Defender el agua y el territorio es un compromiso de los campesinos en Santander

La petición de los campesinos y campesinas apostados en la vía a la entrada del municipio del Carmen de Chucurí, en el sitio “El Oponcito”, es REVOCAR la licencia ambiental DGL457 del 22 de agosto del 2022 y la DGL 884 del 10 de noviembre de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, que le otorga a la multinacional francesa de carbón COLCCO permiso para explotar carbón a cielo abierto en territorios de los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí por 30 años en una extensión de 1.949 hectáreas, de las cuales el 76.2% están ubicadas dentro del área protegida DRMI del Parque Natural Nacional Serranía de los Yariguíes.

Las comunidades afectadas y especialmente los campesinos y campesinas de los municipios directamente impactados llevan 17 días de protesta (desde el día 9 de enero de 2023 hasta hoy viernes 27) en la carretera Panamericana, en el sector del Oponcito, corregimiento de El Centro, desde allí van informando a los viajeros por qué se oponen a la explotación de una mina de carbón, los daños ambientales y también, las inconsistencias de la CAS en la expedición de la licencia.

Afectaciones al territorio, a la vida y la cultura de la región

Este territorio es agroalimentario, con cultivos de cacao, aguacate y cítricos; con cerca de 300 estanques piscícolas y; a su vez, en la región se acopian diariamente 5.200 litros de leche, porque pastean allí 12.000 reses.

Resulta una gran contradicción que la Corporación Autónoma de Santander, CAS, desconoce esta riqueza que es realmente una despensa alimentaria; entonces, se contradice la CAS cuando otorga concesiones de agua para cerca de 300 estanques piscícolas, pero aguas arriba de estas concesiones a las piscícolas, le entrega un permiso de vertimiento de aguas contaminadas a la minera Colcco. Además, la CAS también otorga al acueducto Acuacentro una concesión de agua para el Corregimiento El Centro que tiene 5.450 usuarios, son un total aproximado de 23.000 personas las que toman agua de este acueducto.

De otra parte, el polvillo de carbón puede caer a los cultivos de cacao, aguacate y cítricos, y a las aguas de los estanques piscícolas; y también, a los pastos de la región causando graves afectaciones. Es necesario señalar que el proyecto afectaría directamente 6 fuentes hídricas superficiales con sus respectivas rondas hídricas, en especial una de ellas que perdería su curso hídrico por 100 metros, donde pretenden desarrollar la mina a cielo abierto y una de las escombreras.

Además, el área de influencia directa no contempla ecosistemas a intervenir; por ejemplo, los corredores biológicos de las especies de fauna que habitan esta zona.

Como se registró por Vanguardia Liberal y la prensa regional: “Durante los días 10 y 11 de enero, la CAS hizo presencia en la zona de las protestas y realizó un recorrido en los polígonos en donde se otorgó el licenciamiento ambiental en el municipio de El Carmen de Chucurí, con el fin de verificar las condiciones del terreno y las posibles afectaciones ambientales en la zona”. Según lo expresado en un comunicado de prensa emitido por la autoridad ambiental, la entidad asumió el compromiso de “cotejar la información geo referenciada en campo, durante los días jueves 12 y viernes 13 de enero en el Sistema de Información Geográfica de la CAS, y disponer de un equipo de la Subdirección de Autoridad Ambiental de la CAS, para que los días jueves 12 de enero y viernes 13 de enero, realicen visita de inspección al título minero que opera Centromin”.

Además, la CAS informó que, Alexcevith Acosta, director general de la entidad, en el marco de la reunión que sostendrá con el Sistema Nacional Ambiental y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, solicitará que se delegue un equipo de acompañamiento por parte del Minambiente, Ministerio de Minas, y la Agencia Nacional de Minería, para el análisis de la situación de estos títulos mineros”1. La comunidad acompañó esta visita para que la CAS pudiera verificar el potencial agrícola de fauna y flora que hay en las (2) veredas en cuestión, vereda Aljibes y vereda Rancho Grande del Carmen de Chucuri que serían destruidas por la explotación de carbón.

Los gobiernos regional y nacional se equivocan al querer seguir imponiendo, a través de licencia ambiental, cambiar la vocación de los territorios; San Vicente y el Carmen de Chucurí son territorios de vocación agropecuaria, agroindustrial y turística. En el territorio del Carmen ya hay una mina de carbón a cielo abierto que ha causado grandes daños ambientales y no ha significado mejores condiciones de vida para las familias y el territorio.

Los caminos jurídicos que se pueden tomar

El artículo 62 de la Ley 99 de 1993, permite a la CAS revocar o suspender licencias ambientales, cuando se sustente la decisión en concepto técnico y se demuestre el incumplimiento a la Constitución y la ley. Importante es resaltar que la revocatoria no requiere del consentimiento del titular de la licencia ambiental.

Otro mecanismo jurídico que se puede solicitar es la vía de la nulidad simple de la licencia ambiental ante el Consejo de Estado con un juez competente, ya que la CAS es una autoridad del orden nacional.

El pasado 16 de enero la comunidad presentó al director de la CAS un documento de proyecto de revocatoria, el cual debía ser complementado con la información institucional; sin embargo, en un comunicado dijo esperar la radicación del concepto técnico elaborado por el Ministerio de Ambiente para “ser incorporado dentro del análisis que esta autoridad ambiental está realizando frente a las manifestaciones pacíficas de la comunidad”2.

En segundo lugar, el 25 de enero de 2023, se anunció por parte del Ministerio de Ambiente que se demandará la licencia ambiental por encontrar irregularidades en la información y el proceso técnico que la otorgó. Sin embargo, este mismo día un grupo de congresistas y algunos líderes de la comunidad presentaban a la opinión pública que se había radicado una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Santander, con la misma finalidad de extinguir los efectos jurídicos de la licencia ambiental.

Las amenazas a los y las líderes sociales del territorio:

– El grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Águilas Negras han amenazado de muerte a 20 activistas ambientales que forman parte de un grupo de manifestantes que han estado bloqueando la vía como forma de protesta. Cuatro (4) panfletos han circulado declarándolos objetivo militar, y hasta el momento, no hay información de avances en las investigaciones sobre los responsables de las amenazas.

– La Corporación Compromiso y otras organizaciones de DDHH de la región, así como las plataformas nacionales, han hecho llamados a las autoridades nacionales y regionales de Colombia a garantizar la vida y la seguridad de los campesinos, líderes sociales y ambientalistas afectados por las amenazas; y a identificar a los responsables y tomar las medidas correspondientes. También, hemos alertado a la comunidad internacional y solicitado apoyo para hacer visible la problemática y solicitar al Gobierno Nacional actuar para la nulidad de la licencia de explotación de carbón.

– Según la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para los ambientalistas después de México; no podemos olvidar que 33 activistas ambientales fueron asesinados en Colombia en 2021.