La política de paz
que se espera del nuevo gobierno

Colombia tiene ahora la oportunidad de recuperar una política de paz gubernamental, estatal y nacional que permita definitivamente cerrar la guerra y la violencia política y construir los pilares de una paz democrática. Oportunidad que puede darse con la elección presidencial que definirá la competencia política entre la posibilidad de un gobierno con un programa de cambios democráticos, sociales y ambientales que pueda retomar un tratamiento integral y coherente frente a la paz, o por el contrario, que puede volverse a frustrar si se produce la elección de un gobierno continuista del régimen uribista, el cual mantendría medidas elitistas, autoritarias y de obstrucción al Acuerdo Final de Paz con las Farc y a las demás posibilidades del proceso de paz.

Duque: se resistió al Acuerdo de Paz, suspendió la negociación con el ELN y permitió el retorno de la violencia

En las elecciones presidenciales de 2018 estuvo al centro de la discordia el Acuerdo Final de Paz con las Farc que suscribió el gobierno saliente de Juan Manuel Santos en nombre del Estado y logró el desarrollo de la mayoría de sus dispositivos legales y programas, en medio de la oposición del uribismo a su aplicación. Entonces el expresidente Álvaro Uribe logró elegir como presidente a Iván Duque –de su partido de extrema derecha Centro Democrático (CD) –, al liderar la convergencia de las vertientes de derecha y extrema derecha representada por los partidos CD, Conservador, Liberal, U, Cambio Radical y Justas Libres.

El presidente Duque en desarrollo de su mandato que expira el próximo 7 de agosto asumió una política denominada “paz con legalidad”, de forma que con ella omite un compromiso integral y coherente con el Acuerdo Final de Paz. Si bien con relación a este acuerdo está obligado constitucional y legalmente con su aplicación y se ve precisado a permitir el desarrollo de medidas y programas de su aplicación, se ha empeñado junto con su coalición de gobierno en iniciativas contrarias a su contenido fundamental –caso del intento de desnaturalizar la JEP y del sabotaje por más de dos años de la CETP–, busca desfinanciar sus instituciones y programas y es omisivo frente a varios de sus compromisos –entre ellos de manera grave con relación a las medidas de seguridad y garantías.

Entre los saldos deficitarios o contrarios a la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque podemos destacar:

– Durante este gobierno con relación a la Reforma Rural Integral en lo referido a entrega de tierras al campesinado apenas llega al 8% –debería estar sobre el 50%–, no expide la política pública requerida, ni fortalece las instituciones y programas del ámbito agropecuario, ni se hace masivo y suficiente el Plan de Formalización, ni se crea la Jurisdicción Agraria, es apenas inicial el programa de Catastro Multipropósito y los PDET no superan la fase de implementación inicial, por lo cual aún no se hace viable el apoyo a la recuperación de las economías campesinas, indígenas, afros y agropecuarias de diverso orden.

– No se brindan las garantías convenidas para la actuación política y los derechos efectivos de la oposición ya regulados en el Estatuto respectivo. Las organizaciones sociales y la población excombatiente que participa en el programa de reincorporación son atacadas por actores estatales, paraestatales, contraestatales y privados, al punto de causar una tragedia humanitaria con el asesinato de un millar de liderazgos sociales, étnicos y comunitarios y de más de trecientos excombatientes acogidos a la paz, entre tales víctimas hombres, mujeres y menores de edad. Situación que sucede sin que el Estado y el Gobierno lo eviten, ni apliquen las medidas pactadas, caso de la disolución de los grupos paramilitares y las redes mafiosas y delincuenciales asociadas.

– El gobierno y el Estado han sido incapaces en lo fundamental de conseguir un control garantista de los territorios que antes estuvieron en poder de las Farc, según lo pactado, los cuales se han convertido en zonas de reactivación de confrontaciones armadas, violencia sociopolítica, expansión de economías ilegales y tala de bosques y daños ambientales. Al respecto, como lo constataron los informes de veeduría establecidos, tras la firma del acuerdo las confrontaciones armadas y la violencia socio política descendieron notoriamente, pero luego, especialmente durante el actual gobierno surgieron nuevas confrontaciones bélicas con participación de diversos grupos irregulares y cobró auge la violencia sociopolítica en tales regiones generando recurrentes crisis humanitarias en varias zonas.

