La oposición y la solución adversarial de la crisis de hegemonía en Colombia

El diario más influyente de Colombia dedicó casi toda la sección A, y la primera plana a las elecciones presidenciales del 19 de junio. Tituló: Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Cuando en verdad, lo que debiera haber dicho era “Petro, primer presidente de la oposición en la historia de Colombia”.

En la historia nacional, antes hubo la presidencia de hecho del general José María Melo y las Sociedades Democráticas, una corriente de opinión que fue sometida por la acción conjunta de las armas de un primer frente bipartidista que sometió a los golpistas a los pocos meses.

Ahora, a pocos días del triunfo del Pacto Histórico que propuso un Frente Amplio para obtener el triunfo, se cocinan las alianzas necesarias, por lo pronto partido Liberal y Alianza Verde para tener la mayoría en el senado, presidida, es lo que se anticipa, por Roy Barreras, uno de los estrategas en el triple triunfo conseguido por el proyecto que comenzó llamándose Colombia Humana. Se baraja también el nombre del joven David Racero, para ser presidente de la Cámara, quien fue el coordinador del debate electoral en Bogotá, y parte del trío conformado con Benedetti, Barreras que coronó el triunfo de la oposición política.

Ellos están encargados de orientar las fuerzas y garantizar los acuerdos que rompan las trincheras y casamatas de la reacción y la derecha, con las que se fortalecieron las ejecutorias retrógradas del último gobierno del Centro Democrático que termina con la presidencia de Iván Duque el próximo 7 de agosto. En esta misma semana se surtió, durante una hora, la reunión entre Gustavo e Iván, y el viernes arrancó en firme el trabajo de empalme con las respectivas comisiones. Para la semana entrante está propuesta la reunión con el líder principal del partido de la guerra, el exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien aceptó ya reunirse con el nuevo presidente, muy seguramente en Montería.

A los pocos días estará conociendo también el país los lineamientos generales del informe definitivo de la Comisión de la Verdad que ofrecerá cifras, argumentos y causalidades a la historia del conflicto armado nacional, de la guerra vivida. Es el resultado del trabajo que le fuera encomendado por los firmantes de los acuerdos de paz, es decir, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc – EP en presencia de garantes internacionales, Venezuela, Cuba y Noruega.

En casi simultánea coincidencia, la Fiscalía ha citado a los testigos principales en la causa criminal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por actuaciones ilegales durante su desempeño como gobernador del departamento de Antioquia, que fuera la cuna de las Convivir y la fuerza paramilitar que practicó la excepcionalidad de hecho en el episodio más definitivo de la guerra social del bloque oligárquico gobernante contra la insurgencia subalterna armada, cuyos orígenes arrancan de los tiempos de la Violencia.

Lecciones de filosofía política y tránsito democrático

El triunfo del liberalismo progresista y socializante, liderado por Gustavo y Francia ponen a Colombia como sociedad en el tránsito efectivo hacia una democracia liberal en vías de consolidación, aunque permanezcan los episodios agónicos de la confrontación armada con diferentes expresiones de la insurgencia subalterna, en abierta rebeldía con los incumplimientos de los acuerdos de paz, la disidencias de Gentil Duarte, la Nueva Marquetalia liderada por Iván Márquez, y el ELN cuyas negociaciones de paz quedaron suspendidas por orden del gobierno saliente, y los negociadores guerrilleros de la paz, anclados bajo protección internacional de la república socialista de Cuba, hasta nueva orden, cuando el presidente entrante reanude las negociaciones que deben arribar a buen puerto.

Con este panorama poselectoral tenemos a la vista el tránsito real de una relación política amigo enemigo, heredada del siglo XIX, donde la guerra era una constante hasta que la vigencia de la Constitución de 1886 se decidió por la fuerza de las armas, cruzadas entre la coalición de moderados/conservadores nacionalistas y el radicalismo liberal con la jefatura de Herrera y Uribe en la guerra de los mil días.

