El MEN y sus acólitos, consideran exagerados los criterios de la comunidad científica y requerimientos de bioseguridad

 

Empecinado en reabrir colegios sin garantías para la salud, a la vida y a la educación en condiciones dignas, el Gobierno Nacional acudió al relanzamiento de la campaña liderada por la ex viceministra de Uribe y empresaria de la educación, Isabel Segovia, para “fabricar opinión pública” en favor del mezquino propósito, permear sectores académicos y dividir el sector educativo.

 
Miguel Ángel Pardo Romero
 
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE
 
 

Sin duda alguna, para el Ministerio de Educación Nacional – MEN fue un enorme revés, no haber podido imponer la letal Alternancia Educativa en 2020, especialmente, desde el 3 de agosto, cuando fallidamente presionó el retorno a clases presenciales en todo el país, a sabiendas que la Presidencia de la República, ya había proyectado el pico del contagio para el día 25 del mismo mes, con más de 14.000 muertos. Similar circunstancia ocurrió en octubre, cuando impuso pruebas ICFES presenciales y presionó pilotajes para reabrir los colegios, pese a que el Gobierno, calculaba 41.622 fallecidos a 31 de diciembre por Covid-19. Las dos cifras fueron lamentablemente superadas y develan el desprecio por la vida y el ejercicio de la necro política por parte del régimen de Duque.

Empecinado en reabrir colegios sin garantías para la salud, a la vida y a la educación en condiciones dignas, el Gobierno Nacional acudió al relanzamiento de la campaña liderada por la ex viceministra de Uribe y empresaria de la educación, Isabel Segovia, para “fabricar opinión pública” en favor del mezquino propósito, permear sectores académicos y dividir el sector educativo.

La campaña tiene un componente de publicidad muy alto, similar a la utilizada por el Uribismo contra el proceso de paz. En este caso, el perverso propósito es que la opinión pública termine creyendo que no retornar a clases presenciales ya, se debe a una posición terca de FECODE y de sus 34 filiales o, a una supuesta comodidad del Magisterio de Colombia que está laborando 16 horas diarias y, no porque existe una pandemia, verdadera causante del confinamiento en casa de la comunidad educativa a nivel planetario.

La “campaña” publicitaria liderada por Isabel Segovia, no aclara que en los países desarrollados, las escuelas se abren o se cierran acorde con unos criterios establecidos por la comunidad científica, especialmente, por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades – CDC; como también, atendiendo requerimientos de la UNICEF, 85 antes de reabrir las escuelas, 60 en el proceso de reapertura y 38 cuando estén reabiertas.

Nada dice Isabel Segovia sobre que, el pasado 15 de febrero se cumplieron siete meses de la mezquina promesa del gobierno nacional de asignar $400.000 millones de pesos para las más de 43.000 sedes escolares del país. A 28 de diciembre, solo habían ejecutado $63.392 millones, mientras que estudiantes, padres, madres y educadores nos batíamos para terminar uno de los años más duros de la reciente historia de la escuela del país. A cuenta gotas, siguen girando a través de los beneficiados bancos y, a mediados de febrero, todavía retenían el 55% de la promesa, es decir $220.000 millones, según informe del MEN.

Pero la perversidad de la campaña publicitaria no tiene límite. Los acólitos de Isabel Segovia ahora falsamente afirman que FECODE exige para el retorno a la escuela presencial que, el Estado se ponga al día en el ostensible rezago en infraestructura. No hay documento institucional de la Federación que diga tal cosa. Nosotros sí reiteramos en el Pliego de Peticiones a radicar el 26 de febrero que, se deben cumplir los requerimientos por la UNICEF y la OIT; como también, acogerse los conceptos de la comunidad científica a la hora de tomar definiciones de salud pública y de retorno a la escuela presencial. No hacerlo, puede tener un desenlace fatal.

Por supuesto que, reabiertas o no la escuelas, con pandemia o sin pandemia, seguiremos batallando para que el Gobierno de Duque cumpla el Acuerdo con FECODE de consensuar una reforma constitucional que le empiece a devolver los 348 billones de pesos que el establecimiento neoliberal, le quitó a la población de los 1.103 municipios de Colombia, en educación, salud, agua potable y saneamiento básico en los últimos 18 años.

Ese brutal recorte del presupuesto, con el cual cohonestó la señora Segovia, es la verdadera razón del rezago en educación en las últimas dos décadas y del estado de indefensión en que nos encontró la pandemia. Actualmente, los integrantes de la comunidad educativa, libramos una lucha por la vida, la salud y la educación en condiciones dignas, sin apoyo del Gobierno, aunque sí con el despiadado hostigamiento diario del partido de Gobierno contra la educación pública y el Magisterio, acompañado del silencio de la ministra y de los empresarios.

Tal vez, una de las más desgraciadas afirmaciones de la campaña de Isabel Segovia, es afirmar que niños y niñas, no se contagian ni transmiten el virus. Además de carecer de sustento científico, es necesario anotar que, a corte del 17 de enero pasado, según el DANE, habían muerto en el país 148 menores de 15 años y 230 de 19 años, sin contar 300 más, cuyo fallecimiento clínicamente se sospecha que fue a causa del Covid-19 pero no fue confirmado por prueba molecular RT – PCR.

