Paz completa y paz total

Dos conceptos parecidos pero diferentes. La primera vez que escuché las palabras “paz completa” juntas, fue en el año 2014, cuando la activista de paz y defensora de derechos humanos Catherine Torres, las unió para llamar la atención sobre la necesidad de avanzar en los diálogos con el ELN, al mismo tiempo que se avanzaba con los de las Farc – EP. Este planteamiento partía de establecer que la paz con una sola de las organizaciones insurgentes era un “deja vu” de las paces de los años noventa, con las que solo se obtuvo la paz parcial y que además generaría una situación de “incompletud”, que mantendría al país con el conflicto armado, aunque disminuido, vivo y activo.

Este planteamiento, dio origen a la creación de una plataforma de personas y organizaciones activistas de la paz, en la que participé en mi condición de ciudadano y después como Gestor de Paz designado por el presidente Juan Manuel Santos, para apoyar los diálogos de paz con el ELN.

Un grupo de wasap, una página web, reuniones periódicas y una vocería, le dieron forma cuasi-orgánica a un concepto; lo que a su vez permitió realizar encuentros, foros, coloquios y generar una matriz de opinión de gran aceptación, a través de medios de prensa y redes sociales.

El ELN es la última guerrilla que queda de la estirpe de las organizaciones insurgentes, que se crearon en la década de los 60 del siglo pasado, inspiradas en la guerrilla de la Sierra Maestra, que fue la protagonista en el triunfo de la revolución cubana. En esa década, todos los países latinoamericanos, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, vieron emerger cerca de 90 grupos guerrilleros, de los cuales sólo el Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN de Nicaragua, derrotó política y militarmente al régimen de la dictadura somocista y alcanzó la victoria de la conocida “Revolución Sandinista”.

La suerte de los demás grupos insurgentes ha estado entre la disolución por la acción punitiva de los Estados, por auto liquidación infringida por sus propias contradicciones y crisis, y por negociaciones con los gobiernos de sus respectivos países, que han posibilitado el tránsito de la lucha política con armas a la lucha política sin armas, entre ellas las organizaciones insurgentes que en los años 90, en Colombia participaron del proceso constituyente, que dio origen a la nueva carta constitucional.

El ELN se mantiene activo y en conflicto con el Estado, pese a haber intentado hacer las paces por la vía del diálogo y la negociación con los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, en el marco de lo que se ha denominado en Colombia el largo período de luchas armadas revolucionarias: “el conflicto armado interno”, nombre que define con mayor precisión lo que ha ocurrido en el país en los últimos 60 años de nuestra historia.

Quiere esto decir, que al hacerse la paz con el ELN, organización insurgente que en la actualidad hace presencia en cerca de 200 municipios, con una fuerza combatiente cercana a los 2.800 guerrilleros más 5.000 milicianos; y su tránsito a la dejación de las armas y a la vida civil; se estaría cerrando el largo periodo de más de 60 años de conflicto armado interno, como también la era de guerrillerismo en América Latina, inspirado en la revolución cubana; con lo que además como ya lo hemos dicho, se habrá completado y cerrado ese círculo y ciclo de luchas armadas revolucionarias, combinadas con paces parciales, que en las últimas seis décadas mantuvieron vivo el conflicto armado interno en Colombia.

Ahora bien, tras la fracasada política de paz del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, la que denominó “Paz con legalidad”, con la que llevó a “capitis diminutio” la implementación del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, del 24 de noviembre de 2016, firmado entre el Gobierno Nacional y la insurgencia más grande y letal que se haya conocido en el continente, las Farc – EP; generando con ello una sensación de incumplimiento por parte del Estado, creando a su vez inconformidad y la percepción, en las toldas de otros actores armados, de que el gobierno siempre estará dispuesto a firmar acuerdos con el propósito único de obtener su desarme, y posteriormente incumplir los compromisos a los que se ha obligado con su firma en los acuerdos. Algo parecido dijo el escritor William Ospina en una de sus columnas de opinión: “Casi cada 15 años nuestra dirigencia nos convoca a un nuevo proceso con el que se pretende cerrar las heridas de la sociedad. Y cada uno de esos procesos consiste en la desmovilización de un ejército insurgente, una banda criminal, un grupo al margen de la ley”2.

