Un congreso que avergüenza

 
 
 

A este Congreso le hemos confiado la tarea de aprobar, entre otras, las leyes que recogen las demandas del paro nacional, la implementación de las recomendaciones de la CIDH y la adopción de los estándares internacionales de protección al medio ambiente. Aunque ya sabemos que las iniciativas del oficialismo van en abierta contravía a estos propósitos…

 
Fernando Valencia Rivera
 
Abogado, docente en la Universidad de Antioquia
 
 

Esta semana la organización Transparencia por Colombia hizo un pronunciamiento sobre el estado de los proyectos anticorrupción que se tramitaron en el Congreso durante la legislatura 2020 – 2021 y en él se denuncia que de las nueve iniciativas presentadas solo dos fueron aprobadas y una más está pendiente de concluir su trámite en el Senado1.

Uno de los proyectos aprobados fue la reforma al Código Disciplinario, ampliamente cuestionada por las facultades judiciales concedidas a la Procuraduría y por la autorización al presidente de la República para definir la planta de personal en este órgano del Ministerio Público; y la otra, pretendida reforma a la Justicia, que terminó flexibilizando los requisitos para algunos cargos, dejando de lado los problemas estructurales de acceso a la justicia y de garantías para sus operadores.

En la legislatura que recién inicia debe concluirse el trámite al Proyecto de ley 341 de 2020 de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, aunque a su paso por el Congreso ya le suprimieron un capítulo completo sobre la protección a quienes denuncien la corrupción.

Estos parlamentarios hundieron, entre otras, las iniciativas para promover la denuncia de la corrupción (PL 121/2020 Senado) y la cultura de legalidad (PL 319/2020 Cámara); así como los proyectos para establecer mayores garantías en los procesos de contratación y en la vigilancia a la ejecución presupuestal (PL 376/2020 Cámara), o mayores sanciones penales y disciplinarias contra los corruptos (PL 010/2019 Cámara). Otras medidas, como el límite de permanencia en el Congreso, no lograron ningún desarrollo legislativo en estos años.

Los ocho proyectos de ley con mensaje de urgencia, anunciados por el presidente en septiembre de 2018 luego de la masiva participación ciudadana en la Consulta Popular Anticorrupción, adicional a otros cinco que ya estaban en trámite2, se fueron diluyendo hasta arrojar el resultado que hoy salta a la vista: Dentro de poco se acaba el periodo de presidente y Congresistas sin que el pedido ciudadano de herramientas para la defensa de lo público tengan respuesta efectiva de quienes fueron elegidos para garantizarla.

Frente a esta realidad, y en un gesto que podría ser más de populismo o terquedad que de responsabilidad por la falta de diligencia, esta última legislatura, que inició el 20 de julio, cuenta con tres iniciativas para reducir el salario de los congresistas, una en Cámara (009/2021C) y dos en Senado (01 y 05/21); tanto de las bancadas alternativas como de las oficialistas, aunque estas últimas le adicionaron al debate un polémico ingrediente al proponer también una reducción sustancial de los miembros del Congreso (PL 02/21). Su trámite debe hacerse a través de sendos Actos Legislativos, que requieren ocho debates en dos periodos diferentes para cada uno, lo que no parece posible con el proceso electoral que atraviesa esta legislatura y con la lista de prioridades trazadas por el Ejecutivo.

El talante de este Congreso ha quedado bien claro en el bochornoso acto de instalación el 20 de julio: con una contundente votación, incluido el apoyo de la bancada alternativa, se designó en las presidencias de Cámara y Senado a dos personas con relaciones familiares y sociales cercanas a la delincuencia, los partidos de oposición no lograron un acuerdo para presentar su réplica de veinte minutos y lo hicieron a tres voces, los partidos oficialistas y el gobierno se confabularon para hacer una interpretación amañada del Estatuto de la oposición y sabotear el derecho a réplica, y la bancada alternativa mostró la debilidad de sus vínculos y la bajeza en los procedimientos de algunos, frente a una simple posibilidad de designar una vicepresidencia en la directiva de Senado.

A este Congreso le hemos confiado la tarea de aprobar, entre otras, las leyes que recogen las demandas del paro nacional, la implementación de las recomendaciones de la CIDH y la adopción de los estándares internacionales de protección al medio ambiente. Aunque ya sabemos que las iniciativas del oficialismo van en abierta contravía a estos propósitos y que con la transacción corrupta se condicionará el sentido del voto, nos asiste la esperanza de que las bancadas alternativas respondan a sus planteamientos estratégicos antes que a las ambiciones personales o sectarias, y de que la presión ciudadana sobre el Congreso logre que los parlamentarios sopesen las consecuencias que se pueden derivar de sus actos deshonestos o contrarios al interés público.

También nos asiste la esperanza de que la lucha no se está librando solo en el Congreso, sino que en paralelo van acciones ciudadanas muy potentes, como la movilización que no para, aunque necesita fortalecer su legitimidad ante la opinión pública, y la Consulta Popular que se promueve para el mes de noviembre, con un valioso mecanismo de participación que ya ha mostrado su fuerza en la campaña anticorrupción y los procesos contra el extractivismo. Así pues, contamos con varios escenarios de acción: el Congreso, la movilización, la Consulta y las elecciones.

A propósito de mecanismos democráticos, la consulta a las comunidades y pueblos ha sido una alternativa muy importante frente a gobiernos autoritarios y cooptados por intereses particulares, y por eso hay que defenderla de ataques como el que ahora pretende hacer Vargas Lleras, al anunciar su partido un proyecto de reforma a la Consulta Previa3.

Edición 739 – Semana del 24 al 30 de julio de 2021

2 “Presidente Duque presentó sus medidas anticorrupción”. Diario Portafolio, septiembre 18 de 2018.

   
 
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