Responsabilidad ciudadana
y corrupción de la política

Parte II

Enarbolar la bandera contra la corrupción es políticamente muy rentable. Ningún candidato puede renunciar a ella. Pero también es muy deplorable. Especialmente porque dicha bandera deslumbra a millones de ciudadanos que viven asqueados de la política y convoca una indignación tan intensa como racionalmente pueril y superficial. Tan superficial que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera confronta la identidad del político que se rasga públicamente sus vestiduras contra la corrupción y sus ejecutorias como servidor público en el desempeño de anteriores cargos. Mucho menos analiza o consulta a qué partido político pertenece dicho candidato y en qué medida dicha colectividad es o no responsable de la corrupción política. Sin verificar lo anterior, va ciegamente a las urnas y deposita su voto, para luego percatarse que ese candidato que agitó la bandera de la “lucha contra la corrupción y la politiquería” y gritó a pulmón herido “El que la hace, la paga”, cuando está gobernando se convierte en un cómplice o incluso en un protagonista más de la misma corrupción. Entonces, el cándido e iluso ciudadano concluye: “Todos los políticos son corruptos, igualmente pícaros”. Pero no es consciente y mucho menos se hace responsable de su elección. Olvida que votó por ese Mesías y Savonarola1, que prometía demagógicamente acabar con la corrupción política. Si tuviera la lucidez e integridad moral de hacerlo, llegaría a la conclusión que la corrupción política empieza precisamente por su falta de juicio, por su incapacidad de pensar, investigar y constatar lo que ha realizado ese candidato en cargos anteriores, que prometió acabar con todos los corruptos y ofreció gobernar con los más honestos y capaces. Y todo parece indicar que el éxito de un candidato como Rodolfo Hernández se debe en gran parte a esa estulticia y emotividad pueril de muchos ciudadanos, incluso de un poeta extraviado en el laberinto de las adulaciones y el poder2, que creen que la corrupción se combate efectivamente con insultos y cachetadas contra los adversarios y apelando a un mítico pueblo ético y virtuoso. Basta escuchar a Hernández declarando que el pensador alemán que más admira es Hitler3 para poner en duda su lucidez mental, aunque luego se retractó y presentó excusas diciendo que se refería era a Einstein. Semejante horror no solo refleja su precaria formación intelectual sino su ausencia de juicio moral y peligrosa afinidad política e ideológica con la violencia y el autoritarismo, refrendada por su comportamiento contra sus críticos. Así se observa en el siguiente vídeo4, cuando pasa de los insultos a pegarle una cachetada al concejal John Claro para acallarlo por sus denuncias de supuestas irregularidades durante su gestión como alcalde de Bucaramanga. Denuncias que son investigadas disciplinaria y penalmente, como lo informa la revista Semana, a raíz del contrato celebrado con la empresa Vitalogic5 como alcalde de Bucaramanga. Valdría la pena que los ciudadanos tuviéramos mayor información sobre el particular, para discernir sobre la ética pública del candidato Hernández y la legalidad de ese contrato, pues ya conocemos que su vocabulario y comportamiento personal dista mucho de ser decente y ecuánime, siendo ya sancionado por la Procuraduría General de la Nación con inhabilidad especial por cinco meses cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga. Sanción “que se convirtió en salarios de acuerdo a lo devengado por el exmandatario local para la época de los hechos, es decir, $77.564.400. Ante esta decisión el exalcalde presentó recurso de apelación y será resuelto por la Sala Disciplinaria de la Entidad”, según boletín de la Procuraduría del 8 de junio del año pasado. Sin duda, Aristóteles tenía toda la razón cuando afirmó que el primer deber moral es pensar con claridad, algo que deberíamos hacer todos antes de votar. Porque de lo contario podríamos incurrir en un fatal error, más aún cuando todos los candidatos hacen de la lucha contra la corrupción su principal divisa. Una divisa que la mayoría de las veces oculta la ausencia de propuestas, programas de gobierno y políticas públicas con fundamento en diagnósticos rigurosos, presupuestos públicos viables, medios técnicos idóneos y, sobre todo, prioridades de orden social que respondan a las necesidades de las mayorías y no solo al embellecimiento de entornos urbanos para el turismo, que mal ocultan la pobreza y marginalidad de millones de colombianos.  Sin duda, es muy fácil la oratoria contra la corrupción, es la perfecta coartada de los políticos incompetentes, pues están seguros de que la emotividad y la indignación de los ciudadanos frente a los cleptocratas que gobiernan puede reportarles fácilmente votos. Y muchos ciudadanos todavía creen que basta la voluntad política para acabar con la corrupción e ignoran que ella es un entramado de prácticas, mentalidades y complicidades entre intereses particulares, muy bien emplazados y representados al interior del Estado y los funcionarios públicos con capacidad de decisión y gestión sobre los recursos públicos. Que esa corrupción de lo público tiene muchas formas de expresarse, como la puerta giratoria de empresarios que ingresan al servicio público y luego con información privilegiada acrecientan sus fortunas. Para no hablar de abogados y economistas, formados en las mejores universidades privadas y del exterior, que no pasan de ser mercenarios al servicio del mejor postor y cuando están en el Estado favorecen los intereses del sector y las empresas de donde proceden. Personajes tan competentes profesionalmente como decadentes y corruptos éticamente, que sin sonrojarse llegan con el AVAL del sector financiero a la Fiscalía (Néstor Humberto Martínez6) o incluso son promovidos supuestamente por organizaciones criminales (Mario Iguarán7), sin olvidar la profesional asesoría del exministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla y sus “Bonos de Agua”8 a 108 municipios. En fin, que la corrupción de lo público es la subordinación de la política y de los intereses generales a las ganancias de empresas particulares y a los cálculos electorales de “impolutos” líderes políticos, todo ello oculto bajo pomposas denominaciones como “transparencia”, “gobierno corporativo”, “gobernanza”, “sociedad civil”, fundaciones y ONG, que muchas veces son mamparas del clientelismo político, el asistencialismo y el familismo9. Ejemplos abundan: Hidroituango y el gobierno corporativo de la GEA con la EPM y son constelación las Fundaciones y ONG de los partidos y de encumbradas familias políticas10. No por casualidad uno de los más vergonzosos autócratas y cleptocratas de la historia reciente, Augusto Pinochet11, escribió: “La Patria no se destruye porque unos pocos la atacan, la Patria se destruye porque no la defienden quienes dicen amarla”. Probablemente por ello en estas campañas para el Congreso y la Presidencia todos los candidatos y candidatas dicen “amar” a Colombia y la defienden de la corrupción, como lo hizo “ejemplarmente” el dictador en Chile, enriqueciendo su familia12.