La posibilidad de elegir un nuevo gobierno con una opción de paz integral

Colombia tiene ahora la oportunidad con la elección del próximo gobierno de recuperar una política de paz gubernamental, estatal y nacional que permita definitivamente cerrar la guerra y la violencia política y construir los pilares de una paz democrática. Oportunidad que puede darse si el presidente elegido opta por una política en consecuencia, por lo cual resulta importante la discusión entre lo que se ha debatido al respecto en la campaña electoral, la revisión de los programas y las declaraciones de los candidatos con respecto al tema de la paz.

De fondo, el dilema está en si se elige un gobierno continuista con el régimen uribista, sus políticas y conductas que podría frustrar este propósito, incluso si aparente o formalmente toma distancia con tal continuismo, pero no reasume una nueva perspectiva, o si se elige un gobierno comprometido con coherencia con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz con las Farc, con la retoma y conclusión de negociación de paz con el ELN, con la disolución y sometimiento de las estructuras narco-paramilitares y con las demás posibilidades del proceso de paz y de la construcción de un proyecto de paz democrática.

El gobierno elegido podría ser decisivo en defensa del
Estado Social de Derecho y de la posibilidad de una paz integral

A diferencia de lo sucedido en 2018 el tema de la paz no es el que focaliza el debate político en la campaña electoral, que se ha hecho más complejo y diverso por la evolución de las problemáticas actuales, la ampliación de la agenda de exigibilidades de derechos desde la sociedad y la importancia que cobra el tema de la defensa del Estado Social de Derecho ante las expresiones de arbitrariedad, elitismo y exclusión del actual gobierno y del régimen uribista reconfigurado. Situación que no desconoce la vigencia e importancia del asunto del logro y consolidación de la paz, de la superación de la violencia sociopolítica reanudada y de la crisis en derechos humanos que ha reaparecido con gravedad.

Dadas estas circunstancias, la elección del Presidente de la República para el período 2022 – 2026 reviste especial importancia, ante los dilemas que al respecto de la paz se presentan entre las dos candidaturas en juego. De una parte, está la opción de elegir la ruptura con las inconsecuencias de Duque y el uribismo frente a la paz, para conseguir la retoma de una política integral de paz, tanto para implementar el acuerdo con las Farc de manera coherente y completa, recuperar el proceso de paz con el ELN y conseguir una opción integral o de paz completa con relación a diversos factores y actores de conflictividad violenta. Sin duda, la candidatura del Pacto Histórico con Gustavo Petro y Francia Márquez no solo permiten este tipo de apuesta para el cierre de la guerra entre el Estado y las guerrillas insurgentes, sino para posibilitar una nueva dimensión de tratamiento integral y estructural de la construcción de la paz, como propuesta hacia el conjunto de la sociedad y como compromiso estatal y gubernamental.

De otra parte, el otro candidato, Rodolfo Hernández, como opción en materia de paz no tiene ningún desarrollo programático y carece de propuestas ante las problemáticas y antes las posibilidades que se abren con el tema. Solo podría traslucirse que su carencia de planteamientos al respecto y sus conductas arbitrarias, violentas y de compromiso con un delito grave que lo implica, no denotan posibilidades positivas al respecto. Y que su muy marginal alusión en el programa de gobierno al acuerdo de paz como implementación ante todo de la reincorporación de excombatientes, adolece de una concepción integral y coherente con su contenido, para derivar posiblemente en la continuidad de la política del actual gobierno uribista cuyas vertientes se han sumado a su apoyo con entusiasmo. Y, su negativa a conseguir un proceso de paz con el ELN significa mantener la oposición a la culminación de la solución política de la guerra interna con las guerrillas insurgentes. Elementos a los que se agrega su carencia de propuestas hacia superar factores en la base del conflicto como la inequidad, la ausencia de garantías y derechos, la violencia estructural, las economías ilegales y las redes narco-paramilitares y mafiosas existentes.