– El programa de sustitución voluntaria de economías ilícitas por lícitas con población campesina, PNIS, que se inició con éxito por el anterior gobierno Santos, durante el actual gobierno Duque se debilita, se desfinancia y se reemplaza por operativos represivos arbitrarios de erradicación forzada. Esta estrategia conlleva frecuentes casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, con saldo de campesinos asesinados, heridos, amenazados y desplazados. Y empeora la situación con el anuncio gubernamental de reanudar las dañinas y fracasadas aspersiones aéreas de glifosato contra cultivos de uso ilegal, a pesar de estar prohibidos por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el gobierno Duque suspendió la negociación de paz con el ELN que el gobierno Santos dejó con avances importantes, rechazó en actitud violatoria al derecho internacional los protocolos pactados en su beneficio entre el Estado colombiano y varios países garantes, facilitadores y acompañantes del procesos de paz, los cuales garantizaron entre otros asuntos del proceso de paz la instalación de la sede de la mesa de conversaciones en La Habana Cuba, y los mecanismos de garantías necesarias para sus participantes en las distintas circunstancias previstas. En contrario a tales acuerdos, el presidente Duque pretende de manera arbitraria y violatoria a las normas internacionales, acabar con la mesa de negociación con la exigencia a los países garantes de facilitar la captura y extradición en condición de sindicados de delitos a la parte plenipotenciaria negociadora del ELN en la mesa.

Resistencias ciudadanas, sociales, institucionales e internacionales a favor de la paz

Desde entes estatales han existido políticas institucionales y acciones favorables a la paz, con frecuencia en diferenciación, tensión y abierta contradicción con las inconsecuencias gubernamentales al respecto. La JEP ante abiertos ataques contra su carácter y misión ha tenido que reafirmar y defender su condición de Tribunal y jurisdicción especial de paz orientada a la paz frene al gobierno Duque, incluida su proyecto de reforma legal orientado a quitarle competencias, negarle la autonomía y restarle presupuestos. En igual sentido se han resistido en beneficio cumplimiento de sus misiones la Comisión de la Verdad y la UBPD. Al respecto, éstos tres entes constituidos con el acuerdo, al no ser gubernamentales constituyen un ejemplo loable de fidelidad y eficacia en cumplimiento del acuerdo de paz desde entes estatales.

Ante el no cumplimiento con medidas de prevención, protección y garantías de seguridad por parte del gobierno a favor de los liderazgos sociales y de excombatientes, la JEP decretó medidas cautelares a su favor de la población excombatiente acogida al acuerdo de paz, con seguimientos y exigencias debidas hacia la parte gubernamental y otros entes estatales, en perspectiva de contribuir a conseguir tales medidas. Por su parte, la Corte Constitucional ha realizado la importante labor del control automático de constitucionalidad de todo el marco legal expedido mediante mecanismo extraordinario, así como de los actos legislativos, leyes estatutarias y revisión de demandas, en asuntos relacionados con la implementación del acuerdo. En este sentido, recientemente en respuesta a tutelas interpuestas por población excombatiente de Farc en condiciones de alto y extraordinarios riesgos, emitió una sentencia que caracterizó la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), relacionado con la protección y seguridad de la población excombatiente de Farc reincorporada bajo responsabilidad gubernamental y estatal.

En el plano político al seno del Congreso se configuró una convergencia conocida como las “bancadas de la paz” –Decentes: Colombia Humana, UP y MAIS, el Polo Democrático Alternativo (PDA), el Partido Alianza Verde y algunos sectores de los partidos Liberal, U y Cambio Radical–, quienes de manera coherente han mantenido iniciativas legales, debates de control político y acciones desde las comisiones de paz y de derechos humanos del Congreso a favor de la paz, los derechos humanos, las víctimas y en rechazo a medidas autoritarias y contrarias a éstas causas agenciadas por el gobierno nacional, el partido de gobierno –CD– y sus aliados. En este escenario la coalición pro paz contribuyó en la preservación del carácter y misión de la JEP, derrotó otras iniciativas legales contra la implementación de la paz y consiguió financiación para sus programas. Las vertientes políticas convergentes en defensa de la paz han proyectado iniciativas destacadas en lo social como la conformación del movimiento Defendamos La Paz (DLP) y en lo político unas de ellas ambientaron el surgimiento de la coalición político-social Pacto Histórico y otras la convergencia política Centro Esperanza.

También han resultado positivas en favor de la vigencia del Acuerdo Final de Paz la veeduría internacional que lleva a reclamar reiteradamente a la ONU desde su Consejo de Seguridad, a instancias de la Misión Política Especial designada para este efecto, la cual insiste ante el gobierno y el Estado colombianos para que se aplique integralmente el acuerdo, se brinden garantías efectivas a excombatientes y organizaciones sociales en las regiones de implementación del acuerdo y se corrijan las falencias, retardos e inconsecuencias. Por su parte, los países garantes del acuerdo –Noruega y Cuba-, otros organismos intergubernamentales adscritos al Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano con entes como la CIDH, estados como la Unión Europea y el Vaticano, entre otros, y organismos de cooperación y asistencia internacional, han sido solidarios, brindan apoyo de diverso tipo e inciden ante autoridades colombianas, desde sus ámbitos, a favor del acuerdo y de las posibilidades del proceso de paz.

