Conflicto armado interno: ¿es posible continuar llamando así a lo que sucede hoy en Colombia?

El reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia impuso a los actores armados (Paramilitares, Guerrillas y fuerzas estatales) unas condiciones ético-políticas a través de las cuales fue posible enmarcar, explicar, dar sentido académico, justificar políticamente o hacer encajar las operaciones militares, las tomas guerrilleras y en general todas las actividades hostiles, propias de ese escenario de conflictividad. Es decir, esa nomenclatura construyó un “deber ser de la guerra” del que se fueron alejando unos y otros, bien por la penetración del narcotráfico a las filas de los combatientes, la imposibilidad de alcanzar el triunfo político y militar fijado y, por último, por el tratado de paz que firmaron el Estado con las entonces Farc – EP.

Con el paso del tiempo, las hostilidades y las operaciones militares de los ya señalados grupos armados entraron en un fuerte e irreversible proceso de degradación misional (moral). Como consecuencia de ello, el concepto de Conflicto Armado Interno (CAI) empezó a perder sentido ético-político, a pesar de la vigencia de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, reconocidas en su momento por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982 – 1986).

La firma del fin del conflicto entre las Farc – EP y el Estado colombiano es un “parte aguas” en el devenir del conflicto armado y en la manera de entender sus dinámicas. A ese quiebre se suman circunstancias contextuales que, en lugar de legitimar la lucha armada, le restan legitimidad, hasta el punto de que hoy, en varios sectores de la sociedad, la operación del ELN (Ejército de Liberación Nacional), único grupo en armas, es considerada como anacrónica e improcedente.

Las conversaciones de paz que hoy sostienen con el gobierno de Gustavo Petro le devuelven en algo la legitimidad perdida a los elenos, al tiempo que le dan un respiro a la moribunda nomenclatura Conflicto Armado Interno.

Dentro de esas circunstancias de lo que llamo el “parte aguas” se encuentran el estallido social de 2021, la misma pandemia y sus efectos sociales, económicos y los que dejó en la psiquis colectiva ese complejo escenario sanitario, así como la acentuación del carácter periférico del ELN y de su lucha territorial anclada exclusivamente al control de rutas del narcotráfico. También, la aparición de nuevas agrupaciones armadas (disidencias y demás) que lo único que prueban es que el uso de las armas se convirtió para muchos de los integrantes de esas organizaciones armadas ilegales en modus vivendi, en una forma de ganarse la vida.

Atrás quedaron las auto valoraciones de lo que sus comandantes llaman el reconocimiento social del control militar de zonas como el Chocó, el Catatumbo y el sur del Cauca, entre otras zonas. Lo cierto es que la pretendida liberación de un pueblo sometido a un régimen oprobioso, gracias a la acción armada de los grupos guerrilleros, fue un sueño quimérico del que aún no parecen despertar los elenos.

Así las cosas, creo que va siendo tiempo de proponer un cambio en la manera de explicar y llamar a lo que sucede hoy en Colombia, en virtud de las circunstancias señaladas líneas atrás. El concepto de Conflicto Armado Interno se fue vaciando de sentido y ya no sirve para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Colombia del posacuerdo de La Habana. Propongo hablar de Conflictividades del Posacuerdo (CP), o quizás Escenario de Múltiples y Asimétricas Violencias (EMAV), Escenario Anómico del Posacuerdo (EAP) o Violencias Intestinas Despolitizadas (VID).

Las decisiones de política económica que viene adoptando el actual gobierno nacional, el haber Gustavo Petro militado en una de las guerrillas ya desmovilizadas y las acciones encaminadas a lograr la Paz Total, en lugar de darle un segundo aire al conflicto armado como muchos pueden pensar, van camino a restarle sentido y legitimidad.