A elegir mayorías
dignas y competentes

Las y los ciudadanas/os colombianos tendremos la oportunidad en las elecciones parlamentarias del domingo 13 de marzo de 2022 de elegir senadores y representantes que legislen pensando en el bien común. La triste realidad es que desde la fundación de la república se eligen congresistas que representan mayoritariamente intereses propios y de minorías terratenientes, industriales y de capital, lejos de los intereses de las grandes mayorías, que se abstienen, o se dejan cooptar con engaños y triquiñuelas por ideologías ajenas a sus intereses y aún con coacciones sutiles o violentas. Claro, siempre se han tenido reservas éticas, legisladores que defienden el bien común y los intereses de las mayorías en un país donde la inequidad nos distingue como ejemplo negativo a nivel continental y aún en el concierto universal, donde la violencia persiste, incluso, alimentada por los gobernantes en curso.

Disminuir la abstención no será fácil, cuando se tiene un concepto errado de la política. Cuando se confunde con la politiquería, cuando gran parte de los mandatados no cumplen con sus funciones, cuando se burlan y abusan de la dignidad otorgada, cuando llegan aupados por la corrupción, los intereses mezquinos o se presentan como escudo, suplantando o reemplazando a indiciados o condenados por la justicia.

Llegar a la presidencia del Senado o de la Cámara de Representantes, se ha convertido en un botín, para disfrutarlo o para repartirlo entre sus conmilitones, para devolver favores o buscar satisfacer encargos amarrados. El prestigio, la competencia, la academia, la decencia, los programas no son la regla. Para el último año de la actual legislatura se eligió en la presidencia de la Cámara de Representantes a la señora Jennifer Aria, sin ningún mérito reconocido. Lo poco que se sabía de ella era que en 2007 había sido elegida en un reinado de belleza, señorita Meta, su hermano Andrés Eduardo había sido capturado por la DEA y condenado por narcotráfico en Miami, en tanto que su padre, Luis Eduardo Arias fue condenado por homicidio. Mató a quien creía que era un enemigo sentimental, hoy es uno de los más prósperos contratistas del Meta. Claro, el mayor “mérito” de Jennifer Arias era tener la entera confianza del expresidente Álvaro Uribe. Por supuesto era miembro del partido Centro Democrático, que manifestó que nombrarla era la forma de honrar a la mujer colombiana.

Es frecuente que congresistas que llegan al templo de las leyes carezcan totalmente de criterio, obedecen sin ningún análisis a las directrices dadas por los jefes del partido. Así ocurrió con el trámite que modificaría la Ley de Garantías, establecida para tratar de impedir que en el periodo cercano a las elecciones legislativas y de presidencia se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores, evitando, por ejemplo, que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio para la campaña electoral para favorecer a uno o varios candidatos. El gobierno Duque (que tiene la bolsa) y los partidos que lo apoyan quisieron doblarle el cuello a esta ley argumentando la necesidad de dinamizar la economía, pero con el ojo bien puesto en los próximos comicios por las difíciles perspectivas que les espera ante el desprestigio causado por la pésima gestión que ha realizado. En el trámite que tenía esta ley, se presentó la indignante injerencia de la presidenta Arias, que ante la supina ignorancia y ausencia del debate del representante Anatolio Hernández (desconocido hasta ese momento), preguntó este último (con micrófono abierto) cómo debía votar. Jennifer Arias, sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto, le dice “Anatolio, vote si”.

En los últimos meses la señora Arias ha sido cuestionada por el evidente plagio en la tesis con la que obtuvo el título de maestría en la reconocida Universidad Externado de Colombia. Después de un análisis cuidadoso por parte de la universidad ante una denuncia instaurada por un grupo de académicos, se estableció el plagio denunciado en el que incurrieron Arias y Leydy Lucía Largo, su colega de maestría y hoy su subalterna en la Cámara de Representantes. La universidad ha hecho trámite del asunto ante el Consejo de Estado y ante la Corte Suprema de Justicia, dado el cargo que ostenta Jennifer Arias. Los partidos de oposición en el Congreso pidieron su renuncia a la presidencia del cuerpo legislativo, sin embargo, ella rodeada de su partido continúa en el cargo a pesar del aumento del desprestigio a que somete al Congreso.

En las elecciones del próximo 13 de marzo están en disputa 296 cargos, de ellos 108 al senado y 188 para la Cámara de Representantes. Se escogerán de 2.966 candidaturas. En ellas los electores encontrarán personas con altos estándares de pulcritud, sentido de servicio, competencia, ideales progresistas, búsqueda de construcción de paz, equidad y justicia, compromiso ambiental, respeto a la diferencia y preparación para la labor que implica un buen congreso.

También existen un grueso número de parlamentarios que buscan su reelección y han demostrado incompetencia, ausencia de presencia y servicio en su ejercicio, corrupción, proteger y legislar a favor de minorías privilegiadas en sus bienes y rentas, mantenimiento de un statu quo injusto, oposición y burla a los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y guerrilla de las Farc. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), de los 2.966, se encuentran al menos 108 candidaturas cuestionadas por investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales, por ser herederas de la parapolítica, con investigaciones y denuncias por hechos de corrupción derivados de condenas o inhabilidades, delitos relacionados con el ejercicio irregular de cargos públicos, por pertenecer a clanes y casas políticas construidas a través de alianzas con mafias, grupos armados organizados, redes de corrupción, clientelismo o cooptación institucional.

