Diálogos de gobiernos anteriores
con el ELN no tuvieron resultados

Gobierno Petro tiene la posibilidad de lograr este acuerdo de paz2

Colombia registra un conflicto armado entre el Estado y guerrillas insurgentes desde los años 60 sin que se produjera una victoria militar definitiva de alguna de las partes, de forma que desde los años 80 se realizan procesos en busca de su solución política. En este conflicto bélico lograron consolidarse y conseguir despliegues en distintas regiones las Farc – EP surgida en 1964, el ELN en 1965, el EPL en 1967 y el M-19 en 1970. El M-19 y el EPL junto con varias insurgencias regionales pactaron la paz en contribución a la Constituyente de 1991 que produjo una importante reforma constitucional democrática. Las Farc – EP pactó la paz en 2016 y su acuerdo implica medidas de democratización como la reforma rural, la reforma política y el estatuto de oposición, entre otras. Queda pendiente en el escenario posible y deseable de la solución política conseguir la paz por el Estado con el ELN, intentada por algunos de los gobiernos anteriores, pero no lograda por distintas circunstancias.

Por tanto, resulta conveniente ahora que ha sido elegido el gobierno progresista de Gustavo Petro revisar las experiencias de gobiernos anteriores y las posiciones del ELN ante la paz y las negociaciones entendidas, para tener valoraciones, acumulados posibles y propuestas fundamentadas. Y, por supuesto, analizar la posibilidad que cobra este proceso de paz, retomado con prioridad por la política gubernamental de Paz Total, que lo inscribe en el proyecto de cambio gubernamental sustentado en reformas democráticas y en el tratamiento hacia todos los actores y factores de violencia que implica la construcción integral de la paz.

Años 80: el ELN rechazó el proceso de paz
y propuso la humanización de la guerra

Los primeros diálogos y negociaciones de paz del Estado con las guerrillas insurgentes los realizó el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982 – 1986), quien formuló una política de paz y logró suscribir en 1984 acuerdos de cese al fuego bilateral, tregua bilateral y paz con las Farc – EP de una parte y con el EPL y el M-19, de otra. Este proceso tuvo impactos positivos con la expedición de una amnistía, el paso parcial de excombatientes a la vida civil, la suspensión temporal de hostilidades, el trabajo de una amplia Comisión de Paz de plural representación y participación de amplios sectores en diálogos y definición de propuestas para la paz. Sin embargo, la negativa de las élites del poder económico y político a apoyar reformas para la paz y desacato de la orden presidencial de cese al fuego por las Fuerzas Militares, provocaron las rupturas de estos acuerdos entre 1985 y 1987.

El ELN no aceptó participar de estos diálogos y acuerdos de paz con el gobierno por desconfianza en que se llegaran a soluciones favorables y señaló el riesgo al participar de ser objeto de ataques por el Estado. Sin embargo, en la región del Magdalena Medio un sector minoritario del ELN que hizo parte de la disidencia denominada Replanteamiento, decidió pasar a la actividad política legal, de forma que algunas de sus estructuras urbanas se adhirieron a los acuerdos de paz referidos. Esta situación explica que el gobierno de la época afirmó que el ELN había hecho parte de los acuerdos de 1984, hecho negado por su comandancia. Al respecto, John Agudelo Ríos, quien lideró estas negociaciones de paz, en calidad de presidente de la Comisión de Paz, las valora con alusión a dicha participación:

“…probamos que la paz era posible a través del diálogo. Mediante él logramos que Autodefensa Obrera (ADO) firmara la paz total y luego, incluso, desapareciera como movimiento armado. Gracias al diálogo, logramos que las Farc, el EPL, el M-19 y cinco de los nueve destacamentos que en esa época conformaban el ELN firmaran un cese al fuego que mantuvo la paz en muchas regiones del país por varios años y que evitó a la sociedad colombiana centenares y centenares de muertes. (…) la experiencia del gobierno Betancur sirvió a los gobiernos siguientes para derrotar a quienes creían que la vía de las armas era la única posible para imponerse frente a las insurgencias”. (Ríos, 2008, p.26)3.

