La paz total en construcción:
aportes para una discusión

Preámbulo

Todo acto de gobierno debe estar precedido de una norma, de una teoría y amparado en una ley; al igual que se supone que todos los actos humanos deban tener una explicación, para ser comprendidos y admitidos socialmente; a este desiderátum no escapa hacer la Paz Total, sin embargo hacer la paz es un mandato constitucional que no admite controversia, pero hacerla con todos los actores del conflicto armado y generadores de violencia criminal al mismo tiempo, ha destapado una caja de pandora, no de la que salen los males del mundo, sino las más diversas opiniones, desde las más serenas y sensatas hasta las más disparatadas.

Todo porque la iniciativa presidencial de la Paz Total nos ha tomado por sorpresa, y sin que hubiese un texto que la explicara, lo que ha permitido que deba abrirse paso al mismo tiempo que se la escribe, en medio de lo que algunos personajes cercanos al gobierno llaman “caos creativo”; pero que en el fondo permite la democratización y una amplia participación en la elaboración y diseño de la política de paz total; dicho de un modo más coloquial “sobre esto está opinando hasta el gato”, lo que no es malo porque hace posible sopesar la opinión de académicos, de políticos, de las partes involucradas, de legisladores, de generadores de opinión y también de “il popoli barbari” (los pueblos bárbaros).

Sin embargo, esta discusión constructiva requiere rigor y claridad en el uso de conceptos, que sin ellos la imprecisión y el yerro alcanzan grandes proporciones. El presente artículo está orientado en la dirección de aportar algunos elementos teóricos y de constatación empírica que pueden ser útiles.

¿Qué es?

La Paz Total, ha irrumpido en nuestras vidas en manera contundente e inesperada. Mucho se habla de ella, pero poco se la comprende. Pero no podía ser de otra manera porque el concepto y la “idea” está en construcción, de modo que sentar cátedra o pretender decir la última palabra sobre ella, además de un atrevimiento, es una necedad.

Para contribuir en la discusión de este asunto conviene acudir al rigor de los términos y los conceptos que se utilizan al momento de explicarla; máxime cuando no existe un texto comprensible sobre la misma, salvo las tesis de la Paz Perpetua2 publicadas por Immanuel Kant en 1975 con las que algunos desapercibidos pretenden confundir, lo que existe es un proyecto de ley3 para reformar leyes existentes e introducir algunos nuevos elementos, que en el texto la hacen lucir como compleja y farragosa.

Sin embargo, con el fin de contribuir a su esclarecimiento, creo que es conveniente dilucidar algunos conceptos relativos a la Paz Total que hoy generan confusión y no pocas polémicas que pueden ser inútiles, porque emborronan aún más lo poco que hay escrito y opacan la comprensión.

Los conceptos a los que me refiero son definiciones que se aplican sin ningún rigor a los actores intervinientes en la Paz Total. Con frecuencia se les llama disidentes a todos los que se mantienen alzados en armas y utilizan el nombre de Farc con la pretensión de legitimación y reconocimiento.

Pues bien, para caracterizar a los actores del conflicto armado interno conviene ir un poco más allá de la definición establecida por el Derecho Internacional Humanitario, que considera como “partes del conflicto armado no internacional”4 a las fuerzas irregulares no estatales, organizadas bajo un mando responsable, con capacidad de desarrollar operaciones militares concertadas y sostenidas y con una presencia territorial ostensible; para mirar cual ha sido la participación de cada actor en el conflicto armado y desde allí determinar el lugar y tratamiento que merece recibir por parte del Estado legítimo y legal.

No son solo los hechos bélicos, “lo que hace”, lo que define a un actor; también su génesis, sus reclamos, sus postulados y su comportamiento en la historia. De este modo tendremos mayores argumentos y herramientas al momento de calificar a un actor que la que nos ofrece el DIH.

El siguiente cuadro ilustra sobre las dimensiones de los distintos actores del conflicto armado interno y de generación de violencia, y sus incidencias en el territorio nacional.9

Sobre la caracterización de los actores

La insurgencia: Reconocer o caracterizar al ELN como una organización insurgente, resulta incuestionable, toda vez que esta organización guerrillera surgió como un alzamiento de ciudadanos, que se declararon en rebeldía contra el Estado y sus autoridades, con la pretensión de ser germen de un ejército popular capaz de derrotar a las Fuerzas Armadas del Estado, con el fin de derrocar al gobierno, tomar el poder y construir una nueva sociedad.

