Policías impiden que alias Otoniel hable con la Comisión de la Verdad

La abrupta intervención de la policía en la diligencia que adelantaba la Comisión de la Verdad con el criminal alias Otoniel, no se explica en la aparente confusión alrededor de la existencia o no de una previa autorización emitida por la Fiscalía para que los comisionados pudieran escuchar extrajudicialmente al jefe del Clan del Golfo. Por el contrario, la intervención de la policía bien pudo haberse dado por un general de la República, de la cúpula militar, o incluso, del propio gobierno. No creo que se trate, simplemente, de una intervención con la que se buscaba corroborar o no de la existencia de un permiso que, de acuerdo con lo expresado por la Comisión de la Verdad, este fue dado por la Fiscalía, lo que dejaría sin piso legal la intervención y la consecuente intervención de los policías. Nuevamente aparece la pregunta: ¿quién dio la orden?

Hay suficientes elementos y circunstancias para pensar que lo actuado por los policiales de la DIJIN no obedece a una reacción ante una posible falta de una autorización de la Fiscalía. No. Esa acción representa el enfrentamiento institucional que de tiempo atrás el gobierno del fatuo de Iván Duque Márquez viene promoviendo a través de sus ministros y consejeros; choque que también ha sido promovido desde el despacho del anterior fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. No puede el gobierno ocultar la molestia que le genera que el entonces jefe del Clan del Golfo o Clan Úsuga cuente su versión ante la Comisión de la Verdad, sobre el maridaje y el contubernio de miembros de la fuerza pública con la organización criminal.

Mandar a unos policías a que interrumpan una diligencia legal y legítima, programada en el marco del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz no solo resulta inconveniente, sino que expone con claridad la actitud del gobierno frente a la construcción de una verdad histórica que tendrá efectos políticos, en la medida en que ese relato dé cuenta de la complicidad de altos oficiales de la policía y del ejército, con estructuras narco-paramilitares.

El miedo de funcionarios y poderosos agentes de la sociedad civil a esa verdad histórica que servirá para establecer responsabilidades políticas por la comisión de variados delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado interno es hoy un factor determinante para la entrega o no de garantías, para que, tanto la Comisión de la Verdad como la propia JEP, puedan desarrollar sus actividades.

La exigencia de garantías por parte de la dirección de la Comisión de la Verdad no solo compromete al Estado, sino al gobierno central, el mismo que le viene apostando a que el proceso de paz fracase. En una nota de El Espectador se lee: “La Comisión agradece a las distintas autoridades que vienen facilitando este proceso de escucha, y aunque reconoce que el señor Dairo Úsuga debe permanecer bajo condiciones de seguridad de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, si quiere señalar la necesidad de contar con garantías para recibir su relato con la debida confidencialidad y privacidad. Las condiciones de la entrevista deben permitir que esta persona ofrezca un relato libre y voluntario, máxime cuando los comisionados y sus funcionarios están exentos del deber de denuncia”.

Sería recomendable que el padre De Roux, como presidente de la Comisión de la Verdad, expusiera lo sucedido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la medida en que lo sucedido sienta un negativo precedente. El miedo a la verdad histórica de unos cuantos oficiales y de agentes de la sociedad civil colombiana no puede imponerse sobre el deseo de millones de colombianos de conocer qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado interno y de reconocer a quienes, desde el Estado, vienen delinquiendo.

Adenda: hay que celebrar que la JEP abrirá tres nuevos macro casos. Dice El espectador que “en dos de ellos se investigará y juzgará la concentración de crímenes de las extintas Farc y miembros de la fuerza pública, entre los que se encuentran masacres, homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y hasta toma de poblaciones, dependiendo de cada caso. Agentes del Estado, señalados de múltiples vínculos con paramilitares”.