La prueba del pudín: el PH, la guerra y mayorías del congreso

“La razón como la voluntad no son suficientes para hacernos cambiar…El motor del cambio es el deseo”.
B. Spinoza.

Parte III

La oposición que se hace gobierno

A muy pocos días de cumplir años, tengo la gratificante noticia de registrar cómo el proyecto del Pacto Histórico logra en el régimen neopresidencial de Colombia, objeto de una prolongada degeneración autoritaria, retomar un rumbo potencial democrático representativo1. Tal y como lo confirma la constitución de la mayoría en el senado, que tiene a 78 miembros, de un total de 108, dispuestos a participar de las reformas más significativas a tramitar en el curso de los siguientes cien días.

Es bien importante insistir de dónde parte la propuesta de recomponer el orden político nacional, porque conlleva sacudir los cimientos del modelo de desarrollo capitalista que se mantuvo desde la Constituyente de 1991. Ésta, al respecto, de manera anacrónica, definió entonces al Estado como social y democrático de derecho, pero le “limó los dientes” antes, cuando en secreto decapitó civilmente a la intelectualidad reformadora2.

Aunque la verdad sea dicha, la comisión que presidió el magistrado Jacobo Pérez Escobar, al revisar previamente los textos originales debatidos y aprobados por los 72 delegados, no empleó de modo literal en el articulado que conocemos la expresión Estado social y democrático de derecho.

Claro está, luego existen múltiples sentencias de la Corte Constitucional que han referido en sesudas interpretaciones, pero no con suficiente claridad, algunas páginas acerca de qué forma estatal hablamos, de que régimen presidencial es el que recibe el Pacto Histórico, y cuáles serán las necesarias reformas a emprender durante el primer año que comenzó este 20 de julio, con el congreso elegido, y la dirección acordada, donde la disputa por la secretaría de éste descubrió con qué obstáculos tendrá que lidiar el ejecutivos y sus aliados.

Hay, por ejemplo, un libro del ex rector de la U. Nacional, Víctor Manuel Moncayo, quien postuló cumplida más de una década de la Constitución de 1991, que el estado de Colombia era un Leviatán derrotado, mientras que otros trabajos de estudiosos discurrieron sobre el régimen en práctica, para caracterizarlos como una suerte de bonapartismo regresivo. De modo contradictorio, y sin emplear tal categoría, apuntaban a descubrir lo contradictorio del proceso reformador que empezó a revelar su verdadero carácter, una revolución pasiva con la pretensión que “todo cambie para que todo siga igual”3.

El grupo Presidencialismo y participación, publicó un volumen doble, colectivo, donde tratamos también sobre la forma estatal, el régimen y el gobierno,4 hasta la primera presidencia de Álvaro Uribe. Era la coyuntura histórica de los años 2002 – 2005, cuando era inocultable el interés del gobernante por reelegirse, cambiando, era el motto, un articulito de la Constitución que cumplía algo más de una década de vigencia.

El antecedente de una crisis de hegemonía

Aquella era una coyuntura de crisis de hegemonía del bloque dominante, cuando enfrentaba la acción contra hegemónica en lo político militar que desplegaban las Farc – EP. Éstas querían transitar de la disputa por el dominio de la sociedad política, y pasar en seco a la conquista de la dirección de la sociedad civil.

Pero esta insurgencia subalterna equivocó el modo y la circunstancia; así desaprovechó la negociación de paz de San Vicente del Caguán, para desde allí, en aquella prolongada y amplia interlocución, articular una dirección civil, plural, democrática, en últimas. En este esfuerzo de construir un gobierno de transición más allá de un ritual vacío y exhibicionista.

Ahora bien, la tesis que el poder nace del fusil, que la pusieron tan en boga los lectores y cultores de la revolución china, y el material que divulgaba el pensamiento de Mao para lectores de corto vuelo, en el recetario de las Farc – EP no incluyó como parte de su repertorio las reflexiones de Antonio Gramsci, en particular, las que tenían que ver con su estudio histórico de lo acontecido en el curso del Risorgimento italiano;5 y con la derrota de los comunistas, quienes al enfrentar el fascismo no lograron construir una alianza, mucho menos un pacto adecuado con las demás fuerzas políticas para cerrarle el paso a esta solución sangrienta al estancamiento capitalista italiano.

