Reforma a la Policía: entre un cambio cosmético y uno estructural

 
 
 

El presidente Duque anunció importantes cambios en la institución policial y empezó por el cambio del color del uniforme, indicador de las “transformaciones” que vendrían. Y así fue, el pasado 20 de julio radicó ante el Congreso de la República, dos proyectos de ley que no modificarán un ápice el comportamiento ilegal de la Policía.

 
Diana Sánchez Lara
 
Directora Asociación Minga
 
 

Las masivas movilizaciones en Colombia en el marco del Paro Nacional del 28 de abril que se prolongaron por más de dos meses, además de evidenciar la indignación ciudadana por la exclusión social, la pobreza, miseria y falta de garantías para el buen vivir; desnudó ante el país y el mundo, la naturaleza criminal y violadora de los derechos humanos de la Policía Nacional. 87 personas asesinadas durante las jornadas, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos1, es un número inconcebible en unas protestas consideradas en un 89% como pacíficas2. Sin embargo, este comportamiento no es nuevo, recordar que las jornadas del 9 y 10 de septiembre del 2020 dejaron 13 víctimas mortales en manos de agentes del ESMAD, luego de que la ciudadanía se sublevara por el homicidio de Javier Ordoñez cometido por agentes de policía en un CAI de la ciudad3. Estas cifras sólo de homicidios, sin contar las miles de víctimas más por múltiples agresiones y violaciones como desaparición forzada, mutilaciones oculares, violencia sexual, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias, estigmatización, entre otras muchas.

Consecuencia de este contexto, se abrió el debate público sobre la imperiosa necesidad de transformar la institución policial, que no es una propuesta nueva, pues de años atrás las plataformas de derechos humanos vienen insistiendo en esa prioridad. Sin embargo, en la actualidad se quiere ir más allá de cambios superficiales hechos por gobiernos en el pasado. Hoy se habla de una reforma estructural, doctrinal y operativa, que incluya un cambio de filosofía (doctrina), estructura (composición y forma) y operativa (actuación), de tal manera que se cuente con un cuerpo civil desmilitarizado, despolitizados, desideologizado, cuyo primer paso sería sacarla del Ministerio de Defensa y armonizarla con un enfoque de derechos y seguridad humanos.

Las propuestas cosméticas del gobierno nacional

Sin embargo, el uribismo y la derecha en general, no permitirán una reforma, a pesar de la presión nacional e internacional, y las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4. Como respuesta a dicha presión, el presidente Iván Duque anunció importantes cambios en la institución policial y empezó por el cambio del color del uniforme, indicador de las “transformaciones” que vendrían. Y así fue, el pasado 20 de julio radicó ante el Congreso de la República, dos proyectos de ley que no modificarán un ápice el comportamiento ilegal de la Policía. El primero, expide el Código Disciplinario de la Policía, que como toda entidad debe tener un código de ética y comportamiento, pero si la doctrina y filosofía de la institución es contraria a los derechos humanos, de nada servirá. Es un proyecto que en nada modifica el pensamiento del “enemigo interno” que arrastra la Policía desde la época de la guerra fría; no desideologiza, ni despolitiza, ni desparamilitariza a la institución. Se trata de otra reforma cosmética, como el cambio del color del uniforme, de verde a azul.

El segundo proyecto, propone la creación del cargo de patrullero de policía, una categoría que hoy no existe, pero en esencia no es una reforma en vía de transformar la institución ni atender recomendaciones en relación con el enfoque de seguridad humana. Se trata de la ampliación de la planta de personal y toda la armadura presupuestal, administrativa, funcional y operativa, pero todo se mantiene dentro de la lógica y égida militar del Ministerio de Defensa y en nada cambiará el rumbo actual de la institución. Más personal sí, mejor comportamiento, no. El proyecto, igualmente plantea la profesionalización del servicio de policía y desarrollo policial con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, la propuesta sigue siendo endogámica, pues se hace el mejoramiento académico desde adentro hacia adentro, y si bien será una ampliación de conocimientos técnicos, tecnológicos y profesionales para oficiales y suboficiales, y con mayor calificación docente, no modifica los parámetros actuales de su doctrina de vocación militar. El articulado, si bien menciona en el Título III, sobre la profesionalización y educación policial que será con enfoque de derechos humanos, este punto no tiene un desarrollo importante y se menciona tangencialmente al final al referirse a las certificaciones que deben obtener los agentes que “intervengan en el control de los hechos violentos que eventualmente el derecho a la manifestación pública y pacífica, deberán certificarse anualmente en los cursos mandatorios de respeto y protección a los derechos humanos, y uso legítimo de la fuerza, sin perjuicio de los demás cursos mandatorios dispuestos por la Policía Nacional, cuando corresponda”5. Es decir, el enfoque de derechos humanos sigue siendo un tema marginal, asignado sólo a la protesta social, por fuera de la doctrina y desligado de un comportamiento holístico de los agentes de policía.

En otras palabras, el gobierno, en un panorama tan complejo por el exacerbado comportamiento violento de la Policía Nacional, decidió, junto con el cambio del uniforme, presentar dos reformas cosméticas ante el Legislativo para salirle el paso a las fuertes críticas naciones e internacionales y dar por saldado el debate. Sin embargo, los vientos muestran lo contrario, la discusión seguirá siendo álgida, pues congresistas de la oposición, incluidos parlamentarios de otros partidos, presentaron el mismo 20 de julio, un paquete de tres propuestas, complementarias entre sí que buscan una reestructuración de la Policía, que seguramente no tendrá éxito en la presente legislatura, pero alimentarán el debate político y público sobre la imperiosa necesidad de reformar estructuralmente el cuerpo policial, y sentará las bases para una futura legislatura.

