Perú, crisis política e institucional

 

Las protestas de noviembre en Perú se pueden explicar como la reacción inmediata por el descontento acumulado desde el año 2017 cuando todo el país se enteró que sus sucesivos presidentes desde el año 2001 estaban incursos en el escándalo de Odebrecht. Luego la expulsión del presidente Kuczynski en marzo de 2018 que revestía aspectos de la misma trama.

 
Alberto Ramos Garbiras1
 
 

Martín Vizcarra asumió la presidencia en el año 2018 cuando fue defenestrado el presidente PPK en un juicio político exprés, siendo acusado dentro del escándalo de Odebrecht; le aplicaron también la figura de la incapacidad moral. Su fórmula vicepresidencial había sido Martín Vizcarra, ex Gobernador de Moquegua. La misma forma de sacarlo del poder que ahora lo dejó por fuera del palacio presidencial. Esta salida abrupta sumió a Perú en una crisis política, institucional, económica y jurídica. Muy preocupante porque la pandemia hizo aflorar todas las lacras que estaban dormitando o camufladas.

La fórmula de la incapacidad moral es una especie de revocatoria indirecta sin participación popular porque no le consultan al pueblo sino a sus representantes; los congresistas deciden según lo prescrito en el artículo 113 de la Constitución y el Tribunal Constitucional, se pronuncia sobre su procedencia. Esta forma de sacar a un presidente del poder aparentemente es “benéfica” porque es un control rápido para cortar el mandato de un mal gobernante; pero se presta a manipulaciones, arreglos y desvíos, Y se convierte en una confusión entre el proceso penal en la Fiscalía y el proceso congresional de control político que, en la practica viola el debido proceso. Las acusaciones en su contra por dos contratos de obras públicas, entre el 2013 y el 2014, en Moquegua, sobre un hospital regional y una obra de irrigación, sobre ellas aún no ha concluido la investigación penal.

Las protestas de noviembre en Perú se pueden explicar como la reacción inmediata por el descontento acumulado desde el año 2017 cuando todo el país se enteró que sus sucesivos presidentes desde el año 2001 estaban incursos en el escándalo de Odebrecht; luego la expulsión del presidente Kuczynski en marzo de 2018 que revestía aspectos de la misma trama; ascendió su vicepresidente Martín Vizcarra y comenzó a aplacar los ánimos al enfrentar la corrupción desbordada. Y aparentemente lo hizo bien porque se distanció de la clase política en descomposición al punto de disolver el Congreso en septiembre 2019, llamar a elecciones y tratar de cambiar el cuadro político.

Vizcarra cometió un error garrafal al no presentar listas propias o hacer alianzas en esas elecciones atípicas, se quedó sin congresistas y en un país donde el Congreso es unicameral la situación es mas inestable al no tener bancada de partido, apoyos directos y quedar al albur de arreglos ocasionales, máxime en Perú donde existen al menos 24 partidos políticos: Un pluripartidismo desbordado y una falta de coherencia de los viejos partidos. Aún los peruanos no han podido vencer el lastre del fujimorismo y su fardo de corrupción que ha corroído a todos los estamentos de la administración pública.

Más de la mitad de los congresistas están siendo investigados, se reprodujeron en la elección con cuadros políticos de los mismos jefes que dominan la escena política, no hubo cambios sustanciales y la enfilaron contra Vizcarra el menos corrupto de la clase política. Como lo describió la periodista Stephany Echavarría, “Vizcarra quedó a merced de un grupo de bancadas inexpertas, con agendas subalternas”. Pero tenía un pecadillo ejecutado en la Gobernación de Moquegua desde el año 2014, sobredimensionaron el supuesto delito pues aún no había sido juzgado formalmente y acudieron a declarar la vacancia, una especie de revocatoria directa que se obtienen con la mayoría de esa sola Cámara congresional, a través del artículo 113 numeral 2 de la Constitución: incapacidad moral. Un injerto amorfo del parlamentarismo que lo han utilizado con tinte extorsivo.

Perú tiene un Congreso unicameral con 130 legisladores. Funciona este Congreso como un remedo del sistema parlamentario europeo, en la práctica. Sobre el gabinete se aplica la moción de censura para que los ministros dependan del control político directo que hacen los congresistas; los presupuestos dependen del escrutinio y aprobación del Congreso; el presidente puede disolver el Congreso y llamar a elecciones anticipadas; el presidente nombra una especie de primer ministro que obra como jefe del gabinete. Estas formas obran en la práctica como injertos del parlamentarismo dentro del presidencialismo, un híbrido.