Duque: se resistió al Acuerdo de Paz, suspendió
la negociación con el ELN y permitió el retorno de la violencia

Inicialmente resulta del caso revisar el retroceso que en materia de la paz y sus posibilidades nos deja el actual gobierno de Iván Duque, para desde tal circunstancia poder prever la retoma en la dimensión requerida tanto los compromisos con el proceso de paz con las guerrillas, la superación de los distintos factores y actores de conflictividad violenta, como con las dinámicas más generales hacia una paz que comprometa al conjunto de la sociedad, a la vez coherentes con medidas de democratización desde el Estado y un programa de gobierno que lo hagan posible.

En las elecciones presidenciales de 2018 estuvo al centro de la discordia el Acuerdo Final de Paz con las Farc que suscribió el gobierno saliente de Juan Manuel Santos en nombre del Estado y logró el desarrollo de la mayoría de sus dispositivos legales y programas, en medio de la oposición del uribismo a su aplicación. Entonces el expresidente Álvaro Uribe logró elegir como presidente a Iván Duque –de su partido de extrema derecha Centro Democrático (CD)–, al liderar la convergencia de las vertientes de derecha y extrema derecha representada por los partidos CD, Conservador, Liberal, U, Cambio Radical y Justas Libres.

El presidente Duque en desarrollo de su mandato que expira el próximo 7 de agosto asumió una política denominada “paz con legalidad”, de forma que con ella omite un compromiso integral y coherente con el Acuerdo Final de Paz. Si bien con relación a este acuerdo está obligado constitucional y legalmente con su aplicación y se ve precisado a permitir el desarrollo de medidas y programas de su aplicación, se ha empeñado junto con su coalición de gobierno en iniciativas contrarias a su contenido fundamental –caso del intento de desnaturalizar la JEP y del sabotaje por más de dos años de la CETP–, busca desfinanciar sus instituciones y programas y es omisivo frente a varios de sus compromisos –entre ellos de manera grave con relación a las medidas de seguridad y garantías.

Entre los saldos deficitarios o contrarios a la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno Duque podemos destacar:

– Con relación a la Reforma Rural Integral en lo referido a entrega de tierras al campesinado apenas llegaba el presente año al 8% –debería estar sobre el 50%–, no expide la política pública requerida, ni fortalece las instituciones y programas del ámbito agropecuario, ni se hace masivo y suficiente el Plan de Formalización, ni se crea la Jurisdicción Agraria, es apenas inicial el programa de Catastro Multipropósito y los PDET no superan la fase de implementación inicial. Por tanto, aún no se hace viable la recuperación de economías campesinas, indígenas, afros y agropecuarias de diverso orden.

– Aunque desde el gobierno anterior se aprobó el grueso del marco legal del acuerdo de paz, incluido el Estatuto de la Oposición, no se lograron la Reforma Política y la Reforma Integral del Sistema Electoral demandadas por el acuerdo. Rige legalmente el Estatuto de la Oposición, pero bajo este gobierno no se han brindado las garantías convenidas para el ejercicio de los derechos de la oposición, ni garantías para los movimientos sociales, poblaciones y étnicos sobre lo cual tampoco se ha conseguido la ley estatutaria de garantías al respecto demandada también en el acuerdo.

– En contrario a lo previsto en el acuerdo, a partir del control territorial garantista del Estado, en las regiones que estuvieron antes en poder de las Farc mayoritariamente las organizaciones sociales y comunitarias y la población excombatiente que participa en el programa de reincorporación, son atacadas por actores estatales, paraestatales, contraestatales y privados. Situación que ha causado una tragedia humanitaria con el asesinato de más de un millar de liderazgos sociales, étnicos y comunitarios y de más de trecientos excombatientes acogidos a la paz, entre tales víctimas hombres, mujeres y menores de edad. Situación que sucede sin que el Estado y el Gobierno lo eviten, ni apliquen con coherencia y en su totalidad las medidas pactadas, caso de la disolución de los grupos paramilitares y las redes mafiosas y delincuenciales asociadas.

– Contrario a la previsto en el acuerdo, en las zonas donde debía predominar la construcción de la paz con base en acciones de políticas, instituciones, programas y acciones, predominan de nuevo escenarios de confrontaciones armada, violencia sociopolítica, expansión de economías ilegales y graves daños ambientales. Al respecto, como lo constataron los informes de veeduría establecidos, se dilató la implementación de los PEDT que apenas en 10 casos superan la fase inicial de montaje y consultas para el diseño de programas, están afectados por desfinanciación de programas requeridos y por el contexto referido de reanudación de la violencia, inseguridad y ausencia de garantías. La propia población desmovilizada y sus familias en varias regiones ha llegado a ser víctimas de desplazamientos forzados colectivos.