En aquella coyuntura estratégica, una perspectiva revolucionaria, la que podía encarnar el partido de la Acción, terminó dándole el triunfo del partido de los moderados, en cabeza del conde Cavour, dirigente, intelectual orgánico de la burguesía italiana.

Entonces el proyecto revolucionario burgués se transformó en una revolución pasiva, que excluyó la participación directa, decisiva de los subalternos y la intelectualidad que lo guiaba, convirtiéndolos en masa de maniobra e instrumento de una precaria unidad nacional.6

Pero, aquella modalidad de revolución burguesa no llegó sola, según la comprensión de Gramsci. Porque se convirtió en el antecedente del fascismo italiano, una suerte de cesarismo regresivo, contra el cual chocaron infructuosamente los intentos de las fuerzas comunistas, socialistas y liberales democráticas.7

Guardadas distancias y diferencias, en Colombia, en el comienzo del tercer milenio, la “solución” perentoria al estancamiento del modelo neoliberal implementado fue el incremento de la guerra social contra los subalternos demandando democracia e igualdad social. La “seguridad democrática” fue la palabra de orden del bloque dominante recompuesto bajo la batuta de Álvaro Uribe y Luis Carlos Sarmiento, quien cogobernaba en la sombra en representación de los demás cacaos.

La guerra social se hizo “sucia”, bajo la fórmula de tasar supuestos éxitos militares con muertes de civiles a destajo, que hoy se calculan en un número superior a 10 mil, con las 6402 acreditadas por las instituciones oficiales. El gendarme extranjero, el gobierno estadounidense, no pudo acallar las exigencias de los congresistas demócratas, y la necesidad de un viraje se hizo ineludible.

El giro ocurrió adentro del partido de la reacción. Fue Juan Manuel Santos el “hereje” que pactó el retorno a la negociación de paz a través de los correos secretos y la eliminación física de su principal interlocutor político militar, Alfonso Cano. Él había estado en los tiempos del Caguán estructurando el partido comunista clandestino, y el trabajo político del impulso al movimiento bolivariano en las ciudades. Pero, la dirección de las Farc – EP, ya sin Cano siguió en conversaciones.

A contravía del partido de la reacción, y su vocero principal, el que fue su último ministro de defensa, J.M. Santos, ya investido como presidente no solamente anunció que la llave de la paz no estaba perdida, sino que se dispuso a negociar la “más barata” posible: la paz neoliberal. Se redactaron seis puntos que obraron como el cerco para no darle vía libre a reformas de fondo de implementación inmediata que reconocieran en terreno el liderazgo de la insurgencia que hacía la paz y dejaba/no entregaba las armas.

En la pausa, vuelve y juega la reacción

Después de la emoción contenida de noviembre de 2016, la paz con Santos no marchó con la aceleración debida. La dirección de la exguerrilla no logró conciliar sus contradicciones internas, y su congreso fue el anuncio de retiros de mucha juventud desencantada, y la presencia de al menos tres tendencias. La minoritaria no quedó persuadida después de la derrota.

Con el correr de los días, y el retorno del Centro Democrático al control del gobierno, dio paso abierto a la disidencia con dos denominaciones diferentes: las que siguieron llamándose Farc – EP, y la Nueva Marquetalia, cuyas figuras más notables han muerto bajo la acción de operaciones comando.

La mayoría de la dirección de las extintas Farc, tuvo también que cambiar su nombre, para llamarse Comunes, y encajar sucesivas derrotas electorales, y el desangre permanente de sus cuadros intermedios, asesinados de modo sistemático, y sin que el último gobierno de la reacción y la derecha aliada hiciera nada por impedirlo, y mucho menos por avanzar los proyectos productivos acordados con el campesinado en armas, y sus representantes. Más aún, escamoteó hasta donde más no pudo, cumplir con otro punto del Acuerdo de paz, en materia de participación, el nombramiento de 16 representantes de las zonas más afectadas por la guerra social oligárquica.8

El gobierno de Iván Duque, atacado por la pandemia del Covid-19, que mostró la realidad de la amarga cosecha de la ley 100, y arrinconado por la marcha de la recesión que afectó y afecta de diferente manera el ocaso del régimen neoliberal de acumulación a escala planetaria, pretendió, de manera descarada y asesina, conjurar el dilema económico con la conducción de una contrarreforma tributaria inaudita, con los oficios del minhacienda Alberto Carrasquilla que cayó en el intento, pero aun así, continuó en la junta directiva del Banco de la República hasta nuestros días.

