Aciertos y extralimitación de la Corte Constitucional sobre el Nuevo Liberalismo

 
 
 

La Sentencia SU257 de 2021, es una pieza jurídica muy importante para el funcionamiento de los partidos políticos, su resurgir y/o renacer, como el Nuevo Liberalismo, porque la extinción o parálisis de algunos ha sido producto de la violencia política o de la violencia extendida por grupos mafiosos o sujetos conspiradores para acabar con esas formaciones políticas.

 
Alberto Ramos Garbiras1
 
 

Dentro de los argumentos expuestos en mi columna “Nuevo Liberalismo, el renacido”, publicado en esta revista, Edición 742 manifesté que, el Consejo Nacional Electoral (CNE), negó en tres ocasiones la reaparición de la personería jurídica a este partido político, con la expedición de tres resoluciones en los años 2018 y 2019, argumentando que el Acuerdo de Paz de La Habana donde se abría la participación política a los afectados por las violencias cruzadas, NO se había implementado integralmente, desconociendo que, “la expedición del Acto Legislativo 01 del 2016, buscaba, justamente, la creación de herramientas para asegurar la implementación y desarrollo normativo de lo pactado”. Al CNE le faltó contemplar que la falta de implementación integral no le resta validez al Acuerdo Final, firmado como Acuerdo Especial, ligado a la Convención de Viena (1963), artículo 3, y concordante con el Convenio de Ginebra de 1949, por lo tanto fue un acto jurídico internacional, y aunque no ingresó vía bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución), tiene validez internacional, porque se produjo para cumplir con el preámbulo, el artículo 22 y el principio segundo fundamental, sobre los fines del Estado, entre ellos: Asegurar la convivencia pacífica. Sin la PAZ no funciona la República, y de contera no funciona la Democracia.

En cambio, la Corte Constitucional al acceder a las pretensiones de la Tutela, reconoció el defecto fáctico cometido por el Consejo de Estado, … señaló que los hechos que fueron analizados y evaluados permitían concluir que en la decisión del Consejo de Estado sí se configuraba el “defecto de violación directa del derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos, sin limitación alguna, formar parte de ellos y difundir sus ideas y programas en los términos de los artículos 1, 3, 40 numeral 3, 107 y 108 de la Constitución, lo mismo que los principios y reglas del Estado social y democrático de derecho de los accionantes”. Creo que el artículo 107 de la Constitución en su inciso primero, reformado con un acto legislativo del año 2009, no fue interpretado bien por el CNE, ni por el Consejo de Estado, porque allí no solo se autoriza a fundar partidos políticos, sino también a organizar y desarrollar, y de eso se trata al renacer, porque está contemplado el retirarse y este es un volver, por las causas y razones expuestas en la demanda de tutela.

Un aspecto negativo de la Sentencia SU257 de 2021 es la extralimitación que se registra cuando la Corte Constitucional prácticamente impone y reglamenta cuales son las directivas del Nuevo Liberalismo para iniciar las actividades después de 31 años de inactividad y parálisis que ha tenido este partido político por el asesinato vil del líder y el exterminio de otros miembros. De conformidad con la petición de los tutelantes, el Consejo Nacional Electoral deberá reconocer a Fernando Galindo González, como su director y a Andrés Talero Gutiérrez, como su representante legal. El Consejo Nacional Electoral deberá reconocer a los directivos que existan y estén registrados desde 1986 en el Partido Nuevo Liberalismo, en el Consejo Nacional, Principales y Suplentes; en la Junta de Coordinación Nacional, Principales y Suplentes; y, los Coordinadores Regionales. Esta alusión se encuentra en los CONSIDERANDOS y no en el RESUELVE, pero tiene en crisis el despegue del nuevo Liberalismo y afecta a la Coalición Centro Esperanza y entorpeció el reingreso de sus directivos, como Iván Marulanda y otros que esperaban poder llevar a cabo una selección interna, con democracia interna y no tener un corsé de esta naturaleza. Y luego de rebautizarse la Coalición le agregan el aditivo de verde como si cada partido que la integra pudiera adicionarle su sello o impronta: En Marcha, Dignidad, Oxigeno, etc., esto solo se le puede ocurrir a un traficante de avales que ha malformado al Partido Verde desde su aparición.

Como no se encuentra en el RESUELVE, o sea el decisum (la decisión imperativa), el aspecto de los directivos, no debe acatarse a pie juntillas; ahora bien para utilizar otro latinajo, tampoco ese reconocimiento de los viejos directivos hace parte de la ratio decidenci, como lo expone una página Web, “la ratio decidendi corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico o, en su definición original, a la formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial”. Así, los tutelantes hoy, interesados en la resurrección del Nuevo Liberalismo, se enredaron por falta de interpretación de la Sentencia creyendo que no podían avanzar en la renovación/modernización de las directivas, porque la alusión que la sentencia hace de esas personas están en una zona llamada el obiter dictum, o sea en las expresiones de paso que no son esenciales para la toma de la decisión dentro del entramado de argumentos que permitió la devolución de la personería jurídica.

