Los fondos privados de pensiones son una estafa social, no son instituciones de seguridad social

A propósito del debate generado por las propuestas de Gustavo Petro de trasladar los recursos que manejan las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – AFP al Fondo Publico que gestiona Colpensiones no solo estamos en presencia de una tensión público – privada, sino, más en el fondo, presenciamos una tensión de enfoques sobre el concepto de sociedad que se debe construir.

En principio nadie discute que los recursos que administran los sistemas pensionales son para pagar las pensiones de los trabajadores que llegan a la vejez, pero como el responsable de garantizarlas es el Estado, son por naturaleza recursos públicos. La Corte Constitucional ha planteado que los recursos de la seguridad social y la salud son recursos públicos, porque los sistemas funcionan bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Si bien la prestación del servicio no es un deber exclusivo del Estado, éste sí tiene la responsabilidad de asegurar su funcionamiento continuo, permanente y eficiente.

La configuración del Estado neoliberal de libre cambio implicó reformas en lo económico y lo social. La seguridad social que había estado en manos del Estado por razones de protección social, empezó a trasladarse a administraciones privadas, no tanto para proteger socialmente a la población, sino más como un nuevo nicho de negocio que encontraba el capital financiero – especulativo.

La ley 100 de 1993 introdujo el lucro en la seguridad social y prometió cobertura universal bajo el supuesto de que el neoliberalismo iba a garantizar pleno empleo con una formalización laboral por encima del 70%. Treinta años después del liberalismo económico, el empleo pleno no existe; lo que tenemos son elevadas tasas de desempleo e informalidad laboral como problemas estructurales al modelo de desarrollo, y si éste no se revisa y reorienta, el desempleo y la informalidad van a prevalecer. ¿Por qué lo decimos? Porque se fundamenta en una competitividad no como resultado de mejoras en la productividad, y mucho menos a costa de las ganancias de los empresarios; sino a costa de los ingresos y derechos de los trabajadores.

Las elites tecnocráticas, que han gobernado en los últimos 30 años en nuestro país, han promovido una cultura anti Estado o en el mejor de los casos de Estado mínimo. Decían que nuestros problemas los iba a resolver el mercado, pues el Estado mismo era un problema, por lo que era necesario minimizar al Estado, y darle a la gente un sentido de responsabilidad individual. La campaña propagandística glorificó al individualismo, y restableció un paradigma que habíamos superado, regresándonos a la época de inseguridad social, a la época preindustrial.

En el Estado Liberal, de responsabilidades mínimas, la noción del riesgo se basaba en la culpabilidad individual. Con el desarrollo del Estado de Bienestar, en parte por la acción sindical, de los partidos socialdemócratas y de la Doctrina Social de la Iglesia, se implementaron los sistemas que caracterizaron a los Estados Sociales, en donde el riesgo ya no era culpa de la imprevisión individual que puede causar un accidente, el trabajador ya no era culpable de no prevenir esa situación, sino que se pasó a la noción de la socialización del riesgo. El riesgo ya no lo enfrentaba el individuo, lo enfrentaba la sociedad en su conjunto. Y como es un problema que afecta a la cohesión social, tiene que existir algún tipo de institucionalidad dentro del Estado que prevenga los riesgos de la enfermedad, del accidente y/o la enfermedad de origen laboral y de la ausencia de ingresos en la vejez.

Este es el fondo de la discusión, que se debe abordar también desde la perspectiva de la psicología social, porque se cambió el paradigma de la sociedad. Anteriormente, todos pensábamos que debíamos tener solidaridad con los mayores, con los enfermos, con los accidentados, con los desempleados, hoy en cambio nos parece normal que cada individuo sea responsable de su futuro, que los pobres sean responsables de su pobreza, los enfermos sean responsables de su enfermedad, los desempleados de su desempleo, el paradigma social ha cambiado, hoy la consigna es “sálvese quien pueda”, nadie ayuda al otro, la suerte del prójimo no debe ser de mi interés, cada cual es responsable de su vida, no existe el bien común, el interés general. Esto ha configurado un Estado no al servicio del interés público, sino del interés privado. Ese interés privado lo representan en el debate pensional los Fondos Privados de Pensiones, el interés púbico lo representa no Colpensiones, sino el enfoque de prima media o de solidaridad intergeneracional que administra el Fondo Publico.

Cuando a mí me convencen que mi pensión en la vejez es mi responsabilidad individual, veo la vida a la manera de Thomas Hobbes, donde “el hombre es un lobo para el hombre”. Cuando estoy convencido que mi pensión es producto del desarrollo de un principio de solidaridad entre las generaciones, cuando yo como trabajador activo pago parte de la pensión de los ancianos, y cuando yo sea anciano, los jóvenes y los trabajadores activos pagan mi pensión, veo la vida con un sentido cooperativo y de solidaridad para el logro de propósitos comunes, veo la vida como en el Himno a la alegría que inmortalizó Ludwig van Beethoven donde “todos los hombres vuelven a ser hermanos”.

Los Fondos Privados de Pensiones no pensionan, devuelven unos ahorros individuales con la rentabilidad que tengan si se presenta, en el mejor de los casos la tasa de reemplazo es inferior al 30% de los ingresos que se tenían como trabajador, pero como están las cosas hoy lo más probable es que las rentabilidades sean negativas, es decir el ahorro podría ser un desahorro, pues las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP tienen la plata de los trabajadores especulando en un mercado de papeles en deterioro, y más que una protección social, lo que probablemente enfrentemos sea una monumental estafa social si se colapsa el mercado de valores. Por ello es una decisión acertada recuperar, por parte del Estado, los recursos públicos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones ante el riesgo de despojo en que se encuentran.