La anterior caracterización no solo está referida a los momentos fundacionales de este movimiento político armado, su naturaleza política se ha podido constatar a todo lo largo de su historia, tanto en sus actuaciones militares como en su discurso político e ideológico; situaciones que han sido constatadas por los gobiernos anteriores de los gobiernos de Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, con quienes sostuvo procesos de diálogo para la búsqueda de la paz mediante un acuerdo político.

No obstante, en conflictos armados prolongados ocurren fenómenos de degradación del conflicto por las prácticas que las partes terminan utilizando, como ha ocurrido en Colombia produciendo hondas desgarraduras principalmente a los civiles no intervinientes en la confrontación. Así, las partes terminan por desdibujar sus postulados políticos e ideológicos, credibilidad e importantes niveles de legitimidad mostrando otros perfiles que es conveniente examinar a la hora de caracterizar las partes.

El ELN históricamente ha mantenido un “deslinde categórico con el narcotráfico, asumido en esos términos desde 1989 en su primer Congreso Nacional”. Al respecto, recientemente en su condición de primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista dijo: “la política de deslinde categórico la mantenemos porque es parte de la esencia revolucionaria del ELN, referida a nuestros principios ideológicos políticos y morales, esa política no va a cambiarse sino a fortalecerse”10, incluso ha invitado a la Comunidad Internacional a constituir un mecanismo creíble de verificación11, para establecer la veracidad o no de los supuestos vínculos del ELN con el narcotráfico.

Sin embargo, pese a la férrea defensa del ELN del principio de no involucramiento con el negocio del narcotráfico, las autoridades judiciales han abierto procesos a personas del entorno del ELN, asimismo autoridades civiles en los territorios donde coincide la presencia del ELN con cultivos de coca, aseguran que el ELN si tiene vínculos con esa actividad, informaciones que también han sido suministradas por activistas de movimientos sociales territoriales.

Por estudios periodísticos independientes y de académicos reconocidos, han terminado por establecer que algunas estructuras guerrilleras del ELN además de cobrar un impuesto al gramaje, como se llama la tributación que deben hacer los productores de pasta básica de cocaína, cobran importantes sumas por otro tipo de servicios como los de brindar seguridad de pistas de aterrizaje, por dejar pasar los insumos para el procesamiento de cocaína, por dar seguridad a laboratorios en medio de las selvas; lo cual no los hace narcotraficantes aunque si los involucra con otros eslabones de la larga cadena de la actividad del narcotráfico; situación que en el marco del proceso de paz que se inicia se deberá esclarecer.

La propuesta del ELN de pedir que su conducta al respecto sea examinada por un mecanismo verificador, es un primer paso en la dirección correcta, toda vez que muy seguramente se requerirá que esta situación sea dilucidada en una Submesa, toda vez que el ELN no admitirá que las sindicaciones sean tratadas en la agenda común entre el Gobierno Nacional y esta organización.

Es evidente que el ELN en cuanto parte del conflicto es un actor con un estatus político reconocido, con quien se deberá resolver el conflicto armado mediante un acuerdo político, lo cual no obsta para que se abra también un diálogo jurídico frente al presunto involucramiento del ELN con actividades del narcotráfico.

La disidencia: El 10 de junio de 2016, Gentil Duarte comandante del Frente I de las Farc – EP, informó al país mediante comunicado público, que se apartaba de las decisiones de la Comandancia de Farc – EP y del proceso de diálogo y negociación que se estaba ultimando en la ciudad de La Habana; argumentando que el proceso era lesivo para los intereses y frente a los objetivos de la lucha histórica del movimiento fariano.

Tal decisión, solo puede ser considerada como un acto de rebelión al interior del movimiento insurgente, organización guerrillera que de por sí ya era rebelde, lo que constituye un fenómeno de “rebeldía dentro de la rebeldía”.

La organización insurgente Farc – EP y su dirigencia nacional investida de la autoridad y legitimidad que le otorgaban los estatutos y reglamentos internos, adelantó los diálogos y las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, de cara al país y a su misma organización, toda vez que la totalidad de las estructuras del farianismo estuvieron representadas en la Mesa de negociaciones, entre la que se encontraba el Frente I con la presencia directa del mismo Gentil Duarte haciendo parte del cuerpo de miembros representantes en las negociaciones, reconocidos como tales por el mismo movimiento insurgente, el Gobierno Nacional que debió expedir las órdenes de suspensión de captura y los salvoconductos para que pudiese estar en la mesa en la ciudad de La Habana; y por supuesto también de la Comunidad Internacional.

El proceso de diálogos y negociaciones de paz no se hicieron de espaldas a ninguna estructura, todas tuvieron conocimiento y pudieron hacer parte de las discusiones de la mesa mediante procesos de consulta democrática12, la que adquirió la mayor expresión con la convocatoria y realización de la X Conferencia Guerrillera, para aprobar o improbar los acuerdos de paz construidos en La Habana.

