Diálogos territoriales
y nuevo código de minas

 
 
 

Este primer diálogo permitió ratificar la centralidad de algunos temas en el debate y constatar el fracaso de la política en propósitos fundamentales como los de propiciar el desarrollo de las regiones, proteger el ambiente y cerrar el paso a la ilegalidad en el negocio.

 
Fernando Valencia Rivera
 
Abogado, docente Facultad de Derecho Universidad de Antioquia
 
 

El Senado de la República inició este domingo 2 de octubre un ciclo de diálogos territoriales sobre la política minera en Colombia, a través de audiencias organizadas por una comisión accidental1 que lidera la Vicepresidencia de la Comisión Quinta, encargada de los temas minero-energéticos, ambientales y de la tierra, y a las que asisten las empresas, personas e instituciones, además de las autoridades civiles y de seguridad de todos los niveles territoriales. El escenario fue el municipio de Caucasia, a donde llegaron casi mil personas de las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste y Norte antioqueños, que fueron escuchadas por la propia ministra del sector y delegados del más alto nivel. El ajuste al código minero, como un proceso normativo de tan alto nivel técnico y político, y tan sensible en la actual coyuntura del país, partió de escuchar a quienes trabajan formal e informalmente en el sector, justo en una de las regiones de mayor conflicto con el tema y donde apenas una semana antes se había logrado el “Acuerdo de Guarumo” para poner fin a las protestas protagonizadas por pequeños mineros afectados por la acción de la fuerza pública.

Este primer diálogo permitió ratificar la centralidad de algunos temas en el debate y constatar el fracaso de la política en propósitos fundamentales como los de propiciar el desarrollo de las regiones, proteger el ambiente y cerrar el paso a la ilegalidad en el negocio. Los pequeños mineros señalaron que el territorio ha sido entregado en su totalidad a las empresas, dejándolos sin espacio de trabajo, que el conflicto armado y la figura de amparo minero han servido para que éstas invoquen salvedades y protecciones que perpetúan su derecho sobre extensos predios no explotados, configurando una cruda realidad que está en la base del problema: no hay tierras disponibles para la pequeña minería y las regiones quedan impedidas para dirigir su propio desarrollo económico.

También denunciaron que las leyes que se expiden a su favor, como las de bancarización y formalización, están llenas de trabas y se incumplen sistemáticamente, y que las funciones judiciales y de control se cumplen de manera ineficaz, selectiva y corrupta; por instituciones que en muchos casos no hacen presencia en la zona rural y justifican su limitado desempeño en la deteriorada situación de orden público.

El tratamiento represivo ha resultado ser más nefasto: a medida que se intensifican los operativos de la fuerza pública, la minería se desplaza montaña adentro, donde el control es aún más débil, se producen mayores daños al ambiente y existe un alto riesgo de caer en dominios de los grupos ilegales. El tratamiento penal, con su enorme dificultad para diferenciar en términos prácticos la minería informal de la ilegal, ha producido un tratamiento de guerra, con graves violaciones a los derechos humanos y un peligroso estigma sobre los trabajadores del sector, al tiempo que constituye un serio obstáculo para el acompañamiento que entidades privadas y públicas quisieran hacer en favor de los pequeños mineros.

A juicio de los voceros de las comunidades (dentro de los cuales hubo varios alcaldes), la ley vigente, por demás dispersa y compleja, no diferencia las escalas de extracción y no concibe medidas acordes a la pequeña minería, condenando a muchas personas a permanecer en la categoría de subsistencia, sin posibilidad de avanzar en su proyecto económico y propiciando salidas ilegales como la compra de cupos de comercialización, que constituye un eslabón aún más bajo en la precaria situación de las comunidades. Tampoco ha sido afortunada la remisión a las normas que regulan el ordenamiento territorial, pues muchos municipios mantienen desactualizados sus POT2 y la actividad minera normalmente desborda la división político-administrativa que los define, al tiempo que figuras de integración como las PAP, las RAP3 o los Distritos carecen de desarrollo legal específico, aunque no por eso dejan de ser una alternativa digna de ser explorada.

Se afirmó que en la actividad minera están involucradas cada vez más mujeres, por lo que además de los enfoques diferenciales por factor territorial, etario y étnico se requiere el de género; que estos ejercicios de audiencia territorial deben complementarse con otros procesos de identificación de problemas y construcción de alternativas que se hacen desde instancias como el gobierno departamental y las CAR4; y que el desarrollo de grandes proyectos mineros está ocasionando un desplazamiento social y económico que en algunas ocasiones se acelera por la acción represiva de la fuerza pública, en una clara muestra de que la ley sobrepone los intereses de las mineras a los de las comunidades y de que la llamada “utilidad pública” se ha convertido en una figura jurídica que sirve de pretexto para privilegiar los intereses del gran capital.

También se puso de manifiesto que cada vez son más los campesinos que han sido arrojados por fuerza de la pobreza y la violencia a esta actividad en la que no tienen tradición ni vocación, para los cuales bastaría una oferta de desarrollo rural, posible a través de miles de hectáreas a disposición de la SAE y de los recursos para reparación de víctimas, aplicados con enfoque productivo. De manera unánime los asistentes identificaron la misma premisa: La solución al problema minero pasa por el logro de la Paz Total que gestiona el actual gobierno, pero a su vez constituye un ingrediente indispensable para alcanzarla.

Edición 798 – Semana del 8 al 14 de octubre de 2022

1 Senado de la República de Colombia. Comisión Accidental Especial “Para examinar y actualizar la política minera en Colombia”.

2 Planes de Ordenamiento Territorial. Atendiendo a la cantidad de población, otros municipios tienen Planes Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT, o Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT.

3 Provincias Administrativas y de Planificación PAP y Regiones Administrativas y de Planificación RAP.

4 Corporaciones Autónomas Regionales CAR.

   
 
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