¿Por qué Córdoba registra el mayor número de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en los últimos años?

Imagino la cara de sorpresa que pondrán muchos de ustedes cuando lean el resultado de la investigación que nos trae el libro La participación de niños, niñas y adolescentes en el crimen organizado y el conflicto después del Acuerdo de Paz, editado por el Observatorio colombiano del crimen organizado de la Universidad del Rosario, Bogotá, 2022, realizada en el periodo 2017-2020 en todo el país.

Según el estudio examinaron 1.020 casos de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes con edades entre 12 y 15 años. Los mayores números de casos los encontraron en los departamentos de Córdoba con 194, Antioquia 164 y Chocó 144. Más exactamente en cinco municipios: Puerto Libertador con 58, Montelíbano 43, Cáceres 42, Montería 37 y San José de Uré 30: es decir, 4 de Córdoba y 1 de Antioquia.

Observaciones iniciales

En esta ocasión me refiero exclusivamente a unas primeras anotaciones que quiero ampliar y agregar, a partir de las que trae el libro, sobre las razones de por qué sucede esto en el departamento ante la indiferencia de la mayoría.

Entiendo que el reclutamiento ilícito en general es la incorporación voluntaria o forzada a un grupo que comete actividades consideradas fuera de la ley. Es bueno aclarar que en la incorporación voluntaria se pueden considerar por lo menos dos casos que observamos en Córdoba: 1. La persona tiene plena consciencia de los beneficios, riesgos y compromisos que asume y las pocas posibilidades de arrepentirse o incumplir lo pactado. Si es de carácter político, contrario al gobierno de turno, sea cual sea, sus principios y valores familiares tradicionales como el trabajo, el buen comportamiento, el cumplimiento de la palabra, el respeto a los mayores y el amor y defensa de los miembros del núcleo parental los mantienen o quedan fortalecidos. 2. El que mediante engaños y promesas acepta realizar trabajos mejor remunerados y en apariencia legales que lo van comprometiendo a medida que conoce los objetivos y funciones de la agrupación, sus jefes y las acciones que cometen fuera de la ley. Con este grado de información le toca vincularse por seguridad propia y de familiares. Aunque varían sus principios y valores comunitarios es posible que los restablezca una vez finalice la vinculación.

La incorporación forzada no es fácil de eludir por las amenazas y el hostigamiento constantes. Muchos padres de familia sacan a sus hijos e hijas de la comunidad donde viven para evitarlo. De los que ingresan algunos terminan adaptados a la nueva vida para poder sobrevivir sin tantos traumas, mientras otros experimentan insistentes dilemas mentales y espirituales que los intranquilizan con frecuencia.

Los niños, niñas y adolescentes de 12 a 15 años en la zona rural ya saben trabajar en las labores de género que les corresponden, incluso algunas ya tienen pareja y bebés; conocen de las relaciones establecidas en la casa y la comunidad, han presenciado y padecido desacuerdos y conflictos domésticos y sociales. Esta situación en hogares donde les transmiten valores de obediencia, trabajo, cooperación, respeto a la vida y los bienes ajenos, nobleza de sentimientos y mucha consideración a la mujer al parecer no es suficiente. La protección, cariño, consejos, comida, juegos y alegrías, así sea a medias que lo reciban, no alcanzan a llenar todo lo que piensan y sueñan.

Por esta y otras razones, inquietos como son, están abiertos a buscar otros caminos que tiene la vida. Y uno de ellos precisamente son los grupos vinculados con la ilegalidad, armados o desarmados, del campo y la ciudad, a quienes conocen y tienen al alcance de la mano. La oferta que le presenta la ilegalidad a esta población pobre, olvidada y sin oportunidades es mucho más grande, variada y fácil de acceder que la ofrecida por la legalidad.

En cuanto los niños, niñas y adolescentes vinculados forzosamente deben extrañar y valorar cada detalle de la familia, la casa, la comunidad, las amistades, celebraciones, enamoramientos y aspiraciones que tenían para el futuro. La adaptación física, mental y espiritual que deben experimentar no es muy conocida, tampoco conocemos las alternativas que les ofrecen las instituciones a los que logran recuperar. ¿Hay algo para los que llegan a jóvenes y desertan o los desvinculan?