El siguiente gobierno del presidente Virgilio Barco (1986 – 1990) con relación a la paz se negó al tratamiento político dialogado con las guerrillas, alentó la ofensiva militar contra ellas y amplió el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) –iniciado en la política de paz del anterior gobierno– en zonas rurales afectadas por pobreza y conflicto armado. El resultado fue la expansión de las guerrillas y el escalamiento de las hostilidades, de forma que, a finales de 1988, ante presión política y social y mensajes de las guerrillas proponiendo reanudar los diálogos, adoptó la política Iniciativa de Paz, que habilitó negociaciones de paz, dando lugar a un acuerdo de paz definitivo con el M-19 que acordó una reforma constitucional en el Congreso –cuyo proyecto se hundió– y al inicio de diálogos con EPL, PRT y MAQL que demandaron convocar una Asamblea Nacional Constituyente como fundamento para el logro de la paz. El ELN no compartió la propuesta de Constituyente, pero tuvo en los últimos años cierta apertura hacia propuestas políticas, la humanización de la guerra y temas de la agenda política ligados a su influencia en determinados sectores de la población, tres hechos ocurridos en 1987 dan cuenta de ello:

– Se creó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) con participación de todas las guerrillas y milicias insurgentes con una plataforma programática que incluyó conseguir “la solución política negociada del conflicto armado” con el Estado, lo cual comprometió al ELN en este consenso político.

– El ELN propuso un Convenio por la Humanización de la Guerra que asumió la CGSB en 1988 y el tema trascendió en el debate público.

– El ELN en respuesta a peticiones desde ámbitos políticos y sociales decretó una tregua unilateral con relación a los sabotajes que realizaba contra los oleoductos, a la vez que hizo propuestas políticas: crear un Consejo Nacional Petrolero, abolir los contratos de asociación con las multinacionales y congelar las tarifas de los combustibles en beneficio de la población.

En este marco, en 1988 de forma conjunta EPL y ELN enviaron una “Carta Abierta” a la Cumbre por la Convivencia Democrática realizada en Bogotá, en demanda de la paz, a favor de la solución política de la guerra, aunque afirmando que los sectores de poder y las FFAA la impedían:

“Estamos dispuestos a buscar una salida política ante la grave situación que vive el país (pero) ha sido torpedeada una y otra vez por las clases dominantes y sus fuerzas armadas (…) resulta inconcebible aceptar las precondiciones de desarme y desmovilización planteadas por el Gobierno, mientras persiste la guerra contra el pueblo” (EPL y UC ELN, 1988).

Y, en 1989, el ELN dirigió una carta pública al expresidente Alfonso López Michelsen abocando la discusión pública en aras de la regulación humanitaria de la guerra:

“…la confrontación que vive el país tiene arraigo en profundas causas sociales y políticas y se resuelve seguramente como un cambio en las relaciones de poder, hecho que no se vislumbra a muy corto plazo. Por eso es más sensato hablar de la humanización de la guerra. (…) Le planteamos, desde la otra orilla, desde la orilla de las fuerzas populares, que intervenga para que busquemos un acuerdo para humanizar la guerra, que acudamos a los tratados de Ginebra y al Protocolo de San José de Costa Rica, como fuente del derecho humanitario. La Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar” ha venido reiterando su voluntad de hacer un convenio por la vida”. (ELN, 1989).

Años 90: El ELN rechazó acuerdos de paz en el marco de la
Constituyente del 91 y luego propuso una Convención Nacional para la Paz

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente tuvo origen principalmente en tres factores: Fue demanda por la CGSB en 1989 por propuesta del EPL. Fue demandada por un movimiento estudiantil denominado Todavía Podemos Salvar a Colombia que promovió una votación simbólica a favor en 1990 que superó la conseguida para elegir al presidente Cesar Gaviria. Y, mediante fallo la Corte Suprema de Justicia dio viabilidad jurídica a la Constituyente, el cual definió su carácter autónomo y soberano, superando la restricción gubernamental en su carácter y alcance temático.

La convocatoria de la Constituyente trajo como consecuencia acuerdos de paz definitivos con el EPL –guerrilla que la había propuesto–, el PRT –milicia campesina de Montes de María– y el MAQL –autodefensa indígena del Cauca–, quienes tuvieron en virtud de estos acuerdos la designación de constituyentes y se reconformaron como organizaciones políticas. Las Farc – EP estuvieron de acuerdo con la convocatoria de una Constituyente, pero sin renunciar a su estrategia de guerra, mientras el ELN, aunque se opuso a la Constituyente y reafirmó su estrategia de guerra, en el marco de esta coyuntura de procesos de paz adoptó la consigna de convocar una Asamblea Nacional Popular, entendida como forma de “crear poder popular autónomo desde lo local”, en perspectiva de un gobierno revolucionario.

