A dos años de pandemia, las banderas rojas siguen colgadas en los hogares de Medellín

Un símbolo que poco habíamos visto apareció de manera significativa durante los meses de abril, mayo y junio del 2021 en Medellín. Banderas o trapos rojos que hacían las veces de estas, asomaban en las ventanas de miles de hogares en muchas de las comunas de la ciudad. Como un gesto inequívoco de algo que intuíamos, se agitaron los signos rojos como manifestación del hambre que había penetrado en las casas de miles de personas que estaban confinadas como medida para desacelerar la tasa de contagios del Covid-19. Fue esta una clara evidencia de lo que ya se había anunciado: entrabamos en una fuerte crisis económica que se sumaba a la crisis de salud pública.

Existen grandes diferencias cuando se cuentan con las condiciones materiales para resistir a una situación de estas, a cuando de por sí ya se viven unas condiciones extremas de precariedad. El primer objetivo de desarrollo sostenible es el de la lucha contra la pobreza, lo que señala la importancia de este problema a nivel global y su existencia previa a la llegada del Coronavirus. En Medellín, las cifras de los últimos 10 años muestran que la pobreza monetaria se ha mantenido por encima del 20% y la pobreza extrema por encima del 3% (excepto en 2017) en este mismo periodo, lo que evidencia que se trata de una situación estructural para la que no se han logrado implementar estrategias realmente eficientes.

A esta situación se suman los efectos de la pandemia que sin duda ha generado un crecimiento significativo de las tasas de pobreza, terminando con los pocos logros conseguidos para disminuirla y generando un retroceso bastante significativo. Cerrar el 2020 con un 43% de la población en situación de pobreza (32.9% en pobreza monetaria, 9.1% en pobreza monetaria extrema), es decir que cerca de 1.200.000 personas viven en esta condición, debe generar una altísima preocupación en todos los sectores de la sociedad.

Una de las consecuencias más preocupantes de la pobreza es el hambre, situación que en la ciudad es dramática, pues 10 de las 16 comunas y los 5 corregimientos la padecen. En el caso de los corregimientos es más paradójico este estado de cosas, dado el potencial de producción agrícola que tienen, no solo para abastecerse, sino para ser fuente de alimentos para toda la ciudad. Este panorama abre nuevamente el debate sobre la necesidad de contar con políticas de promoción de la soberanía alimentaria, más que de seguridad alimentaria, de tal modo que la ciudad pueda contar con una amplia oferta de alimentos que le permita combatir de manera frontal el hambre y garantizar un mecanismo efectivo de lucha contra la pobreza.

El acceso a derechos y servicios es otra de las limitaciones a las que se enfrenta una persona o una familia pobre. El índice de pobreza multidimensional (IPM) permite realizar una lectura que va más allá de los ingresos económicos, preguntándose por 15 variables que se agrupan en 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida de Medellín 2020, “se produjo un aumento del 79% en el IPM, pasando de 11,4 en 2019 a 21,8 en 2020 para toda la ciudad, con un aumento del 77,7% en el IPM de las comunas y de 217% en el IPM de los corregimientos” (Medellín Cómo Vamos, 2020, p. 30). Esta mirada amplia de la pobreza, más allá de las carencias económicas, muestra como todas estas situaciones conjugadas elevan los niveles de vulnerabilidad y exclusión de una importante franja de la población y reducen sus posibilidades de tener una vida digna.

A la par de la pobreza creció la desigualdad, pasando de un Gini para Medellín y el Área Metropolitana de 0.48 en 2019 a uno de 0.52 en 2020. El objetivo 10 de los ODS busca reducir las desigualdades dentro de los países y entre estos, planteando la distribución de los ingresos y de la riqueza como elementos centrales para cerrar las brechas económicas, sociales, políticas, culturales y de género. Sin embargo, la pandemia profundizó las desigualdades ya existentes en la ciudad afectando sobre todo a la población más vulnerable, lo cual ha implicado, entre otras cosas, una reducción en los ingresos de las familias más pobres, incrementando su condición de marginalidad, lo que amplía la brecha social existente entre quienes poseen condiciones de bienestar y riqueza y quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, estos reciben menos ingresos y tienen menores oportunidades para acceder a bienes y servicios, ejercer su ciudadanía y cumplir su proyecto de vida. La desigualdad se convierte en un obstáculo para disminuir la pobreza, ya que como lo ha plantea Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, no permite un crecimiento económico inclusivo, manteniendo a los más vulnerables por fuera de los sistemas de salud, protección social y garantía de derechos, generando una grave crisis en términos de justicia social.

Ante un panorama que muestra por lo menos 10 años de retroceso en desigualdad y pobreza, son muchos los retos que le quedan a la ciudad para los próximos años en materia social. Si bien 16 de los 17 indicadores del Plan de Desarrollo en esta materia muestran un nivel de  cumplimiento  destacado  (entre  80% y 100%) y es claro que las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales y locales, relacionadas con las transferencias monetarias y otro tipo de subsidios, evitaron que la crisis social fuera mayor, también es cierto que las cifras dan cuenta que estas medidas han sido insuficientes y que las grandes problemáticas sociales  asociadas  a  la pobreza y la desigualdad tienden a mantenerse y profundizarse, por lo que se hace necesario medidas más estructurales para luchar contra ellos.

La ciudad requiere una mirada más amplia e integral de la pobreza que permita realmente transformar las condiciones de vida de las personas y no solo paliar sus necesidades básicas por unos periodos determinados. Una alternativa es convertir las actuales transferencias monetarias (de cien mil pesos mensuales) en una verdadera Renta Básica que esté por encima de la línea de pobreza, articulada a una canasta de derechos completa (salud, educación, empleo, vivienda digna, servicios públicos domiciliarios y acceso a la cultura) y que generen condiciones de vida digna e inclusión económica y social. De igual manera, se requiere implementar medidas que le den lugar al potencial agrícola que tiene la ciudad, buscando llegar a un estado de soberanía alimentaria, fomentar la creación de empleo con condiciones de trabajo decente, considerar acciones con enfoque diferencial que beneficie a mujeres, jóvenes, niños y niñas, entre otras acciones de corto y mediano plazo que pueden promoverse para que en ningún hogar se requiera ondear nuevamente una bandera roja.