Reformas de forma y contenido

El primer proyecto “Por el cual se reforma la Ley 62 de 1993, la ley 1801 de 2016, se fortalece el carácter civil de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, es una propuesta integral, compuesta por siete títulos, con varios principios rectores que dan marco filosófico al pensamiento y acción de la institución, entre ellos: dignidad, enfoque diferencial, igualdad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, publicidad, uso de la fuerza y vida. Se trata de un proyecto que recoge los principales elementos que reclama la sociedad, políticos, expertos, académicos y activistas de los derechos humanos, pero su articulado también refleja de manera importante las observaciones y recomendaciones hechas recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como resultado de la visita de trabajo realizada entre el 8 y 10 de junio del año en curso, en el marco de las protestas sociales, ya mencionada.

Algunos aspectos centrales del proyecto plantean: trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa y al del Interior, por tratarse de un cuerpo de carácter civil y cuya naturaleza debe ser civilista para aportar sin ambages a la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y humana, y sobre todo, contribuir para que el país salga de la lógica militarista y de guerra sucia, y convertirse en un organismo que ayude a resolver conflictos de manera política, antes que violenta. Este cambio, sin duda, es el más espinoso y controversial, pues ni el gobierno, ni las Fuerzas Militares, incluida la Policía, lo consideran ni aceptan.

Así mismo, se propone crear una Comisión de expertos para la reestructuración del régimen de carrera, que tendrá 12 meses para preparar una propuesta a presentar al Congreso de la República, con dos tareas centrales: una, generar las “modificaciones necesarias al régimen de carrera del personal de la Policía Nacional en materia de jerarquía, clasificación y escalafón” y dos, las “modificaciones necesarias al reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional”6. Este cambio es de fondo, pues en él estarían las principales reformas a la estructura, muy relacionadas con su quehacer.

Igualmente, modifica la prestación del servicio de policía, quedando desprovisto de cualquier tarea del orden de las fuerzas militares y las funciones se “realizarán con el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y el uso de la fuerza como último recurso para la garantía de los fines de Estado”7. Así mismo, propone crear una Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, que, durante tres años, realice un trabajo evaluación y estudio de la trayectoria profesional de los miembros de la Policía, y cuando sea el caso, enviar a Recursos Humanos las hojas de vida consideradas para desvinculación institucional con destitución e inhabilidad general o suspensión e inhabilidad especial. Esta Comisión también tendría el encargo de crear una nueva doctrina para la Policía con enfoque de seguridad humana y basada en los estándares internacionales de los derechos humanos8.

Otro cambio importante es la creación de la Auditoría Policial adscrita a la Defensoría del Pueblo como una Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, que tendría varias funciones, entre ellas, recepcionar las denuncias interpuestas por los y las ciudadanas por abusos cometidos por efectivos de la Policía, tramitarlas ante las autoridades competentes, realizar audiencias públicas para escuchar a la sociedad ante autoridades gubernamentales y estatales, presentar informes públicos sobre el comportamiento en materia de derechos humanos de los agentes policiales y crear un registro único de faltas de la Policía.

Así mismo, ordena un Sistema Nacional de Participación Ciudadana que permita un acercamiento más eficaz y genuino entre la institución y la ciudadanía, de tal manera que esta pueda expresar sus opiniones y necesidades sectoriales y territoriales relacionados con el servicio de la policía y los derechos y seguridad ciudadana.

Complementario a este proyecto, se radicó el relacionado con el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Esta aspiración recoge el llamado que desde hace varios años realiza el movimiento de derechos humanos y de víctimas y que tomó auge en el desarrollo de las movilizaciones masivas de los últimos meses. En reemplazo de este deslegitimado cuerpo policial, se propone la creación de la Unidad especial de diálogo y mediación policial.

El tercer proyecto busca regular el sistema de asensos de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, de tal manera que se fortalezca y estimule la ética profesional, el mérito y el respeto por los derechos humanos. Este proyecto amplía el horizonte de control y veeduría por parte de la ciudadanía y está en concordancia con los procesos de depuración que se crearían con el proyecto de reforma general, entre otras muchas disposiciones.

Se tiene así, un panorama legislativo diverso en materia de reforma a la Policía Nacional, indicativo de las necesidades marcadas por el contexto movilización social y rebeldía popular, que sólo ha tenido como única respuesta gubernamental y estatal, la violencia policial. Pero que también da cuenta de la necesidad de ajustar las instituciones policiales y militares de Colombia al respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadanía y la apertura democrática, esa que intentó la Constitución de 1991, pero que las élites políticas y económicas no permitieron.

Sin duda, la pretensión de la reforma a la policía y fuerzas militares no será un camino de rosas, sino de espinas, pero no dejaremos de soñar con la primavera y la paz no dejará de ser nuestro horizonte.

Edición 739 – Semana del 24 al 30 de julio de 2021

2 “Observaciones y Recomendaciones. Visita de Trabajo a Colombia”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, junio 2021.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Idem.

5 “Proyecto de Ley por el cual se crea la categoría de patrulleros de la policía, se establecen normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se fortalece la profesionalización del servicio de policía y se dictan otras disposiciones”. Art. 93, parágrafo 2. 20 de Julio de 2021.

6 Artículo 20 A, del proyecto de Reforma.

7 Artículo 17 y su parágrafo único y 19 A y su parágrafo único.

8 Artículo 29 B del proyecto de Reforma.

   
 
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