Bajo el centinelato de un tercer poder, extranjero, el gobierno estadounidense de Theodor Roosevelt dispuesto a obtener a toda costa un paso entre los dos océanos, por la vía más expedita, Panamá, los antagonistas firmaron la paz en un barco de guerra fondeado en las goteras del Istmo. Esa fue la cosecha amarga del fin de la guerra, y los cientos de muertos en ambos bandos con la cosecha de hambre, despojo y muerte que produce toda contienda armada.

Pero entonces tampoco se hizo el tránsito a una política consensuada, agonal entre adversarios, porque lo que se impuso fue la hegemonía conservadora contra los liberales que fueron los derrotados. Después de la masacre de las bananeras, y el intento insurreccional del PRS, más la acción militar de los bolcheviques del Líbano que fracasara, afectada por contraórdenes, y sin apoyo nacional con raíces firmes en la masa campesina y el artesanado urbano.

La frustración de la República Liberal

Lo que sobrevino fue el paso al gobierno de los representantes de la República Liberal, cuya hegemonía se hundió en la elección presidencial del conservador Mariano Ospina que disputaron divididos los liberales. El partido Conservador se hizo a un lado la más de las veces. Así que la oposición se libró desde las sombras, en preparación para derrotar al enemigo, prolongando la política amigo/enemigo.

Ese estado de cosas se extendió en el tiempo con los sucesos del 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado el jefe único y candidato del liberalismo para la elección presidencial siguiente. En su ausencia el electo fue el conservador Laureano Gómez que no cesó en la persecución del otro partido, lo cual se convirtió en antesala de la guerra social de los de arriba contra los de abajo, cuando desmontada la guerrilla liberal de resistencia en los Llanos, las guerrillas de influencia comunista no entregaron armas y se enmontaron para reanudar su vida campesina como autodefensas.

Se impuso la paz del Frente Nacional, con la exclusión de las terceras fuerzas. El socialismo que existía legalmente con la conducción de Antonio García Nossa, votó contra el plebiscito, pero los resultados con la incorporación del voto femenino impusieron la arquitectura del régimen consociacional excluyente que se extendió de 1958 hasta el cuarto presidente del Frente Nacional. Ahora la política era contra el enemigo interno, la insurgencia subalterna que resistía en las bautizadas como “repúblicas independientes” para bombardearlas y liquidarlas.

Pero no fue posible, y las Autodefensas crecieron como resistencia campesina orientada por cuadros comunistas, convirtiendo al PC de Colombia, en un partido singular porque llevaba una doble vida, legal e ilegal. La lucha armada creció y decreció más de una vez, y expandió el escenario de la guerra social oligárquica contra el pueblo en armas, de mayoritaria raigambre campesina. Las autodefensas que se llamaron Farc garantizaron la posesión de las tierras baldías, y aquellos intentos de reforma nacidos de la liquidación de los resguardos coloniales, o como resultado de la parcelación de las grandes haciendas cafeteras del interior que impulsó la tibia Ley 100 de 1936.

Durante el Frente Nacional se gobernó las más de las veces bajo el estado de sitio, y esta constante solo vino a desmontarse en parte con el triunfo de la asamblea constituyente de 1991, que reguló todos los estados de excepción con el interés de aclimatar por fin un régimen democrático liberal al servicio de la construcción de un estado social de derecho, prometido en el cuerpo constitucional y de modo específico como fruto del compromiso de hacer que la igualdad fuera real y efectiva.

Al mismo tiempo se consagró la apertura neoliberal que borró brutalmente con el codo de la guerra el intento de participación escrito con la mano de las tres fuerzas principales, ganadoras del mayor número de delegatarios. De esa patente contradicción lo que se cosechó fue la prolongación del estado de guerra y la consiguiente degeneración democrática que convirtió al régimen neopresidencial en parapresidencial con el ejercicio de la excepcionalidad, sin solución de continuidad.

Estaba, en resumen, atascado el tránsito a una política liberal adversarial donde se acepta la presencia de la oposición en el gobierno, cuando triunfe electoralmente. Eso no fue así, antes del 91, con varios “magnicidios”. Después, con el asesinato del candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro LeónGómez. La política del enemigo interno se siguió cultivando con el primero de los presidentes postconstituyente que ordenó el bombardeo a La Uribe, con la orden expedita de liquidar a aquella insurgencia en 18 meses.