El resultado fue el estallido social de los de abajo, y de sectores medios camino de la pobreza y la miseria. Unos y otros venían manifestándose desde el último gran ciclo de luchas sociales y políticas que arrancó en el año 2010. Estas luchas reforzaron el giro de la guerra de los de arriba hacia la paz con los de abajo. Era el despertar promisorio de los ciclos de la revolución democrática, tantas veces reprimidos con la acción armada y autoritaria.

Una campaña electoral admirable y un desenlace incierto

El deseo no es otro que el “apetito” acompañado de la conciencia de sí…El deseo es la esencia del hombre.
B. Spinoza.

En medio del ciclo electoral, en el año 2021 transcurría la campaña de la Oposición política dirigida por las cinco fuerzas constituyentes del Pacto Histórico. Junto a la disputa electoral, marchaban las luchas sociales de más amplia cobertura que recuerde el país.

Hubo más de 7 millones de personas de toda condición movilizadas a lo largo y ancho del país urbano con apoyos rurales considerables, en lo posible, en las jornadas del llamado “estallido social”, emulando en parte, con sus diferencias, con lo que aconteció en Chile durante el año 2019. Que allí precipitó también un cambio en el rumbo histórico político del país, con la elección del joven Gabriel Boric.

Para Colombia, el triunfo fue, en cambio, por primera vez, de un candidato de la oposición progresista y democrática, Gustavo Petro, y una representante de la población subalterna en rebeldía, una verdadera multitud que encarnó en la figura de la afrocolombiana, Francia Márquez, quien estuvo en defensa de las reivindicaciones de la primera línea, hasta hacer posible el triunfo electoral de la segunda vuelta, contra viento y marea.

Venciendo todas las estratagemas, la última de las cuales fue apoyar abierta y de manera encubierta la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, explotando hasta el cansancio la grosería del sentido común dominante, luego de haber caído en desgracia la aspiración reaccionaria abierta de otro ingeniero y exalcalde, Federico Gutiérrez, quien se autocalificó del candidato del sentido común.

La diferencia de más de 700.000 votos hizo incuestionable el triunfo del Pacto Histórico, que cuando implementó las listas cremallera, con presencia par de hombres y mujeres, obtuvo la primera y segunda votación en senado y cámara. Hoy, quien preside la cámara alta es Roy Barreras, y la cámara es el joven economista y filósofo David Racero de proveniencia diversa. El primero es un liberal que arrancó con Galán en el primer Nuevo Liberalismo, y el segundo empolló en la experiencia plural, convergente del PDA, donde tuvo como orientador a su padre. Y se lanzó a las calles de Bogotá, y con la lista Decentes resultó elegido como representante, exponiendo quiénes eran sus adversarios, y cómo dichas elites oligárquicas mantenían todo en familia.

En cuanto a composición del poder ejecutivo, la corriente semana tuvo las siguientes novedades. Al inicio, tres líderes indígenas, Zalabata, Tobón y Yule con reconocimiento de sus comunidades, se desempeñarán en la Unidad de restitución de tierras, en la embajada de Colombia en la ONU, y en la Unidad de Víctimas.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana fue el nombramiento de quien será el ministro de defensa del gobierno del PH, el destacado jurista, Iván Velásquez Gómez. Probó su compromiso con la administración de justicia asumiendo las investigaciones de la parapolítica. Vivió y padeció los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe. Luego, en materia internacional, enfrentó con éxito, como funcionario de la ONU, a la corrupción en Guatemala, a riesgo, de nuevo, de su propia vida.

Que Iván Velásquez vaya a ser el Mindefensa de Colombia define el ápex de la relación con las FFAA, donde militares y policías están afectados por la corrupción, y altos mandos militares están sindicados, o sujetos a procesos criminales, en un momento de notorio descrédito de la institución castrense.

