La paz de Petro

El gobierno de Petro ha recuperado la vigencia de la paz. Con su propuesta no solo ha reinstalado la narrativa de superación no violenta del conflicto, sino que también ha restablecido la confianza de los firmantes, acompañantes y garantes de los acuerdos suscritos, y revivido la esperanza en las regiones más duramente golpeadas por la acción de los grupos armados.

La estrategia de Paz Total resulta muy novedosa y ambiciosa, pero a pesar de sus grandes retos parece realizable. Por sus principales características en el alcance, objeto y metodología, podríamos definirla como una iniciativa de tipo estratégico, que busca grandes transformaciones en la estructura del Estado colombiano y sensibles cambios en la política del continente americano.

En cuanto a su alcance, va dirigida a todos los grupos en la extensa geografía nacional; abarca las organizaciones guerrilleras (las resistentes y las disidentes), los grupos surgidos del narcotráfico o multicrímen, y hasta los que han incumplido acuerdos de paz. Por supuesto, el fondo de las negociaciones en cada caso será muy diferente en consideración a las causas y los fines perseguidos, no solo en razón a si los móviles son altruistas o egoístas, sino también porque no todos han tomado las armas para buscar participación en la política y por tanto no tendrían cuotas en el poder del Estado.

Su metodología concibe tres escenarios diferenciados de diálogo: el social, el político y el judicial; y aunque los resultados no serán iguales para todos los grupos, el cese multilateral a las acciones violentas y la suspensión de las extradiciones, como punto de partida, sí lo serán. Esta fórmula deja de lado algunas prácticas que se habían convertido en principios inamovibles de las negociaciones de paz, dentro de las que se encuentran, entre otras, concebir el cese al fuego como una ventaja al enemigo, excluir los diálogos sociales negando así los acentos territoriales, entender los acuerdos parciales como estímulo a la perpetuación de la violencia y poner la lucha antinarcóticos por encima de la paz.

También contempla la amplia participación de la sociedad desde sus contextos territoriales. Esto no solo se anticipa a una clásica pretensión de las guerrillas, en especial la del ELN, sino que garantiza además la participación de las autoridades regionales y posibilita la construcción de una plataforma programática para la sostenibilidad de la paz. El ejercicio concibe diálogos para construir los acuerdos territoriales, que luego se suman al gran Acuerdo Nacional con el que se formulará el Plan Nacional de Desarrollo – PND, y servirá como horizonte de nación, a manera de ruta para implementar la paz desde cada rincón del país.

El objetivo central está en parar la guerra para salvar vidas, por eso ofrece el cese al fuego y se instalan los Puestos de Mando Unificados por la Vida – PMUV, se faculta a los mandatarios territoriales para liderar la respuesta articulada en sus respectivas jurisdicciones y se ordena a los organismos centralizados acompañar esta acción para buscar acuerdos humanitarios que mitiguen la grave situación de las poblaciones. También invierte la metodología de evaluación de la seguridad, de forma tal que los resultados positivos no se obtengan por los golpes propinados a las estructuras ilegales, por las bajas causadas, sino por la efectividad en la protección de la vida de los habitantes del territorio y sus líderes.

Una propuesta de tal envergadura enfrenta por supuesto algunas dificultades, que casi siempre están en las diferencias de dimensión temporal que hay entre las partes, los cambios de contexto, los reparos de otros gobiernos, la resistencia de algunos sectores de la sociedad y las dificultades para verificar los compromisos, principalmente el de cese al fuego y hostilidades, que popularizó el recurso pragmático de negociar en medio de la guerra. No hay que perder de vista el enfoque de resistencia de las guerrillas y su plazo indefinido para la realización de los propósitos revolucionarios, que la industria de la guerra es una valiosa fuente de riquezas y privilegios para algunos sectores de la sociedad y la economía,  que las bandas multicrimen son estructuras que funcionan en red, como prestadoras independientes y hasta por franquicia, que el negocio del narcotráfico mueve poderosos intereses transnacionales y que el poder económico y armado de estas mafias permea importantes capas del Estado.

El tema urbano es otro de los grandes retos. Hay que advertir que los procesos de paz pueden acabar con los conflictos, pero no con el delito, que la idea de ligar la paz a los propósitos de seguridad ciudadana ha incentivado una práctica perversa en la que han salido fortalecidas las bandas delincuenciales de las grandes ciudades, y que el principio de no repetición quedaría sin garantía en las actuales condiciones de corrupción en nuestro sistema penitenciario.

También hay que reconocer las nuevas realidades que configuran un contexto favorable a la paz: El mundo ha evidenciado el fracaso de la lucha contra las drogas, las guerrillas saben que su proyecto militar está siendo copado y rebasado por las mafias, los capitalistas entienden que hoy su mayor amenaza no es la izquierda comunista sino la inestabilidad jurídica e institucional. Hay además tres nuevas realidades que de seguro tendrán un peso significativo en los propósitos de paz: 1) Muchos de los ideales y proyectos de la izquierda cuentan hoy con un lugar en el gobierno, lo que implica que el modelo de negociación no debería ser el de contradictores; 2) Por primera vez el gobierno de Estados Unidos acepta que el interés nacional por la paz esté por encima de la guerra contra las drogas; y 3) hay una generación de jóvenes que no conciben la guerra como alternativa y confían en la ruta democrática, sobre todo después de vivir las últimas elecciones y el acatamiento de las fuerzas armadas al mandato constitucional del presidente Petro.