El momento de la paz es ahora

No hay duda de que el momento es ahora, de que la oportunidad está vigente y las condiciones para la paz están dadas. Nunca el país había tenido un gobierno dispuesto a alcanzar la paz en los términos de “totalidad”, lo que implica buscar y alcanzar a frenar en seco las violencias que se entrecruzan al amparo del conflicto armado interno. La propuesta electoral del candidato Gustavo Petro de hacer la paz con todos, y ahora en su calidad de presidente de la República, podrá ser materializada, para lo cual el gobierno se aplicará a fondo disponiendo de sus “activos políticos” en el gobierno, en el Congreso de la República, en la Comunidad Internacional, y por sobre todo en el conjunto de la sociedad colombiana.

Hoy tenemos el primer gobierno de izquierdas, con un programa progresista y transformador, en doscientos años de historia republicana, que interpreta el sentir y las ilusiones de las mayorías y en especial de los sectores populares y los territorios alejados del centro del país. Las formulaciones programáticas y el espíritu progresista de las reformas propuestas encajan con las aspiraciones de los movimientos políticos y organizaciones sociales de estirpe popular, incluidas entre estas las mismas insurgencias que ya dejaron las armas y las que aún se mantienen con ellas en el alzamiento contra el Estado.

En Colombia se han juntado el hastío frente a las violencias, la reacción ciudadana frente a las profundas desigualdades y la represión, el agotamiento discursivo de las organizaciones insurgentes, las necesidades acumulades de cambio de rumbo en materia económica y social, con el agotamiento del proyecto oligárquico carente de propuestas que la sociedad no quiere cargar más.

Estos cambios y esta “nueva realidad” han sido posibles, entre otros factores al Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las Farc – EP, que puso el conflicto armado insurgente en el tramo final, quedando pendiente la paz con el ELN para cerrarlo y poner fin a una era de guerrillerismo en América Latina, abierta en la década de los sesenta, en la que se fundaron alrededor de 90 organizaciones insurgentes armadas; al tiempo que en Colombia se supera el lastre de la confrontación fratricida y se abren las compuertas para que la insurgencia armada dé el salto a la lucha política sin armas y se vincule a las transformaciones democráticas a las que el país y el actual gobierno se abocan.

El Presidente Petro y el Canciller Leyva Duran, en distintos momentos han cruzado la obtención de la paz con la variable tiempo, en el sentido de que un acuerdo de paz que lleve al desarme de las guerrillas se puede lograr en corto tiempo: Durante la campaña el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, dijo: “Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las Farc, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial”2.; por su lado y muchos años antes en el marco de la campaña electoral a la presidencia de 2006, el candidato Álvaro Leyva Durán con la frase “Paro la guerra en 6 Meses, lo digo, lo afirmó y se lo firmo” lanzó su campaña política el exministro Leiva Durán para la Presidencia de la República. Agregó “que una de las bases fundamentales para lograr ese objetivo será la confianza en el dialogo con los grupos alzados en armas”3.

Estas expresiones de brevedad para la obtención de resultados en materia de paz, le mete presión tanto a la gestión del gobierno en esa materia, como también a las contrapartes de la paz, es decir a las organizaciones armadas ilegales. Pero no está mal tener prisa o proponerse metas para tiempos tan cortos, esto significa que los esfuerzos que se hagan deben ir acompañados de las condiciones favorables que se creen para que esto ocurra.

Las condiciones a las que me refiero son de índole jurídico – legal, políticas y de legitimidad, en la que la sociedad mantenga el entusiasmo por la paz y ejerza presión positiva sobre las partes, situación militar en la que el Estado actúe asertivamente en el esfuerzo por contener las violencias sin desbordar sus funciones y con apego a las normas y códigos del DIH y de los DH, para propiciar que los alzados en armas tomen la decisión de dejarlas, a cambio de la paz para el país, para ellos mismos y sus comunidades.

Por otra parte, y lo he dicho en anteriores ocasiones, los gobiernos se parecen a los yogures porque tiene fecha de caducidad, la del colombiano expira el 7 de agosto de 2026, lo que quiere decir que cada día que pasa es un día ido, que se habrá perdido si no está encadenado a un proceso de construcción y desarrollo de la oportunidad de paz. Además, mal haría el actual gobierno si le diera por prospectar la paz más allá del tiempo que tiene que le va quedando o le está restando para concluir su mandato; eso es lo real.