El magno evento del movimiento fariano, aprobó y acogió los acuerdos de paz, los que implicaba poner fin definitivo a la confrontación bélica con el Estado, a la disolución de las estructuras militares guerrilleras, a la creación de un movimiento político para hacer lucha política legal y sin armas, y a un proceso de dejación de armas y de normalización en la vida civil.

Las Farc – EP dejaron de existir política y jurídicamente en el momento que aprobaron el Acuerdo de Paz, y con la incorporación del Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 al cuerpo constitucional. Por ello no es posible pretender la existencia de unas Farc – EP, que fueron disueltas por determinación del Acuerdo de Paz y por la decisión democrática tomada en la X Conferencia.

Sin embargo, no es posible dejar de considerar la naturaleza política del acto de esa minoría rebelde al constituirse en disidencia, lo que no la legitima para resucitar una organización histórica como las Farc – EP y usar su nombre como si no hubiese pasado nada. Tampoco es posible ignorar que un número apreciable de quienes han retornado a las armas, lo han hecho frente al incumplimiento del Acuerdo, o a la lentitud en la implementación de este, y frente al temor de ser asesinados como ha venido ocurriendo.

Ahora bien, Ya hemos dicho que caracterizar una organización no solo implica revisar su historia, qué dice, su conducta, sino también que hace; lo que nos lleva a tomar en cuestión que la mayoría de las estructuras que hoy se cobijan con la bandera de la disidencia dirigida hoy por alias Iván Mordisco, están dedicades a actividades de narcotráfico y de otras economías ilegales, que distan de ser actividades altruistas y revolucionarias.

Por otra parte, el Comunicado 113 suscrito por el Alto Comisionado para la Paz y por la delegación del EMC de las Farc – EP, solo da cuenta del acto de la reunión exploratoria del gobierno con quien se autodenomina de ese modo, solo en la línea de texto donde se dice que “los delegados de la insurgencia expusieron sus propuestas iniciales”, puede inferirse que podrá haber una caracterización de actor político; que como ya hemos dicho en ningún caso podrá significar que se revive a las Farc – EP, o que se reabre la discusión del Acuerdo Final.

A todas luces, buscar el cierre del conflicto armado, obliga a superar los fenómenos de persistencia de las violencias, los retornos, los rearmes; mediante mecanismos que la ya están en la ley o que habrá que crearlos para ese propósito. Conviene entonces recomendar que a estas agrupaciones denominadas disidencias, se les dé un tratamiento político – jurídico, que corresponda a la doble connotación de su historia y su realidad actual.

No obstante, también conviene decir, que cualquiera que sea el tipo de “arreglo” con esta disidencia, deberá el Estado volcarse a los territorios en los que actúan y tiene influencia social, para ocupar el territorio con presencia eficaz, y con restitución de derechos y programas de choque que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

La resurgencia: Es un término aplicado en la hidrología que se define como la aparición repentina de un cauce de agua que se ha secado de manera natural14, que también se aplica a fenómenos sociales como el acontecido en Colombia con el regreso a las armas por parte de un grupo de ex – insurgentes que hicieron las paces, disolvieron sus estructuras guerrilleras y dejaron las armas.

Mal pueden ser llamados insurgentes, porque ya lo fueron y se reconciliaron con el Estado, o disidentes porque no disienten de una organización inexistente. Llamarlos resurgentes es lo que mejor los define, este término ya se utilizó en América Central en los años ochenta y noventa para caracterizar a las estructuras que se formaron de excombatientes que luego de dejar las armas retornaban a ellas; coloquialmente se les llamaba “recontras”, “recompas”; dependiendo de la procedencia originaria, o también se les denominaba “los rearmados”15.

Este fenómeno de retornados a la violencia tuvo una duración de 8 años, tiempo durante el cual los gobiernos del Frente Sandinista para la Liberación Nacional dirigido por Daniel Ortega y después el del partido Conservador presidido por Violeta Barrios de Chamorro, combinaron el garrote y la zanahoria hasta desmontar las resurgencias.

Las negociaciones implicaron reconocimientos políticos y el otorgamiento de favorabilidades judiciales y de participación política, así como también la implementación de planes de choque de favorecimiento social en comunidades donde estos resurgentes se apoyaban.

La historia nos recuerda el involucramiento de los Estados Unidos en el rearmamiento resurgente, por intermedio de un agente del Departamento de Defensa, el Coronel Oliver North16, quien con recursos de narcotráfico hiciera compras de armas a Irán para armar a la Contra nicaragüense. Este episodio es conocido como el Irán-Gate.

