Con la declaratoria del ECI, la Corte Constitucional le quita la máscara a Iván Duque Márquez

Con la reciente declaratoria del estado de cosas inconstitucional (ECI) en varios componentes del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, la Corte Constitucional confirma lo que desde varios sectores de la opinión se venía advirtiendo: que el gobierno uribista de Iván Duque Márquez le está haciendo “conejo” a la paz. Así entonces, lo que desnuda la alta corporación es que el actual gobierno manejó y lo hace aún, un doble discurso con el que logró timar de manera sistemática no solo a varios gobiernos amigos que le entregaron millonarios recursos para consolidar la paz en el país, sino a la propia ONU y en particular a los miembros del Consejo de Seguridad.

Quizás la mayor expresión del nulo compromiso de Iván Duque con el cumplimiento de lo pactado en La Habana es su política Paz con legalidad. Se trata de una política pública que, desde las entrañas del Estado, ataca los acuerdos y genera, institucionalmente, una indisposición frente a los firmantes de la paz, lo que contribuye al estancamiento en los procesos que deberían conducir a cumplir al pie de la letra lo que el Estado y las entonces Farc – EP lograron concertar y negociar durante los cuatro años que duraron las negociaciones en Cuba.

En la política pública Paz con legalidad se lee lo siguiente: “También creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules que hoy ocupan; y que, quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exige para los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluidos la entrega de todos los bienes mal habidos, con destino a la reparación de las víctimas, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional” (p.3).

En el texto subrayado confluyen las molestias y los resquemores que al interior del Centro Democrático (CD) y en disímiles sectores de la sociedad colombiana generó la entrega de los escaños, como parte de la negociación y en virtud de los compromisos adquiridos en el marco del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición diseñado por los negociadores, para darle una sólida estructura jurídica y política al Acuerdo de Paz.

Volvamos sobre lo dicho por la CC. El tema central que la Corte Constitucional revisó y sobre el que finalmente fundó la declaratoria del ECI tiene que ver con la vida de los firmantes, amenazada por la inoperancia estatal, en particular, de la Unidad Nacional de Protección, organismo que no ha logrado asegurar las condiciones de seguridad que hubiesen evitado el asesinato de ya casi 300 excombatientes. Un estado de cosas inconstitucional no es otra cosa que la violación sistemática y estructural de los derechos fundamentales, en este caso, los de los firmantes, a manos de un gobierno y de sectores estatales que aún no asumen como una obligación legal y constitucional el cumplimiento de lo acordado entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc – EP.

La declaratoria de la Corte Constitucional le quita la máscara pro paz que Iván Duque ha lucido con cinismo durante su mandato. Con lo establecido por el alto tribunal el Consejo de Seguridad de la ONU y los países garantes del acuerdo de paz y aquellos amigos de la paz de Colombia, tienen un insumo diplomático que servirá para presionar al siguiente gobierno, para que se comprometa de manera clara con la implementación del acuerdo, en particular con hacer ingentes esfuerzos para frenar los asesinatos de los firmantes y las amenazas y también para garantizar las condiciones para que los excombatientes lleven una vida digna en los espacios territoriales en los que hoy adelantan sus proyectos de vida productiva.

Lo planteado por la Corte Constitucional en el ECI constituye, sin duda, un fuerte jalón de orejas a un gobierno mentiroso que, siguiendo las instrucciones de Álvaro Uribe y del exministro Fernando Londoño, ha buscado torpedear la implementación del acuerdo final y hacer fracasar el proceso de paz.