Adelman/Pablo Pryluka, ET 3/11/19, 2.3.

Este 21 de noviembre la sociedad civil colombiana se moviliza en contra de la estrategia del estado de opinión y la reedición de la política pública de guerra preventiva que de manera solapada se vino librando, a través de testaferros, ensañándose con las comunidades étnicas más impermeables a los actos de guerra, con el interés de quebrantar sus autonomías, y parar la recuperación de los territorios ancestrales.

Estas naciones originarias, a la vez, están sujetas a la imposición de una miseria creciente, que las orilla siempre hasta ser presa de los cultivos ilícitos para reproducir sus condiciones de existencia. Apretujadas las más de las veces en miles de hectáreas infértiles, por las prácticas de la agricultura extensiva, o la naturaleza de sus suelos. Mientras que las mejores, subsidiadas, están en poder de pocas familias de terratenientes que explotan la agroindustria, y se benefician de los precios políticos del etanol, la palma, y la caña de azúcar.

En los colegios y las universidades, profesores, estudiantes y trabajadores no le comen más cuento al famoso presupuesto para la educación, que por debajo de cuerda es recortado y “desviado” a otros menesteres. Hay más de 16 billones de regalías que las unidades territoriales no ejecutaron, pero, en cambio, de los $350.000 millones pactados con el gobierno solo se giran $75.000 millones para repartir entre las instituciones de educación superior, y la ministra de educación porfía que está cumpliéndose con lo acordado.

Las centrales sindicales no están dispuestas a padecer el paquetazo; están alertas con el deterioro de los salarios, y la detención del crecimiento económico en relación con los índices que se requieren para poder emplear a los trabajadores que ingresan cada año al mercado laboral, y que no se pueden recuperar con la tasa actual del 3,4 %. La desocupación en el país era de 10,2 para el mes de septiembre; y la agricultura y la industria nacional andan de capa caída.

Conviene recordar que en el campo la informalidad laboral es del 86%, y no fue posible la aprobación del jornal diario integral. La actividad de los pequeños productores del agro solo cuenta para la comercialización de sus productos con 175.000 kms de vías terciarias, con solamente el 10% en buen estado. Además, la deuda bruta del sector público es del 49%. En cuanto a exportaciones netas, cayeron las de petróleo y carbón, pero en otros rubros el crecimiento fue de 3,7%, pero más barato, haciendo que su valor, en realidad caiga en un 4,3%. En suma, según la Cepal, los productos exportados tendrán una caída calculada del 8 % en promedio.

Lo único que ha prosperado es el consumo interno de las familias, y es el motor real de la economía presente. Por lo que los trabajadores exigen un mejor reparto de la cuota de plusvalía expropiada con grandes beneficios por el capital financiero; lo cual supone, efectivamente, un cambio del modelo económico neoliberal, que, por otra parte, no es lo que quiere el minhacienda y el equipo económico de gobierno, cuando todo el vecindario está a punto de incendiarse literalmente.

Peor insistencia, cuando Chile, el modelo virtuoso, tiene a millones de chilenos en la calle protestando sin descanso, exigiendo una sociedad más justa, esto es un reclamo sostenido de lucha frontal contra la desigualdad. Con 23 fallecidos, el Chile profundo ya le dijo no a “la continuidad del modelo de economía abierta” que dejó a la deriva la educación, la salud, las pensiones, el empleo con un ingreso mínimo garantizado.

Quienes pararán el Colombia este 21, tienen cada vez más claro por qué luchan y cuál será el precio de su triunfo. Más aún tienen una poderosa bandera que reivindicar la situación de abandono de los más débiles, los niños, que probó en el informe de primera infancia en Bogotá, que el balance de la última década es negativo.

La seguridad alimentaria es una declaración vacía de contenido nutricional. Los índices que prueban este drama en crecimiento son la baja talla y peso, que tienen que ver con un real déficit alimentario que obedece a la pobreza multidimensional y monetaria, que afecta a la cuarta parte de los niños menores de 5 años.

En suma, desnutrición y pobreza se juntan, para producir la peor desnutrición crónica que produce definitivas alteraciones físicas, vulnerabilidad ante la enfermedad y daños mentales irreparables; y estas desgracias inducidas no se mitigan, sino que se agravan con el consumo de comida chatarra y bebidas con azúcares libres.

A esta destrucción de la primera infancia se une el asesinato de niños reclutados por la guerrilla, cuya última contabilidad asciende ya a 18 cuerpos destrozados en bombardeo cobarde, y retaliatorio en San Vicente del Caguán, oculto del presidente para abajo. Más el ininterrumpido asesinato aleve de los líderes sociales, y contra aquellas personas y equipos que insisten con terquedad, contra todo pronóstico, en detener el avance de la paz, como lo expresa con elocuente dolor el asesinato de cuatro técnicos, en la vereda Santa Elena, en Corinto, Cauca; y antes le habían quitado la vida a Alexander Parra, un reinsertado, líder ambiental sacrificado en Mesetas (Meta).

De occidente a oriente, de norte a sur, la carnicería de compatriotas no para, durante los 15 meses del gobierno de la contrarreforma reaccionaria. Estas son las cifras brutalmente elocuentes, reproducidas en la nota de Luis Noé Ochoa, “Tiro al pichón”, 160 reinsertados asesinados, más de 600 líderes sociales, y 36 indígenas en lo corrido del año 2019, a 2 de noviembre.

Tiene que producirse una inflexión en el desenlace reaccionario de la crisis de hegemonía presente, en favor de los grupos y clases subalternas. El día del paro nacional –esta prueba pacífica de fuerza social y política– tiene que mostrarlo, en Colombia y alrededor del mundo. Sin que se vaya a producir, ni vayamos a permitir ni una sola víctima más, como los cientos que se alega fueron el resultado de la represión sorda del paro de septiembre de 1977, en Bogotá y otras ciudades de esta martirizada república. En suma, es una nación que ha dicho basta, y movilizará todas las fuerzas de la decencia, la dignidad, la igualdad, contraria a permitir una gota más de corrupción derramada por el país político.