A esta circunstancia se agrega la débil presencia del Estado y de la institucionalidad en los territorios más afectados por el conflicto armado, y de manera especial de aquellos que fueron escenario de vida, trashumancia y combate de las otrora Farc – EP, que al hacer las paces dejó en manos del Estado la responsabilidad de atender, gestionar y llevar el desarrollo que la guerra había impedido. Así, los distintos Frentes guerrilleros que ocupaban con sus fuerzas más de 5.000 veredas, terminaron abandonando estos territorios para concentrarse en solo 26 veredas, donde se instalaron las conocidas Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN, espacios e instalaciones reducidas donde se daría el tránsito de la vida castrense guerrillera a la vida civil comunitaria, es decir lugares donde se daría el acto histórico de la dejación de las armas y el tránsito a la civilidad.

La no presencia o débil presencia del Estado en los territorios del conflicto armado, junto con la precaria implementación de los Acuerdos de Paz, a los que se suman los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales territoriales, que alcanzan la descomunal cifra de 1.305, desde la firma del acuerdo Final de Paz del Teatro Colon a la fecha; y los asesinatos de excombatientes firmantes de los Acuerdos de Paz, que ascienden a la cifra de 342; todas estas circunstancias de conjunto, han obrado como estímulo a la deserción de los Acuerdos de Paz y al retorno al alzamiento en armas de un buen número de firmantes de la paz, los que podrían estar cercanos a 600 con una incidencia en 61 municipios, los cuales protagonizan un fenómeno de resurgencia armada, agrupada bajo el nombre de Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, el mismo que lidera la delegación de paz de las Farc – EP en las negociaciones de paz y en la firma del Acuerdo Final; no ya con los mismos propósitos de la guerrilla primigenia, sino con otro tipo de reclamos ligados a la paz real, al otorgamiento de garantías reales para los firmantes, y al cumplimiento de los acuerdos en los términos literales del “Pacta Sunt servanda”, principio rector que fue asumido e incorporado como esencia de la ética del cumplimiento durante el proceso de negociaciones: “Los acuerdos que firmemos son para cumplirlos”.

Por otra parte, a este cuadro se suma la expansión del fenómeno de las llamadas disidencias, lideradas por el extinto Gentil Duarte, y que en la actualidad lidera Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, que podrían llegar a un número de 700 efectivos, con una incidencia en 119 municipios, y de los cuales se conoce la disposición para continuar la lucha armada contra el Estado, enarbolando las banderas originarias del movimiento fariano.

Este cuadro de violencias se completa con las protagonizadas por los llamados genéricamente como Grupos Armados Organizados – GAO, y más reconocidos como el Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, “Los Caparros”, “Los Pachenca”, “Los Pelusos” o EPL, “Los Rastrojo”, y una amplia gama de grupos criminales menores, los que de conjunto pueden alcanzar entre 9.000 y 10.000 integrantes, que han demostrado capacidad desestabilizadora y retadora al Estado, mediante paros armados que han llegado a paralizar la vida normal en más de 100 municipios, de 10 departamentos y ocho capitales departamentales, y con el llamado “Plan Pistola” con el que en los últimos tres meses han asesinado a más de 50 agentes de la policía Nacional por fuera de combate y en condiciones de indefensión.

La paz total

Con la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, se establece en la política del país, la propuesta programática del Pacto Histórico de la paz total, que significa “la paz con todos”. Este nuevo concepto de “totalidad” nunca se había intentado, la verdad sea dicha, por falta de visión y de ambición de los anteriores gobiernos, pero también porque había hecho carrera una manera de hacer la paz: la de las paces parciales con unos grupos y la administración del conflicto armado con los restantes; pero para evitar caer en unilateralismos conviene reconocer que tampoco la situación política del país había estado tan madura como ahora, como para atreverse a tan tremendo propósito, que lo menos que habrá de reconocerse es de ambicioso, pero al fin y al cabo las cosas que no se ambicionan no se realizan.