– El programa de sustitución voluntaria de economías ilícitas por lícitas con población campesina, PNIS, que se inició con éxito por el anterior gobierno Santos, durante el actual gobierno Duque se debilita, se interrumpe la concertación con la población campesina e indígena interesada, se desfinancia y se reemplazan tales dinámicas por operativos represivos arbitrarios de erradicación forzada. Esta estrategia conlleva frecuentes casos de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, con saldo de campesinos asesinados, heridos, amenazados y desplazados. Y empeora la situación con el anuncio gubernamental de reanudar las dañinas y fracasadas aspersiones aéreas de glifosato contra cultivos de uso ilegal, a pesar de estar prohibidos por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el gobierno Duque suspendió la negociación de paz con el ELN que el gobierno Santos dejó con avances importantes, rechazó en actitud violatoria al derecho internacional los protocolos pactados en su beneficio que se suscribieron entre el Estado colombiano y varios países garantes, facilitadores y acompañantes del procesos de paz. Estos protocolos garantizaron, entre otros asuntos, la instalación de la sede de la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba y las garantías para sus delegaciones participantes. En contrario, el presidente Duque ha pretendido de manera arbitraria y violatoria a las normas internacionales, acabar con la mesa de negociación, desconocer las garantías pactadas y exigir a los países garantes facilitar la captura y extradición en condición de sindicados de delitos a la delegación del ELN en la mesa.

En lo relativo a la disolución del narco-paramilitarismo el saldo del gobierno Duque es de expansión notable de las AGC o “Clan del Golfo” en todo el Andén Pacífico y en otras zonas del país, en medio de frecuentes denuncias desde comunidades y entidades de derechos humanos de complicidad, coordinación y permisividad desde la fuerza pública con su actuación. Igualmente, se mantienen con fortaleza otras estructuras de este orden como los Caparrapos entre el Nordeste antioqueño y otras regiones y los Pachencas en la zona norte de la Sierra Nevada. A la vez, éste gobierno no realizó ninguna acción hacia el logro del sometimiento a la justicia de los integrantes de estas estructuras ilegales, existiendo marco legal suficiente para lograrlo en coordinación con otros entes estatales fue omisivo, incluso anunciando que expediría un nuevo marco legal al respecto –innecesario–, sin llegar a hacerlo. Si bien se han producido capturas y judicialización a algunos jefes e integrantes del narco-paramilitarismo, no se lograr superar la tendencia de estos grupos a mantenerse y fortalecerse, a la vez que son frecuentes las denuncias de las complicidades referidas, que han llegado a implicar a varios altos mandos de la fuerza pública.

Resistencias ciudadanas, sociales,
institucionales e internacionales a favor de la paz

Desde entes estatales han existido políticas institucionales y acciones favorables a la paz, con frecuencia en diferenciación, tensión y abierta contradicción con las inconsecuencias gubernamentales al respecto. La JEP ante abiertos ataques contra su carácter y misión ha tenido que reafirmar y defender su condición de Tribunal y jurisdicción especial de paz orientada a la paz frene al gobierno Duque, incluida su proyecto de reforma legal orientado a quitarle competencias, negarle la autonomía y restarle presupuestos. En igual sentido se han resistido en beneficio cumplimiento de sus misiones la Comisión de la Verdad y la UBPD. Al respecto, éstos tres entes constituidos con el acuerdo, al no ser gubernamentales constituyen un ejemplo loable de fidelidad y eficacia en cumplimiento del acuerdo de paz desde entes estatales.

