Diálogos regionales vinculantes no pueden parecerse a los consejos comunitarios de Uribe

En su primera alocución presidencial, Gustavo Petro informó al país de la puesta en marcha de ejercicios de democracia directa, conducentes a concebir su plan nacional de desarrollo como el resultado de haber conversado y recogido las propuestas de las comunidades que aceptarán la invitación. La estrategia se llama Diálogos Regionales Vinculantes (DRV) y se adelantará en 50 territorios previamente definidos por el gobierno.

En esta columna se exponen puntos en común y divergentes entre los Consejos Comunitarios de Gobierno (CC) que puso en marcha Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República y los DRV que propone el gobierno de Gustavo Petro y que se inauguraron ayer 16 de septiembre en Turbaco (Bolívar).

Las dos estrategias tienen en común que hacen parte de lo que se conoce como ejercicios de democracia directa, en los que el gobernante busca legitimarse ofreciendo soluciones a los problemas sentidos de los ciudadanos y las comunidades. La primera diferencia entre los CC y los DRV está en que los primeros sirvieron a Uribe para erosionar tanto la legitimidad como la gobernabilidad de los mandatarios locales (alcaldes y gobernaciones), en la medida en que el entonces jefe de Estado tomaba decisiones y proponía soluciones que, fiscal y políticamente, comprometían el sentido de los planes de desarrollo locales. La supremacía de lo nacional, sobre lo regional y local, reeditó el viejo centralismo bogotano, al tiempo que Uribe se erigió como un presidente que en apariencia solucionaba los problemas de la gente, a pesar de que estructuralmente estaba agrandando los problemas de eficiencia, eficacia y efectividad del Estado.

Hay que recordar que Uribe Vélez instaló su administración en lo que se conoce como el Estado comunitario, el comunitarismo y el Estado de Opinión. Una triada problemática que le sirvió para validar su populismo de derecha, vendiendo la idea de que tomaría distancia de las ideas de un Estado asistencialista o las asociadas al modelo neoliberal. Al final, lo que hizo Uribe Vélez fue consolidar el neoliberalismo, mientras que con la ayuda de los medios masivos y de su propia estrategia de información, se mostró como un gobernante capaz de transformar los problemas del país, cuando lo que realmente estaba haciendo era profundizar la pobreza, la exclusión y la captura del Estado por parte de los agentes privados que lo pusieron en la Casa de Nariño. Peña Salinas (2006) sostiene que “el modelo de Estado comunitario, realmente, viene a ser Neocorporativista, neoconservador y premoderno. Se caracteriza por la existencia de relaciones privilegiadas o exclusivas entre un número relativamente reducido de grupos o gremios y el Estado”. Al revisar en perspectiva histórica y en particular desde la llegada de Petro al poder, el gobierno de Uribe operó en beneficio de clanes políticos tradicionales y familias, asegurando que la sempiterna “puerta giratoria” entre los sectores público-estatal y privado funcionara para insistir en el debilitamiento del sentido colectivo del Estado.

Los DRV también están conectados con el populismo, en este caso, con el de izquierda, eso sí, con los matices que ofrecen los sentidos de responsabilidad ciudadana, la solidaridad estatal y la que se espera que brote del trabajo de las comunidades convocadas a dichos ejercicios públicos de asuntos que nos interesan a todos.

La implementación de los DRV tiene, por supuesto, riesgos, que deberán considerarse. El primer riesgo es que las propuestas que se expongan en los encuentros y que finalmente se consignen en el plan nacional de desarrollo, no representen el interés colectivo, sino a un sector del pueblo o comunidad. El segundo riesgo está atado a la ejecución de las obras o al diseño de las políticas públicas que responderán, en lo local, a las necesidades y decisiones que las comunidades expusieron y que quedaron en el plan de desarrollo. Y ello tiene que ver con la orientación ideológica y la filiación política de los nuevos alcaldes y gobernadores que en año y medio llegarán, pues a estos les corresponderá diseñar sus propios planes de desarrollo, en coordinación con el sentido y las apuestas del plan nacional de corte popular que Petro está buscando concebir.

Un tercer riesgo está soportado en la (in) capacidad comprensiva y la honradez de los funcionarios de planeación y los que in situ recogerán las propuestas y las ideas de los ciudadanos consultados. Una equivocada lectura de lo dicho por los ciudadanos bien puede terminar en el rechazo generalizado de las comunidades, al momento de ver plasmado sus propuestas en documentos de política pública.

Resulta recomendable que la presencia de Gustavo Petro en varias de los ejercicios de diálogo regional no termine por opacar a los funcionarios encargados de recoger las demandas sentidas de las comunidades y menos aún para fungir como una especie de redentor que todo lo puede.

Se espera que Petro no caiga en las prácticas en las que incurrió Uribe Vélez en sus encuentros comunitarios, en particular aquellas que derivaron en procesos de desconocimiento de las autoridades locales y regionales. Hay que insistir en que la institucionalidad estatal, regional y local, funcione para todos, bajo los mismos parámetros de exigencia con los que suelen llegar los funcionarios bogotanos a las regiones. Ya veremos qué pasa con los Diálogos Regionales Vinculantes.