Garantizar el derecho a la educación digna, exige prioridad de criterios pedagógicos en las plantas de personal

La modificación de “parámetros” a favor de la pedagogía, el crecimiento de la planta de docentes y administrativos provisionales, las viejas novedades como el “voluntariado juvenil” y el retiro “compensado”, como también, el debate sobre una real dignificación de la pensión, son temas que deben asumirse con la seriedad que corresponde, siempre ateniéndonos a la conocida premisa según la cual, todas las instituciones de la sociedad tienen una función que las distinguen mientras que la administración es común a todas ellas, lo que significa la subordinación de la segunda a la primera y no al contrario, a la hora de elaborar políticas públicas. A su vez, flaco favor le hace a un gobierno alternativo que pronunciamientos sobre tan sensibles temas no sean claramente institucionales ni discutidos con el magisterio.

Durante los primeros cinco meses y medio, el actual gobierno reiteró propósitos centrales y comunes que se discutieron durante la campaña electoral con FECODE y el sector educativo, entre las cuales resaltamos: fortalecer la Escuela como Territorio de Paz para contribuir a reparar los desgraciados efectos del conflicto en el fraccionamiento de la comunidad educativa; la reforma al Sistema General de Participaciones para garantizar el derecho a la educación mediante la financiación estatal adecuada; consensuar un estatuto docente que dignifique la profesión; como también, fortalecer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y su administración por una fiducia con capital del 90% del Estado.

La escuela del posconfinamiento,
el Voluntariado Juvenil y las plantas provisionales y en propiedad

A diferencia del gobierno anterior, FECODE sí planteó oportunamente e insiste en que, la escuela del posconfinamiento requiere una organización escolar y curricular diferente para resarcir los estragos pedagógicos y en salud. En virtud de lo cual, se necesita que diagnósticos elaborados y las recomendaciones de los gobiernos escolares se respalden con presupuesto y plantas de personal suficientes.

Lo anterior implica que se requieren cada uno de los educadores, educadores y trabajadores administrativos con que cuenta la planta en propiedad y provisional y, por supuesto, muchos más. Lo que menos necesita la escuela del posconfinamiento con sus complicadas consecuencias y, a la vez presionada por diversas violencias, es el irracional acoso para que sus maestros/as se “entreguen” o “liberen”, solo porque la mezquindad neoliberal no utilizó la emergencia sanitaria siquiera para reformar parcialmente el decreto 3020 de 2002.

El informe de Unicef, Unesco y el Banco Mundial de 2022, “Dos años después: Salvando a una generación”, estima la pérdida en 1,5 años de aprendizaje, como también, en la afectación de la salud mental y el bienestar de los estudiantes en América Latina y el Caribe y recomienda acciones efectivas.

Según el viceministro Bayona ese es el propósito del Voluntariado Juvenil. Pero resulta nada convincente.

En primer lugar, porque es un proyecto prestablecido y adoptado por la Universidad de Barcelona, traído trece años después, “sustentado” en el enfoque de “éxito escolar” que, con su versión reciclada de las competencias básicas son un fracaso. Lo que defendemos es aprender y enseñar para la vida y los procesos pedagógicos que ello implica, especialmente después de la desigualdad evidenciada tan cruelmente en la escuela durante el confinamiento.

En segundo lugar, la estructura cerrada del proyecto agrede la autonomía universitaria y nacional. Son válidas las observaciones expresadas por el maestro Alejando Álvarez, rector de la UPN (El Espectador, enero/2023), reclamando el protagonismo de las escuelas normales superiores y las universidades pedagógicas y su condición de pares académicos frente al Centro de Investigación en Excelencia para todos – CREA de la Universidad de Barcelona. Si se trata de fortalecer las prácticas pedagógicas, con lo cual estaríamos obviamente de acuerdo, ¿por qué el proyecto no está estructurado con tal propósito? El papel de los maestros/as de aula será aplicar una “propuesta” diseñada a más de 8.000 kilómetros de distancia, sin que se le pueda cambiar una coma, precisamente cuando la especificidad social del territorio es un referente pedagógico determinante.

El MEN debe aclarar públicamente, si el papel de los 40.000 “voluntarios”, será o no será “endosar” la labor pedagógica y desvincular (léase despedir) a buena parte de los 69.101 docentes que integran la planta provisional y temporal. (MEN, junio 2022).

Urge que el Ministerio de Educación, emita una circular que oriente no disminuir las plantas de personal provisional y en propiedad de los colegios con respecto a 2022, teniendo en cuenta: la necesidad imperiosa de materializar las acciones pedagógicas del posconfinamiento, las dificultades de las familias para matricular a sus hijos e hijas, los contextos territoriales y los movimientos migratorios internos o externos de nuestros vecinos, cuya matrícula pasó de 32.820 estudiantes en 2018 a 537.587 en 2022 en educación preescolar, básica y media. (SIMAT – Mayo/22).