No obstante, las Farc – EP y el ELN le hicieron saber al Congreso Pre-Constituyente que convocó un importante número de organizaciones sociales que promovían la Constituyente, en 1990, del reconocimiento al significado y legitimidad conseguida por la Constituyente y de su interés de participación en ella, aunque sin comprometerse ante la posibilidad de la reforma del régimen político en sentido democrático a la renuncia a la lucha armada:

“…hacemos pública nuestra decisión de participar abierta y directamente en la Constituyente que rescata la soberanía del constituyente primario. Una constituyente soberana donde converjan las fuerzas vivas del país será el punto de partida a la solución de sus grandes problemas y para abrir la búsqueda de salidas políticas concretas al conflicto armado”. (Farc – EP y UC ELN, 1990).

Luego, en 1991, cuando sesionaba la Constituyente las Farc – EP y el ELN presionaron diálogos de paz con el gobierno Gaviria y propusieron ser escuchados en la Constituyente. El presidente Gaviria habilitó diálogos de paz en Caracas con estas insurgencias, a las que se agregó un sector minoritario del EPL en ruptura o disidencia con el acuerdo de paz:

“…el comandante Alfonso Cano (comandante de las Farc – EP) en al Acto de Instalación de los Diálogos de Caracas expresó lo siguiente: este elemento nos lleva a exponer tanto al Gobierno nacional como a la Asamblea Nacional Constituyente que, en el entretanto del desarrollo de estas conversaciones y en la aplicación del reglamento interno de la Constituyente, nos posibiliten asistir a una reunión plenaria para exponer nuestro pensamiento y en razón también de la imposibilidad de asistir a la que hemos sido obligados”.(CGSB, 1991a).

El gobierno respondió negativamente a la petición de estas guerrillas a asistir con una delegación a la Constituyente, alegando que el reglamento solo lo habilitaba para las guerrillas que tuvieron un proceso de paz avanzado con el Estado de cara a un acuerdo de paz definitivo:

“…el Gobierno estima que solo cuando exista una inequívoca decisión de la guerrilla de hacer dejación de las armas mediante su incorporación decidida y definitiva a un proceso que conduzca a la paz, podrían producirse las medidas de tipo jurídico que posibiliten la presencia de la guerrilla…” (Humberto de La Calle Lombana, 1991).

Entonces, de manera paralela al desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente las Farc – EP, el ELN y el sector minoritario del EPL adoptaron el discurso de persistir en la lucha revolucionaria, señalaron de traición al propósito revolucionario a los acuerdos de paz del M-19, EPL, PRT y MAQL y anunciaron una estrategia hacia el logro de un “gobierno democrático popular” que adoptara un programa de reformas, que ventilaron en sus diálogos de paz y lo dieron a conocer a la Constituyente:

“…esta propuesta como una salida a la paz para un nuevo gobierno nacional democrático y popular. A su vez, es nuestra propuesta para una nueva constitución, la cual contempla cuatro grandes temas: 1. Desmilitarización de la sociedad (…) 2. Un nuevo orden económico social (…) 3. Democratización nacional (…) 4. Soberanía, autodeterminación y política exterior independiente…” CGSB, 1991b).

En estas circunstancias, el M-19 mediante participación en las elecciones y el EPL, PRT y MQL tuvieron participación con delegados en la Constituyente, de forma que se proyectaron desde allí como vertientes políticas de izquierda, mientras se desarrollaron diálogos de paz con las Farc – EP, el ELN y el sector disidente del EPL en Caracas, Venezuela, en 1991, y en Tlaxcala, México, en 1992, sin resultados finales. A la vez, el intenso debate político sobre la opción de la paz, las transformaciones posibles con la Constituyente del 91 y, de forma más general, el que se precipitó en lo interno e internacional el derrumbe de la URSS y de los demás regímenes del “socialismo real” en Europa Oriental, conllevaron a una ruptura al seno del ELN, de forma que un sector de composición más política que militar –principalmente proveniente de la anterior agrupación MIR PL– que se había unido al ELN, se escindió de esta insurgencia como disidencia o fracción autónoma, bajo la denominación Corriente de Renovación Socialista (CRS). La CRS adoptó el diálogo y la negociación de paz entre 1993 y 1994 con el gobierno Gaviria y suscribió un acuerdo de paz definitivo, que le posibilitó la participación como agrupación política con acceso a dos curules en el Cámara de Representantes del Congreso.

Posteriormente, el ELN bajo el gobierno Samper (1994 – 1998), insistió en la propuesta de humanización de la guerra en medio del agravamiento de la situación humanitaria por violaciones cometidas por el Estado, en gran medida por los paramilitares y también por las guerrillas y propuso desde 1996 la convocatoria, mediante acuerdo con el gobierno nacional, una gran Convención Nacional. Entendida como proceso de amplia participación plural de sectores de la sociedad, desde lo regional a lo nacional, para consensuar las transformaciones requeridas para la paz. Las guerrillas tendrían participación en este proceso que conduciría a la paz definitiva.

