La casa desmantelada

Hace algunos años, cuando el arriendo de inmuebles se hacía informalmente o con precarias garantías, proliferó la práctica de desmantelar la propiedad o dejarla con cuantiosas deudas a la hora de su restitución. La acción alcanzó tal popularidad que hasta se retrató en la famosa cinta de “La estrategia del caracol” y se vio como algo legítimo arrancar puertas, sanitarios y todo cuanto pudiera llevarse. La medida también se difundió en aciagos tiempos del UPAC, cuando familias asfixiadas por impagables créditos realizaban una previa demolición, con trasteo de techos y ladrillos, antes de entregar sus casas a los usureros bancos.

Al margen de cualquier debate sobre la justeza de la acción lo que está en el fondo de ella es el mismo argumento: Si hay que irse por haber perdido el derecho a estar, hay que llevarse cuanto se pueda y dañar lo demás. Lo paradójico es que este proceder no ha sido recurso exclusivo de los desposeídos sino también de los destronados, de los malos perdedores que prefieren destruir antes que ceder su lugar de privilegio o su cuota de poder, de los que envenenan el agua que deben dejar correr, de los que queman el bosque que no pueden talar o de los que matan el pájaro antes que abrir su jaula.

Esta deshonrosa forma de proceder, que alimenta la cultura de ilegalidad que tanto daño nos hace, está claramente representada hoy en el proceder del saliente presidente de la república. Duque no solo se ha ocupado de dejar al Estado en su máximo nivel de deuda y con el mayor déficit fiscal, sino que también se ha dedicado a saquear el tesoro público aprobando beneficios para él y sus amigos, o comprando favores para su incierto futuro. Según Kalmanovitz, el déficit fiscal es el más alto en la historia del país, equivalente a $83 billones (6,8 % del PIB), y la deuda pública se incrementó del 36 % al 57 % del PIB en los últimos tres años1.

Mediante dos decretos expedidos en junio el presidente incluyó a sus cercanos colaboradores en el paquete de esquemas de protección a cargo del Estado y les garantizó el servicio por un periodo de por lo menos cuatro años, al establecer este tiempo como plazo mínimo para realizar la evaluación de riesgo2. También intenta mantener la captura de las instituciones y para eso sigue nombrando a sus amigos en cargos de periodo, como la reciente postulación de Andrés Barreto para un periodo de 4 años en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, habiendo sido necesario incluso cambiar la ley que establece los requisitos para el cargo, los que Barreto no cumplía por ser el de la CREG un tema eminentemente técnico.

También se ha ocupado de dejar sin recursos la construcción de paz saqueando los fondos destinados a los PDET, no solo porque agotaron en seis meses las partidas asignadas para diez años, en una distribución inequitativa y clientelista, sino también porque se los robaron. Según se ha denunciado, de las regalías priorizadas en el OCAD – Paz se han perdido por lo menos 500.000 millones a través de una red criminal en la que participan funcionarios del DNP y la Contraloría, mediante el cobro de coimas en contratos autorizados por el propio Consejero presidencial Luis Emilio Archila. Según la investigación periodística que reveló la irregularidad “para que un proyecto llegara a una sesión del OCAD – Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas”.3 Al igual que en otros casos de corrupción, sólo a partir del escándalo público provocado por los medios de comunicación la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron investigaciones exhaustivas, pese a que vienen recibido denuncias de la irregularidad desde hace dos años.

Como si fuera poco, a finales de junio se abrió una convocatoria exprés para comprar dotaciones a la fuerza pública y desarrollar obras de infraestructura por más de 50.000 millones, con recursos del Fondo para la Paz. Y mientras tanto, el Museo de Memoria de Colombia, cuyo inicio de construcción se anunció desde febrero de 2020 con puesta de piedra y siembra de Yarumo, será otro compromiso incumplido a las víctimas. Según la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, entidad gestora del proyecto, a mayo la obra tenía un avance de apenas el 35%.

Habrá que esperar los resultados del informe de empalme para conocer el verdadero estado de las finanzas, programas y políticas públicas. Lo importante de que la oposición llegue al poder es que se rompen las cadenas de encubrimiento y se develan situaciones que se han manejado a conveniencia de los poderosos. Veremos hasta dónde la sociedad soporta esta larga historia de saqueo y sigue creyendo que los enemigos de la democracia han sido los que lo denuncian. Por ahora la tarea es reconstruir país, esta casa desmantelada; para eso deberá servir el Acuerdo nacional que convoca el Pacto Histórico.