Los primeros reclutamientos entre nosotros

El reclutamiento no es nuevo entre nosotros, nos viene desde las guerrillas liberales que actuaron en el sur de Córdoba y la parte norte de la serranía de Abibe en límites con Antioquia entre 1948 y 1960. Los incorporados voluntariamente eran hombres adultos, campesinos sin tierra, pequeños y medianos propietarios en su mayoría, convencidos de los derechos y principios que defendía el partido liberal en confrontación con el gobierno y el partido conservador. Al final de sus luchas fue muy poco lo que lograron y por tanto las secuelas de inconformismo y desconfianza continuaron de parte y parte.

Los seis años siguientes, a manera de revancha o desquite, personas y grupos contrarios desataron violentos despojos de tierras en territorios del sur. Y esto, de una u otra manera adelantó la formación y aparición del Ejército Popular de Liberación EPL como guerrilla de izquierda en 1967 cuando lanzó su proclama de guerra. En un principio estuvo integrado por algunos adultos y jóvenes de ambos sexos menores de treinta años procedentes del interior del país.

Gran número de familias de las partes altas de los ríos Sinú y San Jorge vieron con buenos ojos la llegada de estos muchachos que les explicaban la razón de su presencia, tratándolos con familiaridad y sencillez, invitándolos a recuperar sus tierras y vivir mejor si se organizaban y los apoyaban. Muchos jóvenes se vincularon entusiasmados con la aprobación de los padres. Cuando salían uniformados y armados a cumplir misiones, era fácil notarles la decisión y el optimismo que llevaban... por donde pasaban los despedían con admiración y preocupación. La guerrilla creció rápidamente con el ingreso de estudiantes de secundaria y universidades, sindicalistas, docentes y más campesinos.

Bien pronto llegaron los enfrentamientos entre el EPL y el Ejército nacional y los pueblos del sur empezaron a saber de esta clase de muertos, secuestros, desplazamientos, amenazas y emboscadas. Un registro parcial de estos hechos está en el Libro de defunciones de Tierradentro (1967-1911) la población del alto río San Jorge, epicentro del conflicto y sus vecinos desde hace muchas décadas. Recoge nombres, edad, lugar, causas y responsables, entre otros datos.

A medida que la guerra crecía aparecieron otros actores a favor de uno y otro contrincante: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Ampliaron los territorios del conflicto, sumaron sectores de la población a favor o en contra, aumentaron los homicidios y las violaciones a los derechos humanos. La situación era cada vez más grave y terminó de empeorarse con el ingreso del aliado que le servía a los rivales en disputa: el narcotráfico.

Generalización de la violencia y los reclutamientos

El primer periodo de generalización de la violencia 1985-1991 terminó con el desarme y desmovilización del EPL. Lo llamamos generalización de la violencia por sus fases características: por un lado, el fortalecimiento de los grupos antagónicos, radicalización de ganaderos, crecimiento de la delincuencia común, inseguridad y narcotráfico y por el otro los desplazamientos, desocupaciones totales o parciales de pueblos, masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones y detenciones.

Los procesos de reinserción de los desmovilizados del EPL y tres años después del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y la Corriente de Renovación Socialista CRS, disidencia del Ejército de Liberación Nacional ELN en 1994, mostró que gran número de combatientes eran campesinos que no sabían leer ni escribir o habían cursado algún grado de primaria incompleto con edades entre los 16 y 20 años. Es en estos años donde empiezan a aparecer las orejas del lobo acechando los movimientos de niños, niñas y adolescentes del campo y la ciudad.

A Montería, la capital del departamento, la convirtieron en la gran receptora de población desplazada no solo de Córdoba, también del bajo Cauca, Urabá antioqueño, sur de Bolívar y bajo Atrato. Fueron tantos los asentamientos levantados a pulso, la mayoría productos de invasiones, que alcanzaron a cubrir el 45% del área urbana. Con tamaña aglomeración de necesidades no faltaron las actividades relacionadas con robos, amenazas, pandillas, abusos sexuales, violencia, prostitución y microtráfico, habilitándolos para el delito y el conflicto. Un informe detallado de esta situación lo encuentran en mi libro Los desplazados por la violencia en Colombia. El caso de Córdoba. (Montería, 1994). Las repercusiones de estos hechos son conocidas: movilidad demográfica inesperada y caótica, incremento de pobreza, disminución de población rural y producción agropecuaria, crecimiento de la economía informal, cambio en la concepción y forma de vida de las comunidades, incremento de población con efectos sicosociales y la indiferencia total de empresas y grupos económicos.