En tal perspectiva, designó a sus comandantes del Comando Central Francisco Galán y de la Dirección Nacional Felipe Torres, ambos en la cárcel, como voceros para diálogos de paz no solo con el gobierno sino hacia sectores de la sociedad y acompañantes de la comunidad internacional. El gobierno Samper inició contactos exploratorios con el ELN en 1995 que se estancaron al momento por el asesinato en estado de indefensión por parte de efectivos estatales de los comandantes de esta guerrilla Rafael de la Dirección Nacional y Aicardo, de esta guerrilla, cuando se trasladaron para los diálogos de paz a Bogotá. Situación que incidió llevó a una declaración pública del comandante del ELN, el sacerdote Manuel Pérez, con una propuesta inicial en el tema de la humanización de la guerra:

“… es necesario llegar a un acuerdo sobre el significado y alcance de algunos de sus términos y categorías que se utilizan en dichos documentos (con referencia al Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo II adicional a ellos)”. (Pérez, 1995, p.185).

De otra parte, ante la crisis de este gobierno por la investigación que se le hizo por denuncias de financiación de su campaña electoral con dineros del narcotráfico, el ELN en 1996 propuso realizar la Convención Nacional “para definir un nuevo gobierno”:

“…en medio de la crisis política que afrontaba el gobierno del presidente Samper, (el ELN) propuso la realización de la Convención Nacional. (…) para conformar un nuevo gobierno que conduzca al país por los caminos de “la democracia, la justicia social y el desarrollo” que permita superar la crisis política” (Zuluaga, 2007, p.19).

Se sumó a mediados de los 90 la relevante emergencia de un fuerte movimiento social por la paz, que tuvo su principal impacto con la realización del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, que consiguió en 1997 diez millones de votos de respaldo, muy superiores a los conseguidos entonces por la elección presidencial. El ELN fue receptivo y sostuvo diálogos con las expresiones de este movimiento de paz, que levantó ante las partes en conflicto armado exigencias de respeto humanitario a la población.

Samper se logró mantener en el gobierno y mantuvo contactos e intercambios discretos en algunos temas con el ELN. Y, en 1998 Gobierno y ELN lograron un preacuerdo en Viana, España, que contenía la propuesta de la Convención Nacional y compromisos humanitarios, que se frustró por haberse filtrado públicamente ante de ser validado por cada una de las partes. Sin embargo, con facilitación de la Iglesia Católica el Consejo Nacional de Paz –sin participación del gobierno– y el ELN suscribieron luego el Acuerdo de Puerta del Cielo, en Mainz, Alemania, ese año, cuyo contenido coincidió en lo fundamental con el anterior preacuerdo (Fucude, 2009, pp. 275 – 278).

“…en el Acuerdo de Puerta del Cielo se ratifica la convocatoria de la Convención Nacional, entendida como “un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de los representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que en él participen. (…) y se propone que se estimulen espacios preparatorios sectoriales y regionales” (Zuluaga, 2007, p.20).

Al final de su mandato el gobierno Samper designó una Comisión Exploratoria de Paz –comisionados José Noé Ríos y Daniel García-Peña–, que propusieron un Acuerdo Marco para iniciar un proceso de paz con las Farc – EP y el ELN que no llegó a prosperar (Fucude, 2009, pp. 280 – 291). Durante el siguiente gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998 – 2002) cobró fuerza la dinámica del proceso de paz alentada por la exigencia del movimiento de paz referido, de forma que el ELN tuvo garantías para sus voceros desde la cárcel, se facilitó la conformación de un Comité Preparatorio de la Convención Nacional, actuó una Comisión Facilitadora Civil, se realizaron reuniones del Consejo Nacional de Paz y se contó con acompañamiento de un Grupo de Países Facilitadores. Sin embargo, se produjeron tres obstáculos para la posibilidad del proceso de paz con el ELN: La prioridad del gobierno para la negociación con las Farc – EP que lo llevó a desestimar al ELN. El incremento de las graves violaciones e infracciones por las partes. Y la ofensiva militar, paramilitar y de sectores opuestos a los diálogos de paz contra la Zona de Encuentro en Sur de Bolívar para las conversaciones de paz con esta guerrilla.

