Errores para no repetir

Ha llegado a su fin el gobierno de Duque y los balances sobre su gestión deberían servirnos no tanto para hacer juicios de responsabilidad como para identificar aprendizajes que puedan ser útiles a los grandes cambios que emprende el país. Además de que cualquier evaluación puede tener diferentes acentos, la de este gobierno se hace especialmente difícil, no solo por haber atravesado una pandemia, como experiencia inédita, sin valores de comparación y con profundas distorsiones en la economía, el funcionamiento del Estado y las relaciones en la sociedad, sino también porque los indicadores utilizados para su medición se soportan en una heterogeneidad de series y valores de referencia.

En materia social hay evidencia de que la pobreza, el hambre y el desempleo alcanzan cifras preocupantes, y de que las medidas adoptadas para conjurar la emergencia han sido insuficientes. Aunque resulta difícil saber qué parte del resultado puede atribuirse a la mala gestión gubernamental, puede intentarse un balance sobre la metodología y pertinencia de las respuestas implementadas, con base en algunas de sus características:

Las medidas de choque fueron positivas, pero tardías, poco transparentes, verticales y con un efecto negativo a mediano plazo

El gobierno nacional tardó mucho en disponer medidas de alivio y contención de los impactos negativos en la economía doméstica; se concentró en prevenir la expansión de la enfermedad y en resguardar a las empresas, lo cual por demás era necesario, pero reaccionó a la crisis de hambre cuando ya se había generado el malestar social y la protesta estaba en las calles. A lo anterior debe sumarse la ola de corrupción que se desató con la flexibilización en el manejo de presupuestos y contratos públicos, con determinaciones verticales e inconsultas y autoridades ejerciendo super poderes derivados de la declaración de Emergencia Social, mientras que la ciudadanía permanecía en un confinamiento que imposibilitaba su labor de vigilancia efectiva.

La atención de la emergencia se financió con recursos de fondos estratégicos, el endeudamiento, la venta de activos como ISA y el déficit fiscal, que si bien pueden ser las medidas recomendables en estos casos y adoptadas en muchos otros países, son en su conjunto las que hoy nos tienen frente a un panorama fiscal muy complejo, sobre todo si consideramos la inminencia de una recesión económica mundial. El cuestionamiento no está en la pertinencia de las medidas sino más bien en su eficacia, en si el resultado se corresponde con el esfuerzo realizado y en la contribución de la lentitud, el autoritarismo y los malos manejos en la reducción de su impacto.

El malestar social tuvo una respuesta criminal

Ese profundo malestar que generó la pandemia tuvo como respuesta un trato represivo. Duque se caracterizó por su negativa a reunirse con sectores en protesta y por implementar una brutal represión contra la inconformidad en las calles; durante su gobierno se asesinaron a 957 líderes según el último informe de Indepaz y son varios los centenares de jóvenes asesinados, mutilados, perseguidos y encarcelados por reclamar la satisfacción de necesidades básicas y oponerse a una regresiva política tributaria. Cuando el trapo rojo fue insuficiente para obtener comida y el miedo dejó de ser superior a las necesidades vitales, la gente se lanzó a las calles, pero en ellas encontró esta dura respuesta de su gobierno.

Hay deterioro en las condiciones de vida

Es innegable que se ha logrado recuperar la economía y que han mejorado las cifras de pobreza y desempleo ocasionadas con la pandemia, aunque se mantiene la inequidad territorial y poblacional y se ha profundizado el deterioro de las condiciones de vida para el grueso de la población. La seguridad, tal vez la principal bandera del Centro Democrático terminó siendo uno de los temas peor calificados por la reactivación de la violencia en regiones y en periferias urbanas, 313 masacres con 1.192 víctimas y una tasa de homicidios de 26,9 por cada 100.000 habitantes, siendo la más alta en varias décadas.

El sistema de salud revela su más profunda crisis. Según la comisión de empalme, las EPS tienen una deuda acumulada por $20 billones; 1.800.000 personas que fueron afiliadas por la emergencia del Covid-19 pierden ahora su cobertura y otros 10.000.000 de afiliados deben ser reubicados ante la insostenibilidad financiera de sus EPS en proceso de liquidación.

Se han recuperado puestos de trabajo, aunque no al ritmo del crecimiento de la economía, pero la precarización del empleo es evidente en las cada vez más flexibles formas de contratación laboral y en el oportunismo de quienes maximizan sus ganancias con la trágica situación de los migrantes. La plataforma NiñezYa ha denunciado un aumento en la muerte de niños y niñas por desnutrición, y se ha revelado la desfinanciación del DPS en $10 billones para el próximo año, precisamente en su programa de Ingreso solidario, que se ha reconocido como una efectiva medida contra la pobreza extrema.

El Pacto Histórico se ha comprometido con un ambicioso programa social que hoy se ve amenazado por el agotamiento de recursos en el Estado y el panorama general de la economía; sabemos que la expectativa es alta en una población agobiada por la exclusión y que la derecha permanecerá al acecho, pero también que hay mucha legitimidad en esta causa y sectores dispuestos a contribuir con la justicia económica. No hay que repetir errores: frente a la crisis actual se debe actuar con diligencia y transparencia, sin esperar estallidos ni tolerar la corrupción, manteniendo la concertación como premisa fundamental de la democracia y sin acudir a fórmulas muy rígidas, porque la superación de la pobreza siempre ha tenido una buena dosis de creatividad.