Verdades a medias

 
 
 

“Es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía, se paga energía o se come y la gente primero tiene que comer”, afirmó el Obispo de la Diócesis de Riohacha, Monseñor Francisco Ceballos. Por su parte un editorial de El Heraldo sostuvo que “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”. Así de grave y amenazador es el asunto.

 
Amylkar D. Acosta M.
 
Miembro de Número de la ACCE
 
 

¡Una verdad a medias es una mentira completa!

Crece como la espuma la indignación y la protesta en la región Caribe por el alza desmesurada de las tarifas de energía, las más altas del país, a tal punto que el aumento en las facturas por la prestación de ese servicio por parte de los dos operadores Air´e y Afinia entre junio del año 2021 y junio de 2022 sobrepasó el 70%, cifra esta escandalosa, en momentos en los que el DANE acaba de anunciar que la inflación anualizada en Colombia se trepó hasta los dos dígitos (10.2%). Es más, este incremento en las tarifas habría sido mayor de no aplicarse por parte de dichas empresas la llamada “opción tarifaria”. La misma que ahora está incidiendo también en las alzas, toda vez que el “congelamiento” de las tarifas decretado al amparo del Estado de emergencia económica y social en 2020 llegó a su fin y ahora se está haciendo efectivo el cobro del monto diferido.

Como afirma el Obispo de la Diócesis de Riohacha Monseñor Francisco Ceballos, “es muy difícil con un salario mínimo pagar los costos de energía, se paga energía o se come y la gente primero tiene que comer”1. Por su parte la Directora de El Heraldo Érika Fontalvo en un valiente y franco editorial sostiene que “el progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador”2. Así de grave y amenazador es el asunto.

A ello ha contribuido especialmente el cargo por pérdidas reconocidas (PR), que pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH. Y no es para menos, habida cuenta que mientras en el resto del país las PR son del orden de 12.75% dicho cargo en la fórmula tarifaria de la región Caribe es del 34.23% para Air´e y 30.68% para Afinia. Ello en razón de que no sólo se les reconocen las pérdidas técnicas sino aquellas atribuibles a robo de energía e instalaciones fraudulentas, que son responsabilidad de las empresas y no hay razón para que tengamos que pagar justos por pecadores.

Y algo muy grave, como quedó acordado que dicho índice se mantendrá durante 5 años, contados a partir del 1º de octubre, cuando relevaron a Electricaribe, quiere ello decir que toda reducción en las pérdidas no técnicas, en lugar de favorecer al usuario bajando las PR mejorará los balances y el P & G de las empresas. ¡No hay derecho!

Se calcula que, por cuenta de la regulación especial aplicable y aplicada única y exclusivamente en la región Caribe, los 2.7 millones de usuarios de Air´e y Afinia pagamos en 2021 $199 por encima del promedio en el resto del país por concepto de las PR. Si se aplica esa diferencia a los 11.509 GWH consumidos, ello da una suma de $2.290´291.000, una suma superior en $928.335 millones a lo que habríamos cancelado si se nos aplicara el mismo rasero que al resto del país (¡!).

Según explica el Viceministro de Energía Miguel Lotero, “estos aumentos se explican porque la región tiene un régimen especial tarifario que fue definido cuando llegaron los nuevos operadores Air´e y Afinia”3. Se refiere a lo dispuesto en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que ordenó establecer un “régimen transitorio especial en materia tarifaria” para el Caribe colombiano. Este se reglamentó mediante el Decreto 1645 de 2019 y la CREG a través de la Resolución 010 de 2020 lo puso en práctica, disponiendo que “los índices de pérdida eficiente”, es decir las pérdidas reconocidas (PR), para estos operadores “serán iguales a los calculados para el mercado Caribe a la fecha de la expedición de la Ley” de marras.

Afirma también el Viceministro, para justificar las alzas de tarifas, que “la financiación de estas nuevas inversiones debía hacerse vía tarifa”4. Es decir que, a diferencia de lo que se da en el resto del país, en donde a los operadores la CREG les reconocen y remuneran las inversiones ejecutadas en los últimos 5 años a través de la tarifa, en la región Caribe es al revés, somos los usuarios los que vía tarifas estamos financiándole a las empresas, como bien dijo el viceministro, las inversiones que ejecuten.

Así lo había recomendado la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que fue la entidad a la que le encomendó la Superintendencia de Servicios públicos diseñar y estructurar el esquema aplicable a los nuevos operadores. Esto dijo: “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas”.

Por su parte el Director ejecutivo de la CREG Jorge Valencia planteó ante el Congreso de la República como explicación de las alzas desproporcionadas de las tarifas de energía que el órgano regulador “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”5, cuando, como ya lo hemos visto, no han incurrido en ellos. Por ello, con toda razón, le respondió la Directora de El Heraldo que “eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la CREG cumple su labor a medias”6.

La controversia que se suscitó por el cuestionamiento que se ha venido dando en torno a las condiciones pactadas entre el Gobierno y estas empresas para que relevaran en la operación de red a la inefable Electricaribe, dio lugar a que la superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño, terminara revelando el secreto mejor guardado por parte del Gobierno sobre los términos de la negociación que medió la transacción para que ellas asumieran el control de sus activos.

En efecto, las declaraciones la Superintendente, le merecieron titular de prensa, según el cual “Afinia y Air´e pagaron más de $6.4 billones (¡!) para operar el servicio en la Costa Caribe”. Según ella “el valor de la transacción tiene tres componentes y sin alguno de ellos no se hubiese podido cerrar… El primer componente es la obligación mínima de inversión de ambos mercados que fue de $5.7 billones. El segundo componente fue el pago por capitalización de las nuevas sociedades que se hizo por $567,862 millones. Y el tercer componente fue el pago a la fiduciaria FONECA por las acciones. En este caso fueron por $149.207 millones”7.

Pero, esta es una falacia, la realidad es otra, la superintendente está sumando peras con manzanas para inflar el monto de la cifra que desembolsaron Air´e y Afinia para hacerse al control y operación de sus dos mercados. Los $5,7 billones son inversiones que se harán en activos eléctricos que van al patrimonio de las empresas, a su balance general, no al Gobierno, por los cuales, además, recibirán su remuneración anticipada vía tarifas. El valor de la capitalización ($567,862 millones) también va al patrimonio de las dos empresas. En últimas, en plata blanca, lo único que recibió el Estado de parte de las empresas fue el pago a la fiduciaria FONECA ($149.207 millones). Contrasta ese valor con lo que, a guisa de ejemplo, recibió la Nación en 2009 por la enajenación de la Empresa de Energía de Cundinamarca, con sólo 230.000 clientes vs 2.7 millones usuarios del Caribe de la suma de $212.000 millones.

Edición 790 – Semana del 13 al 19 de agosto de 2022

1 El Tiempo. Julio, 29 de 2022.

2 El Heraldo. Editorial. Agosto, 4 de 2022.

3 El Heraldo. El Heraldo. Agosto, 4 de 2022.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 El Heraldo. Editorial. Agosto, 4 de 2022.

7 La República. Agosto, 2 de 2022.

   
 
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