Datos y comentarios
de coyuntura colombiana

La verdad se abre paso

El 28 de junio de 2022 la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición (CEV) entregó a los colombianos su informe final. Habían pasado 4 años, 7 meses y 19 días desde que inició la compleja labor de auscultar el país para presentarle en carne viva el historial de violencias, terror, inhumanidad, que durante 60 años ha padecido de manera absurda la Colombia que hoy tenemos.

El 9 de noviembre de 2017 habían sido elegidos 11 comisionados por un Comité de Escogencia. Eran 10 ciudadanos colombianos y un español, de respetables y diversas procedencias de vida. El Comité de Escogencia eligió al sacerdote Francisco de Roux Rengifo, como presidente de la Comisión. En el camino fallecieron dos comisionados, Alfredo Molano Bravo, seguramente el más profundo conocedor de la radiografía de la Colombia profunda y Ángela Salazar, gran líder afrodescendiente, quienes fueron rápidamente remplazados. A pocos días de presentarse el informe final, renunció Carlos Ospina, Mayor (e) del ejército, manifestando su desacuerdo con el informe.

El acto solemne de entrega del informe se hizo en el emblemático teatro Jorge Eliecer Gaitán en el centro de Bogotá. Gustavo Petro, presidente electo y Francia Márquez, vicepresidenta electa hicieron presencia y recibieron de manos de Francisco de Roux el volumen sobre las recomendaciones del informe de cerca de 900 páginas. El auditorio en pleno saludo con aplausos y de pie la acogida que el nuevo presidente dio al Informe. Petro manifestó que asumiría plenamente las recomendaciones. De hecho, en la posesión como presidente del país, el 7 de agosto, expresó que seguirá “a rajatabla” las recomendaciones. La ausencia del presidente Duque mostró el talante que tuvo el gobierno que termina frente a los Acuerdos de Paz y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin duda el Informe Final se presenta en el mejor momento. Desde “el establecimiento” va a ser divulgado y acogido. El Ministerio de Educación tiene el propósito de llevarlo a todos los colegios, otros ministerios como el de Cultura lo acoge y trabaja para su difusión, es sin duda un cambio radical frente al panorama que tuvimos en los últimos años de gobierno del Centro Democrático. Desde la oposición, el uribismo y su partido han hecho un contra informe, que hábilmente difunden por redes sociales.

El informe fue construido a partir de al menos 26.000 entrevistas, entre ellas a 4.020 víctimas de la fuerza pública, 10.829 de guerrillas, 9.430 de paramilitares y 5.010 de otros grupos armados; recibió y analizó más de mil informes y de 600 casos; cruzo más de 110 bases de datos; abrió 28 casas de la verdad en todo el país y recorrió al menos la mitad de los municipios de Colombia. Hizo alianzas con más de 20 países, logró tener más de 3.000 organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional. El trabajo realizado fue enorme y los resultados están a la vista en 10.000 páginas y material diverso a disposición en su página web: www.comisiondelaverdad.co

Las cifras que arrojan la barbarie que ha padecido este país, expresan el drama que han vivido de manera directa más de nueve millones de colombianos/as y nos interroga porqué se permitió y llegó a tal nivel de desprecio por la vida humana y de la naturaleza. Las cifras señalan que desde 1985 al año 2018 se tuvo al menos 450.664 muertos dejados por la guerra (podrían llegar a 800.000, dados los subregistros). De ellos, el 80% fueron civiles y apenas el 20% combatientes. El desplazamiento alcanza a cerca de 8 millones de personas. Cerca de un millón de exiliados. Los desaparecidos sobrepasan los 120.000. Los secuestros superan 50.770 entre 1990 y 2018. Hubo 16.238 casos de reclutamiento infantil, la inmensa mayoría por parte de las guerrillas. Se despojaron ocho millones de hectáreas de forma violenta. Los falsos positivos que son una vergüenza para las Fuerzas Armadas fueron 6.402 casos.