Posiciones de las candidaturas presidenciales y sus programas con relación a la paz

La paz en el programa de Gustavo Petro/Francia Márquez, Pacto Histórico

La candidatura al gobierno que cuenta con mayor opción de acceder al gobierno, tanto porque lidera de lejos en todas las encuestas como por la gran movilización popular y democrática que ha desatado a su favor, es la de la fórmula Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta, en representación del Pacto Histórico y sus aliados. Este proyecto político de conformación político social y ciudadano ubica con centralidad la paz. Define una perspectiva de paz amplia e integral, más allá de los necesarios acuerdos con las guerrillas, con relación a las transformaciones democráticas propuestas, la recuperación de las garantías constitucionales, la atención de derechos sociales fundamentales y la revitalización productiva bajo presupuestos eco-ambientales. En tal sentido, la paz es asumida de forma transversal y su referencia es recurrente en su programa, formulaciones y discursos.

“Colombia será Potencia de la Vida mediante un Pacto Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y vivir sabroso con todas las diversidades de la nación, para entrar por fin en una era de paz, cuyo rostro sea una democracia multicolor, que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común”1.

Este tratamiento a la paz en su programa se asocia al concepto de construcción de la paz asociada a un pacto al cual se convocará al conjunto de la sociedad que alentará medidas y reformas de democratización, el cambio del modelo económico, el reconocimiento de derechos sociales como fundamentales, la defensa de los territorios y del medio ambiente y lucha contra las desigualdades y las formas de discriminación y de exclusión. En tal sentido, son numerosas las alusiones a formas concretas que reviste la construcción de la paz. Los cuatro primeros capítulos del programa aluden de manera expresa la paz asociada a diversos tópicos, como se evidencia en el caso del título de los siguientes tópicos que se corresponden a subcapítulos del mismo programa: “Mujeres, territorio y paz”; “Niños, niñas y adolescentes en jornada extendida para el amor, el saber, la naturaleza y la paz culminan la educación media”; “El arte, la cultura y el patrimonio corazón de la vida y la paz”, entre otras referencias posibles.

A la vez, al tema de la paz el programa le dedica integralmente su quinto y último capítulo, que contiene desarrollos particularizados en conformidad con los siguientes subtítulos: “5.1. Los Acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen”. “5.2. Colombia hacia una cultura de paz”. “5.3. Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales”. “5.4. Reparación efectiva e integral de las víctimas”.

Gustavo Petro abrió un fuerte debate público al expresar en sus discursos, declaraciones de prensa y mensajes que de llegar a la presidencia aplicará a cabalidad el acuerdo con las Farc, retomará el proceso de paz con el ELN y buscará soluciones a partir de minar su poder y conseguir su sometimiento a la justicia de los actores narco-paramilitares y mafiosos que caracteriza como expresiones “multicrimen”, las cuales explica que durante el actual gobierno se han expandido, mantienen alianzas con sectores institucionales y de poder, controlan buena parte del territorio nacional e imponen a las poblaciones locales condiciones de violencia, reclutamiento ilegal y extorsión económica a través del sistema “gota a gota” –préstamos con cobros altamente onerosos por métodos violentos.

“Desde el primer día de mi gobierno se reconocerán los protocolos que el gobierno Santos firmó con los Estados garantes de la Paz. Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran Pacto de la sociedad para la convivencia”2.

Frente a la guerrilla, Gustavo Petro propuso retomar lo que se realizó en la administración de Juan Manuel Santos. “Ya hubo un proceso que fue truncado e interrumpido abruptamente. El proceso de Santos fue interrumpido por Duque y allí hay una materia prima ya hecha que toca recoger y finiquitarla. Llevar eso a un acuerdo de paz definitivo y permanente”, expresó. (…) habló del tema de las bandas criminales, como serían el Clan del Golfo –conocidas en los territorios como las AGC. La estrategia de Petro en caso de llegar a la presidencia sería “quitarles poder, porque son muy fuertes”, esto implica “quitarles la población que controlan”. Según Petro, sería darle planes de sustitución colectiva y voluntaria, quitarles la influencia sobre el consumidor de droga y quitarles los posibles recursos que obtienen de las economías legales mediante extorsiones y similares”3.