Los partidos que lideran la postulación de indignos representantes de la política son el Conservador, Liberal, Centro Democrático, Partido de la U y Cambio Radical.

Es lamentable que herederos de clanes y casas políticas que tienen a algunos de sus miembros en las cárceles o ya pasaron por ellas, lleguen por interpuesta persona de nuevo al congreso. Esposas/os, hijos, hermanos, primos o amigos incondicionales vuelven a reproducir el clientelismo y la corrupción apoyados en la compra de votos, el engaño y la insensatez de ciudadanos que no entienden ni asumen su responsabilidad al momento de depositar el voto. Los partidos que regularmente son depositarios del lastre de la politiquería, admitiendo y hasta buscando a corruptos y criminales, deberían ser examinados con lupa y hasta descartados de plano por los electores que quieren un país distinto. También se debe exigir a los partidos y/o alianzas que quieren renovar la política que depuren sus listas ante la eventual aparición en sus listas de personas indignas de presentarse al escrutinio ciudadano.

Las y los ciudadanos encontraremos opciones de magníficas/os candidatas/os que ya han mostrado en el Congreso su talente de servicio, competencia y compromiso por el bien de Colombia y sus habitantes. Ratificarlos y optar por lo bueno conocido es una clara opción. Pero también encontraremos nombres nuevos, personas idóneas que por sus quehaceres sociales y políticos se presentan hoy ante el escrutinio ciudadano. En las alianzas que se han conformado en el Pacto Histórico y en la Coalición Centro Esperanza se encuentran personas de innegable trayectoria y compromiso social y político que pueden llegar al Congreso por el voto ciudadano y transformar sus costumbres y políticas en representación de los intereses y necesidades de las mayorías. Para elegir los Representantes a la Cámara, en cada una de las regiones correspondientes a los electores se debe hacer una juiciosa decisión. En las listas para el Senado, que son nacionales, se pueden encontrar candidatos que cambien la cara de esa instancia importante para la democracia. Las listas son cerradas, donde el elector vota solo por el partido en su conjunto y por lo tanto no tiene influencia en el orden proporcionado por el partido, o listas preferentes donde el elector puede elegir al candidato de su preferencia entre los que forman parte de la lista que presenta un partido político.

Las próximas elecciones tienen como novedad el establecimiento de alianzas o coaliciones entre varios partidos. Para las elecciones al Congreso se destacan las del Pacto Histórico y la de la Coalición Centro Esperanza. Teniendo en cuenta que estas dos grandes agrupaciones de partidos establecieron que las listas fueran cerradas, la determinación del orden en que irían los postulados no fue fácil. En el Pacto Histórico fue especialmente difícil, mientras que, en la Coalición Centro Esperanza, finalmente el partido Nuevo Liberalismo prefirió tener su propia lista, mientras que la de la Coalición tendrá como cabeza de lista al reconocido negociador de los acuerdos de paz, Humberto de la Calle.

En la lista del Pacto Histórico, además de los conocidos y valiosos parlamentarios como Iván Cepeda, María José Pizarro (pasaría de la Cámara al Senado), Aida Avella, Alexander López, ingresan con buenas posibilidades de ser elegidas/os, la valiente ambientalista Isabel Zuleta, Clara López, Jael Quiroga (reconocida defensora de DDHH), Gloria Flórez y Cesar Pachón. Es una pena que personas de la calidad y compromiso de Belén Alarcón o la periodista Consuelo Ahumada, estén en puestos bastante alejados de la opción a ser elegidas, cuando desde sus respectivos trabajos han mostrado un incuestionable compromiso por los sectores populares del campo y la ciudad.

La lista de la Coalición Centro Esperanza está forjada por nombres de gran trayectoria social y política. Esta Coalición optó por tener una lista cerrada donde su gran mayoría serían nuevas/os en el Senado. Encabezada por el reconocido profesor y ex ministro Humberto de la Calle, cuenta también con figuras como Viviana Barberena, experta en temas de gestión territorial, descentralización y modernización del estado; Juan Carlos Flórez, historiador de profesión que se ha destacado por su enfoque en desarrollo urbano, cultura ciudadana y control político; Luis Emil Sanabria, trabajador incansable por la construcción de paz desde Redepaz donde ha sido por muchos años su representante legal; Víctor Hugo Moreno Mina, líder afrodescendiente, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Ojalá que en las próximas elecciones tuviéramos una explosión razonada y contundente de votos que renueven la política parlamentaria del talante de las manifestaciones masivas que exigían cambios en la economía, en las políticas, en la educación, en la salud, en la cultura, en la conducción del estado. Que las voces que se levantaron, las marchas incansables de días y meses se traduzcan en votos por el cambio. La abstención finalmente cuenta poco o nada.

