¿Educación de calidad?

La pandemia del Covid-19 impactó el derecho a la educación en el país de manera significativa, sobre todo las medidas de confinamiento puestas en marcha desde marzo del 2020, en el que, según datos del Ministerio de Educación Nacional – MEN, se cerraron 53.717 sedes educativas, de las cuales el 82% (43.853) eran del sector oficial y el 18% (9.866) del sector privado, lo que afectó a por lo menos 10 millones de estudiantes de básica y media, sin contar la educación superior, técnica y tecnológica.

El gobierno Nacional y los gobiernos locales intentaron mantener el sistema educativo abierto y concentraron sus esfuerzos en la educación virtual y a distancia. Sin embargo, las brechas socioeconómicas producidas por la desigualdad del país mostraron que estábamos muy lejos de poder garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, porque, por lo menos el 63% de los estudiantes de grado 11° y 5° de primaria y el 57% de 9° grado de colegios públicos, no tenían acceso a internet ni computador en sus hogares. Estos datos fueron aportados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el cual plantea de manera dramática que en el 96% de los municipios del país “menos de la mitad de los estudiantes tienen acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales, siendo la región suroriental del país la que presenta mayores rezagos”.

Para la ciudad de Medellín, llamamos la atención sobre elementos sensibles para el restablecimiento pleno del derecho a la educación, tales como el acceso, la permanencia, y –reconociendo en este punto el impacto de la deserción y el ausentismo– la calidad educativa y los efectos socioemocionales tanto en estudiantes, docentes y familias.

En términos de cobertura, bruta y neta, se alerta sobre una reducción sostenida desde el 2012, con algunas muestras de recuperación en preescolar, secundaria y media, pero sin alcanzar los porcentajes del año 2012. Son preocupantes los casos de educación inicial, preescolar y media que alcanzan para el 2020 el 79,8%, 76,4% y el 52%, respectivamente. Aunque se reconoce que la administración municipal implementó varias estrategias para identificar a niños, niñas y adolescentes por fuera del sistema y en riesgo de deserción, desde la Veeduría se insta a realizar más y mejores esfuerzos por mejorar los sistemas de información sobre población por fuera del sistema educativo, pero desde una perspectiva regional, es decir, como Área Metropolitana, en tanto la movilidad de la población entre municipios es una particularidad que hace que los esfuerzos desarticulados sean menos eficientes a la hora de reconocer la magnitud de la afectación de exclusión educativa.

Otro de los efectos de la pandemia en la garantía del derecho a la educación está relacionado con la deserción escolar. Para este informe no se contó con datos del 2020, pero seguramente para el 2021 los consolidados ayudarán a reconocer la profundidad real del fenómeno. En este punto, seguimos insistiendo en la necesidad de realizar análisis y acciones específicas por territorio, por ejemplo, según el último informe Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, en el año 2019 las comunas de Santa Cruz (4,93%), Popular (4,6%), Laureles-Estadio (4,5%), San Javier (4,43%) y Manrique (4,0%) registraron niveles de deserción escolar por encima del total de la ciudad. Estas cifras dan cuenta de la focalización de la problemática en territorios de la ciudad, en el que se combinan, por ejemplo, los mayores índices de pobreza multidimensional IPM (Santa Cruz 55,95%, Manrique 36,98% y Popular 26,02%). Un caso de análisis debe ser Laurales y el Poblado, las cuales tienen índices de deserción altos en contraste con IPM bajos (Medellín Cómo Vamos, 2020).

En términos de educación superior, la deserción en la ciudad ha ido mejorando, sin embargo, no se cuenta con información del SNIES para el 2020, por lo tanto, no es posible reconocer los efectos de la pandemia. Se precisan acciones diferenciales en sectores de la población que, a causa del incremento de los IPM, están en mayor riesgo de abandonar los estudios y, por ende, empeorar los factores que profundizan la pobreza y la desigualdad.

En lo concerniente a la calidad educativa, expresada en desempeños en pruebas estandarizadas, la ciudad tiene retos enormes. Primero, identificar con precisión las necesidades de profundización de saberes que tienen los y las estudiantes. Segundo, desarrollar un plan que permita avanzar en los procesos de reincorporación a la dinámica presencial, que no pasa únicamente con una idea de “nivelación de contenidos”, sino de construcción de un currículo integrado de transición. Tercero, seguir avanzando en la democratización del acceso a tecnología y a internet, justamente para eliminar las brechas evidenciadas durante el confinamiento. Y, cuarto, cualificar la acción pedagógica de maestros y maestras desde entornos virtuales y con herramientas digitales.

Finalmente, los efectos de la pandemia sobre lo socioemocional han sido analizados por múltiples sectores. Una ciudad con el índice de pobreza y desigualdad como Medellín, afecta naturalmente el sistema educativo, y este, a su vez, el recrudecimiento de estos indicadores. Para docentes, estudiantes y familias los impactos se verán reflejados: primero, en el acceso, porque se incrementa el costo de oportunidad de las familias y la decisión por la supervivencia; segundo, en la permanencia, en tanto se asocian elementos como el estrés, la ansiedad, la falta de concentración, la pérdida de sentido y valor de la educación como respuesta inmediata a la crisis económica, entre otras manifestaciones; tercero, en la calidad, en tanto las brechas de acceso a tecnología e internet (como lo mostró este informe 33 de cada 100 hogares no tuvo acceso a internet) agravaron la exclusión educativa y develaron las deficientes competencias de los maestros y maestras con relación a la educación virtual.