La paz en el programa de Federico Gutiérrez, Equipo Colombia

El candidato Federico Gutiérrez representa prácticamente la misma coalición que eligió a Iván Duque como presidente, de vertientes de derecha y extrema derecha –partidos CD, Conservador, U, Cambio Radical, Liberal, MIRA–, con la variante de que ya el CD no aparece con la anterior hegemonía dada su actual decadencia evidenciada en pérdida de respaldo y opinión, su notable retroceso en la elección pasada de Congreso y reciente notorio desprestigio y enjuiciamiento de Álvaro Uribe. Sin embargo, hay un nuevo matiz de esta coalición uribista frente al acuerdo de paz, puesto que Federico Gutiérrez no lo rechaza sino que al igual que el gobierno Duque asume la postura afirmar el compromiso de aplicarlo, pero deja entrever que sería desde la misma postura de tratamiento selectivo de sus medidas, por ejemplo: si a la reincorporación pero no las reformas para la paz, a la vez que “simular” el cumplimiento ante interna e internacionalmente ante el costo político y el desgaste que implica confrontar el acuerdo. Adicionalmente, llama la atención en sus declaraciones que Gutiérrez cuando afirma que aplicará el acuerdo lanza el llamado a las Farc “para que cumpla”, con un mensaje tácito que implicaría cuestionar el supuesto incumplimiento de la población ex Farc del mismo acuerdo.

“Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc. Voy a llegar a los territorios, especialmente de la implementación de las zonas PDET, y vamos a cumplirle de manera muy clara a los jóvenes que entregaron las armas, porque lo peor que nos puede pasar es que vuelvan a ser reclutados”, puntualizó Fico durante el debate del “País de los jóvenes” de Caracol Televisión4.

Con referencia al ELN “Fico” Gutiérrez también hereda, lamentablemente, la misma postura de Duque, al advertir que les exigiría “cese unilateral” y dejar de realizar “todo tipo de hecho violento y delincuencial”, condicionamiento inviable sobre con relación a su segunda consideración, que sirvió al actual gobierno para suspender la posibilidad del proceso de paz con esta guerrilla, único que falta con las insurgencias históricas colombianas. A propósito de esta negativa de Duque a retomar a algún nivel el acuerdo de paz con el ELN, le ha significado históricamente el deshonroso atributo de ser el único gobierno que en las últimas cinco décadas –desde 1982–, no tuvo ningún proceso de paz, incluso independientemente de las experiencias diferenciadas, fracasos o logros y o resultados -parciales o generales- conseguidos por cada uno de ellos.

En el programa de Federico Gutiérrez titulado: “Un país en orden y con oportunidades”, su punto 6.4 titulado “Acuerdo de paz y atención integral a las víctimas” considera que “en los cinco años y medio de implementación del acuerdo se han hecho avances significativos”, justificando la inacción al respecto del gobierno Duque, por lo cual plantea dar continuidad a la dinámica existente, a partir de diez consideraciones. Las ocho primeras se refieren al cumplimiento de ciertos temas del acuerdo como infraestructura rural, fondo de tierras, formalización de tierras, reincorporación de excombatientes y mantener las formas de veeduría interna e internacional. Y las dos últimas refieren a los mecanismos existentes de reparación administrativa e inclusión socioeconómica previsto para las víctimas en la Ley 1448 de 2011 que tuvo prolongación de su vigencia5.

En su divulgación esta campaña adoptó 27 documentos con formatos de cartillas que tratan distintos temas, pero no se incluye el de la paz, aunque pueda entenderse al nexo con su componente de recuperación de la seguridad, incluido con el título de “Seguridad Ciudadana”, explicada en el sentido de preservación del orden público, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario, apoyo a la fuerza pública y promoción de un programa con jóvenes orientado a la convivencia.

La paz en el programa de Rodolfo Hernández, Liga Gobernantes Anticorrupción

El candidato Rodolfo Hernández ha esgrimido ante todo la bandera de la anticorrupción, no obstante que está incurso ante la justicia en un proceso con sindicaciones en un hecho grave de corrupción, relacionado con su gestión reciente de alcalde de Bucaramanga. Si bien su programa esboza varios temas, su discurso y sus propuestas giran sobre el tema anticorrupción con anuncia de medidas efectistas, aunque superficiales, relativas a imponer sanciones penales y administrativas.