Pero esto de la Paz Total obligará al nuevo gobierno de Gustavo Petro, que para el efecto ha alcanzado la gobernabilidad necesaria en el Parlamento, a abrir tantos frentes de paz cuantos actores del conflicto y de la construcción de paz existen, con el fin de alcanzar el cese definitivo de las violencias y el cierre de los conflictos abiertos que desde hace años desangran al país.

De este modo, resulta claro advertir que se abrirán cinco Frentes de actuación:

1. Frente de implementación integral del Acuerdo del Teatro Colón, firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las Farc – EP, en un acto de cumplimiento que exigirá del Gobierno realizar esfuerzos extraordinarios para abordar la implementación de los puntos de Reforma Rural Integral, de Participación política y reforma electoral, y el de narcotráfico y cultivos de uso ilícito; correspondiente a los puntos 1, 2 y 3 del Acuerdo, además de brindar plenas garantías para la vida de los excombatientes y sus familias; al mismo tiempo deberá profundizar y mejorar los procesos de inserción económica y social de los excombatientes y sus familias; porque de no hacerlo puede convertirse en un desestimulo para el ELN y otros actores de violencia, a la hora de plantearles la dejación de armas.

2. Frente de diálogo político y negociación para la solución negociada del conflicto con la insurgencia del ELN. Lo que implicará diseñar una ruta para la paz con esta organización guerrillera, con la meta de lograr el acogimiento del Estado Social y de Derecho, y construcción de paz; sobre la base de entender y asumir que son las partes del conflicto armado las que ponen fin a la guerra, y que es la sociedad y el Estado quienes construyen paz estable y duradera. La apertura de este frente de paz se iniciará con el reconocimiento de la validez del Protocolo de Ruptura firmado entre el Gobierno Nacional y el ELN en Caracas, el 5 de abril de 2016, y el levantamiento de las órdenes de captura emitidas por las autoridades judiciales para los miembros de la delegación de paz varada en La Habana, desde la suspensión de las conversaciones por parte del gobierno del Presidente Iván Duque Márquez.

3. Frente de diálogo político para la solución del alzamiento en armas por parte de los grupos disidentes de Farc – EP (Frente I liderado por Gentil Duarte (+)) y resurgentes del proceso de paz con las Farc (Segunda Marquetalia liderado por Iván Márquez), mediante diálogos para el reconocimiento de la ley y del Acuerdo de Paz del Teatro Colon, en el entendido que los Acuerdos firmados se respetan y que no habrá negociación política como si no hubiera habido paz. Se trata de resolver el alzamiento en armas, sacarlos de ese estado de ilegalidad, para lo cual se podrán ofertar favorabilidades judiciales en el marco de la Jurisdicción Especial para La Paz - JEP, programas de desarrollo social para las comunidades y las familias de los combatientes, y garantías para la participación en la política sin armas.

4. Frente de diálogo judicial mediante el diseño de una ruta para la superación de la violencias generadas por organizaciones criminales (Clan del Golfo, “Los Rastrojos”, “Los Pachencas”, “Los Caparros”, “Los Pelusos”, y otros); mediante proceso de acatamiento a la justicia y retorno a la legalidad: esto implica la reforma de los instrumentos legales vigentes, para posibilitar el diálogo con los jefes de estas organizaciones a fin de propiciar el acatamiento colectivo; sobre la base de resolver la siguiente ruta de actuaciones:

a) Reconocimiento y acatamiento al imperio de la ley
b) Desmonte total de las estructuras ilegales
c) Reconocimiento de delitos
d) Entrega de armas y logística utilizada en las actividades criminales
e) Desvelamiento y entrega de rutas de tráfico ilegal
f) Entrega y legalización de bienes y capitales habidos ilegalmente
g) Reparación a víctimas

5. Frente de diálogo social mediante el diseño de una ruta que haga posible activar el diálogo de las sociedades o comunidades en los territorios más duramente golpeados por el conflicto armado pasado y actual, con el propósito de que sean las comunidades las que tengan el protagonismo en la construcción de paz y desarrollo a la escala de sus necesidades, de sus ilusiones y posibilidades de los territorios. Es de advertir que el diálogo social debe ser entre sí y con la institucionalidad, y deberá tener las características de amplitud, de inclusión, de apertura y multisectorial, es decir que nadie quede por fuera del diálogo. Por parte del Estado deberá garantizarse que los proyectos, planes y programas consensuados y construidos en los territorios “van a misa”, es decir que son vinculantes para el Gobierno Nacional, quien deberá articularlos al plan de desarrollo nacional y cubrirlos presupuestal e institucionalmente. Se trata, en últimas, de que el Estado se vuelque sobre el territorio, lo acoja, lo proteja, lo cubra, lo integre, al todo nacional, y ofrezca las garantías de acceso pleno a derechos a todos los habitantes.