Ante el no cumplimiento con medidas de prevención, protección y garantías de seguridad por parte del gobierno a favor de los liderazgos sociales y de excombatientes, la JEP decretó medidas cautelares a su favor de la población excombatiente acogida al acuerdo de paz, con seguimientos y exigencias debidas hacia la parte gubernamental y otros entes estatales, en perspectiva de contribuir a conseguir tales medidas. Por su parte, la Corte Constitucional ha realizado la importante labor del control automático de constitucionalidad de todo el marco legal expedido mediante mecanismo extraordinario, así como de los actos legislativos, leyes estatutarias y revisión de demandas, en asuntos relacionados con la implementación del acuerdo. En este sentido, recientemente en respuesta a tutelas interpuestas por población excombatiente de Farc en condiciones de alto y extraordinarios riesgos, emitió una sentencia que caracterizó la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), relacionado con la protección y seguridad de la población excombatiente de Farc reincorporada bajo responsabilidad gubernamental y estatal.

En el plano político al seno del Congreso se configuró una convergencia conocida como las “bancadas de la paz” –Decentes: Colombia Humana, UP y MAIS, el Polo Democrático Alternativo (PDA), el Partido Alianza Verde y algunos sectores de los partidos Liberal, U y Cambio Radical–, quienes de manera coherente han mantenido iniciativas legales, debates de control político y acciones desde las comisiones de paz y de derechos humanos del Congreso a favor de la paz, los derechos humanos, las víctimas y en rechazo a medidas autoritarias y contrarias a éstas causas agenciadas por el gobierno nacional, el partido de gobierno –CD– y sus aliados. En este escenario la coalición pro paz contribuyó en la preservación del carácter y misión de la JEP, derrotó otras iniciativas legales contra la implementación de la paz y consiguió financiación para sus programas. Las vertientes políticas convergentes en defensa de la paz han proyectado iniciativas destacadas en lo social como la conformación del movimiento Defendamos La Paz (DLP) y en lo político unas de ellas ambientaron el surgimiento de la coalición político-social Pacto Histórico y otras participaciones incluidos sectores de la recién disuelta convergencia política Centro Esperanza.

También ha resultado positivo en favor de las posibilidades de vigencia del Acuerdo Final de Paz la incidencia, cooperación y recomendaciones al respecto de la comunidad internacional. La veeduría internacional lleva a reclamar reiteradamente al gobierno y al Estado colombianos por parte del Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de la Misión Política Especial designada para este efecto, la aplicación integral del acuerdo, garantías efectivas a excombatientes y a organizaciones sociales en las regiones de implementación del acuerdo y corrección de las falencias, retardos e inconsecuencias. Por su parte, los países garantes del acuerdo –Noruega y Cuba–, otros organismos intergubernamentales adscritos al Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano con entes como la CIDH, estados como la Unión Europea y el Vaticano, entre otros, y organismos de cooperación y de asistencia internacional, han sido solidarios, brindan apoyo de diverso tipo e inciden ante autoridades colombianas, desde sus ámbitos, a favor del acuerdo y de las posibilidades de recuperar el proceso de paz en Colombia.

Programa y política de paz integral:
Gustavo Petro/Francia Márquez, Pacto Histórico

La fórmula Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta, en representación del Pacto Histórico y sus aliados ganó con holgura la primera vuelta de las elecciones presidenciales y cuenta con importante movilización política, social y de opinión ciudadana progresista en su respaldo. Su apuesta de gobierno ubica la paz con centralidad, la define desde una perspectiva estructural, de acceso integral a derechos, superación de la exclusión, la guerra, los factores de violencia y las expresiones de autoritarismo. Reivindica la vigencia de las garantías y derechos de la Constitución Política de 1991 –Estado Social de Derechos– y el desarrollo de nuevas apuestas garantistas –casos de étnicas, de género, ambientalistas.

El Pacto Histórico propone una paz más allá de los necesarios acuerdos establecidos históricamente en los acuerdos de paz con las guerrillas, para percibirla con relación a una gran concertación al seno de la sociedad que conduzca hacia las transformaciones democráticas. En tal sentido, la paz es asumida asimismo de forma transversal, por lo cual su referencia es recurrente en su programa de gobierno y en formulaciones de documentos y discursos de sus candidaturas presidencial y vicepresidencial. Lemas importantes que se le asocian con referentes políticos, sociales y culturales son principalmente los de: “Colombia potencia de la vida mediante un pacto histórico” como sinónimo de la construcción de la paz y las del logro del bienestar en términos de “justicia social” “buen vivir” y “vivir sabroso”.

