Encrucijadas de la Paz Total

 
 
 

La Paz Total, deberá andar los caminos de la paz entendida en varios sentidos: como derecho humano, como aspiración para superar el sufrimiento humano, como abandono de la violencia para tramitar los conflictos y las divergencias políticas y sociales, como el logro de justicia e igualdad social, como conquista democrática y como objetivo de una sociedad en transición.

 
Diego Herrera Duque
 
Asesor Corporación Viva la Ciudadanía Regional Antioquia,
Docente universitario y defensor de Derechos Humanos
 
 

La Paz Total, es una de las propuestas más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro, como política de Estado y como estrategia de diálogo amplio para desactivar distintas formas de violencia socio política. Podría afirmarse también que es la propuesta de paz completa más arriesgada de los últimos gobiernos del país para buscar acercamientos y formulas con grupos armados de diversa naturaleza, esto teniendo en cuenta que, en estos últimos 40 años, se han realizado procesos parciales, tanto de negociación política con las insurgencias, como de distintos métodos para el sometimiento de grupos armados paramilitares y asociados a la economía criminal del narcotráfico.

En estos años de esfuerzos de paz, la experiencia colombiana ha mostrado que cuando hay negociaciones o sometimientos parciales con grupos armados, se corre el riesgo de que surjan nuevos grupos armados, se activen y escalen nuevas violencias sociales y políticas, así como la posibilidad de nuevas disputas y confrontaciones por el control del territorio, la población y las rentas de las economías criminales en las zonas de influencia de estructuras armadas que optaron por la negociación política o el sometimiento a la justicia.

En los primeros días de gobierno, varias medidas y signos van en la dirección de avanzar en la Paz Total: Conformación de un gabinete para la paz, proyecto de ley que busca modificar la ley 418 de 1997, medidas específicas para implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 (reforma política, medidas agrarias, entre otras), compromiso de implementar recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, reanudación de conversaciones con el ELN, acercamiento con grupos armados para acogimiento a la justicia, plan de emergencia en 65 municipios de protección a líderes y firmantes de paz, cambios en la fuerza pública, inicio de diálogos regionales e iniciativa de política exterior con agenda de paz. De otro lado, según INDEPAZ, desde el inicio del gobierno actual, 22 grupos armados han buscado sumarse a la Paz total, muchos con expresiones de voluntad públicas que así lo evidencian.

Seguramente, ningún esfuerzo de paz, por ambicioso que sea, pierde valía para superar la dramática cifra que la misma Comisión de la Verdad dejó como constancia en su informe final, el 80% de las muertes ocurridas por homicidio en contexto de la guerra, son muertes de civiles. También es cierto que hoy más de 9 millones de ciudadanos colombianos están registrados como víctimas del conflicto armado. Quienes más sufren los impactos de la confrontación armada son las poblaciones y los territorios urbanos y rurales más marginados, y estos impactos también tienen una expresión específica en los daños a la democracia, la cultura y la naturaleza en Colombia.

En esta dirección, la propuesta política de Paz Total, enfrenta complejos desafíos para su cristalización, ante la urgencia de defender la vida en todas sus formas y manifestaciones, y crear las condiciones y garantías para el goce del derecho humano a la paz, consagrado en la Constitución política. La búsqueda de la paz integral, supone seguir avanzando en la implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc – EP, de hecho hay que recordar que en éste se contempla la figura de “sometimiento o acogimiento a la justicia ordinaria” para combatir las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo; pero también en esta nueva etapa de buscar la paz, se abren nuevos debates y escenarios políticos que contribuyan a dicho propósito.

Una primera contribución, es que se ha planteado que las posibilidades de la negociación y el acogimiento se desarrollarían de manera simultánea, pero se precisa que son procesos diferenciados. De entrada, en esta idea se asume la diferencia entre la negociación política y el acogimiento a la justicia de grupos armados, y ello implica el carácter particular y reconocimiento de la naturaleza política de uno de los actores y no de los otros, ya que en esta posibilidad se abren las compuertas a las insurgencias, organizaciones sucesoras del paramilitarismo, estructuras asociadas a la actividad del narcotráfico y a diferentes expresiones de la criminalidad. A su vez, esta posibilidad implicaría entender el tratamiento que se le daría al delito, pues de un lado, estamos hablando de delitos políticos, y del otro, de delitos comunes. Esta distinción también nos pone una arista en el terreno de las violencias, definiendo los casos en que la violencia es política y, de otro lado, estamos hablando de una violencia social, ambas muchas veces imbricadas y de difícil discernimiento en las dinámicas de la confrontación.

