Una política para
los acueductos comunitarios

En Colombia hay más de 10.000 acueductos comunitarios, entre urbanos y rurales, muchos de los cuales están articulados en una red que desde hace aproximadamente una década impulsa la adopción de una ley que les brinde garantías necesarias para su sostenibilidad y desarrollo. A través de un juicioso trabajo de sus equipos técnicos y luego de varios encuentros, mesas y audiencias, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios concertó una propuesta de articulado que presentó ante los ministerios de Ambiente y Vivienda, con el acompañamiento de algunos parlamentarios y del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, de las Naciones Unidas, con la pretensión de que el gobierno nacional lidere su aprobación.

Estas formas de organización comunitaria, que han sido fundamentales para garantizar el acceso al agua en amplios sectores de la ruralidad y de las márgenes urbanas, han sido afectadas no solo desde estrechos marcos legales que conciben el agua como negocio, sino también por las deficiencias en los Planes de Ordenamiento Territorial y en el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales, así como por las políticas de privatización y la contaminación de las fuentes, sin dejar por fuera el conflicto armado y la recurrente agresión a líderes, el desplazamiento forzado de amplias zonas rurales y el ataque a su infraestructura, especialmente con el uso de minas antipersona.

La iniciativa busca que se otorgue un tratamiento diferencial a los acueductos, que no se les defina como un modelo empresarial y que el Estado se relacione con ellos desde el acompañamiento más que desde la sanción; adopta una visión integral y sistémica del agua, con una gestión colectiva basada en la solidaridad y el trabajo comunitario, como un proyecto de participación ciudadana, de organización social de economía solidaria. Mientras la ley vigente acude al lucro como fórmula para la sostenibilidad y la atracción de la inversión, a la imposición de formas y cargas ajenas a las prácticas comunitarias, estos acueductos se conciben a sí mismos como organizaciones para contribuir en la satisfacción del derecho al agua y la conservación de territorios para la vida.

Desde esta propuesta, el agua debe ser administrada con enfoque de derechos, con garantía de acceso y el reconocimiento de un mínimo vital, lo cual pasa necesariamente por alianzas público – comunitarias que promuevan la corresponsabilidad y sean acompañadas por el gobierno como garante de los derechos humanos; en lugar de las Alianzas Público – Privadas, que se han convertido en la principal herramienta para entregar a particulares el control del recurso estratégico. Los acueductos, con sus dimensiones ambientales, de prestación de servicio y de impacto socio – económico, reclaman un régimen especial y un enfoque diferencial desde la gestión comunitaria, porque mantenerlos sometidos a la reglamentación ordinaria es asfixiarlos, dejar por fuera saberes y tecnologías propias y dificulta las inversiones que desde el sector público pudieran hacerse en su favor.

El objetivo es impulsar una política pública de gestión comunitaria del agua, el proyecto de ley que se radique puede ser general y abarcar todos los temas, lo cual exige una gran capacidad de movilización política; pero también puede ser progresivo y en varios frentes de gestión, como el Congreso, los ministerios y el propio Plan Nacional de Desarrollo en proceso de formulación, aprovechando su reconocimiento expreso de que el agua debe ser uno de los pilares en la planificación y ordenamiento del territorio. La Red logró esta vez la escucha atenta y el compromiso de apoyo de dos viceministros, dos senadoras y el superintendente se servicios públicos, además del respaldo ofrecido por otros parlamentarios representados en el evento y el compromiso de conformar una mesa técnica para concertar el proyecto y radicarlo prontamente para su trámite legislativo.

La iniciativa debería considerar el nuevo escenario que representa la ratificación de Escazú y alinear su trámite con la agenda global. En marzo del próximo año la ONU reunirá la conferencia mundial del agua, y a comienzos de noviembre próximo se realizará en Ginebra el foro preparatorio de la misma. El movimiento por el agua, y especialmente el de acueductos comunitarios, sugirió el relator, podría lograr los mejores impactos si conecta su agenda con estos eventos, activando oportunamente el debate parlamentario sobre su proyecto y poniendo al país de cara a este escenario internacional. Claro que, como lo advirtió una de las senadoras asistentes al evento, además de un buen articulado y del respaldo gubernamental y de bancada, el movimiento requerirá de toda su capacidad política y de presión sobre el Congreso, plagado de iniciativas e intereses proclives a la mercantilización del agua.