“Errores”, fraude y Alexander Vega

En medio de reclamos y señalamientos de fraude electoral, el ladino Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, defendió no solo su gestión, sino que invitó a confiar en las instituciones, lo que da pie para hablar de la institucionalidad.

El concepto de institucionalidad es resbaloso y por lo tanto difícil de asir, y más cuando al frente de las institucionales del Estado, por diseño constitucional y cultura política, llegan personajes grises y poco confiables como Alexander Vega, sobre quien recaen graves señalamientos por corrupción, lo que haría posible pensar en que sus actuaciones públicas obedecen a cálculos políticos (burocráticos) en el marco de una moral y una ética acomodaticias, fruto del ethos mafioso que permite la operación del régimen colombiano que beneficia a disímiles mafias.

Es difícil de creer que más de 500 mil votos embolatados, según denuncias del Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana, entre otros movimientos políticos, obedezcan a errores humanos en el diligenciamiento de las actas y en particular de los ya famosos y temidos formatos E14.

Se suma a lo anterior una circunstancia y realidad política y cultural: el Estado en su conjunto viene capturado de tiempo atrás por una élite mafiosa y criminal, que viene manejando las instituciones estatales con criterios privados. Esa élite hace parte de lo que se conoce como el uribismo. De ese actuar, se deriva una institucionalidad negativa, que genera desconfianza en los ciudadanos. Por ello, la solicitud de Vega, de confiar en las instituciones y en particular en la Registraduría, no deja de ser un insustancial acto de habla, muy propio de aquellos que, al sentirse confrontados por las graves irregularidades o delitos electorales denunciadas por el Pacto Histórico, no tienen más argumentos que exigir respeto por las instituciones, las mismas  que manejan a su antojo y con criterios e intereses oscuros.

Si de verdad le preocupara la institucionalidad derivada de la operación de la Registraduría, Vega debió atacar desde su posesión, la negativa representación social que en torno a ese órgano circula entre la opinión pública. Esa misma que se expresa de la siguiente manera: después de las 4 de la tarde, vota la Registraduría.

Vega Rocha no entiende el poder que tiene esa negativa representación social, pues como pinche burócrata, puesto ahí para garantizar los intereses de específicos agentes del régimen de poder, solo sabe “administrar” la inercia de una institución que no ofrece garantías y transparencia, de ahí la desconfianza ciudadana. Su talante autoritario y fatuo le permitió, en su momento, señalar que “el que no sienta garantías no debería de presentarse”. Creo que esa memorable frase explica que el manejo de la Registraduría Nacional quedó en las peores manos posibles. En eso, el régimen uribista no se guardó nada.

El problema no está en que renuncie Alexander Vega, pues de hacerlo, el régimen se encargará de poner a otro igual o peor. El asunto pasa por intervenir a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, para que su operación no esté atada a los partidos políticos, en donde están enquistadas las mafias y en donde se reproduce el ethos mafioso. Deben ser instituciones técnicas y jurídicas, alejadas del ethos mafioso que se enquistó en la sociedad colombiana.

Lo que sí queda claro es que el régimen ya dio su primer aviso al Pacto Histórico y a los millones de colombianos que esperan cambios sustanciales en las maneras como opera el Estado. Y ese aviso o advertencia dice así: no les quedará fácil sacar al uribismo del Estado. Ello significa que el régimen está preparado para defender, con violencia política si es necesario, la captura mafiosa del Estado. Y por ello, deben estar considerando asesinar a Gustavo Petro o de darle un golpe de Estado, en caso de que resulte elegido presidente, a pesar de las pocas garantías electorales.

En cuanto a lo actuado por la MOE y la Comisión electoral de veedores de la Unión Europea hay que señalar que, al parecer, se les pegó la tibieza fajardista, a juzgar por los tímidos informes y la calificación de lo ocurrido con las votaciones del 13 de marzo. No, no son errores, son actos dolosos de quienes se prestaron para embolatar el medio millón de votos.