Avanza la Paz Total

La aprobación en Senado y Cámara del proyecto de ley 160 de 2022, que define la política de paz de Estado, trae consigo una serie de importantes y nuevas herramientas para que el Gobierno Nacional cumpla con el mandato de cambio, y con el desarrollo del derecho a la paz consagrado en la Constitución.

Para cumplir con esta tarea, se aborda por primera vez una noción distinta de paz, que comprende la seguridad humana, entendida como la protección de las personas, la naturaleza y los seres sintientes por medio de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza pública; y la paz total, definida como una política de Estado que busca el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Esta ley también genera el marco de relación del Estado con los diversos actores armados que existen en el país, y plantea un cambio sustancial en su tratamiento. Por un lado, establece la posibilidad de realizar diálogos de carácter político, y lograr acuerdos de paz, con grupos armados organizados al margen de la ley, sujetos bajo la dirección de un mando responsable y con control del territorio. Por otro lado, se permite el desarrollo de acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, comprendidas como organizaciones criminales organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, enmarcadas en patrones criminales que incluyen el sometimiento violento de la población civil y el desarrollo de alguna función en el ámbito de las economías ilícitas.

Para cada ruta de interlocución, se establece un final específico. Así, mientras que en el caso de los actores políticos se busca la realización de acuerdos de paz, en el caso de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se busca su sometimiento a la justicia.

1 – Articulación: Para el cumplimiento de la paz total se deberán vincular a las autoridades de todas las ramas y niveles del Estado. Esto representa un cambio fundamental con la noción de la paz negociada y concertada desde Bogotá.

2 – Instrumentos de planificación al servicio de la paz: El cambio en esta noción de la paz implica que en los planes de desarrollo de los niveles territoriales deberá incorporarse el cumplimiento de los acuerdos ya pactados y el logro de la paz, de la mano del desarrollo social y económico equitativo, la protección de la naturaleza y la integración de las regiones. No basta con incluir en un capítulo del Plan Nacional del Desarrollo a la paz, ésta debe estar presente en todos los planes departamentales, municipales, etc.

3 – La paz total como práctica del Estado: La incorporación de acuerdos parciales en la ley aprobada permite que el Estado pueda iniciar de forma inmediata la aplicación de políticas públicas orientadas a cumplir dichos acuerdos, lo cual contribuirá al fortalecimiento de las iniciativas ciudadanas a favor de la paz, que pueden evidenciar cómo los acuerdos se van llevando a cabo sin esperar al final de las negociaciones.

4 – Gabinete de paz: La definición por parte de todos los Ministerios de un componente de política pública de paz, y la obligación de articular estas políticas en el marco de un gabinete de paz, es una oportunidad ideal para profundizar la implementación de los acuerdos ya logrados y garantizar la puesta en marcha de los acuerdos que se puedan lograr.

5 – Regiones de paz: El establecimiento de las regiones de paz representa la oportunidad para la construcción de ésta desde los territorios. Al mismo tiempo, genera espacios y dinámicas para la participación de la sociedad civil, al fomentar ejercicios de veeduría ciudadana y una delimitación geográfica de los espacios en los que iniciarán los acercamientos entre actores.

6 – Comisionados de Paz Regionales: La creación de la figura de Comisionados de Paz Regionales permite poner en perspectiva territorial el desarrollo de la paz total, en tanto que éstos podrán dialogar con la comunidad y facilitar la consolidación de los acuerdos alcanzados. Estos Comisionados podrán viabilizar la interlocución de las organizaciones sociales con el Gobierno, pero también articularán con los Consejos de Paz, los Comités de Justicia Transicional, y otras expresiones participativas de la sociedad civil.

7 – Asistencia humanitaria: Las organizaciones humanitarias que brinden protección y asistencia humanitaria podrán sostener contacto con grupos armados con fines exclusivamente humanitarios, contribuyendo al desescalamiento del conflicto y a la protección de la población civil bajo criterios de imparcialidad.

8 – Servicio Social para la Paz: Con la nueva ley, se crean alternativas graduales y progresivas para la prestación del servicio militar, con una duración de 12 meses y un total de once nuevas modalidades, que incluyen la alfabetización digital, el trabajo con víctimas, la promoción de la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, la protección de la naturaleza, el cuidado de personas en condición de discapacidad, la reforma rural integral, la protección del patrimonio cultural de la Nación, y la promoción en educación de gestión del riesgo y cambio climático, entre otras.

9 – Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas: Se propone la creación de este programa por 12 meses, para que cualquier persona entregue al Ministerio de Defensa armas de fuego o municiones para ser inventariadas e inutilizadas, bajo una reglamentación que deberá expedir el Ministerio en los próximos 6 meses.

10 – Priorización de planes con enfoque de desminado humanitario: El Gobierno deberá garantizar que se prioricen estos planes, y que se favorezca la cooperación de todos los grupos ilegales en la identificación de áreas minadas y su subsecuente desminado.

11 – Transparencia en la contratación: Para facilitar la veeduría y el control social de los recursos de la paz, todos los documentos que se produzcan en cualquier fase de contratación realizada en el marco de negociaciones o implementación de acuerdos deberán ser publicados en los diez días siguientes a su creación.

12 – Paz con la naturaleza: Los acuerdos de paz o términos de sometimiento a la justicia podrán contener, como medida de reparación, la reconciliación con la naturaleza.