El ejército, con la renuncia cantada del general Zapateiro, después de intervenir en contra del candidato Gustavo Petro, no borra de la memoria colectiva el involucramiento de las FFAA en el dantesco affaire de los ejecuciones extrajudiciales de indefensos ciudadanos, que dejó un rastro de sangre e ignominia que enluta al país nacional; y la policía nacional tampoco escapa a la censura y el señalamiento, a raíz de la represión asesina de la protesta social y política durante el “estallido social”, amén de la represión que realiza sin interrupción ni descanso el Esmad a los protestantes, en lugar de protegerlos como se pregona.

Este jurista, notable defensor de las garantías constitucionales y los D.H, en la paz como en la guerra, toca en su función perentoria a una de las tres fuerzas reales, que está en la base de cualquier estado moderno, los aparatos de defensa y represión, dedicados al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza.

El presidente electo anticipó la necesidad de democratizar a esta fuerza militar y policial, de abajo para arriba, de una parte; de otra adelantar el lema de “0” corrupción y transparencia a su interior. Y, por último, ponerle fin a la guerra en Colombia, con las que él llama organizaciones multicrimen.

Con todos estos anuncios, y los que faltan por hacerse, hay dos, que urge precisar quiénes serán los funcionarios que estarán al frente de dos asuntos fundamentales. El problema de la tierra y el campesinado más numeroso de América Latina. Un interlocutor de primera instancia al respecto es el congresista César Jerez, quien está en interlocución directa con el presidente del nuevo senado, Roy Barreras. Conocemos ya quien tendrá la cartera de Agricultura. Pero, cuál es la injerencia de la dirigencia campesina en la conducción del proceso de la reforma integral agraria, y el problema de los cultivos ilícitos y la sustitución de estos.

Y qué de los jóvenes y su participación en el rumbo de la Educación

El otro punto que está a la vista es, cuál será el rumbo real para imprimir al asunto de la ciencia, la tecnología y la educación superior en un país donde ésta es un privilegio de minorías. Que a la cabeza de la educación se haya nombrado a Alejandro Gaviria no es carta de triunfo suficiente, porque es fundamental cuál es el tipo de interlocución propositiva que se establecerá con el sector de maestros y profesores, de un parte; y de otra con los jóvenes estudiantes de la educación superior en sus diversas instituciones y niveles.

De modo particular, si el binomio presidente/vicepresidenta está en la disposición de en efecto, democratizar el gobierno de las universidades; y desterrar la fórmula de la guerra y la desconfianza para con sus gobernados, maestros, estudiantes y trabajadores. Porque las lecciones de hace 51 años no son ni pueden ser más letra muerta. Es el tiempo de actualizar y repotenciar el grito de Córdoba de 1918, la revolución de la participación de jóvenes escolarizados alrededor del mundo, entre 1968 – 1978.

Sobre todo, en Colombia las elecciones aprendidas y las novedades que trajo el ciclo de las luchas estudiantiles, de jóvenes, mujeres y minorías étnicas que entronca con las extraordinarias jornadas de las que fuera protagonista la Mane, para combatir con éxito parcial la contrarreforma neoliberal de la educación superior. La cual, sin embargo, se ha continuado de manera subrepticia y a pedazo, siempre que se puede.

Es, por tanto, avanzar en potenciar la participación, recordando los artículos que siguen sin reglamentarse en la Constitución. Para atender a la reconfiguración de la dirección estudiantil y universitaria de un modo plural, con la coexistencia, con diversos grados de tolerancia entre ACREES, UNEES, ACEU, entre otras experiencias ensayadas, y puestas a prueba durante y después de las jornadas del Paro Nacional, de una parte.

Y de otra, es necesario fortalecer y ampliar las competencias de los Consejos locales de juventud, para incentivar y fortalecer la participación en ellos, que supere la magra cifra de 1 millón que votó a los consejeros actuales. Máxime ahora cuando formalmente se instaló la dirección nacional de los consejos de juventud, que no son ni pueden ser un escampadero de buenas intenciones.

De ahí que, para cerrar, Francia y Gustavo tengan que “agarrar el toro por los cuernos”, hablando de manera directa tanto a jóvenes, como a campesinos, para darle piso efectivo al quehacer organizativo que requiere el Pacto Histórico para territorializar y encarnar de manera efectiva y multitudinarias las reformas que hagan real, visible, el desmonte de los privilegios y el avance significativo de la igualdad social y política en sus múltiples formas.