Muerte por asfixia

La forma como se ha dispuesto la elección de las curules de víctimas es otra de las “jugaditas” de un gobierno aficionado a las trampas y experto en burlar leyes. Además de engavetar por varios años la aprobación legal y dilatar su reglamentación, se adoptó un régimen que obstaculiza su derecho a ser elegidas en representación de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, el abandono estatal y la exclusión política.

Se les sometió a un calendario electoral que ya estaba cumpliéndose en sus últimas fases, con escasos dos meses para conocer las reglas, definir candidaturas y gestionar avales; así como para recolectar unas certificaciones inéditas y de complejo trámite, tanto para los aspirantes como para las organizaciones sociales que los respaldarían. La maratónica competencia dejó por fuera muchas aspiraciones, principalmente de quienes no entendieron que sus certificaciones sobre existencia y condición ya no servirían, que para ser víctima se requería adelantar un nuevo proceso ante la UARIV y que para ser organización social se necesitaba el reconocimiento de lejanos despachos en la capital del país. Lo peor de todo es que los procedimientos, formularios e instructivos estaban dispuestos en formato digital y que a ellos se accedía por conexión virtual, a la que no han tenido derecho los habitantes de la Colombia rural, esos a quienes en teoría estaría dirigida la convocatoria.

Cuando vencieron los términos para la inscripción de candidaturas, en diciembre 13, muchas organizaciones ni siquiera sabían que debían diligenciar una inscripción virtual ante la Registraduría y mucho menos que justo ese día vencía el plazo para solicitar anticipos para la financiación de la campaña. Después de lograr una ampliación de término para solicitarlos, cundió de nuevo el desconcierto, porque tampoco se comprendía que las organizaciones sociales quedaran sometidas a un régimen de partidos políticos, con obligaciones administrativas que les demanda un robusto equipo de trabajo profesional y contratar pólizas de garantía de alto costo que el sistema financiero siempre ha negado a los movimientos independientes.

Quienes lograron llegar hasta este momento de la competencia se enfrentaron a otra dura realidad: la reglamentación sobre financiación prohíbe recibir directamente donaciones de particulares, lo que obliga a depender de unos recursos estatales que no llegan; salvo que se cuente con un patrimonio propio para cubrir los costos de la campaña, caso en el cual se estaría contrariando el espíritu de la norma que prioriza la financiación pública, dirigida a generar transparencia, equidad y posibilidades de acceso para los territorios y poblaciones históricamente relegados de la representación política.

Otras garantías para el ejercicio político también se burlaron. No se ha cumplido con la cedulación masiva ni con la instalación de suficientes puestos de votación en zonas rurales; la puesta en funcionamiento de los Tribunales Electorales, que por demás no tienen nada de tribunales, ha sufrido un retraso perjudicial en medio de una dinámica territorial plagada de irregularidades y de riesgos electorales, según lo ha documentado la MOE; y los candidatos y candidatas se ven sometidos a la presión de grupos armados, al tiempo que el sistema de protección estatal pone más trabas e insiste en modelos convencionales de seguridad, completamente inútiles en muchos de estos contextos.

Líderes de diferentes circunscripciones advierten que faltando dos semanas para las elecciones y una para el cierre de campaña no han recibido los recursos de anticipo, no obstante lo cual hay otras personas desplegando onerosos dispositivos de publicidad; que se mueven por su cuenta y riesgo por peligrosas zonas, siempre y cuando no se les haya prohibido hacerlo; que advierten la injerencia de servidores públicos y partidos políticos; que no se ha realizado la suficiente labor de pedagogía electoral con ellos y sus comunidades, máxime cuando deberán manejar un proceso con cuatro tarjetones y un alto número de candidatos; y que no hay una autoridad cercana a los territorios con una labor eficaz de control sobre las irregularidades denunciadas.

Con estas condiciones se ha incumplido completamente lo pactado en el Acuerdo de paz respecto a las curules: no se ha acompañado a las organizaciones sociales ni se ha favorecido a las de víctimas, no se ha establecido un régimen especial para facilitar su inserción en el parlamento, no se ha garantizado la financiación estatal ni la integridad física de quienes aspiran, y tampoco han sido efectivas las medidas de vigilancia para el respeto a las reglas del proceso.

Tenemos dos realidades: una virtual, que consagra medidas y dispositivos a los que no se accede con igualdad, y otra territorial, que está negando de hecho la posibilidad de la representación política pactada. La Registraduría pretendió cumplir forzando un proceso especial dentro del calendario electoral ordinario, el CNE salva su responsabilidad aprobando una bolsa de recursos a la que no acceden las organizaciones sociales y disponiendo un Tribunal sin facultades, con escasas funciones de trámite; y la UNP resuelve el tema con estudios de riesgo y, en algunos casos, asignación de esquemas que resultan engorrosos para los mismos protegidos.

Al tiempo que no para la matanza de líderes sociales, se advierte que son otros, los de siempre, los que esta vez podrían quedarse con la representación política; que otra vez estos territorios y sus víctimas, como siempre, quedarán burlados en su anhelo de tener voz y voto en el parlamento. Voces desesperadas de estos candidatos y candidatas están reclamando la suspensión del proceso por falta de garantías; están impotentes frente a una realidad que se configuró desde la reglamentación que el presidente hizo del Acto Legislativo de curules de paz: las quieren matar por asfixia, o peor aún, las quieren para otros, para los de siempre.