Ituango:
mucho más que una hidroeléctrica

El municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia y sede de la mayor central hidroeléctrica del país, recibió el pasado sábado la visita de los más altos dignatarios del Estado, en un evento inédito para esta región, acostumbrada a una presencia institucional reducida casi siempre a los contingentes militares y de policía. La “zona roja”, la de gente sometida a la intimidación permanente de grupos armados y a una negación sistemática de derechos, fue escuchada durante varias horas por el presidente Petro, dos de sus ministros, el Alto Comisionado para la Paz, la Comisión de Paz del Congreso, el gobernador de Antioquia, los mandos militares y de policía, la Embajadora de Suecia y una amplia delegación de organismos internacionales.

Luego de una breve presentación de los parlamentarios sobre la metodología de diálogos territoriales y construcción de paz, se abrió un auténtico espacio de escucha donde las comunidades expresaron su reclamo por la negación histórica de derechos tan básicos como vías de comunicación, salud y educación; por la enorme pobreza que deben soportar en medio de actividades económicas tan rentables como la ganadería, la generación de energía y la minería.

Los representantes del nivel central del Estado escucharon de viva voz que los grupos armados ejercen poder sobre las comunidades y sus organizaciones, que el desplazamiento toma dimensiones cada vez mayores, sobre todo en poblaciones indígenas expulsadas de sus resguardos, y que apenas 43 firmantes de paz logran resistir en la zona después de múltiples ataques y amenazas en su contra. También conocieron la contundencia con que desde las regiones se reclaman espacios de paz en los que participen las autoridades territoriales y la ciudadanía.

La situación de los jóvenes se mostró altamente preocupante por la imposibilidad de acceso a la educación superior, el déficit de conectividad a internet, la carencia de espacios para la cultura y el deporte y hasta la ocupación de instalaciones comunitarias por parte de la fuerza pública. También se dijo que este sector de la población soporta una fuerte presión de los grupos armados, no solo por el reclutamiento forzoso sino también por la estigmatización y ataque permanente de que son víctimas, que los niveles de alcoholismo y depresión dan cuenta de la sin salida en que se encuentran.

En Ituango, donde se carece de un parque infantil y los niños juegan a la guerra, la población y sus autoridades llevan varias décadas esperando que se cumplan medidas de reparación integral que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dispuesto a través de sentencias contra el Estado colombiano. Las razones de seguridad y falta de presupuesto siguen siendo excusa para negar a tanta gente el acceso a la justicia y mantenerla bajo precarias condiciones de vida.

Sobre Hidroituango, fue reiterativo el llamado a que se amplíen los programas de retribución y compensación de impactos en los municipios y sus comunidades, así como la manifestación de desconfianza en la seguridad de la obra. La idea de que la presa puede romperse y arrasar todo a su paso aguas abajo hace parte de la percepción de algunas personas que viven en permanente zozobra.

Otra cosa fue contundente en este encuentro por la vida: El gobierno de Petro y la bancada del Pacto Histórico representan la esperanza para la gente en las regiones, la posibilidad de ser escuchados y representados, la ilusión de ser incluidos de manera equitativa en los programas y proyectos de la nación y el departamento.

La comunidad presente recibió con ilusión los anuncios de paz total y diálogos regionales, de medidas inmediatas para la protección de líderes y la prevención de las masacres, de autorización a los gobiernos locales para liderar la concertación institucional con fines de proteger la vida, de convocar a una amplia movilización social en la construcción de la paz, de llamar a todos los actores violentos a un cese al fuego multilateral, de articular los diferentes programas en perspectiva de esta paz y de hacer acompañamiento permanente desde el gobierno nacional.

En el encuentro, el presidente reafirmó la importancia de estos espacios para identificar las profundas inequidades territoriales, y del Plan Nacional de Desarrollo como ruta para transformarlas, para construir la paz como ese gran acuerdo de país que esperamos alcanzar. También se resaltó la necesidad de contar con parlamentarios que conozcan profundamente las regiones, su geografía y dinámicas, que empaticen con la población rural y se conviertan en respaldo para las organizaciones y las autoridades del territorio.

Para el caso de Ituango hay algo fundamental en la construcción de paz: se deben dar plenas garantías a los derechos de las comunidades afectadas efectiva o potencialmente con la mega obra. Hay campesinos viviendo bajo permanente sensación de inseguridad, como la descrita por uno de los asistentes al evento, quien afirmó mantener ropa empacada y vigilar en la noche porque en cualquier momento se podría romper la presa. Porque si la paz es total, es con todos, cabe preguntar: ¿Qué papel cumplirán las empresas, sean públicas o privadas, en el contexto territorial?