En 1998 el Alto Comisionado de Paz Víctor G. Ricardo logró un acuerdo con el ELN en el municipio San Francisco, Antioquia, con presencia del Embajador de España Yago Pico, del delegado del CICR Pierre Gassmann y se habilitó la asistencia a la zona guerrillera de los voceros en la cárcel de esta guerrilla Francisco Galán y Felipe Torres, de forma que el ELN reiteró su propuesta de convocatoria de una Convención Nacional. Pero el atentado de Machuca, realizado poco tiempo después, con graves consecuencias humanitarias para la población local, llevó al gobierno a suspender el diálogo. Además, de conjunto, el proceso de paz con las Farc – EP y con el ELN, entraron en crisis y terminaron en rupturas, en una situación donde predominan las dinámicas militares ante las políticas. El gobierno convirtió el Plan Colombia propuesto para la paz en un Plan Militar ofensivo con apoyo y participación de EE. UU., a la vez que se acentuaron las matanzas paramilitares contra población campesina de zonas de presencia guerrillera, y las Farc – EP y el ELN desplegaron ofensivas militares significativas.

Gobierno Uribe: rechazó negociación política con las guerrillas,
consensuó con el ELN un Acuerdo Base, pero no lo ratificó

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002 – 2006 y 2006 – 2010) negó la existencia del conflicto armado al que calificó de “amenaza terrorista” y negó los procesos de paz con las guerrillas insurgentes, de forma que equiparó a guerrillas y paramilitares, exigiéndoles ceses al fuego unilaterales como condición para dialogar su entrega a procesos de desmovilización y desarme, con garantías de reinserción y sometimiento a la justicia de implicados en graves violaciones. Sin embargo, ante esta política inviable para un proceso de paz con la insurgencia por iniciativa del ELN este gobierno sostuvo ocho rondas de diálogos exploratorios de paz Gobierno-ELN en La Habana, Cuba, entre 2005 y 2007, con acompañamiento de España, Noruega, Suiza, Cuba y Venezuela.

El académico Carlos Medina interpreta que el ELN internamente desarrolló un proceso de politización con referentes como su relacionamiento con movimientos sociales y civiles por la paz, que lo llevaron en 2003 a adoptar la consigna “parar la guerra para construir la paz”. Flexibilizó su anterior rechazo a la acción política legal y los procesos electorales, de manera que reconoció la aparición de gobiernos locales “alternativos” con participación de vertientes de izquierda y democráticas, hecho además conectado con la elección de gobiernos alternativos en varios países de la región con tal tipo de alianzas. De allí, se aproxima a procesos electorales en las zonas donde tenía presencia. Sin embargo, esta evolución del ELN hacia lo político entra en tensión con su discurso estratégico insurgente, lo cual explica Medina, lleva a la tensión entre los dos discursos, el que unifica el compromiso militante revolucionario y el que evoluciona externamente hacia la política que se relaciona con la opción por la paz (Medina, 2013, pp. 58 – 63).

“La tensión entre el discurso interno (unificador) y el externo (legitimador) no es de fácil asimilación y le crea al ELN problemas en lo interno y lo externo. Esa dualidad de discursos (no ambigüedad de sentido), un discurso va permeando al otro, generando una doble tensión de credibilidad…” (Medina, 2013, pp.59-60).

En estas circunstancias, en 2005, con apoyo del Grupo de Garantes Ciudadanos surge un punto de apoyo al diálogo de paz, la llamada Casa Paz en Medellín, de manera que se acuerdan las rondas de diálogo exploratorio en Cuba, que en 2007 llegaron a tener la mediación del presidente de Venezuela Hugo Chávez. El comandante del ELN Antonio García en la instalación de estos diálogos en La Habana, en diciembre de 2005, propuso un nuevo enfoque de los acuerdos de paz hacia la superación de las causas del conflicto y reiteró la propuesta de la Convención Nacional:

“Somos enfáticos en señalar que se requiere construir un nuevo diseño de proceso de paz que apunte a desactivar de fondo, las causas esenciales del conflicto que vivimos. (…) La injusta estructura social que acrecienta la pobreza y acentúa la desigualdad social. El sistema político que bloquea e impide la participación de las mayorías en el Gobierno, de sus destinos y una economía que siempre favorece al gran capital. Por tanto, un proceso de paz real deberá conducirnos a producir cambios estructurales en el ámbito social, político y económico” (García, 2005, p.71).