En Bogotá, tenemos 23.867 contagiados entre 0 y 9 años y 46.299 casos entre 10 y 19 años, a corte del 20 de febrero, según Saludata. Tal como lo afirma la comunidad científica, en donde hay contagio, hay alta probabilidad de muertes. Sin embargo, con base en el falso argumento se insiste que el retorno progresivo, gradual y seguro – GPS, se inicie con los niños y niñas quienes son acompañados por sus padres o abuelos.

Al momento del “anuncio” de los 123 colegios para el retorno GPS en la capital de la República, de los cuales el 50% se encuentran en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, la ocupación de camas UCI en las dos localidades era de 100% y 95.7%, respectivamente. Aunque bajó al 90% y al 71.9%, respectivamente, a corte del 20 de febrero, es evidente aún la fragilidad del sistema hospitalario, al observar que el total de camas del Hospital de la Victoria es tan solo de trece y el número de contagiados en San Cristóbal es de 30.055 contagiados.

Estas cifras serían fácilmente desbordadas, análogamente hablando, si entrase en circulación la comunidad educativa, calculada en 2.5 millones de personas en Bogotá y en el país, 19 millones de colombianos, así sea por “turnos”. En resumen, el Gobierno Nacional, deja a la población sin respaldo en atención médica digna y oportuna; niega declarar el Covid-19 como enfermedad profesional para el conjunto de los trabajadores, incluido el Magisterio y, de ñapa, las vacunas siguen embolatadas y, según la campaña de Segovia, la falta de voluntad política no es de Duque, mientras que, califican como desproporcionados los planteamientos de FECODE. ¡Por favor!

Recordemos, que acorde con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades – CDC de Estados Unidos, cuando el porcentaje de ocupación de camas UCI está en un 90% en la comunidad, llámese localidad o municipio, el riesgo de contagio es alto en los colegios.

La relación entre la ocupación camas UCI y el retorno a clases presenciales, no es el único criterio de la comunidad científica que la alcaldesa desconoció. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de E.U., también establecen que, cuando el porcentaje de pruebas RT-PCR positivas en una comunidad, durante los últimos 14 días es menor de 3%, el riesgo de contagio en colegios es bajo y 10% muy alto. En Bogotá, según el decreto 039/21, pasó de 38% a 20%, el doble del porcentaje considerado alto y 17% por encima del que se considera más bajo.

Lo que busca la campaña de Isabel Segovia, es desconocer los criterios establecidos por la comunidad científica para el retorno o no a los Colegios, limitándolo a los requisitos de bioseguridad, los cuales son necesarios, pero no suficientes. Entonces, ya en ese terreno, procede a imponer ínfimos requerimientos.

Isabel Segovia, entre tanto, también tiene como propósito desprestigiar al Magisterio Estatal, pese a que es evidente que, sin su compromiso y creatividad pedagógica, los niños, niñas y jóvenes, no hubieran tenido como afrontar este duro año de la historia de la escuela en Colombia. El objetivo del régimen es aprovechar la pandemia para suprimir la educación pública y, erosionar la fortaleza de FECODE, acudiendo a crear falsas percepciones, en contravía de los hechos sustentados. La comunidad educativa sabe que la existencia de la Federación es garante y baluarte de la movilización social por el derecho a la educación, lo que le resulta incómodo al régimen actual que ha dado muestras del desprecio por la vida y el bienestar de la población en medio de la tragedia.

Hemos de calificar como error grave, la decisión de Claudia López de ponerle hora y fecha al retorno a la escuela presencial en la ciudad más contaminada del país, omitiendo el cumplimiento de requerimientos de la UNICEF, desatendiendo criterios de la comunidad científica y, negándole a ésta, datos esenciales que permitieran sustentar la reapertura o no de colegios. También procede a sabiendas de la debilidad del sistema hospitalario, de las cifras de contagio en menores de 19 años y, peor aún, adoptó el estilo de prensa que tanto daño la ha hecho a la verdad en Colombia.

Finalmente, una anotación ética supremamente importante. El Magisterio, FECODE y sus 34 filiales, no hacemos distinción entre el derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas, jóvenes y demás integrantes de la comunidad educativa, pertenecientes a los colegios públicos, en concesión y/o privados. Esa es una infamia en la cual insisten, buscando aprovechar la desgracia de la pandemia para privatizar el derecho a la educación.

FECODE, desde el principio de la pandemia le planteó al Gobierno Nacional que declarase una Emergencia Educativa, consensuada con el sector educativo y las entidades territoriales, con el propósito de enfrentar la pandemia, garantizando el derecho a la educación en condiciones dignas, salvaguardando la salud y la vida, como también, desde el momento apropiado, exigimos la vacuna universal, gratuita y oportuna para toda la población. Posiciones que hemos mantenido y sustentando académica, pedagógica, científica y financieramente. El derecho a la educación no está en discusión, lo está la Alternancia Educativa que es la negación de los derechos mencionados. Pedir al MEN que su “Alternancia” tenga garantías, es como creer en el humanismo del rapaz neoliberalismo. ¡Así de clarito!

Edición 719 – Semana del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021
   
 
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