Organizaron a horcajadas una mayoría de investigados y perturbados por las políticas de Vizcarra que, quería corregir el rumbo del país. Ya lo había intentado hace dos meses y no les funcionó. Lo que hicieron fue hacer explotar la olla donde la cocción no aguantó más y la gente rechazó la impostura de Manuel Merino que con su presidencia efímera y espúrea hizo reventar la caldera social. Manuel Merino no era el personaje competente para encarar la crisis. Solo permaneció 5 días en el cargo; es un hombre gris, mediocre, sin formación académica, obtuvo solo 5.000 en la última elección a Congreso y viene haciendo presencia desde el año 2002 sin aportes en leyes significativas. Manuel Merino, un dirigente de Tumbes que pertenece a un partido de centroderecha (Acción Popular). Merino en esta última etapa ha venido agenciando los intereses del sector privado que manejan las inversiones en las universidades. Precisamente el presidente Vizcarra había presentado una reforma educativa para mejorar la calidad de la educación superior que está en gran proporción en manos de “directivos académicos”, con aspiraciones comerciales: La mercantilización de la educación. Ellos hicieron parte del lobby para lograr la expulsión de Martín Vizcarra. El Sr Merino armó rápidamente un gabinete nombrando Primer Ministro a Antero Flores-Araoz, de poca reputación, racista y negacionista de los derechos de las minorías, esto generó inmensas reacciones. Merino ante la oleada de protestas tuvo que renunciar, parte de la misma clase política que lo entronizó le aconsejó que renunciara para calmar los ánimos. Escogieron a Francisco Sagasti, un ingeniero industrial de buen nombre, vinculado a la academia y con una hoja de vida pulcra. Volvieron las expectativas favorables.

No era conveniente ni oportuna esa declaratoria de vacancia contra Vizcarra por la situación actual, el problema sanitario creado por la pandemia del Covid-19 y el frenazo económico del país. El período de Vizcarra era el de PPK y estaba por cumplirse en abril 2021. Los hechos delictivos que le imputaron sin estar cumplida la investigación. Ese estallido social reventó ante la acumulación de eventos desagradables que venían dándose: Los escándalos sobre Fujimori revividos por la conducta desviada de su hija Keiko, con una bancada de congresistas de conducta aviesa; las investigaciones judiciales contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPk Kuczynski, y las dudas sobre la conducta de Alan García ante el suicidio. Todo se acumuló para desatar la ira popular.

En Congreso está desprestigiado y los partidos políticos, también. La gente se mostró indignada contra la clase política, gritaban la expresión “ni Vizcarra ni Merino”. Perú tiene una constelación de partidos políticos con un pluripartidismo inestable, sin liderazgos sobresalientes, en medio de una corrupción galopante, en connivencia con el sector privado. Como lo expuso un analista: “Los financistas de la política peruana trabajan para dinamitar el estado de derecho, para que no se inmiscuyan ni afecten sus negocios”. Así, poco a poco, hicieron colapsar el derecho y la política. Los populismos de derecha y de izquierda ya se ensayaron, despertaron fervor y triunfos, y al final, produjeron desconcierto y desanimo.

Se fraguó una especie de golpe de Estado atípico por la vía del Congreso, que como ha ocurrido el diferentes ocasiones (Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia), acuden a cancamusas y ardides o artilugios constitucionales para sacar al presidente del poder y, entre una coalición de congresistas de diferentes partidos políticos que no pudieron ganar la elección presidencial buscan obtener la presidencia y el manejo de todo el aparato del Estado por la vía de una juicio simulado, orquestado por un sector que busca conquistar el manejo del presupuesto estatal.

Ni Curzio Malaparte quien categorizó las clases de golpe de Estado, intuyó ni incluyó el que le hicieron a Evo Morales (Bolivia), A Mel Zelaya (Honduras), a Fernando Lugo (Paraguay), a Dilma Rouseauf (Brasil), a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y a Martín Vizcarra (Perú). Peor aún, está en marcha un golpe de Estado más torticero, el que intenta Donald Trump, quien, sin posesionarse el nuevo presidente electo, Joe Biden, busca no dejarlo posesionar intentando seis fases de obstrucción. 1) Las demandas electorales ante las autoridades federales, 2) El bloqueo con de las certificaciones que expide la autoridad federal electoral, 3) Las legislaturas federales ante la indefinición, convertidas en colegio electoral regional, 4) Buscar que el congreso defina o dirima el paralelismo de colegios electorales, tratando de cuadrar la mayoría republicana, 5) Entrabar la situación, al esperar que la Corte Superna de Justicia resuelva todo el galimatías generado, habiendo cuadrado la mayoría de magistrados previamente.

1 Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED – España); profesor de las cátedras: derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.

Edición 710 – Semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2020
   
 
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