Petro y las Fuerzas Armadas

El reto que se ha puesto la Colombia Humana en su programa de gobierno1, respecto a la seguridad y las fuerzas armadas, no es de poco calado: llega hasta la pretensión de cambiar el clásico enfoque de éstas, basado en la eliminación del “enemigo interno”, para reorientarlo hacia la protección de la vida, la libertad y la naturaleza.

La transformación pasa por el cumplimiento efectivo de un principio universal de la democracia: la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar; e incluye medidas radicales como la eliminación del servicio militar obligatorio y del fuero penal militar, así como el paso de la policía al Ministerio de justicia o del interior y el desmonte del ESMAD.

Respecto de la policía, el propósito es recuperar su carácter de cuerpo civil, con capacidades para enfrentar la corrupción interna que tanto la afecta; dedicada a garantizar la convivencia y la seguridad humanas, en lugar de cumplir funciones administrativas o de asistencia a personajes escoltados, o de otras que son propias de las fuerzas militares.

La reforma propuesta pasa por un completo programa de atención y reconocimiento a los miembros de la fuerza pública, incluida la garantía de acceso a la educación superior y una política de ascensos basada en la meritocracia y la igualdad de oportunidades, ajustes salariales y el acceso a pensión en condiciones dignas; pero también se plantea reducir la impunidad en la justicia penal militar y la revisión de los gastos reservados, sin dejar por fuera la sanción efectiva a la violencia de género que se presenta a su interior.

Por supuesto, una reforma de estas debe ir acompañada de un cambio de escenarios, razón por la cual este programa de gobierno incluye también la implementación de los acuerdos con las Farc y la promoción de una “paz completa”, que considera retomar las negociaciones con el ELN y los diálogos con todos los grupos armados para su desmovilización y sometimiento; así como la promoción de una cultura de paz y la implementación de procesos territoriales para su construcción. También incluye el cambio en la política antinarcóticos, con un enfoque de salud sobre los consumidores y otro de sustitución y recuperación respecto de las zonas donde se asientan los cultivos de uso ilícito.

Así las cosas, el debate que se ha desatado en la última semana, a propósito de las manifestaciones públicas del General Zapateiro, y los consecuentes pronunciamientos de las organizaciones de reserva de las fuerzas armadas, da cuenta de una diferencia mucho más profunda en el tema: El Pacto Histórico busca una reforma estructural de las fuerzas militares y de policía; tiene el propósito de transitar hacia unas fuerzas armadas claramente comprometidas con la paz y la democracia, dirigidas por sus mejores hombres y mujeres, con las condiciones éticas y profesionales que eleven el sentimiento de honor que caracteriza este tipo de instituciones.

Las conmovedoras audiencias ante la JEP que hemos visto durante esta misma semana, donde los militares comprometidos en la ejecución extrajudicial de civiles, incluido un General en retiro, aceptan su responsabilidad, aportan verdad y piden perdón a los familiares de sus víctimas, dan cuenta de que efectivamente hay asuntos de fondo que deben ser abordados sin sofismas sobre la solidaridad de cuerpo o la defensa de la institución, que la paz que buscamos necesita también a los militares, que la justicia restaurativa está ofreciendo un camino efectivo para la depuración de las fuerzas armadas y el restablecimiento de su honor, y que este país necesita y está listo para la transición que se propone.