¿Y la verdad
con el ELN cómo podría ser?

Lo vivido en Colombia en los últimos años, evidencia que los periodos de cambio político se caracterizan por el afloramiento y exacerbación de profundas disputas en la sociedad sobre asuntos centrales que incluso, pueden marcar su curso por varias generaciones. Temas como los porqués de las violencias y su impacto colectivo, la definición de quiénes son las víctimas y por qué lo fueron, cómo sancionar a los responsables, el papel del perdón individual y grupal, cómo transitar hacia la reconciliación y cómo se entiende esta, son algunas de las polémicas y discrepancias que se presentan en esta sociedad en transición.

Uno de los puntos de la agenda establecida para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, es el relativo a definir cómo se garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, tal como sucedió en la negociación con las Farc, pues hoy en día, es impensable adelantar procesos de transición sin incluir este componente, eje central de la legitimidad a nivel nacional e internacional; además, dadas las circunstancias, no es factible convenir menos de lo ya acordado con las Farc. Teniendo en cuenta lo anterior, no parece viable crear con el ELN, un nuevo mecanismo en materia de justicia sería preferible revisar y ajustar lo ya logrado con la Jurisdicción Especial de Paz, y con las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. No obstante, sí es necesario pensar en la forma de concretar el derecho a la verdad, y el mecanismo que se adoptará para tal fin.

En el Acuerdo con las Farc, la concreción del derecho a la verdad fue asignada a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, (CEV) la cual entregó su informe final el pasado 28 de junio. En ese sentido, no se justifica establecer un dispositivo que repita lo ya realizado, sería mejor diseñar una instancia con un mandato complementario al de la CEV que retome sus principales aciertos tales como, los procesos de reconocimientos de la dignidad de las víctimas y de las responsabilidades de los victimarios y que profundice el compromiso del Estado y la sociedad con el derecho de las víctimas a la verdad fortaleciendo las recomendaciones para la no repetición.

También se podría avanzar en un asunto que quedó poco tratado en el Informe de la CEV: la relación entre modelo de desarrollo, explotación de recursos naturales y los impactos del conflicto armado, en el medio ambiente, semejante a lo que sí se adelantó sobre el tema de tierras en dicho informe. Así mismo, se podrían abordar preguntas para esclarecer y comprender las dinámicas del conflicto armado en zonas de actuación histórica de la insurgencia del ELN como, por ejemplo, el Nororiente del país, Antioquia, Chocó y Cauca y profundizar en casos emblemáticos que permitan analizar, tanto la responsabilidad del ELN en acciones contra la población civil, como de ataques de fuerzas estatales y paraestatales contra sus militantes y organizaciones sociales y políticas, agredidas por sus coincidencias o cercanías con esta guerrilla.

Finalmente, sobre la escogencia de quienes harán parte del organismo encargado de esta labor, lo más adecuado sería convocar al Comité activado en el acuerdo con las Farc, para la selección de las personas magistradas integrantes de la JEP, la CEV y la dirección de la UBPD. Para la conformación de esta nueva instancia, se debería hacer una convocatoria pública y un proceso transparente que garantice la representación de diferentes sectores sociales y políticos con trayectorias diversas, desde territorios clave y que, con un mandato claro, realice su labor en un tiempo prudencial, menor al que tuvo la CEV, para que este nuevo insumo contribuya a potenciar la transición y consolidar el camino de la sociedad colombiana en la construcción de paz.

Estamos ante la oportunidad histórica de terminar la guerra revolucionaria en el país, de construir un consenso general en el que la violencia deje de ser un mecanismo admitido para la defensa o impugnación del orden colectivo. En este contexto, la narrativa que se construya para interpretar el pasado, desde este presente de transición con perspectiva de futuro, es un elemento central en la reconstrucción de la nación. Es indudable que no puede haber un relato unánime, pero, sobre la base de estos mecanismos que buscan garantizar el derecho a la verdad, podremos avanzar en la transformación del país, en ir cerrando los ciclos de la violencia política, sabiendo que este no es el fin de todas las violencias en la sociedad colombiana, pero que sí significa un gran paso hacia la instauración de una nación democrática y en paz.