El caso colombiano al que nos referimos liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich y una veintena de excomandantes que lideraron las negociaciones de paz en la ciudad de La Habana, tiene unas connotaciones de carácter político que explican y ayudan a definir la naturaleza política de este actor, que se ha autodenominado la Segunda Marquetalia, habida cuenta que fueron empujados al rearmamiento por el incumplimiento del gobierno y el entrampamiento judicial que protagonizó un órgano del Estado como la Fiscalía General de la Nación en complicidad con un órgano de Estado de los Estados Unidos, la DEA.

En este episodio, al igual que en el de Nicaragua, los Estados Unidos terminaron involucrados como proveedores de dinero y drogas; para la adquisición de armas en Nicaragua, para reventar la paz en el caso colombiano.

Esta manera de “empujar” hacia la violencia a quienes hicieron la paz, no exonera totalmente de responsabilidades a los rearmados, pero si les confiere un carácter político como consecuencia que fue la reacción frente a la trampa, y los delitos de felonía y perfidia protagonizados por el Estado Colombiano.

Salta a la vista, que sin perjuicio que exista un diálogo jurídico del Estado con ellos, dado su involucramiento con el narcotráfico, se debe dar un tratamiento político a su rearmamiento, para buscar el retorno a la legalidad en la que ellos ya estuvieron.

La criminalidad organizada: El fenómeno expandido y extendido de usufruto de economías ilegales, por parte de grupos organizados para la comisión de delitos, entre los que destacan el procesamiento y tráfico de cocaína y otras sustancias psicoactivas, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando de mercaderías, el contrabando y robo de combustibles, el expolio de recursos naturales, el secuestro y la extorción, entre muchas otras conductas delincuenciales; las cuales en su desarrollo tienen un impacto en la vida y la libertad de las personas y comunidades apartadas donde el Estado es débil, o donde la presencia de las autoridades es insuficiente para contener la criminalidad y la violencia, tal como ocurre en la actualidad en los territorios de frontera, y en aquellas regiones que fueron dejadas por las otrora guerrillas de las Farc – EP, territorios que hoy son disputados entre organizaciones ilegales; generando con ello la percepción cierta de generalización y extensión en casi todo el territorio nacional de la criminalidad organizada.

La formulación de la Paz Total incluye a estas organizaciones criminales como actores de violencia, y como sujetos de paz toda vez que se pretende, que acaten y respeten la ley, que quienes hacen parte de estas organizaciones criminales, retornen a la legalidad y al seno de sus familias y comunidades, mediante la oferta de acatamiento de la ley a cambio de favorabilidades jurídicas y mecanismos para la normalización de sus vidas, la de sus familias y de las comunidades que las sufren o que eventualmente las apoyan.

La iniciativa de respeto a la Ley y acatamiento a la justicia, que ha de desarrollarse mediante un diálogo eminentemente jurídico liderado por el Gobierno, pero desarrollado por las autoridades de justicia; tiene además un componente social, habida cuenta que las organizaciones criminales han desarrollado territorialidad, han logrado cooptar o penetrar la débil institucionalidad local mediante la intimidación, el constreñimiento y la corrupción; circunstancias que derivan en formas de legitimidad, reconocimiento y apoyo de comunidades a estas organizaciones.

Este componente social para ser eficaz debe ser robusto y permanente, con el fin de cambiar estructuralmente las condiciones de vida de las gentes, al punto que la oferta de la delincuencia y la criminalidad sea superada por la del bienestar que genera la presencia y actuación del Estado social y de derecho y del desarrollo material y humano para todos.

Tendrá que hacer el Gobierno, aplicarse en la caracterización e identificación de estas organizaciones criminales, mediante el establecimiento de unos parámetros mínimos, haciendo la distinción entre organizaciones rurales y urbanas.

Cualquiera sea la circunstancia, las organizaciones criminales, en el proceso de acatamiento a la ley, deberán cumplir con una ruta de siete pasos fundamentales:17

1. Reconocimiento y acatamiento al imperio de la ley
2. Desmonte total de las estructuras ilegales
3. Reconocimiento de delitos
4. Entrega de armas y logística utilizada en las actividades criminales
5. Desvelamiento y entrega de rutas de tráfico ilegal
6. Entrega y legalización de bienes y capitales habidos ilegalmente
7. Reparación a víctimas

El Estado podrá ofertar además de las favorabilidades judiciales, las que solo operarán por una vez, la no extradición y pago de las penas privativas de la libertad en suelo colombiano.