El informe de la CEV no quiere brindar nuevos espacios para la polarización, busca contribuir a la convivencia y a la reconciliación. Las recomendaciones no son vinculantes, el mandato que tenía la CEV fue de naturaleza explicativa, más que descriptiva.

La Comisión no tenía como propósito, ni podía presentar caso por caso. Francisco de Roux, datos en mano señala “cuando hay 9 millones de víctimas…Cojan las cifras: denle un minuto a cada víctima. Se necesitan 17 años para poder escucharlos a todos”1.

El Informe tiene a las víctimas en el centro, recogió sus testimonios y los informes que habían producido. También hace un reconocimiento de los responsables. Con un lenguaje sencillo busca no polarizar, sin dejar de decir lo que se debe decir. Es un documento para el debate, que no se constituye en la única verdad, pero espera que las víctimas sean reconocidas y la sociedad civil encuentre en él estímulos para su trabajo en favor de los derechos humanos y de un país que busca la justicia y la reconciliación.

Algunos de los temas centrales, en palabra de Francisco de Roux, son: “Una es la apuesta en evidencia de la totalidad de ese entramado que constituye la insurgencia en Colombia y la guerrilla, la forma como se mezclan con la política, como se organiza y se reorganiza, y también la forma como su confrontación armada se empeora cada vez más, mezclada con el narcotráfico hasta que prácticamente pierde la ruta. También la complejidad del paramilitarismo, que fue una mezcla de aparatos en que el narcotráfico tiene un lugar central, donde está metida la política, intenciones económicas, el mundo militar colombiano, y esa complejidad es la que hace que incluso lleguemos a tener una narcopolítica, muy tomada desde los paramilitares. Y otra es la centralidad del narcotráfico en Colombia, porque está metido en la economía formal, copando la demanda agregada y el multiplicador de la economía en el sector informal, el narcotráfico cargando este país de contrabando por todas partes (los cachivaches chinos de contrabando por todas partes acabando con la industria nacional vienen de eso). También está metido en las construcciones de las casas, en la minería criminal que ha destruido los ríos de Colombia, y en otro montón de cosas”2.

Es de destacar la labor realizada por Francisco de Roux, sus gestos y palabras fueron la imagen de la Comisión. En general fue ponderado, sin embargo, no se escapó de graves contradicciones sobre las que tuvo que recular. Como cuando dijo que el estado colombiano estaba colapsado y esto “se salvó”, porque “entró el Plan Colombia, entró la aviación, con una gran tecnología a golpear muy duro a las Farc; entró la decisión de un país que nombro (sic) a un presidente para decir: Usted tiene que ganar la guerra. “Uribe”, lo interrumpió el moderador. “Uribe”, claro y una cosa que jugó un papel muy importante, que fue el paramilitarismo”, y agregó “Barrancabermeja no fue liberada por las Fuerzas Militares. ¡Yo estaba allí!, dijo con fuerza. No fue liberada por las Fuerzas Militares de la presencia del ELN y de las Farc, fue liberada por el Bloque Bolívar de los paramilitares… Luego el padre De Roux remató diciendo que Uribe desmontó el paramilitarismo”3. La alarma cundió en las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, ante tales afirmaciones, cuando es sabido y así lo mostró posteriormente el Informe que los paramilitares han sido los máximos victimarios en el país y no cabe para ellos el uso de palabras como “salvar” y “liberar”. El sacerdote posteriormente pidió excusas a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos ante las desatinadas declaraciones.

El formidable Informe de la Comisión está conformado por una declaración y diez volúmenes, que deben ser fuente de reflexión para todos los colombianos, no importa la ideología y posición política que tengan. Si queremos terminar la violencia, si queremos dejar de considerar a los otros como enemigos, si queremos convivir en paz y construir un país con justicia, encontraremos en el informe una fuente de reflexión y un inmenso número de recomendaciones. Sabias fueron las declaraciones del que fuera jefe de las negociaciones de paz en La Habana, Humberto de la Calle, que calificó como “emocionante” la presentación del Informe. “El acuerdo sigue su marcha. Ojalá los colombianos reflexionemos de manera serena sobre su contenido. Bienvenida la discusión, pero hay que evitar tomar fragmentos para atrincherarse en los prejuicios”, dijo.

