El método del embudo
aplicado a las víctimas

 
 
 

Que las víctimas hayan tenido que esperar más de 4 años para contar con una norma que hacía parte del trámite rápido o “fast track” ya es reprochable; que el Consejo de Estado se hubiese pronunciado sólo después de que la Corte absolviera el tema por el mecanismo de tutela también lo es; que se haya tenido que activar la justicia en su más alto nivel para resolver si 50 votos son la mayoría en un grupo de 99 parlamentarios es vergonzoso…

 
Fernando Valencia Rivera
 
Abogado, docente Universidad de Antioquia
 
 

Sobre cómo se estrecha la ruta para aspirar a las curules de paz

Si en alguno de los compromisos del acuerdo de paz se puede evidenciar el doble discurso y la acción tramposa del gobierno es en el referente a las circunscripciones especiales, con las que se habilitan 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes, a ser ocupadas por víctimas de las regiones más duramente golpeadas por el conflicto armado.

Luego de que resultara infructuosa la dura campaña de desprestigio y calumnia que el gobierno y sus aliados hicieran contra estas curules, su partido, el Centro Democrático, aplicó en noviembre de 2017 una de sus jugaditas retirándose del recinto del Senado para disolver el cuórum necesario en su aprobación. Pese a que el resultado fue favorable, con 50 de 99 votos posibles, la mesa directiva de esa corporación decidió mantenerlo archivado hasta agosto del año en curso, cuando finalmente fue promulgado como el Acto Legislativo 02 de 2021 por orden expresa de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, eso sí luego de organizar en el Congreso una inusual audiencia pública que sirvió como tribuna para una nueva andanada de descalificaciones y condicionamientos a los acuerdos de paz y a las circunscripciones territoriales.

Que las víctimas hayan tenido que esperar más de 4 años para contar con una norma que hacía parte del trámite rápido o “fast track” ya es reprochable; que el Consejo de Estado se hubiese pronunciado sólo después de que la Corte absolviera el tema por el mecanismo de tutela también lo es; que se haya tenido que activar la justicia en su más alto nivel para resolver si 50 votos son la mayoría en un grupo de 99 parlamentarios es vergonzoso; pero que entre el fallo de la Corte y la promulgación de la norma hayan transcurrido tres meses, cuando ya estaban corriendo los plazos para la realización de las elecciones del nuevo Congreso, resulta un atropello con las víctimas.

Pero la estrechez no termina allí. El presidente se tomó hasta el 5 de octubre para expedir la reglamentación de la norma1, y la Registraduría, a quien se le ordenó adecuar el calendario electoral para garantizar la participación en estos territorios, promulgó una resolución sin modificar los plazos previstos para la inscripción de las candidaturas.2 Quienes quieran postularse están obligados a acreditar los requisitos entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, lo que significa que, entre la reglamentación hecha por el presidente y el inicio de las inscripciones, se concedió un plazo de apenas cinco semanas.

Como si fuera poco, la situación se ve agravada porque los aspirantes a estas curules, contrario a tener favorabilidad, tienen que cumplir con más requisitos y porque alrededor de su acreditación se ha dispuesto una cantidad de trámites y certificaciones que amenazan con hacer nugatoria la posibilidad de inscripción. Además de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 de la Constitución y de su acreditación como víctimas, deben tener condiciones de nacimiento o domicilio en el territorio, la absoluta carencia de antecedentes como candidatos o funcionarios electos, salvo si lo ha hecho por firmas, y no ser desmovilizados de una organización armada.

Respecto a quienes puedan avalar las candidaturas, que en principio se percibía como una favorabilidad por ser las propias organizaciones sociales de la región, el asunto ha derivado en algo bastante complejo por cuenta de una serie de requisitos de acreditación con protocolos de cumplimiento casi inalcanzables en el plazo previsto, tales como el de recibir certificación de su existencia y trabajo territorial desde un ente centralizado del nivel nacional, así como el de dejar en manos de la Registraduría la definición sobre si se acredita o no como tal a una organización de la sociedad.

Este marco de restricciones ha sido aprovechado por el gobierno para complejizar el trámite, generar confusión, acortar los plazos y ampliar algunas restricciones, veamos algunas:

1. El Acto legislativo prohíbe la postulación para quienes hayan aspirado a cualquier elección con aval de partidos o movimientos políticos dentro de los últimos cinco años. El Decreto reglamentario extiende la prohibición a cualquier tiempo.

2. El Acto legislativo prohíbe la postulación de quien se haya desmovilizado en los últimos veinte años. El decreto reglamentario cuenta este plazo entre 1996 y 2016, y extiende la restricción hasta la fecha de inscripción de candidatos, con lo que adiciona cinco años a la prohibición.

3. La reglamentación expedida por el presidente adiciona trámites de certificación inexistentes: por un lado, establece un complejo proceso ante la UARIV para acreditar la condición de víctima, incluso para quien ya se encuentra reconocido como tal en el RUV; y por otro, ordena la certificación de existencia por parte de los ministerios del Interior y Agricultura, así como de la Consejería para la Equidad de la Mujer, según se trate respectivamente de organizaciones étnicas, campesinas o de mujeres; para el caso de las organizaciones de víctimas, ya suficientemente identificadas y registradas, dispuso la necesidad de ser certificadas por la Defensoría del Pueblo. En síntesis, el Ejecutivo creó nuevas formas para acreditar la existencia y trabajo de las organizaciones sociales, así como la de condición de víctima del conflicto armado; pero lo peor es que todas ellas pasan por dependencias de manejo político y exclusivo del gobierno nacional.

4. Consecuente con estas medidas cada dependencia ha venido produciendo sus propias reglamentaciones que son al tiempo más restrictivas, y es así como la UARIV estableció que sólo recibirá solicitudes de certificación hasta el 29 de noviembre y que la Registraduría fijó como límite el 28 de este mes para recibir la documentación de las organizaciones que postularán candidatos.3

Así las cosas, tenemos que el plazo efectivo para la inscripción de candidatos y candidatas se redujo en dos semanas, obligando a las organizaciones, líderes y movimientos sociales de las circunscripciones a tramitar sus postulaciones en la mitad del tiempo concedido al resto de campañas al Congreso.

Nada más inequitativo, arbitrario y contrario a los propósitos de ampliar la democracia; nada más evidente de las maniobras fraudulentas de la alianza de gobierno para impedir la implementación de los acuerdos de paz. La reglamentación adoptada supone que en menos de dos meses las víctimas de las 16 regiones con mayor exclusión política y presencia del conflicto armado, comprendan esta mecánica y su compleja reglamentación, realicen los acuerdos necesarios, elijan a sus candidatos y candidatas, preparen a sus comunidades, encuentren a las organizaciones que puedan avalar y cumplan con la serie de requisitos legales, atados a la paquidérmica respuesta de las agencias gubernamentales asentadas en la distante e indiferente capital.

Mientras se produce la decisión de control automático que la Corte Constitucional hace al Acto Legislativo, donde esperamos se corrijan algunos aspectos contrarios a lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el Estado debería garantizar el acceso al derecho, ajustando la reglamentación a lo estrictamente dispuesto por el Congreso, y el calendario electoral a las condiciones de la realidad territorial.

Edición 757 – Semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

3 Registraduría Nacional del Estado Civil, Resolución 10592 de 2021, Artículo 9°.

   
 
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