Después se mantuvieron las conversaciones con la oposición armada, resistiendo y creciendo al lado de la floreciente industria del narcotráfico, primero mediante impuesto a cultivadores y traquetos, y luego involucrándose en la producción de los cultivos ilícitos como empresarios ilegales. Los gobiernos sucesivos de la seguridad democrática exitoso en conseguir el repliegue de la guerrilla más poderosa se corrompieron en la guerra que negaron con insistencia de dientes para afuera.

Hasta que los episodios de descarada violación de los D.H., y la dantesca operación de los falsos positivos abrió en el año 2008, la urgencia de volver a la mesa de negociaciones de la paz. Así pasó electo el gobierno de Juan Manuel Santos, el esquivo discípulo de la seguridad democrática como fue uno de sus ministros de defensa civiles.

Paz y consagración de la política adversarial

La antesala para aclimatar la nueva política adversarial, como la denomina la filósofa belga Chantal Mouffe,1 fue la firma de la paz con las Farc – EP, en noviembre de 2016. En las postrimerías del segundo gobierno de Santos se aprobó después de muchos años el estatuto de la oposición en 2017, y entró a aplicarse en las elecciones del 2018 con inocultables resultados. En términos de ingeniería institucional se estableció un puente firme para hacer el tránsito efectivo a una política adversarial.

Los resultados no se dejaron esperar. El candidato de la Colombia Humana, con el apoyo de la lista congresional de Decentes triplicó la votación histórica de las fuerzas de la izquierda, cuando el candidato del PDA, Carlos Gaviria superó los dos millones de votos. La fórmula Petro/Robledo superó los ocho millones en la segunda vuelta presidencial, con las sabidas alegaciones de fraude del perdedor, que le dieron el triunfo a su rival/adversario, Iván Duque, por dos millones de votos. Porque fueron cosechados de modo principal entre el electorado costeño, que había favorecido al candidato Petro en la primera vuelta con parecidos guarismos.

Con todo, la política adversarial funcionaba ya, y se hizo manifiesta con las minorías en el Congreso, que construyeron a veces un bloque de oposición que pudo impedir y denunciar actuaciones del ejecutivo y la coalición mayoritaria.

Se produjeron así las salidas de dos ministros, el de defensa, y por último, Alberto Carrasquilla, de hacienda, quien pretendió imponer una reforma tributaria regresiva. Fue resistido en las calles por una ciudadanía en rebeldía y dispuesta a morir en la protesta. Tal es la genealogía del “estallido social” colombiano que se produjo en 2021, con el cual se determinó la agonía política del Centro Democrático, que ya ni siquiera pudo mantener candidato propio para el ciclo electoral del año 2022.

En esta nueva coyuntura electoral, con el triunfo del Pacto Histórico en número de senadores elegidos, y, sobre todo, con el triunfo presidencial, probó la importancia del estatuto de la oposición que hizo posible las nuevas alianzas y ofreció, aunque de modo precario, ciertas salvaguardias. Con esos arreglos institucionales que tardaron tanto, por fin, tiene Colombia, las condiciones básicas para que se haga el tránsito efectivo a un sistema político democrático liberal representativo que permanecía congelado por el ejercicio descarado de una política amigo-enemigo.

Después del breve intento de un gobierno de oposición con el presidente Virgilio Barco y el partido conservador, de corta duración. Ahora asistimos a la experiencia de un real gobierno de oposición que El Tiempo bautizó como gobierno de la izquierda, cuando, en realidad, porque el propio presidente lo viene repitiendo por años, es un gobierno progresista de signo liberal socializante, donde está incorporado el conjunto de reivindicaciones que reclaman la igualdad social, esto es la lucha contra la estructura de privilegios y exclusiones que se mantuvieron y ampliaron por algo más de 200 años de existencia de Colombia como república independiente.