El Gobierno Santos avanzó en la negociación de paz con el ELN, el Gobierno Duque la suspendió y el Gobierno Petro la retoma con mayor margen de posibilidad

El gobierno Santos (2010 – 2014 y 2014 – 2018) y el ELN con lentitud desarrollaron una exploración discreta de forma que en 2014 informaron sobre consensos para la agenda de negociación en temas de participación de la sociedad en el proceso de paz y de compromisos con los derechos de las víctimas, contando con la facilitación de Ecuador, Brasil, Noruega y Chile. Al momento avanzaba la negociación con las Farc – EP hacia consensos finales, por lo cual no lograron converger estos dos procesos de paz. En 2017 se logra el acuerdo Gobierno-ELN sobre agenda temática y metodológica dado a conocer en Caracas, Venezuela, dando lugar al inicio de la negociación en Quito, Ecuador, que luego se trasladó a La Habana, Cuba, hasta mediados de 2018 con resultados parciales hasta que concluyó el gobierno Santos.

La particularidad de la negociación avanzada con el gobierno Santos fue la siguiente: La Agenda Gobierno-ELN incluyó los siguientes puntos: 1. Participación de la sociedad. 2. Democracia para la paz. 3. Víctimas. 4. Transformaciones para la paz. 5. Seguridad para la paz y dejación de las armas. 6. Garantías para el ejercicio de la acción política. El punto 1 tuvo desarrollo en lo fundamental, se consensuó un documento de acuerdo no solo entre las partes sino con organizaciones de amplios sectores de la sociedad, de forma que se estableció no solo las consultas en el desarrollo de toda la agenda sino la participación incidente y decisiva de la sociedad en los acuerdos progresivos que se consigan. Sobre el punto 5 se adelantó por su prioridad el tratamiento de asuntos humanitarios en las regiones, con avances en demandas y acuerdos humanitarios en Chocó y Nariño. Se aplicó un cese al fuego de tres meses supervisado por la ONU y la Iglesia Católica con resultados exitosos. Y se siguió contando con los buenos oficios de los países referidos.

El siguiente gobierno del presidente Iván Duque (2018 – 2022), del partido Centro Democrático, con coalición de vertientes de extrema derecha y derecha, bajo liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, tuvo la posición de oposición al Acuerdo Final de Paz con las Farc – EP y de suspensión del proceso de paz que se traía por el anterior gobierno con el ELN. Con relación a esta guerrilla el presidente Duque en su discurso de posesión anunció que en 100 días entregaría una propuesta sobre el proceso de paz adelantado, la cual se redujo a dos tipos de exigencias, una inviable: exigirle al ELN “dejar de realizar acciones delictivas e ilegales”, pues chocaba con la naturaleza de organización rebelde o insurgente ante el Estado, situación a resolver precisamente con un posible acuerdo de paz. La otra, exigencia al ELN de suspender determinadas infracciones al DIH, razonable, pero que asumió con un manejo de instrumentalización política, desconociendo los avances de esta guerrilla en tal sentido y focalizándose en la persistente denuncia en las infracciones que en que pudiera incurrir. Y en enero de 2019, ante un ataque del ELN contra la Escuela de Policía en Bogotá, DC, con efecto terrorista y víctimas causadas, suspendió definitivamente este proceso de paz. Incluso, adoptó posiciones oficiales contrarias al derecho internacional: pretendió retener y encarcelar a los delegados del ELN en las conversaciones de paz y declaró colaboración al terrorismo los buenos oficios a favor de la paz brindados especialmente por Cuba y Noruega4.

El presente año, 2022, marca un giro político de alto impacto en Colombia, representado en la elección por primera vez de un gobierno de coalición de izquierdas, movimientos sociales del ámbito popular y expresiones políticas democráticas, con la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Gobierno que adopta un programa de reformas progresistas, de manera que toma con centralidad la política de conseguir una “Paz Total”, que incluye aplicar el acuerdo con las Farc – EP, retomar el proceso de paz con el ELN, con las fracciones guerrilleras disidentes o resistentes al acuerdo de paz con las Farc – EP y superar con mecanismo jurídicos de alivios penales los factores de violencia socio política y los asociados a las mafias asociadas con expresiones paramilitares y economías ilegales que mantiene poderes y controles significativos en diversos ámbitos institucionales.

En tal perspectiva, a solo cuatro días de tomar posesión, el pasado 11 de agosto de 2022, el gobierno Petro retomó el proceso de paz con el ELN con la realización de reuniones en La Habana con el Gobierno de Cuba y con la delegación presente allí del ELN. Su comisionado de paz Danilo Rueda, junto con el Canciller Álvaro Leyva y el senador presidente Comisión de Paz Iván Cepeda, lideran la retoma de este proceso y de acciones hacia el logro de la paz o del acogimiento a la justicia con otros actores ilegales no de carácter insurgente5. En una Declaración el gobierno colombiano presentó a través del canciller Leyva excusas al Estado cubano por el atropello cometido contra su país por el anterior gobierno colombiano, manifestó aceptación de los protocolos firmados con los países garantes y agradeció a Cuba, Noruega y a otros países y organismos internacionales por su apoyo a la paz en Colombia. De otra parte, reconoció el carácter de representación política a la delegación del ELN presente en Cuba y le expresó garantías para retomar las conversaciones de paz, desde el punto de avance conseguido con el anterior gobierno Santos.