La Corte Constitucional se extralimita porque en la misma constitución nacional se prescribe y ordena en el artículo 107 que se garantiza a los partidos organizarse y desarrollarse, en el inciso primero; en el inciso tercero dice a organizarse democráticamente y el inciso sexto ordena la Constitución que los directivos propiciaran procesos de democratización interna: después de 31 años de hibernación es muy complejo ante las deserciones, fallecimientos, realinderamientos, apatía, etc., y la coyuntura convulsa que vive Colombia, que se le imponga a un partido político la conservación de las directivas ante un momento complejo que necesita acompasar ideologías, posturas, y pensamiento libre para enfrentar una contienda electoral.

Un aspecto positivo, la Sentencia SU257, contiene dentro del numeral 7 la siguiente orden, “Esta decisión producirá efectos inter comunis para las elecciones de 2022, frente a aquellos terceros que hubieran estado en las mismas o similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo expresamente analizadas en esta providencia”. El efecto inter comunis quiere decir que los casos similares, o sea los partidos o movimientos afectados por circunstancias parecidas (violencia o hechos nefastos que desvertebren la acción política), podrán ser invocados y sujetarse a un restablecimiento equiparable para volver a la competencia electoral. Lo común y extendido de los efectos en las sentencias de tutela son los efectos Inter partes porque solo afectan las situaciones particulares de los sujetos que intervienen en el proceso. El periódico Ámbito Jurídico, citando una sentencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, ha publicado que, se pueden determinar o modular los efectos de los fallos indicando en el caso específico la forma que mejor protege y garantiza la eficacia de los derechos fundamentales invocados, así la Corte constitucional ha proferido múltiples sentencias con alcances superiores a los inter partes, llamadas inter comunis, para salvaguardar también los derechos de quienes no acudieron a este medio judicial, siempre y cuando entre el tutelante y el no accionante se presenten condiciones comunes y se infrinjan los derechos fundamentales del segundo sujeto. Los efectos inter comunis se presentan de manera excepcional, cuando se extiende el fallo de tutela a las personas que si bien no promovieron el amparo constitucional sí se ven afectadas por una situación de hecho o de derecho, basado en la necesidad de brindar un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de los derechos.

Esta Sentencia SU257 de 2021, es una pieza jurídica muy importante para el funcionamiento de los partidos políticos, su resurgir y/o renacer, como el Nuevo Liberalismo, porque la extinción o parálisis de algunos ha sido producto de la violencia política o de la violencia extendida por grupos mafiosos o sujetos conspiradores para acabar con esas formaciones políticas que desempeñaban un rol esencial en el momento que sus líderes o las cabezas visibles desempeñaban un rol vital para el desenvolvimientos de estas fuerzas políticas en competición dentro de los avatares nefastos de la democracia colombiana, como el caso de la Unión Patriótica – UP resultado del proceso de paz “betancourista” (1984/5) con desmovilizados y otros adherentes que pertenecían a movimientos políticos alternativos, y se congeló la UP por el exterminio o la danza roja contra los elegidos a cuerpos colegiados; o respecto al movimiento de Salvación Nacional que se inmovilizó en el tiempo ante el asesinato de Álvaro Gómez, en noviembre de 1995, cuando este ya se había transformado en un demócrata, abandonando las posturas sectarias que tuvo en las décadas de los años 50, 60, 70 y 80 desde que alentó la violencia institucional de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez, posteriormente en el segundo gobierno del Frente Nacional instigó e incitó a los bombardeos de zonas campesinas en el Tolima y el Cauca que, repercutieron en la estampida y desacomodo de campesinos ocupantes de tierras buscando reposo a la violencia de los años 50 y decidieron ante los bombardeos fundar las Farc; de otro lado, el Partido Oxigeno Verde que había fundado Ingrid Betancourt, perdió su dinámica por el secuestro de la líder en el año 2002, vino la inacción de esta organización política que fue el antecedente más importante antes de aparecer el Partido Verde, también se ha restablecido su personería jurídica, que ahora contribuye para la pluralidad nucleada alrededor de la Coalición Centro Esperanza, de cara a las elecciones del año 2022.

También es benéfica esta sentencia pensando en la conexión con el proceso de paz y la participación política establecida, fijo en el numeral sexto del resuelve de la Sentencia que, “Con el objeto de garantizar la finalidad prevista, entre otros, en el numeral 2.3.1.1 del Acuerdo Final, se exhorta al Congreso de la República a remover los obstáculos u hacer los cambios normativos para que los Partidos y Movimientos Políticos obtengan y conserven su personería jurídica impulsando las medidas allí previstas”. De esta manera se contribuye a la implementación del Acuerdo de Paz que ha estado truncado en varios aspectos, siendo este un factor del rebrote de la violencia en los últimos tres años que ha repoblado las zonas despejadas vaciado campos, con la estela de sangre y confusión.

1 Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED – España); ha sido profesor de la cátedra: derecho internacional, en la Universidad Libre; y en la Universidad Santiago de Cali (USC), profesor de derecho ambiental; profesor de la cátedra: derechos humanos.

Edición 760 – Semana del 18 de diciembre al 14 de enero de 2022
   
 
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