Toda propuesta de compraventa de votos debería traducirse en rechazo y condena contundente. El que ofrece dadivas está iniciando o continuando la corrupción y la corrosión del Estado. Su lugar no debe estar en el Congreso, su sitio debe ser la prisión. Es un enemigo de lo público, del bien común, de la política.

El descaro de cabello blanco

Pareciera que una política de horror volviera a ocupar el máximo lugar de representación de los ciudadanos ante el Estado. El fantasma que se había apoderado de la Procuraduría General de la Nación entre enero de 2009 y septiembre de 2016, en la persona del integrista y malévolo Alejandro Ordoñez, volvió por sus fueros en la persona de Margarita Cabello Blanco desde enero de 2021. De hecho, Cabello Blanco había formado parte destacada del equipo de Ordoñez, desempeñándose como procuradora delegada de la Sala Disciplinaria.

Su soporte político lo tiene en el clan familiar-empresarial Char de Barranquilla, que pareciera tener secuestra no solo a esa ciudad, sino también al Departamento del Atlántico. Su clientelismo descarado y agresivo se impone a partir de su red empresarial en alianza con uno de los partidos más corruptos del país: Cambio Radical.

Frente a una demanda impuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por parte del entonces alcalde de Bogotá y hoy candidato presidencial Gustavo Petro, por la destitución que fue objeto por parte del entonces procurador Ordoñez, la Corte IDH concluyó en 2020 que la destitución de Petro por parte de Ordoñez violó la Convención Americana porque la Procuraduría no es autoridad judicial, por lo que no puede destituir a funcionarios electos dado que esas sanciones sólo pueden derivar de una condena, por juez competente, en proceso penal.

“La consecuencia de ese fallo es que debía eliminarse la facultad de la Procuraduría para suspender, destituir o inhabilitar a funcionarios electos, y trasladar esas decisiones a un juez independiente en un proceso con garantías propias del proceso penal. Pero a la procuradora se le ocurrió una gran astucia: invocó el artículo 116 de la Constitución, que “excepcionalmente” permite que la ley atribuya funciones judiciales a autoridades administrativas, y pidió que el Congreso otorgara atribuciones judiciales a ciertos empleados de la Procuraduría, que decidieran las destituciones de los funcionarios electos”1.

Apoyada en la aplanadora del Congreso, del Gobierno y con un ojo avizor en las próximas elecciones, la procuradora Cabello Blanco logró que fuera aprobada la Ley 2094 que permitió a renglón seguido y protegiéndose el 24 de diciembre en las sombras del periodo vacacional que el presidente adicionara 1.208 nuevos y permanentes cargos en la Procuraduría, así cumpliría la resolución de la Corte IDH. Con todo el descaro Cabello Blanco manifestó en entrevista radial: “La Corte interamericana me obligó a contratar funcionarios”. En reacción la Corte IDH respondió de manera enérgica ante semejante despropósito que la creación de 1.208 nuevos cargos no cumple con el fallo emitido por ese organismo en el cual se condenó al Estado colombiano por la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro y cuestiona que la Procuraduría todavía conserve la facultad para inhabilitar y destituir funcionarios de elección popular.

Existe una evidente preocupación por parte de distintas instancias jurídicas y políticas ante procedimientos como éste que buscan engrasar la clientela gubernamental y de clanes como el de los Char, que también ha entrado en la campaña presidencial, ubicando a su más alta ficha como candidato.

Siete meses más para la comisión de la verdad

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) fue creada en el marco del Acuerdo de Paz con una vigencia de tan sólo tres años. El tiempo establecido es sin duda reducido si nos atenemos al largo conflicto que ha vivido el país, al gran número de víctimas, de hechos violentos y de degradación llevada a cabo. A esta situación se sumó el hecho que poco tiempo después de iniciar su labor se establecieron restricciones impuestas por la emergencia sanitaria que impedían viajar a los territorios más golpeados por la guerra, poniendo en riesgo para la verdad las declaraciones que podrían hacer las víctimas. La propia CEV explicó que entre marzo y septiembre de 2020 estuvieron cerradas sus sedes en todo el país.

Desde distintos espacios sociales y jurídicos, pero de manera particular desde las Organizaciones de Derechos Humanos se pidió a la Corte Constitucional extender el periodo para la CEV. La Corte Constitucional después de examinar juiciosamente los argumentos dados prolongó por siete meses más la vigencia de la CEV de tal manera que ahora su labor no concluirá en noviembre 2021, sino que se prolongará hasta el 27 de junio de 2022 y tendrá dos meses más para la fase de socialización, tiempo que de por sí es insuficiente.

Se espera que un nuevo gobierno acoja con seriedad y compromiso el Informe final de la CEV, propiciando que todas/os las/os colombianas/os lo acojamos como base de reflexión y catarsis nacional, de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y de esclarecimiento de la guerra y los conflictos por los que hemos transitado durante varias décadas. Pero será la sociedad en su conjunto, animada por las organizaciones de víctimas, de Derechos Humanos, Constructoras de paz, ciudadanía y buen vivir, que tendremos la obligación de difundir, hacer pedagogía, construir lazos de convivencia y en lo posible de auténtica reconciliación aprovechando el informe que nos sea entregado a fines de junio del año que comienza.