En consecuencia, el gobierno Petro anunció el pronto reinicio de los diálogos. El comisionado de paz Danilo Rueda declaró el reconocimiento de la delegación del ELN y el otorgamiento de garantías jurídicas para su desempeño: “…se reconocerá la legitimidad de la delegación de diálogos del ELN que se encuentra en Cuba y se adoptarán todas las medidas políticas y jurídicas, en el marco del derecho interno y el derecho internacional, para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones”6.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez oficializó la disposición de su país para continuar colaborando con el proceso de paz colombiano: “…para el logro de la anhelada paz en Colombia”. Igualmente, se pronunció Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, con entrega de un saludo público de reconocimiento a los esfuerzos por parte del gobierno Petro para retomar el proceso de paz en Colombia.

Por su parte, los comandantes del ELN Antonio García y Pablo Beltrán han dado declaraciones a los medios de prensa internos e internacionales favorables al reinicio del proceso de paz7. Pablo Beltrán declaró a la prensa internacional desde La Habana que avanzaban en preparativos para reanudar conversaciones, de parte del ELN, “rehacer la delegación de diálogo” y esperan que el gobierno conforme su equipo de negociación. Producto de ello, la anterior semana se oficializó la instalación de la mesa de conversaciones en Caracas, Venezuela, con un comunicado que ratificó la validación de los anteriores avances en la negociación y la proyección de su retoma desde el próximo mes de noviembre.

La negociación con el ELN: el hecho de mayor
relevancia política de la aplicación de la política de Paz Total

El gobierno Petro prepara la creación de un Ministerio de Paz y Convivencia, concibe la paz como el desafío de superar problemáticas sociales de desigualdad y exclusión y proyecta un cambio en el modelo económico con énfasis en el acceso a derechos de la población, superación de inequidades y transición del extractivismo a productividades rurales y urbanas en consecuencia con presupuestos de preservación territorial poblacionales y ambientales. En particular para la negociación con el ELN expresó a los países que venían como garantes la invitación a continuar con tal apoyo, incluida Venezuela con quien restableció las relaciones diplomáticas rotas a todo nivel desde hace varios años, a la vez que el presidente Petro propuso al presidente Nicolás Maduro que su país sea de nuevo uno de los países garantes. Por su parte, los presidentes de Chile y España en reuniones con el presidente Petro han ofrecido sus apoyos si se requieren para facilitar o servir de sede en los diálogos de paz.

El gobierno informa que más allá del proceso de paz con el ELN una decena de agrupaciones armadas ilegales, incluidas las disidencias o expresiones de permanencia de fracciones guerrilleras opuestas al acuerdo de paz con las Farc, así como estructuras provenientes del paramilitarismo y asociadas a economías ilegales y reconocidas redes de estructuras delincuenciales de alto impacto, han declarado disposición a cesar sus actividades bien de hostilidades o bien de acciones violentas frente a la sociedad en distintos territorios y entrar en contacto con el gobierno para llegar a acuerdos ante las opciones brindadas por la política de paz total.

Este reto de asumir una especie de “negociación en paralelo” al buscar superar de forma diferenciada pero simultánea tanto el conflicto armado como los distintos factores de violencia organizada, es motivo de desarrollos que urgen en la formulación de estas políticas de paz, seguridad y tratamiento de la criminalidad, de revisión y adecuación de sus necesarios marcos legales y jurídicos diferenciados y de un explicable debate nacional que ha puesto de nuevo en la agenda pública esta temática.

“De nada sirve lograr un proceso con el ELN, si no se ha resuelto el problema de las disidencias o los paramilitares, porque esos dos llenarían los vacíos de poder que deje la guerrilla. El gran reto será negociar con los distintos grupos casi en paralelo y, además, implementar el Acuerdo con las Farc”8.

