“Una respuesta pacífica”

Hace ya 33 años, entre el 17 y el 18 de febrero de 1989, –el mismo año que marcó el fin de la llamada “guerra fría” y la caída del Muro de Berlín–, se realizó en la ciudad de Ibagué el Segundo Encuentro Nacional por la Paz, denominado “El Tolima: una respuesta pacífica”. A despecho y en contravía de los lineamientos del inane gobierno de Virgilio Barco, la comisión de diálogo constituida, luego de un arduo proceso de acercamientos, de acuerdos y desacuerdos, difundió una sencilla pero significativa y pluralista convocatoria, buscando la mayor participación ciudadana para discutir una salida política negociada al conflicto armado.

En dicho llamado se establecía que, “la voluntad de paz de los colombianos, a pesar de las múltiples manifestaciones de violencia que nos agobian, se mantiene inquebrantable y refleja el evidente deseo colectivo de restaurar las condiciones de convivencia política, de lograr la reconciliación nacional y de alcanzar la transformación profunda de las estructuras económicas, políticas y sociales del país, como medio indispensable para construir una democracia plena y participativa, mediante un nuevo pacto social”. (Cfr. Colombia. Proceso de paz nacional 1988 – 1989 Documentos, entrevistas, opiniones. Consejo Municipal de Ibagué. Junio 1989).

El Encuentro contó con la presencia de personalidades de los diversos partidos y movimientos políticos, de la Iglesia católica y de otros credos religiosos, con empresarios y representantes de los gremios –en ese entonces no eran tan evidentes sus relaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción–. Los diversos sindicatos, las universidades y muchas otras asociaciones, ligas y organizaciones se comprometieron también, expresando en la región una incipiente sociedad civil, si bien fragmentada y desarticulada, en todo caso muy comprometida con el temario del evento, más allá de la simple figuración y el interés mediático prohijado por el gobierno central.

Preocupa el olvido histórico de este acontecimiento que, desde el Tolima, logró motivar e interesar a los diversos sectores del espectro político nacional, por sus efectos prácticos y por los pactos y acuerdos alcanzados con los insurgentes, así como por las importantes propuestas y recomendaciones dirigidas al gobierno, en aspectos como la exigencia para una más amplia participación ciudadana en los asuntos del Estado, la lucha contra la impunidad y la corrupción, los cambios requeridos en el modelo económico, la puesta en marcha de los diálogos regionales de paz, la erradicación de la guerra sucia y las torturas y la adopción de las normas del Derecho Internacional Humanitario, para que la población civil no fuese más objeto de las acciones armadas, situación que, lamentablemente, en lugar de atenuarse, durante los siguientes onerosos y terribles años que venimos soportando, a pesar de varias intenciones pacifistas y de fugaces “acuerdos”, se ha intensificado, hasta llegar a la lastimosa situación de hoy en que muchos “dirigentes” políticos y “ciudadanos”, abogan por la supuesta solución bélica a los conflictos sociales, políticos y económicos.

Pasó el Encuentro y enseguida, el 2 de marzo de 1989, sería asesinado José Antequera, uno de sus organizadores. El 18 de agosto de ese mismo año, sería asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Por designación afectuosa en las exequias del líder, su hijo Juan Manuel Galán, señaló a César Augusto Gaviria Trujillo como continuador y representante del líder inmolado y de su expresión política. Por rabia, dolor y solidaridad, la gente habría de ungir como presidente número 36 en la desgarrada Colombia, a este recién llegado que, sin atenuar en nada la violencia estructural establecida, gobernaría bajo las tinieblas, no sólo de la llamada “apertura económica” y neoliberal, impuesta por los lineamientos imperialistas del “Consenso de Washington” –surgidos también en 1989– sino, además, mediante un terrible, sanguinario e irracional terrorismo de Estado, contando con el consentido paramilitarismo y las ya fortalecidas mafias del narcotráfico.

Bajo ese “nuevo” gobierno, el 22 de marzo de 1990 caería Bernardo Jaramillo Ossa, quien en el Encuentro había señalado: “No creo que el gobierno tenga conciencia de la necesidad de estas reformas; está claro que la solución al conflicto no es militar, pero el gobierno insiste en ella...”. Así mismo el 26 de abril de 1990, ya en el gobierno del heredero de Galán, que asumió la dirección del llamado “Nuevo liberalismo” y luego la presidencia de la República, Carlos Pizarro Leongómez, comandante desmovilizado del grupo guerrillero M19, sería también asesinado y los autores de ese crimen continúan en la impunidad, aún después de estos 32 años.

Como en el poema de Antonio Machado, “todo pasa y todo queda”; pasaron los gobiernos de Barco, de Gaviria, de Samper, de Pastrana y ahora está el de Uribe (que no termina de pasar y que se prolongaría en el de Santos y ahora en el del sub-presidente Duque) que han sido continuistas de la violencia y de los crímenes de Estado.

Pareciera que estamos cada vez más lejos de una alternativa democrática; nos han impuesto una violencia genocida incrementada incluso con el fortalecimiento de unas fuerzas militares y de policía, cada vez más represivas y hasta criminales, con la legitimación del paramilitarismo, las amplias mafias de “contratistas” que cómodamente pelechan del erario, bajo el amparo de los politiqueros; con el protervo empresariado y sus corruptos gremios, en fin, con la instauración de una narco-economía que ha generado la entronización del actual narco-gobierno, como resultado de los acuerdos, apoyos y financiaciones de dichos “contratistas”, narcotraficantes y paramilitares y, por ende, utilizando una mayor represión, exclusión y marginalidad sobre los sectores populares, mientras avanza, cada vez más, el galopante autoritarismo fascista que estremece toda la estructura de esta falsa democracia, que debemos atajar mediante una clara participación política ciudadana, y un efectivo “pacto histórico”, que nos permita conjurar los crímenes de Estado, la corrupción y esa atroz violencia que nos ofende y humilla ante la faz del mundo.

Es imprescindible que superemos esta situación de miseria histórica que nos ha tocado soportar, que ensayemos en esta próxima contienda electoral, una “respuesta pacífica” para tratar de rescatar la dignidad que se ha perdido en manos de los corruptos y los politiqueros.