Autoridad ambiental a pedazos

 
 
 

Hace casi 30 años, con la ley 99 de 1993, se acogió el Sistema Nacional Ambiental como una medida integral para administrar nuestro patrimonio natural; hoy tenemos la evidencia de que será necesario realizarle ajustes en virtud de su falta de eficacia, el crecimiento de los conglomerados urbanos, el aumento de la consciencia ambiental en las nuevas generaciones y la grave situación del planeta.

 
Fernando Valencia Rivera
 
Abogado, docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia
 
 

El pasado miércoles, durante un debate en el Congreso de la República donde se aprobó la ley que reglamenta el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, quedó en evidencia esa inconveniente práctica de improvisar respuestas normativas frente a problemas estructurales o sistémicos.

El proyecto venía en construcción desde un año atrás y para su formulación se consultó a los diferentes actores a través de una audiencia y dos mesas de trabajo con la Cámara de Representantes; el ejercicio fue de tal acierto que logró la unificación de dos iniciativas existentes en igual sentido y su aprobación expedita tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de este órgano legislativo.

El problema empezó cuando a su paso por el senado a la iniciativa se le agregó una medida de importantes implicaciones sin que mediara consulta con las partes interesadas y la ciudadanía: en su artículo 6° se disponía que pasara de Corantioquia al Área Metropolitana la autoridad ambiental sobre las zonas rurales de los municipios que lleguen a conformar el Distrito. Tal propuesta supuso de inmediato una amenaza económica para la CAR, que deriva un considerable porcentaje de sus ingresos de los diez municipios que conforman el Área y que de seguro harán parte de la nueva figura, lo que llevaría a una pérdida de capacidad de inversión en los 70 municipios restantes de su jurisdicción.

En defensa de su propuesta, el alcalde de Medellín, acompañado por el Área Metropolitana, argumentó que Corantioquia no cumple cabalmente su papel en estas zonas, que el Área Metropolitana tiene mayor capacidad de inversión rural y puede ser más eficaz en el manejo del riesgo, y que la dualidad de competencias ambientales sobre estos municipios dificulta su administración y hace más gravosas las diligencias a los ciudadanos. Para este mandatario, la situación llega a ser tan apremiante que ofreció seguir pagando las transferencias a la CAR aún después de perder su competencia sobre la zona rural, a fin de que esa no fuese la razón para negar la medida.

Este debate, que para algunos se agota en los intereses económicos de la CAR o en las disputas políticas entre el alcalde y el Centro Democrático, de cuyo seno es la directora de la Corporación, permitió evidenciar problemas más profundos en la gestión ambiental, que por fortuna fueron planteados por una senadora experta en el tema. A juicio de Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, el tema no revela solo un antiguo conflicto por la inequidad en las cargas y beneficios ecosistémicos entre los conglomerados urbanos y las zonas rurales, sino que también da cuenta de la tensión existente por las competencias repartidas entre las CAR y las áreas metropolitanas, y más aún, del grave riesgo que se corre al desmembrar el sistema de gestión ambiental, concebido en lógica de ecosistemas, no de divisiones político-administrativas.

El planteamiento de esta parlamentaria se resume en que si bien se reconoce que efectivamente hay conflictos generados por esta división de competencias y reparos al desempeño de algunas CAR, el camino no puede ser el de profundizar la desarticulación del Sistema Nacional Ambiental por vía de forzar la entrega de competencias a las áreas metropolitanas, distritos y otras figuras de integración territorial; ni el de la erosión a la capacidad operativa de las Corporaciones, y mucho menos si se hace de espaldas a las instituciones, organizaciones y sociedad en general, promoviendo acciones que indudablemente terminarían siendo declaradas inconstitucionales, como ya sucedió con otras iniciativas de igual fórmula legislativa.

La ruta propuesta por esta senadora del partido de gobierno apunta a una reforma integral del SINA, en un proceso ampliamente participativo e informado, con suficiente espacio para identificar y concertar los ajustes que deben aplicarse en competencias, normas e institucionalidad; de forma tal que se garantice una gestión ambiental que responda a las necesidades de enfrentar la crisis climática y civilizatoria que atraviesa la humanidad, y de promover una relación equitativa entre la región urbana, altamente contaminante y consumidora de recursos como el agua, y los municipios rurales, proveedores de productos y servicios ambientales.

Hace casi 30 años, con la ley 99 de 1993, se acogió el Sistema Nacional Ambiental como una medida integral para administrar nuestro patrimonio natural; hoy tenemos la evidencia de que será necesario realizarle ajustes en virtud de su falta de eficacia, el crecimiento de los conglomerados urbanos, el aumento de la consciencia ambiental en las nuevas generaciones y la grave situación del planeta. El actual gobierno, que tiene como uno de sus pilares estratégicos la justicia ambiental, se propone liderar este ejercicio desde el Ministerio y su bancada parlamentaria, dentro de la cual ya hay claros liderazgos y una amplia base con experiencia en el tema; la convocatoria debe ser amplia y constructiva, y los debates responsables y comprometidos con el ambiente. Esta vez izquierda y derecha pudieron confluir en cerrarle el camino al artículo en cuestión, aunque evidentemente por diversos intereses, pero los problemas persisten y debe emprenderse sin demora la reforma al SINA, tal como lo demostró la senadora ambientalista.

Edición 797 – Semana del 1º al 7 de octubre de 2022
   
 
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