El segundo periodo de generalización de la violencia inició en 1995 y finalizó en 2003 con el proceso de negociación del gobierno nacional con las AUC. Sus protagonistas fueron las autodefensas, la guerrilla de las Farc, el narcotráfico y la fuerza pública. En este lapso quiero destacar la gran demanda y oferta de mano de obra disponible para la guerra y los cambios sucedidos en el reclutamiento por parte de los jóvenes de comunidades urbanas y rurales.

Los actores de la guerra cada vez más perfeccionaban la crueldad, sus métodos de presión y tortura, confinaban los pueblos y no cesaban de involucrar personal en sus filas. Era notorio el cambio que experimentaban los jóvenes combatientes a pesar de las diferencias culturales, sociales y laborales, por lo general desempleados o dedicados a menesteres informales o esporádicos. Eran y son jóvenes sin oportunidades, discriminados, desencantados de promesas, en hogares con jefaturas femeninas, extensas o recompuestas, fastidiados por la falta de dinero, el ocio y la pereza, con ejemplos y tentaciones a diario que les presenta la ilegalidad como el licor, los estupefacientes, la prostitución, el atraco y la corrupción.

Estos mismos jóvenes vistiendo uniformes o camuflados de las respectivas organizaciones, dotados de motocicletas, armas y celulares, saben que llaman la atención, que los tienen en cuenta, les facilitan las conquistas amorosas y pueden enviar algún dinero a sus casas. La autoestima es un aliciente poderoso en estos casos. No hay que negar que en muchos hay resentimientos, odios, deseos de venganza contra personas que en algún momento los trataron mal y cierta desconsideración con las mujeres, siguiendo fielmente el ejemplo de los jefes y mandos medios. Un alto porcentaje de estos jóvenes se sentían realizados con este modo de vida lleno de tensión e incertidumbres, pero alejados de señalamientos, necesidades y frustraciones de las poblaciones donde habitan.

Yo estuve en la desmovilización del bloque Córdoba de las AUC en Santafé Ralito, corregimiento de Tierralta. Todos los presentes pudimos constatar que gran parte de los combatientes no estuvieron de acuerdo con la decisión de los comandantes. Y aquí viene el caso de Dairo Antonio Úsuga David, el llamado Otoniel, comandante máximo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Clan del Golfo, quien dijo se entregó a las autoridades el año pasado. Su vida y ejemplo es muy diciente: principió su actividad a los 15 años en las FARC, siguió en el EPL, cuando se desmovilizó este grupo hizo parte de reductos que quedaron actuando. De aquí pasó al bloque Centauros de las AUC, desmovilizado este también, permaneció en cuadrillas que por táctica o desobediencia continuaron la guerra. Después de varios años, con su hermano Juan de Dios, asumió la comandancia del Clan del Golfo en 2009. Muerto el hermano quedó jefe único.

El tercer periodo de generalización de la violencia empezó en 2016 con los Acuerdo de paz firmados por el Gobierno nacional y las FARC. Los procesos por los que ha pasado el conflicto armado en el departamento durante tantos años, los afanes y dinámicas que adquiere en cada etapa, la numerosa y creciente mano de obra disponible en el campo y la ciudad, la pobreza e inseguridad social cada vez más generalizadas, hicieron posible la incorporación permanente, oculta o abierta, de niños, niñas y adolescentes. Son utilizados para el cumplimiento de labores relacionadas con las tropas y sus lugares de sostenimiento y adiestramiento: comida, aseo, mensajería, vigilancia, sexo, manejo de armas y a veces participación en combates, entre otros.

La presencia en el departamento de las AGC, Caparrapos y Disidencias de las FARC es la muestra fehaciente que el conflicto continúa. Todos están creciendo…valiéndose de amenazas, extorsión, panfletos, paros, desplazamientos y un sicariato que asusta y no da tregua. Estamos volviendo a los altos índices de homicidios selectivos de otras épocas que creíamos superadas.

El sur de Córdoba y Bolívar, bajo Cauca y Atrato, Urabá antioqueño y Montes de María, con sus riquezas e importancia hídrica, forestal, minera, energética, agropecuaria, étnica, arqueológica y el entrecruzamiento caribe-pacífico-darién-urabá nos han ofrecido tantas posibilidades de vida y de progreso al tiempo que han engendrado y sostenido la violencia con la participación inclusive de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Es mucho lo que hay por hacer. ¿Seremos capaces?