En este sentido, resulta muy conveniente que el actual gobierno haga una dosificación de sus esfuerzos en relación con el tiempo de gobierno, destinando periodos de tiempo prudencial para el desarrollo de cada una de las fases previsibles del proceso, las que una vez iniciado de manera pactada con el ELN, deberá en lo posible calendarizarlas, para optimizar el tiempo y los esfuerzos aplicados. Necesario es decir que la candelarización es un factor indispensable para el buen hacer de la paz, al mismo tiempo que les “mete” presión positiva a las partes para la obtención de resultados.

Mientras que para el Gobierno el tiempo “vuela”, para el ELN el tiempo “se arrastra”, casi que “repta”, es decir va más despacio dada su naturaleza casi de intemporalidad, su caducidad no está definida por norma o límite jurídico, está definida en términos de legitimidad. Además, no los acusa la misma prisa que al Gobierno, máxime que con la adopción hace más de 20 años de una táctica de resistencia activa, en la que su desgaste orgánico es reducido, y de la desaparición de las Farc – EP del escenario y geografía de la guerra, dejando todo el espacio al ELN; han podido crecer, abarcar nuevos territorios y ganar mayor poder relativo, sobre todo el de la intimidación, aunque su legitimidad haya venido decreciendo.

Entonces, aparentemente al ELN “le ha ido bien”, en este punto debemos preguntarnos si al ELN le interesa un proceso de diálogo y negociación que eventualmente los conduzca a su disolución como una estructura de poder fáctico, a cambio de participar en escenarios donde solo tendrá cabida la lucha política sin armas, la lucha política institucional en el marco del Estado social y de derecho.

Ahora bien, la paz supone sacrificios de las partes para que ambas obtengan a cambio respectivas satisfacciones; ¿están dispuestas a pagar el alto precio que significa hacer las paces?, entre el que está tener que comparecer en estrados de justicia transicional por hechos del conflicto y dar la cara a las víctimas y a la sociedad por delitos y crímenes de lesa humanidad; ¿la insurgencia del ELN estará dispuesta a ceder el poder territorial que ha acumulado y consolidado como resultado de una presencia sostenida en el tiempo, que ha sustituido al Estado legítimo y legal causada por su ausencia o su ineficiencia?, poder territorial que se traduce en su gestión reguladora de las relaciones entre ciudadanos y al interior de las comunidades, como también en regular las economías y las tributaciones, a más de imponer un orden militar bajo su control.

Todos estos interrogantes deberá dilucidarlos en el breve plazo, toda vez que el proyecto político del ELN acusa signos de agotamiento e irrealidad causada por los cambios que con dramatismo han ocurrido al interior del ELN y del país en los últimos ocho años, desde cuando el ELN realizara su V Congreso.

Muy seguramente el ELN deberá convocar su VI Congreso para abocar el debate político interno, la actualización frente a la coyuntura y los cambios estructurantes de la actualidad y los ajustes a sus líneas de táctica y estrategia, que den cuenta de los cambios dramáticos de la realidad actual y de la necesidad de hacer del ELN una organización que comprende los cambios y actúa en consonancia con ellos. Así como también los ajustes en la línea de mando como resultado de las definiciones políticas.

Salta a la vista que está dada la gran oportunidad para hacer la paz y cerrar el conflicto armado de una vez por todas, dejarla pasas será una inconsecuencia y una irresponsabilidad de la que tendrán que responder los tomadores de decisión de las partes, frente al país, la sociedad, la Comunidad Internacional y frente a la historia; pero en especial es a la sociedad a quien corresponde entender que esta oportunidad, más que una oportunidad para las partes y es la oportunidad para el país y la sociedad en su conjunto, oportunidad que permitirá cerrar el conflicto armado interno, cerrar la era de guerrillerismo iniciada en la década de los años sesenta, en la que al amparo e influjo de la revolución cubana se fundaron más de 90 grupos insurgentes a lo largo y ancho de la América Latina.

