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Colombia requiere con urgencia |
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La movilización y la protesta pacífica es un derecho consagrado por la Constitución Nacional y por la ley 1757 de 2015. Constituye una forma de participación ciudadana que fortalece la democracia e invita a las autoridades a entablar un diálogo con la ciudadanía que permita encontrar las mejores soluciones a los problemas del país y sus territorios. |
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Fundación Foro Nacional por Colombia |
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Presidencia Ejecutiva |
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Comunicado a la opinión Pública Desde el pasado 21 de noviembre diferentes sectores de la sociedad y la política colombiana han salido a las calles en varias ciudades y municipios del país a expresar su inconformidad con el gobierno nacional por la acumulación de problemas no resueltos, la orientación de las políticas económicas y sociales, y el freno impuesto a la implementación del Acuerdo de Paz. A ese respecto, La Fundación Foro Nacional por Colombia hace públicas las siguientes consideraciones. La movilización y la protesta pacífica es un derecho consagrado por la Constitución Nacional y por la ley 1757 de 2015. Constituye una forma de participación ciudadana que fortalece la democracia e invita a las autoridades a entablar un diálogo con la ciudadanía que permita encontrar las mejores soluciones a los problemas del país y sus territorios. Ya pasaron los tiempos en que la protesta era confundida con la subversión armada. Como Foro lo viene diciendo de tiempo atrás, “se vale protestar”. Rechazamos los hechos de violencia ocurridos en algunas ciudades, luego de que la población marchó pacíficamente, así como la política de terror orquestada por algunos sectores para invalidar la protesta pacífica como medio de expresión social. Condenamos tanto la acción de pequeños grupos violentos que nada tienen que ver con la organización de las marchas, como la excesiva respuesta de las fuerzas del orden, en particular del ESMAD, que recayó sin justificación sobre hombres y mujeres que se movilizaron con el exclusivo propósito de manifestar su insatisfacción. Lamentamos profundamente la muerte de Dilan Cruz, víctima de esos excesos, y expresamos nuestras más sentidas condolencias y nuestro sentimiento de solidaridad con su familia. Creemos que el diálogo es el mejor instrumento para resolver la coyuntura que vive hoy el país. El gobierno nacional ha propuesto al país una conversación nacional. Creemos que no es suficiente. Una cosa es conversar y otra es dialogar. El diálogo implica intercambio de ideas y argumentos con el fin de entender los diferentes puntos de vista, construir acuerdos y tramitar civilizadamente los disensos. El presidente se reunió con el Comité Nacional del Paro, hecho de primera importancia para avanzar en la generación de confianza; sin embargo, ese primer encuentro no arrojó resultados esperanzadores. Esperamos que un nuevo encuentro entre el gobierno y los líderes del movimiento, así como las reuniones con otros sectores de la sociedad colombiana y de los partidos políticos permitan construir una ruta de diálogo y una agenda común. Esa ruta debe incluir los procedimientos para que el diálogo nacional se nutra de procesos similares en las regiones y en los municipios, haciendo uso de los escenarios de participación existentes (Consejos, Comités, Mesas, etc.), de manera que nadie quede excluido de la posibilidad de formular sus inquietudes y aportar sus soluciones. Por su parte, la agenda debe contemplar los temas que han sido objeto de reivindicación, tanto en materia socioeconómica, como aquellos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, la lucha contra la corrupción y la protección de líderes y lideresas sociales. Nadie puede imponer la agenda. Tiene que ser construida con el aporte de todos los sectores, incluido el gobierno. El diálogo no puede ser excusa para dilatar las soluciones. Compartimos la idea de encontrar salidas prontas a problemas urgentes, lo que seguramente implicará un giro en las actuales políticas económicas y sociales del Gobierno. Vemos con buenos ojos el ofrecimiento hecho por la Universidad Nacional para actuar como garante del diálogo nacional, así como la iniciativa del Procurador General de la Nación de acompañar el proceso y aportar su experiencia en materia de diálogo social. Colombia requiere con urgencia un gran pacto social y político en torno a su presente y su futuro, construido de manera participativa e incluyente. Esta coyuntura debe ser vista como la oportunidad para que el pacto propuesto por el presidente a través del Plan Nacional de Desarrollo sea verdaderamente un pacto acordado con todos los sectores sociales del país y no solamente con aquellos de confianza del gobierno. Este tiene que conectarse con el país y abrirse a las voces ciudadanas. Es la única vía para construir una Colombia más justa, próspera y en paz. Edición 664 – Semana del 7 al 13 de diciembre de 2019 | |||||||||||||
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