“Colombia será Potencia de la Vida mediante un Pacto Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y vivir sabroso con todas las diversidades de la nación, para entrar por fin en una era de paz, cuyo rostro sea una democracia multicolor, que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común”1.

Este tratamiento a la paz se asocia al concepto de construcción de paz asociada a un gran pacto social, que convoque al conjunto de la sociedad y se traduzca en construcción de consensos a diversos niveles, de forma que legitime y posibilite una serie medidas y reformas de democratización. Entre ellas, el cambio del modelo económico, el reconocimiento de derechos sociales como fundamentales, la defensa de los territorios y del medio ambiente, lucha contra las desigualdades y contra las formas de discriminación y de exclusión.

En tal perspectiva, son numerosas las alusiones a formas concretas que reviste la construcción de la paz. Así, los cuatro primeros capítulos del programa aluden de manera expresa a la paz asociada a diversos tópicos, como se evidencia en el caso de los siguientes tópicos, que se corresponden a subcapítulos del mismo programa: “Mujeres, territorio y paz”; “Niños, niñas y adolescentes en jornada extendida para el amor, el saber, la naturaleza y la paz culminan la educación media”; “El arte, la cultura y el patrimonio corazón de la vida y la paz”, entre otras referencias.

A la vez, el programa dedica también a paz integralmente su quinto y último capítulo, que contiene desarrollos particularizados e implicaciones diversas de la creación de condiciones para una paz definitiva, en conformidad con los siguientes subtítulos: “5.1. Los Acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen”. “5.2. Colombia hacia una cultura de paz”. “5.3. Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales”. “5.4. Reparación efectiva e integral de las víctimas”.

Gustavo Petro abrió un fuerte debate público en desarrollo de la campaña al expresar en sus discursos, declaraciones de prensa y mensajes que de llegar a la presidencia aplicará a cabalidad el acuerdo con las Farc y retomará el proceso de paz con el ELN.

“Desde el primer día de mi gobierno se reconocerán los protocolos que el gobierno Santos firmó con los Estados garantes de la Paz. Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran Pacto de la sociedad para la convivencia”2.

También plantea Gustavo Petro que buscará soluciones ante los actores narco-paramilitares y mafiosos –que denomina “multicrimen”–, a partir de proceder a minar su poder de control territorial y control violento y exacción económica sobre la población y conseguir su sometimiento a la justicia. Caracteriza que estos actores multi-crimen durante el actual gobierno se han expandido, mantienen alianzas con sectores institucionales y de poder, controlan buena parte del territorio nacional imponiendo sus condiciones de poder arbitrario, economías ilegales y penetración en ámbitos institucionales, políticos y sociales.

Frente a la guerrilla, Gustavo Petro propuso retomar lo que se realizó en la administración de Juan Manuel Santos. “Ya hubo un proceso que fue truncado e interrumpido abruptamente. El proceso de Santos fue interrumpido por Duque y allí hay una materia prima ya hecha que toca recoger y finiquitarla. Llevar eso a un acuerdo de paz definitivo y permanente”, expresó. (…) habló del tema de las bandas criminales, como serían el Clan del Golfo –conocidas en los territorios como las AGC. La estrategia de Petro en caso de llegar a la presidencia sería “quitarles poder, porque son muy fuertes”, esto implica “quitarles la población que controlan”. Según Petro, “sería darle planes de sustitución colectiva y voluntaria, quitarles la influencia sobre el consumidor de droga y quitarles los posibles recursos que obtienen de las economías legales mediante extorsiones y similares”3.

Tratamiento de la paz marginal, continuista y con propuesta
inviable de Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción

El candidato Rodolfo Hernández no asume propiamente el tema de la paz y se focaliza ante todo alrededor de la bandera de la anticorrupción, no obstante que personalmente está incurso ante la justicia con una imputación en un hecho grave de corrupción, relacionado con su gestión reciente de alcalde de Bucaramanga. Si bien su programa esboza varios temas, su discurso y sus propuestas giran de manera reiterativa y cerrada sobre el tema anticorrupción con alusión a medidas efectistas, superficiales y especialmente relativas a varias medidas ejecutivas y administrativas inconvenientes y lesivas y a imponer fuertes sanciones penales.