 Su programa titulado “De Colombia para Colombia” en sus cinco capítulos no contienen ningún aparte dedicado al tema de la paz; aunque en su preámbulo incluye un párrafo que entrega un concepto favorable al logro de la paz, con alusión a la necesidad de superar las causas estructurales de la violencia: “La paz es una condición más allá de la ausencia del conflicto armado. La paz es la efectiva dignidad en cada ser humano que integra la sociedad; es un deber esencial del Estado. Para conseguirla no podemos curar con paños de agua tibia las consecuencias de una violencia estructural; es necesario, con carácter de urgencia, atacar las causas. En una sociedad en la que el hambre predomina es imposible alcanzar la paz”6.

Adicionalmente, el capítulo tercero tiene un subtítulo sobre “Seguridad ciudadana y defensa nacional”, el cual en aparte final de propuestas incluye dos relativas a la paz con las guerrillas: La primera sobre implementar el acuerdo de paz suscrito entre el Estado y las Farc –con énfasis en la reintegración– y, la segunda sobre conseguir la paz con el ELN con base en que esta guerrilla suscriba un protocolo de adhesión al acuerdo con las Farc, sin establecer mesa de conversación y negociación, propuesta claramente inaplicable.

“- Promover y hacer evidente la voluntad de la implementación del Acuerdo con las Farc. Hay que cumplir con el cronograma. Brindar a los reincorporados el trato más digno, razón por la cual la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios. - Abrir un proceso de acercamiento del ELN al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”7.

La paz en el programa de Sergio Fajardo, Centro Esperanza

La “Propuesta de Gobierno” de Sergio Fajardo hace una alusión muy genérica en su introducción al compromiso con la paz y en su quinto y último capítulo que se titula “Colombia sin miedo: recuperar la seguridad, la confianza y consolidar la paz”, paradójicamente elude tratar directamente el tema de la paz para referir tópicos con centralidad en la seguridad, la justicia y la lucha contra la corrupción: “Seguridad y defensa”; “Lucha contra la corrupción y el clientelismo”; “Justicia”; y “Relaciones internacionales”8. Adicionalmente, esta campaña cuenta con 32 documentos programáticos sobre temas diversos, pero llama la atención que ninguno de ellos se dedica al tema de la paz.

Sin embargo, con referencia a la paz en entrevistas públicas y debates cuando Sergio Fajardo es interrogado expresa estar de acuerdo con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc y con disposición a asumir el proceso de paz con el ELN. Además, es del caso reconocer que la mayoría de las vertientes que conforman esta coalición han participado de manera directa en el logro y aplicación del acuerdo de paz con las Farc. Y que han actuado en coincidencia con otras vertientes como las del Pacto Histórico y otras vertientes progresistas en su defensa ante las resistencias y oposiciones del gobierno Duque a su implementación y que están a favor de iniciativas relacionadas con el proceso de paz con la insurgencia y la superación de la violencia e ilegalidad generadas por otros actores mediante formas de tratamiento de las problemáticas asociadas y de habilitar formas de sometimiento a la justicia.

El gobierno elegido podría ser decisivo en defensa del Estado Social de Derecho y la posibilidad de la paz

A diferencia de lo sucedido en 2018 el tema de la paz no es el que focaliza el debate político en la campaña electoral, que se ha hecho más complejo y diverso por la evolución de las problemáticas actuales, la ampliación de la agenda de exigibilidades de derechos desde la sociedad y la importancia que cobra el tema de la defensa del Estado Social de Derecho ante las expresiones de arbitrariedad, elitismo y exclusión del actual gobierno y del régimen uribista reconfigurado. Situación que no desconoce la vigencia e importancia del asunto del logro y consolidación de la paz, de la superación de la violencia sociopolítica reanudada y de la crisis en derechos humanos que ha reaparecido con gravedad.

Dadas estas circunstancias, la elección del presidente de la República para el período 2022 – 2026 reviste especial importancia, ante los dilemas que al respecto se presentan. Las principales candidaturas en juego, entre otros asuntos medulares a dirimir, incluyen la importante opción de elegir entre un gobierno de ruptura con las inconsecuencias de Duque y el uribismo frente a la paz, para conseguir su retoma con decisión, tanto de implementar el acuerdo de manera integral, recuperar el proceso de paz con el ELN Y conseguir una opción global hacia el logro y construcción de la paz como consenso del conjunto de la sociedad y compromiso general del Estado y el gobierno, y la opción de la continuidad de la política del actual gobierno uribista, que siga significando inconsecuencias con el acuerdo de paz, negativa a conseguir la paz con el ELN y a avanzar hacia superar las causas del conflicto y dar tratamientos viables y definitivos para resolver las problemáticas asociadas a las economías ilegales y las redes narco-paramilitares y mafiosas.