Los Frentes de actuación dirigidos por el Gobierno Nacional deberán activarse desde el inicio del mandato del Presidente Gustavo Petro Urrego, de manera simultánea, para lo cual deberá contar con la labor que las mayorías parlamentarias realicen en el Congreso de la República para hacer los ajustes que la ley requiere para estos efectos., así como también la sincronización de los distintos ministerios y altos funcionarios encargados de la política pública de paz total.

Además, el Gobierno Nacional promoverá la creación de la estructura orgánica necesaria, para que todos los esfuerzos de paz, que se realizan desde el gobierno, sean articulados en un único ministerio: el de la paz, la seguridad y la convivencia; en el que todas las oficinas y agencias encargadas de la paz queden adscritas, incluyendo en él a la Policía Nacional, la cual recuperará su carácter civil y su misión de salvaguardar la seguridad y la convivencia ciudadana.

El cese bilateral del fuego

Lograr la paz con el ELN y demás actores del conflicto armado, requerirá de simultaneidad de los procesos, cada uno en su especificidad, lo que quiere decir que deberá tramitarse en sus espacios, metodologías y agendas específicas y por separado; pero con un denominador común: el cese bilateral de fuegos para que los diálogos discurran con eficacia, en ambientes positivos que generen credibilidad, legitimidad y apoyo social, y sobre todo que no obstaculicen los procesos con otras partes y actores.

Para el caso del ELN, un cese bilateral de fuegos, conviene buscarse el Cese Bilateral definitivo, y no uno parcial, o temporal, y mucho menos intermedio, puse es claro desde una perspectiva estratégica que el conflicto armado está en su fase final, y que lo que se busca es cerrarlo. Además el tiempo es crucial, ya lo hemos dicho en otros escritos, “los gobiernos son como los yogures, tienen fecha de caducidad”, y a medida que pasan los días lo que menos le va quedando es tiempo, de modo que para qué perder tiempo negociando acuerdos de ceses de fuegos parciales, temporales o intermedios, cuando lo que corresponde es pactar los ceses del fuego definitivos, y crear climas y ambientes positivos mediante el desescalamiento, o mediante ceses unilaterales de los actores no estatales, con reciprocidad del Estado.

En estos procesos simultáneos, en el marco de la Paz Total, se requiere que las partes y los distintos actores, bajen de las nubes de secularidad, de invencibilidad en que se han montado, y reconozcan la nueva realidad política que vive ahora el país, pues ahora el gobierno que ha sido elegido por las mayorías electorales es de izquierdas, de estirpe popular y con un programa de reformas y transformaciones de más largo plazo, que mete al país por la senda del progresismo y la prevalencia de los derechos civiles y ciudadanos, de la ampliación de la democracia, de superación del hambre y la miseria y la inclusión social y política de sectores que otrora estaban por fuera de las coberturas del Estado y de la institucionalidad. Ya no es la oligarquía la que está gobernando, y esto cuenta a la hora de que las insurgencias, las disidencias y las resurgencias, evalúen contra quien se están enfrentando.

Prolongar el conflicto en medio de las actuales condiciones políticas del país, no solo es insensato sino retardatario, además de injusto para el país, para la nación entera y en especial para las comunidades que soportan directamente el peso de la presencia de las organizaciones armadas, independientemente de su signo político o propósitos económicos.

Es este el momento más oportuno para hacer la dejación de las armas, para superar los estados de violencia, para sumarse en la construcción social de paz en condición de ciudadanos activos, para ayudar al país en su transformación social, económica y democrática. Es el momento de empujar el tren de la historia en una sola dirección, o como lo hacen las aves migratorias, todas, en orden y concierto.