La Comisión culmino su trabajo el 27 de agosto pasado, pero antes nombro un Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las Recomendaciones de la Comisión: está compuesto por 7 personas postuladas y escogidas por el pleno de comisionados (con criterios de, representación de pueblos étnicos, de género, de víctimas y territorialidad), no serán funcionarios, se les reconocerán honorarios por sesión de trabajo, tendrá una duración de 7 años, estará alojado administrativamente en la JEP, tendrá una secretaría técnica de 10 personas.

Para un gobierno que quiere una paz completa el Informe es un apoyo fundamental y una exigencia. Hacer seguimiento e implementar al menos las principales recomendaciones, será una tarea titánica, nos encontramos ante un cambio de paradigma, es el momento de poner “el bien común” en el centro de las políticas de estado, se impone un cambio, el Estado no puede seguir protegiendo los intereses privados ni los privilegios de las élites, debe proteger y velar por la población entera y el bien común. Pero un Estado que busca el cambio, debe estar rodeado por todos y todas los/as colombianos/as que queremos un país sin violencia, con justicia y con un ambiente sano. Manos a la obra.

Armando la maqueta

El Equipo Ministerial del gobierno Petro, fue elegido en general con buen tino, profesionales con experiencia, conocedores de sus materias, entusiastas y ponderados. Claro, también los compromisos políticos llevaron al presidente a nombrar ministros cuestionados, como Guillermo Reyes, Ministro de Transporte de origen conservador, acusado de reiterados plagios en sus publicaciones, o a la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con poca experiencia en el mundo de la política y no muy buen tacto en declaraciones sobre hidrocarburos, generando revuelo en el delicado panorama financiero, donde el gas y el petróleo mueven mayoritariamente los ingresos del Estado.

Los primeros tres meses de gobierno el acelerador ha sido puesto en el necesario ajuste legislativo para poder poner en marcha las reformas fundamentales que el gobierno quiere implementar y que llevarían al país a cambios en distintos aspectos sociales, políticos y económicos. De forma inteligente y sagaz el gobierno Petro se ha rodeado de mayorías en el Congreso, que seguramente serán temporales, por tal razón la inversión realizada en los partidos poco afectos a sus políticas, pero ambiciosos en las cuotas burocráticas, ha venido dando fruto y se requiere cobrarles pronto el tributo en los proyectos de ley que se vienen presentado. Así ha sido hasta ahora.

Roy Barreras, del partido de gobierno y presidente del Senado ha manifestado con gran satisfacción que se ha dado “un salto adelante en el proceso de reformas legislativas que son el eje fundamental del cambio. Aprobamos en estos primeros 100 días la reforma tributaria para la equidad, la Ley 418 de paz total, el Tratado de Escazú, el avance en primera vuelta de la reforma política anticorrupción, derechos del campesinado y de la jurisdicción especial agraria, entre otras iniciativas”.

La reforma más debatida y concertada ha sido la Tributaria, que sin duda se condujo con éxito dada la competencia, experiencia y credibilidad de la que goza José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda. La propuesta inicial fue recaudar para el primer año 25 billones de pesos adicionales, pero se cedió hasta llegar a 20 billones que serán empleados para disminuir la brecha social y aliviar la deuda, preservando la regla fiscal de tal manera que se recupere el grado de inversión perdido durante el gobierno anterior.

Desde el mundo ambientalista se saluda y felicita al Congreso por la aprobación del Acuerdo de Escazú, que había sido bloqueado durante los últimos tres años por los partidos del gobierno anterior. Con su implementación se posibilitan los derechos para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Con este Acuerdo se brinda acceso a la información sobre medioambiente, se promueve la participación pública en la toma de decisiones ambientales y se facilita el acceso a la justicia.