El MEN debe detener inmediatamente el acoso sobre los colegios y contribuir al proceso de restitución de los deteriorados ambientes escolares, aprovechando pedagógicamente el hecho transitorio de tener menos estudiantes por aula y concretando el transporte y alimentación escolar. No puede continuar la anterior práctica de declarar a los maestros sin asignación académica y cuadrar caja a costa de forzar la deserción.

Simultáneamente, debe acelerar el concurso docente que está en desarrollo, preparar la convocatoria a uno nuevo en todas las áreas, modalidades y niveles educativos, financiar un programa de formación con el propósito de preparar a los maestros/as provisionales para éste y, mientras tanto, brindarles garantías propias del trabajo digno, tales como, los contratos a fecha abierta y el cumplimiento de la Directiva 01 de 2020. También protegerlos de las evaluaciones punitivas y de los eventuales “cambiazos” de unos por otros, a propósito de las próximas elecciones.

La primacía de los criterios pedagógicos sobre los administrativos exige que se deroguen las circulares 20 y 21 de 2022 del MEN, las cuales suprimen el derecho a la educación a poblaciones en discapacidad, como también, modificar el decreto 1421 de 2017 que desconoce y condena a las especialidades que requiere la educación inclusiva, a nunca ser convocadas a concurso.

Igualmente, debe derogarse el decreto 1411 de 2022 que insiste en que la escolaridad solo empieza desde los 5 años, embolatando la materialización del derecho a los tres grados de preescolar en los colegios oficiales. Y finalmente el MEN, debe descartar la propuesta que desfigura la jornada única y la entrega a las cajas de compensación, porque debilita la función social de la escuela, atenta contra la autonomía escolar, la dignidad y el carácter de la profesión docente, a la vez que, desvía recursos públicos e impone regresivas relaciones laborales.

Retiro compensado no significa dignificación de la pensión

En cuanto al retiro compensado, según el viceministro de Educación la propuesta es “…gozar de una pensión digna”. Se equivoca el Dr. Bayona porque lo uno no significa lo otro. La dignificación de la pensión tiene por lo menos dos características: fortalecer su poder adquisitivo y disfrutarla en condiciones de salud.

La pensión de los educadores vinculados desde el 1° de enero de 1981 es solo de 2.700.000 pesos, sobre la base de haber alcanzado la categoría 14. De los 122.977 colegas regidos por el decreto 2279 de 1979, se encuentran 105. 274 en dicho grado, en categoría 13 y 12, están 8.944, maestros/as, lo que implica una mesada inferior. (SIMAT – MEN, septiembre 2022).

El viceministro de Educación confunde estatuto docente con régimen pensional y, tal vez por eso, pasa por alto que las maestras y maestros vinculados desde el 27 de junio de 2003, tienen una base de liquidación más baja y que una parte de ellos, tanto de planta en propiedad como provisional, ya están cumpliendo los requisitos para la pensión. Pero el Dr. Bayona solo se concentra en los “80 mil docentes del sector oficial cobijados por el decreto 2277”, que actualmente laboran. ¿Por qué?

Si en verdad el objetivo es la dignificación de la pensión de todo el magisterio, ello implica avanzar en una normatividad a mediano y largo plazo, entre otras: disminuir de manera progresiva el exagerado aporte de los pensionados a salud y que su incremento anual corresponda al porcentaje más alto, sea el ajuste al salario mínimo o del IPC. Estos factores tan importantes, están planteados en las reformas a la salud, laboral y pensional que saldremos a apoyar próxima y masivamente.

Las otras medidas que el MEN debe impulsar son: un nuevo concurso, el descongelamiento de los ascensos, la restitución para todo el magisterio de los tres criterios para los ascensos establecidos en el decreto 2277 de 1979, la superación de la categoría 14, el nuevo estatuto docente consensuado y seguir avanzando coherentemente en los procesos que contribuyan a alcanzar el salario profesional.

No menos importante, es lograr condiciones dignas para la labor pedagógica que permita un retiro con salud relativamente óptima, no deteriorada por la sobre carga laboral, las indebidas presiones internas y externas y las antipedagógicas relaciones en número de estudiantes por grupo. El informe de Proservanda, lo dice todo: si sumáramos las 63.406 incapacidades entre enero y octubre de 2022, alcanzarían 484.891 días y un promedio de 7.6% días docente –año.

Dos necesarias anotaciones finales

Primera. No es de buen recibo el maniqueísmo afirmado y sugerido por el viceministro, según la cual, se es joven a los 55 años de edad para pensionarse, pero al cumplir los sesenta, ¡¿qué…?!

Segunda: No hallamos en el escrito del viceministro, coherencia entre lo que se propone y el publicitado objetivo. Tampoco con los proyectos de reformas, laboral, de salud y pensional que impulsa el actual gobierno democrático y popular, que claramente buscan sin titubeos la anhelada dignificación del trabajo y reversar sustancialmente la mezquindad neoliberal.