Esta es también la gran oportunidad para dar un salto en materia de modernización del Estado y fortalecimiento de sus misiones y responsabilidades, que enruten a la sociedad hacia el bienestar y el humanismo, es la oportunidad para avanzar en la modernidad y superar los atrasos técnicos, tecnológicos, de las ciencias y sus aplicaciones a la economía y a la cotidianidad de todos los ciudadanos. Es la oportunidad también para avanzar en las transiciones de generación de energías hacia nuevos paradigmas de energías limpias y amables con la humanidad, la vida y el planeta.

Pero la sociedad deberá también hacer lo suyo: más que reclamar paz a las partes enfrentadas, es ejercer presión sobre ellas para lograrlo, esta presión es de signo positivo, por cuanto promueve la superación de toda forma de violencia mediante el diálogo para construir consensos, entendimientos y acuerdos duraderos de paz.

La izquierda política y social que en numerosas ocasiones ha mantenido un comportamiento ambiguo y empático frente a las violencias de las insurgencias revolucionarias, explicable en buena parte por la ceguera de las elites del establecimiento y su conducta criminal frente a las demandas de justicia social de las mayorías, y a una manera equivocada de entender la “combinación de todas las formas de lucha”. Hoy, la victoria de la izquierda social y política al acceder a la gobernanza del país, es el proyecto de mayorías que todos debemos defender, porque la hemos buscado, porque ha significado décadas de luchas en las que se han sacrificado generaciones enteras, incluso a costa de la libertad y de la vida en muchas ocasiones. Hoy el proyecto político democrático del progresismo es lo más revolucionario que nos ha podido pasar en 200 años de vida republicana, ese peldaño en las luchas políticas y sociales debe ser protegido y defendido, del mismo modo como lo hiciera la izquierda abertzale en el País Vasco, cuando desautorizó al movimiento armado de ETA utilizar el nombre de la sociedad vasca en las justificaciones de las acciones armadas, al tiempo que lo conminó a parar definitivamente con la lucha armada.

No es posible hoy admitir contemporizaciones entre lucha armada de la insurgencia y luchas políticas sociales de las izquierdas, es el momento de que sin vacilaciones y con determinación el liderazgo político y social llame la atención a la dirigencia insurgente, para que pare definitivamente sus violencias y permita que sea en democracia y en el marco de la institucionalidad, donde la izquierda democrática construya paz y país, liderando cambios trascendentales que también satisfacen expectativas históricas de las insurgencias, las que ya han hecho las paces y dejado las armas, y aún de las que las mantienen en sus manos.

La lucha armada frente a los cambios que están ocurriendo en el país ha quedado desueta y sin justificación, porque entre otras razones los argumentos camilistas de que “Todas las vías legales están cerradas”, o de “El que escruta elige” han sido superados por la realidad incuestionable de la victoria de la izquierda democrática. La insurgencia del ELN deberá encarar estas realidades con sentido de realidad, superar el determinismo ideológico y con gran decisión aprestarse para la transición de la lucha armada a la lucha política sin armas.

Finalmente, el cambio político que está teniendo ocurrencia en nuestro país obliga a que el Gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan, promuevan la más amplia unidad nacional para construir la gobernabilidad necesaria para impulsar las reformas, en un contexto de ampliación y desarrollo de la democracia; así como también promover la unidad de las izquierdas y de los movimientos sociales alternativos y territoriales, alrededor del programa de gobierno, asumiéndolo como propio y desarrollando la parte de democracia participativa que el mismo contiene.

La insurgencia del ELN, la disidencia de Farc, la resurgencia armada de Farc y las organizaciones criminales; tienen en sus manos la decisión de adversar con las armas a un gobierno democrático de estirpe popular, o por el contrario aceptar el llamado del gobierno a construir paz en el marco de la propuesta de Paz Total, la cual en si misma es una oportunidad para el país y para los actores armados y partes del conflicto, poder dedicarse a construir paz y país.

1 Publicaciones: “Felipe Torres: la palabra sin rejas”, 2004; “Costos y Efectos de la guerra en Colombia”, 2011; “La paz es ahora carajo”, 2014; “La paz posible entre la ilusión y la incertidumbre”, 2020; “Desatar un nudo ciego”, 2020; “La paz en un trino”, 2021; “Todas las paces”, 2021; “Mi contribución a la verdad del conflicto”, 2021; “El día que conocí a Fidel”, 2022; “El ELN desde mi ventana”, 2022. Descargables gratuitamente en el portal: ABC Paz.