En el marco de la reforma agraria se llegó a unos acuerdos impensables y sorpresivos entre los miembros de Federación de Ganaderos, los mayores poseedores de tierra en Colombia y el Ministerio de Agricultura. Nadie hubiera pensado tener la foto firmando el acuerdo entre la Ministra Cecilia López, y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, uno de los más encarnizados enemigos de las políticas del gobierno Petro. Claro, el gobierno se compromete a comprar 3 millones de hectáreas a un precio promedio de 20 millones de pesos por hectárea para un monto total de 60 billones de pesos. Es una jugada redonda para las dos partes, Gabriel Tobón, investigador de la Universidad Javeriana señala que mientras Petro “busca quitarse el estigma de la expropiación de tierras”, Fedegán “tiene intereses económicos y políticos de quitarse el imaginario de ser una institución permeada por el paramilitarismo”. Sobre el acuerdo, Lafaurie afirma “va a traer mucha tranquilidad al sector rural y, al mismo tiempo, la posibilidad que ese sector consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo”.4 A los tres millones de hectáreas se agregarían la formalización de siete millones de hectáreas en áreas rurales, que se busca titular, según señala Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Si un día Gustavo Petro se alzó en armas contra el Estado, hoy como presidente elegido democráticamente tiene el propósito de lograr que Colombia tenga una Paz Total. Para hacerlo está ajustando la arquitectura jurídica de tal manera que está asegurando con sus mayorías en el Congreso la prórroga y modificación de la Ley 418 de 1997, también llamada Ley de Orden Público, que faculta al presidente para negociar con grupos ilegales. Se busca hacer una negociación política con los grupos considerados guerrilleros, como el ELN, mientras que con grupos organizados ligados al narcotráfico y a la minería ilegal se buscaría que se acojan a la justicia mediante acercamientos. Es decir, se tratará de atender el problema de la violencia y de los conflictos regionales de manera global y simultánea. La tarea no será fácil, pero ya se iniciaron los acercamientos, tanto con el ELN a partir de un encuentro en La Habana con delegados del gobierno y la comandancia del grupo guerrillero, quienes manifestaron el interés y voluntad de negociar retomando las conversaciones que se iniciaron en Quito al final del gobierno Santos, que se interrumpieron durante el gobierno Duque. Varios grupos de delincuencia organizada han manifestado expresamente su voluntad de acogerse a la justicia, buscando unas “sentencias benévolas”. Sin duda el nudo gordiano en las negociaciones que se tengan está en el narcotráfico, por los altos intereses económicos que se mueven, que ha permeado a distintos estamentos de la sociedad, pero además donde Colombia es solamente una ficha de un drama universal.

Para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el gobierno Petro está escuchando de forma maratónica a la sociedad colombiana. Durante dos meses del 19 de septiembre hasta el 19 de noviembre todos los ciudadanos que deseen pueden hacer sus propuestas. Jamás se había construido un PND con una participación tan alta, son 51 sesiones distribuidas por todo el país, han sido llamadas “Diálogos Regionales Vinculantes”, en ellos son “bienvenidas las propuestas de los habitantes de 1.122 municipios sobre el país que sueñan, sin distinción de raza, edad, género y clase social”. Con estos diálogos se busca inspirar el Plan Nacional de Desarrollo.

Al frente del Departamento Nacional de Desarrollo está Jorge Iván González, un profesional de notable competencia, gran seriedad e incuestionable probidad. Jorge Iván quiere que se elaboré un plan que sea comprensible para todos los colombianos, que señale proyectos estratégicos para el país, que no sea disperso y responda realmente a las necesidades fundamentales de la gente, donde los colombianos seamos conscientes de la necesidad imperiosa de ordenar el territorio, que tengamos al agua como columna vertebral del ordenamiento territorial y donde valoremos y protejamos a la Amazonía y a nuestros ríos, no importa en el lugar donde nos encontremos.