La agenda regional

 
 
 

Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a nuestro juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por considerarlas relevantes y de interés estratégico para las regiones.

 
Amylkar D. Acosta M.
 
Miembro de Número de la ACCE
 
 

Está en todo su furor la campaña electoral para elegir el presidente de la República el próximo 29 de mayo o eventualmente el 19 de junio, si ninguno de los aspirantes obtiene más del 50% de los sufragios, dando lugar al balotaje de la segunda vuelta. Como dijo en su momento el exministro Sabas Pretelt de la Vega, la política es dinámica y también es cierto que en política lo único claro es lo que ya sucedió, lo cual impide prever con algún grado de certeza el resultado que arroje el preconteo a boca de urna primero y en los escrutinios después.

A diario se conocen los resultados de los sondeos de opinión, que como todos sabemos es casquivana, por parte de las firmas encuestadoras, que no siempre aciertan. De ellas se puede decir lo que afirmó Sir Winston Churchill de los políticos, que deben tener la capacidad de pronosticar lo que va a pasar el mes entrante, el año que viene y después explicar porque no sucedió lo que sabiamente habían previsto. Ya veremos.

Después de este introito, me propongo llamar la atención de los candidatos sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la Agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes. Como es bien sabido, Colombia es un país de regiones, caracterizada por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación, con una arquitectura institucional multinivel y macrocefálica. Es tal la distancia entre el centro del país y la periferia, en donde está la Colombia profunda, que ésta, al decir del líder indígena Nasa Feliciano Valencia, está muy distante de Bogotá, que es donde está el centro del poder. Y a menudo sus funcionarios están más cerca de los escritorios que de los territorios. Es tal el centralismo en Colombia que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes nos gobiernan que no hay invierno en el país.

Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a nuestro juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por considerarlas relevantes y de interés estratégico para las regiones:

Hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables (RNNR) y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos. Hoy ello solo es posible en las Zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.

Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización (integrada mediante el Decreto 1665 de 2021) para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Dicha Misión está en mora de presentar sus conclusiones y recomendaciones, para que el Congreso de la República a su vez las tramite. Hay que ir más allá de las promesas.

Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2020 (30 años) se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales. El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una Comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial, la cual le fue presentada al Gobierno hace más de 8 meses, sin que se haya avanzado, ni siquiera se le ha dado divulgación y lo que es más grave en las regiones se ignora el contenido de esta. Esta reforma no da más espera.

Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación les reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema general de regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional arbitrariamente para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Profundizar y acelerar la Transición energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición energética debe ir de la mano de la Transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la Transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones. A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de Internet, pues, como quedó demostrado con la pandemia y la virtualidad forzosa de la educación, dicha brecha repercutió en un notable atraso de la educación en muchas regiones del país, las que acusan una baja conectividad. La brecha digital ha ampliado y profundizado la desigualdad social, su cierre contribuye a reducirla. Ello es inaplazable.

Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, se ha quedado escrita, como letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.

De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC) que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), qué hay que rescatarla de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.

Y desde luego, el anémico crecimiento potencial del país, que era del 3.5% antes de la pandemia, atribuible en gran medida a la falta de competitividad, no sólo no permite la generación de empleo, sino que lo destruye, que es lo que en la práctica se ha venido dando en el país en los últimos años en donde la tasa de desempleo volvió a los dos dígitos después de 6 años con tasas de un solo dígito (2013 – 2018). La Nueva normalidad que emerge después de la gran depresión que precipitó la pandemia del Covid-19 demanda el cambio del modelo económico, cuyo fracaso delató la crisis, en la que los más vulnerables han llevado la peor parte. Y en dónde están, en donde habitan los más vulnerables, pues en las regiones más deprimidas de Colombia, la región Caribe y la región Pacífica.

Lo dijo con toda claridad la directora de la CEPAL Alicia Bárcena, al referirse a la postpandemia, “salir de la crisis requiere un cambio radical en los modelos de desarrollo, salir de la crisis requiere un cambio radical en modelos de desarrollo”. Y no es para menos, pues con lo afirmó Einstein “locura es hacer siempre lo mismo, una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Es menester tomar distancia del modelo económico neoliberal, basado en el extractivismo, para poner en práctica otro que se fundamente en una economía diversificada, que sea sostenible e incluyente, que crezca para igualar e iguale para crecer, como lo plantea la misma Bárcena. La clave está en que responda a las realidades y especificidades de cada una las regiones, a las que no se les puede imponer la férula del pensamiento único y mucho menos someter a los caprichos y veleidades de la tecnocracia capitalina.

Edición 774 – Semana del 23 al 29 de abril de 2022
   
 
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