No menor, es la reflexión que implica el entendimiento y reconocimiento formal del conflicto político armado existente, expresión de confrontación ideológica de las partes frente a modelos de Estado y de sociedad, y que tiene normas internacionales humanitarias que lo regulan. Ello a diferencia de dinámicas de violencia social rural y urbana, que no están mediadas por motivaciones ideológicas, y que se expresan en la llamada violencia urbana, criminalidad organizada, el fenómeno de la protección violenta, la delincuencia común, y redes del narcotráfico, entre otros tipos de violencia que no riñen con la idea de Estado y sociedad, y que se regulan en los marcos de la justicia ordinaria.

En este orden de ideas, es fundamental identificar el alcance y las posibles aspiraciones de la negociación o el acogimiento. Para lo primero, por lo general, los puntos a negociar se traducen en una agenda de reformas o transformaciones orientadas a superar las causas que dan origen al conflicto armado, cambios políticos y garantías para el tránsito de combatientes de la vida armada a la vida civil y política de los grupos insurgentes, que se traducen en reincorporación social, política y económica. Para los procesos de sometimiento o acogimiento a la justicia, la mayoría de las veces, dos aspectos son centrales que resolver, de un lado, los beneficios de la justicia, y del otro, qué hacer con las fortunas o los recursos logrados ilícitamente por los actores armados fruto de la actividad ilegal. Ello también podría traducirse en qué tipos de paces se aspira que entren en la sombrilla de la Paz Total: Paz territorial, paz urbana, paz con justicia social, llamada paz positiva, o aquella que sólo busca el silenciamiento de los fusiles, llamada también paz negativa. Cualquiera sea el camino de la paz, un aspecto que no podrá eludirse es la centralidad de los derechos de las víctimas.

Un segundo aspecto clave, gira alrededor de la propuesta emprendida de los diálogos regionales y territoriales vinculantes. De un lado, es fundamental el reconocimiento de la estrategia participativa para incidir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Este mecanismo abre la puerta para un amplio proceso de movilización ciudadana, popular y participativa para la priorización de los problemas que están en la base de factores que hacen persistente la violencia y el conflicto armado, con criterio diferenciador. Además, es un ejercicio de democracia directa para resolver los problemas sociales complejos y la acción del Estado en ellos a través de políticas públicas democráticas. Este es un reto central del gabinete para la paz, en asumir como ruta la seguridad humana en un enfoque garantista para el goce efectivo de derechos, en los propósitos de igualdad e inclusión de aquellos sectores sociales y territorios más vulnerables y desventajados históricamente, y que se verá reflejado en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de la nación. En este escenario se resolverán parte de las conflictividades sociales y económicas que dieron origen al conflicto, que fueron caldo de cultivo de diversas violencias, y que muchos años quedaron ocultas o relegadas ante el ruido que generan las expresiones del conflicto armado y la violencia social.

Una tercera consideración, parte de la idea del papel central de sociedad civil organizada en la promesa de la Paz Total. Para cualquier tipo de propuesta de negociación política o acogimiento de grupos armados, se necesitan tres patas: Estado, actor ilegal y sociedad civil. En esta dirección, se requiere un renovado movimiento social de paz, que tenga un rol relevante en las dinámicas y escenarios de diálogo que se abran, donde las agendas sociales y ciudadanas por la paz, los derechos humanos, las salidas humanitarias, la reparación colectiva y territorial de las víctimas y de inclusión social, se vean reflejadas en los acuerdos logrados. La exigibilidad de la paz como derecho humano, como política de Estado, como respuesta al daño ocasionado a las víctimas es un desafío como sociedad. Esto implica una política de fortalecimiento de organizaciones de la Sociedad civil; el respeto, promoción e impulso de sus agendas y plataformas reivindicativas; y, el reconocimiento de sus experiencias y trayectorias, que han sido fundamentales no sólo para resistir los impactos de la guerra y la violencia, sino para proponer alternativas y soluciones.

La Paz total, deberá andar los caminos de la paz entendida en varios sentidos: como derecho humano, como aspiración para superar el sufrimiento humano, como abandono de la violencia para tramitar los conflictos y las divergencias políticas y sociales, como el logro de justicia e igualdad social, como conquista democrática y como objetivo de una sociedad en transición.

Edición 796 – Semana del 24 al 30 de septiembre de 2022
   
 
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