Los retos de la participación
en la construcción del PND

 
 
 

Los espacios de participación para el PND deberían estar convocados en perspectiva de construcción territorial de paz, de forma tal que se conviertan en la base para la acción territorial por la seguridad humana y la superación de los conflictos; no como sustituto de los Consejos de Paz, que ya cuentan con base legal y organizativa para esta tarea, sino como estrategia para su fortalecimiento.

 
Fernando Valencia Rivera
 
Abogado, docente Facultad de Derecho y Ciencia Política Universidad de Antioquia
 
 

Se aproxima un periodo de intensa participación ciudadana en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022 – 2026. La metodología definida por ley y a cargo del Departamento de Planeación Nacional – DNP incluye mesas territoriales, grupos focales, mesas de expertos, deliberación pública y consulta previa; y pretende recoger las diversas miradas y prioridades, con enfoques diferenciales en lo cultural, etario, territorial y de género. Aunque cada gobierno suele incluir aspectos complementarios para enriquecer el ejercicio, persisten factores estructurales que deberían ser considerados para hacer efectiva la participación y fortalecer las capacidades ciudadanas en la construcción y seguimiento a la ruta que tendrá el país en los próximos cuatro años.

Existen grandes asimetrías entre los actores de la participación ciudadana. Una organización o movimiento social nunca tendrá las mismas posibilidades que un empresario o gremio económico, no solo por su capacidad económica y técnica, sino también por los círculos de relacionamiento y el acceso a información; sin dejar de lado las inequidades territoriales y la inseguridad, porque las deliberaciones sobre el plan de desarrollo suceden casi siempre en las ciudades capitales, y las pocas personas que logran llegar desde esa Colombia lejana lo hacen asumiendo grandes costos económicos y riesgos para su vida e integridad personal.

El reto está en que esta vez sea posible contar con escenarios de participación en cada rincón del país, en cada municipio, zona, provincia y región. Esto requiere un esfuerzo descomunal, pero posible si se logra concertar la colaboración armónica de las gobernaciones y alcaldías, no como una orden de la Presidencia, sino como una causa común, como una pasión contagiosa que atraviesa todo el territorio nacional. Tal vez así el PND deje de ser un documento técnico y lejano y se convierta en un horizonte de país, en el acuerdo nacional que buscamos. También hay que fortalecer la acción de las organizaciones de la sociedad, posibilitar espacios y medios para su movilización, tenerlas como aliadas en las necesarias tareas de democratizar el acceso a la información y hacer pedagogía sobre los contenidos y metodología del ejercicio; no solo porque han hecho esta tarea por muchos años, sino porque además han desarrollado importantes capacidades técnicas y logísticas.

También está en la mesa el debate sobre los alcances de esa participación, la pregunta sobre cómo hacer que sea efectiva en la toma de decisiones, la aparente contradicción entre lo incidente y lo vinculante. En nuestro sistema democrático los temas no son excluyentes sino que se complementan mediante dos modalidades de acción ciudadana: la representativa, donde elegimos a nuestros gobernantes, y la participativa, donde hacemos acompañamiento permanente a su desempeño. De esta última modalidad se derivan varias consecuencias: 1) La ciudadanía no deja de tener un lugar en los procesos de planeación, adopción y ejecución de las medidas, así como en el control al ejercicio público; 2) Los gobernantes tienen la obligación de consultar a la ciudadanía y 3) las propuestas y peticiones de la ciudadanía deben tener una respuesta motivada.

De este panorama político y legal se colige que lo vinculante, lo obligatorio para el gobernante, es la consulta y la respuesta motivada; no hay nada que le imponga acoger los conceptos ciudadanos y en tal caso no tendría sentido elegir autoridades. Caso distinto se presenta cuando la posición ciudadana está respaldada en un mecanismo de voto popular, como una consulta, referendo o plebiscito, donde el resultado es de obligatorio acatamiento. Bajo estas circunstancias, iría contra el espíritu de la Constitución y la democracia misma pretender que una reunión, mesa o asamblea no integrada electoralmente pudiera tomar decisiones por el grueso de la población, sobre todo cuando sabemos de las enormes falencias de representatividad que existen en los espacios comunitarios e institucionales.

Lo que sí podemos y debemos buscar es la incidencia de la participación, entendida como la oportunidad de que las iniciativas y saberes comunitarios lleguen efectivamente a los instrumentos de gobierno o sean al menos considerados; para eso tendríamos que fortalecer la participación con medidas como las siguientes:

– Superar la metodología de socialización y lluvia de ideas. Ayudar a que las organizaciones y movimientos estructuren sus propuestas para el PND.
Elevar la representatividad en la interlocución. Promover la realización de asambleas sectoriales, territoriales y poblacionales para definir o refrendar sus propuestas y representantes.

– Desplegar la más amplia campaña de pedagogía y acceso a la información. En alianza con entes territoriales, empresas y organizaciones sociales; de forma tal que sea comprensible la base programática del gobierno, así como sus ejes de justicia social, ambiental y económica.

– Habilitar espacios de participación cercanos a la población. En cada municipio, corregimiento y comuna.

– Establecer una ruta práctica de seguimiento a la iniciativa ciudadana. Cada actor debe saber si su propuesta fue incorporada y en caso contrario conocer las razones para la decisión; en esto podría ser de mucha utilidad la articulación en red de los Consejos Territoriales de Planeación – CTP por su amplia experiencia en el ejercicio de la planificación participativa.

Finalmente, los espacios de participación para el PND deberían estar convocados en perspectiva de construcción territorial de paz, de forma tal que se conviertan en la base para la acción territorial por la seguridad humana y la superación de los conflictos; no como sustituto de los Consejos de Paz, que ya cuentan con base legal y organizativa para esta tarea, sino como estrategia para su fortalecimiento.

Edición 792 – Semana del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2022
   
 
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