Su programa titulado “De Colombia para Colombia” en sus cinco capítulos no contienen ningún aparte dedicado al tema de la paz; aunque en su preámbulo incluye un párrafo que entrega un concepto favorable al logro de la paz, con alusión a la necesidad de superar las causas estructurales de la violencia, el cual juega un papel realmente retórico, puesto que su enunciado no tiene ninguna implicación ni relación con el cuerpo programático ni con las propuestas esgrimidas:

“La paz es una condición más allá de la ausencia del conflicto armado. La paz es la efectiva dignidad en cada ser humano que integra la sociedad; es un deber esencial del Estado. Para conseguirla no podemos curar con paños de agua tibia las consecuencias de una violencia estructural; es necesario, con carácter de urgencia, atacar las causas. En una sociedad en la que el hambre predomina es imposible alcanzar la paz”4.

Adicionalmente, el capítulo tercero tiene un subtítulo sobre “Seguridad ciudadana y defensa nacional”, el cual en aparte final de propuestas incluye dos relativas a la paz con las guerrillas: La primera sobre implementar el acuerdo de paz suscrito entre el Estado y las Farc –con énfasis en la reintegración– y, la segunda sobre conseguir la paz con el ELN con base en que esta guerrilla suscriba un protocolo de adhesión al acuerdo con las Farc, sin establecer mesa de conversación y negociación, propuesta claramente inaplicable.

Adicionalmente, en el cuerpo del programa, sin que ningún aparte se ocupe del tema específico de la paz o los procesos de paz, con relación a la seguridad al culminar con unas propuestas puntuales incluye una alusión a la implementación del acuerdo con las Farc, pero con referencia muy reduccionista, al referir el asunto solo a la reincorporación de las personas excombatientes. Asimismo, incluye una propuesta realmente inviable y sin ningún tipo de justificación con relación al ELN: no habilitar el diálogo, ni la negociación, por tanto descarta una mesa y un proceso de tratamiento concertado, de forma que se le imponga a esta guerrilla la condición de firmar un “otrosí”, aceptando la paz firmada con las Farc.

“- Promover y hacer evidente la voluntad de la implementación del Acuerdo con las Farc. Hay que cumplir con el cronograma. Brindar a los reincorporados el trato más digno, razón por la cual la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios. - Abrir un proceso de acercamiento del ELN al Acuerdo de Paz firmado con las Farc. Basta un otrosí en el que se incluya a esta organización como firmante del acuerdo. No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”5.

Las discusiones sobre la paz con planteamientos
y programas de las candidaturas presidenciales derrotadas

Resulta ilustrativo poner de presente la discusión política que se surtió en desarrollo de la campaña con las candidaturas presidenciales que estuvieron realmente en juego en la campaña para la primera vuelta de la elección presidencial, pero que finalmente por obtener votaciones menores no pasaron a segunda vuelta. Si bien fueron derrotadas como proyectos políticos hacia el logro del gobierno, es de advertir que sus postulados e influjo pueden incidir como aportes o como diferenciaciones ante las dos candidaturas que quedaron en juego.

Manifestación formal de implementar el acuerdo de paz, aunque real continuismo de la política uribista para su afectación negativa, Federico Gutiérrez, Equipo Colombia: El candidato Federico Gutiérrez representó prácticamente la misma coalición que eligió a Iván Duque como presidente, de vertientes de derecha y extrema derecha –partidos CD, Conservador, U, Cambio Radical, Liberal, MIRA–, con la variante de que ya el CD no aparecía con la anterior hegemonía dada su actual decadencia evidenciada en la pérdida de respaldo y opinión, su notable retroceso en la elección pasada de Congreso y su notorio desprestigio y el actual enjuiciamiento a Álvaro Uribe.

Sin embargo, un nuevo matiz que esgrimió esta coalición uribista frente al acuerdo de paz fue, por parte de Federico Gutiérrez, no rechazarlo expresamente, sino que, al igual que lo ha hecho el gobierno Duque, asumir formalmente el compromiso de aplicarlo, pero matizar tal compromiso con sesgos de tratamiento selectivo de sus medidas. Por ejemplo: si a la reincorporación, pero no las reformas para la paz. A la vez, mantener la “simulación” de su cumplimiento interna y especialmente internacionalmente, ante el costo político y el desgaste que implica confrontar abiertamente el acuerdo. Adicionalmente, llamó la atención que “Fico” Gutiérrez al referir aplicar hacía un llamado “a las Farc”, “para que lo cumpliera”, con mensaje que cuestionaba sin fundamento el cumplimiento de la población ex Farc a los términos del mismo acuerdo.

“Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc. Voy a llegar a los territorios, especialmente de la implementación de las zonas PDET, y vamos a cumplirle de manera muy clara a los jóvenes que entregaron las armas, porque lo peor que nos puede pasar es que vuelvan a ser reclutados”, puntualizó Fico durante el debate del “País de los jóvenes” de Caracol Televisión”6.

Con referencia al ELN “Fico” Gutiérrez también heredó, lamentablemente, la misma postura de Duque, al advertir que les exigiría “cese unilateral” y dejar de realizar “todo tipo de hecho violento y delincuencial”, condicionamiento inviable sobre con relación a su segunda consideración, lo cual sirvió al actual gobierno para suspender la posibilidad del proceso de paz con ésta guerrilla, único que falta con las insurgencias colombianas. A propósito de esta negativa de Duque a retomar a algún nivel el acuerdo de paz con el ELN, le ha significado históricamente el deshonroso atributo de ser el único gobierno que en las últimas cinco décadas –desde 1982–, no tuvo ningún proceso de paz, incluso independientemente de las experiencias diferenciadas que se han registrado, de fracasos o de logros parciales o generales conseguidos por cada uno de los otros gobiernos.

En el programa de Federico Gutiérrez titulado: “Un país en orden y con oportunidades”, su punto 6.4 titulado “Acuerdo de paz y atención integral a las víctimas” consideraba que “en los cinco años y medio de implementación del acuerdo se han hecho avances significativos”, justificando la inacción al respecto del gobierno Duque, por lo cual planteó dar continuidad a la dinámica existente, a partir de diez consideraciones. Las ocho primeras se referían al cumplimiento de ciertos temas del acuerdo como infraestructura rural, fondo de tierras, formalización de tierras, reincorporación de excombatientes y mantener las formas de veeduría interna e internacional. Y las dos últimas a los mecanismos existentes de reparación administrativa e inclusión socioeconómica previsto para las víctimas en la Ley 1448 de 2011 que tuvo prolongación de su vigencia7.

En su divulgación esta campaña adoptó 27 documentos con formatos de cartillas que tratan distintos temas, pero no se incluye el de la paz, aunque pueda entenderse al nexo con su componente de recuperación de la seguridad, incluido con el título de “Seguridad Ciudadana”, explicada en el sentido de preservación del orden público, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario, apoyo a la fuerza pública y promoción de un programa con jóvenes orientado a la convivencia.

Tratamiento marginal de la paz en el programa de Sergio Fajardo, Centro Esperanza: La “Propuesta de Gobierno” de Sergio Fajardo hizo alusión muy genérica en su introducción al compromiso con la paz y su quinto y último capítulo aunque se tituló “Colombia sin miedo: recuperar la seguridad, la confianza y consolidar la paz”, paradójicamente eludió tratar directamente el tema de la paz, dando centralidad a los temas de seguridad, justicia y lucha contra la corrupción. Sus tópicos tratados fueron: “Seguridad y defensa”; “Lucha contra la corrupción y el clientelismo”; “Justicia”; y “Relaciones internacionales”8. Adicionalmente, esta campaña contó con 32 documentos programáticos sobre temas diversos, pero ninguno de ellos fue dedicado o trató el tema de la paz.

Sin embargo, con referencia a la paz en entrevistas públicas y debates cuando Sergio Fajardo cuando fue interrogado expresó estar de acuerdo con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc y con disposición a asumir un proceso de paz con el ELN. Además, es del caso reconocer que la mayoría de las vertientes que conformaron esta coalición habían participado de manera directa en el logro y aplicación del acuerdo de paz con las Farc. Y que habían actuado en coincidencia con otras vertientes como las del Pacto Histórico y otras vertientes progresistas en su defensa ante las resistencias y oposiciones del gobierno Duque a su implementación.