Además, si bien se expresan mejorías en políticas de tratamiento con el gobierno actual de la crisis en derechos y humanitaria su impacto y dimensión es grave y registra continuidad de sus expresiones. El jefe de misión del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi ha expresado: “…hay una porción del país que está siendo más y más afectada por los conflictos, como el Pacífico, Cauca, Putumayo, Caquetá y Guaviare, (...) también en los territorios de frontera como Arauca, Norte de Santander, el sur de Bolívar, Antioquia”9. “Analiza que desde 2017 se presenta incremento del desplazamiento forzado y de otras infracciones al derecho humanitario en estas regiones, (…) confinamiento, víctimas de artefactos explosivos o ataques contra los servicios proveedores de salud…”10.

La inteligencia militar afirma que el ELN tiene al menos unos tres mil efectivos en sus estructuras guerrilleras y otro tanto en redes de apoyo, con presencia en al menos 165 municipios de 21 departamentos. Informes académicos y de ONG de derechos humanos reconocen que ante la incapacidad estatal de recuperar territorios en poder de las Farc – EP antes de su acuerdo de paz, éstos son copados por el ELN o por agrupaciones narco-paramilitares como las AGC. Desde años antes el Consejo Nacional de Seguridad ha reconocido la vigencia de expresiones de conflicto armado y existencia de varios Grupos Armados Organizados (GAO), que cumplen con los requisitos del Protocolo II para ser reconocidos como actores en el marco del conflicto, en especial el ELN, única guerrilla insurgente del orden histórico y presencia nacional que no ha suscrito un acuerdo de paz definitivo.

Pero este panorama actual no significa que el proceso de paz referido sea asunto fácil, tiene la complejidad que han tenido todos los acuerdos que buscan el duro tránsito de la guerra hacia la posibilidad de la paz. De hecho, también en sus declaraciones públicas comandantes del ELN han expresado desacuerdos con la política de Paz Total, expresan reserva ante la relación del tratamiento a la superación del conflicto bélico con el tratamiento de factores de delincuencia organizada. Han calificado de “fracaso” al acuerdo de paz con las Farc, tanto por diferencias con su contenido como por las inconsecuencias del pasado gobierno con su implementación. Manifiestan desconfianzas vigentes ante instancias estatales y del gobierno actual. y el ELN hacia un “cese bilateral de las hostilidades y la implementación simultánea de lo que se vaya acordando”. Así, por ejemplo, Pablo Beltrán ha expresado que: “…la política de “paz total” es de buena voluntad, pero tiene mucho el sesgo de pacificación y deja de lado el asunto de hacer acuerdos para resolver problemas estructurales que generan el conflicto”11.

También desde sectores de opinión y de poder se expresan consideraciones críticas y desconfianzas con relación a las posibilidades de este nuevo proceso de paz. Así, un editorial del diario El Espectador expresa exigencias anticipadas al ELN para que de lograrse acuerdos de paz estos comprometan de forma integral a su militancia: “La delegación del Gobierno debe pedirles a los negociadores del ELN pruebas de que, en efecto, representan la voluntad de todo el grupo. No podemos correr el riesgo de que haya tantas disidencias como ha ocurrido con el acuerdo con las FARC”12.

Por su parte, en una nota editorial de El Tiempo, el diario de prensa de mayor impacto nacional, se afirma de manera falsa que “desde 1990 todos los gobiernos lo han intentado, sin éxito, de una u otra manera”, con relación al proceso de paz con el ELN, señalando de manera absoluta y unilateral la responsabilidad del no logro a esta guerrilla, lo cual choca con los hechos antes analizados. Si bien el ELN ha sido la última guerrilla insurgente en adoptar una política de paz y disponerse a negociaciones al respecto con los gobiernos en representación del Estado, las circunstancias analizadas en cada proceso muestran problemáticas tanto gubernamentales como de las guerrillas en cada caso y con frecuencia diferenciadas.

Por lo pronto, con alta expectativa interna e internacional, el gobierno de Gustavo Petro asume un desafío complejo e inmenso, con su propósito de cerrar la guerra interna, superar la violencia sociopolítica y la violencia social sistemática y masiva de la delincuencia organizada. La intervención reciente del presidente Petro en la Asamblea General 77ª de la ONU dejó en claro “la posibilidad de un cese multilateral del fuego como inicio del fin de la violencia”. Por supuesto, en el marco del inicio de negociaciones simultáneas complejas y diferenciadas, tanto de acuerdos de paz como de acogimiento a la justicia. En un ambiente que con tal perspectiva se empieza a tornar favorable para la defensa de la vida, las garantías de participación de la ciudadanía y la recuperación de forma integral de los compromisos con la paz. Así, Colombia tiene ahora un desafío frente al mundo: dejar de ser el país más afectado por las guerras y las violencias desde distintos factores en este continente y unos de los más afectados en el mundo, para convertirse en “potencia de la vida” y gestante de una paz democrática duradera.

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