¿Quiénes responden
por los crímenes de Estado?

“Comunistas de mierda, esa familia no va a crecer”, le había dicho por teléfono un hombre a María Eugenia de Antequera, viuda del líder de la Unión Patriótica asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 3 de marzo de 1989, en el momento en que conversaba con el futuro presidente Ernesto Samper, a quien de paso casi asesinan también.

Esa fue una de las innumerables amenazas que tanto a ella como a las cerca de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica (UP) debió hacerles el “Estado” colombiano, según la histórica sentencia que acaba de proferir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz del genocidio de la UP.

Para la Corte, el “Estado” colombiano es culpable y debe responder por los delitos de ejecuciones extrajudiciales (3.170 casos), desaparición forzada (521 casos), desplazamiento forzado (1.596 casos), tortura (64 casos), judicializaciones infundadas (19 casos), atentados o tentativas de homicidio (285 casos) y lesiones (10 casos).

¿Pero qué es el Estado? ¿Quiénes conformaron el Estado en esos 20 años, entre 1984 y 2004, período en el que ocurrió el genocidio de la UP investigado por la Corte Interamericana? En ese tiempo hubo seis jefes de Estado que tuvieron 15 ministros de Defensa. Esos jefes de Estado y esos ministros de Defensa también tuvieron bajo su mando a decenas de generales que fueron comandantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Policía. Todos ellos, además, nombraron a los jefes de los servicios de inteligencia donde trabajaban los escoltas que “cuidaban” a los miembros de la UP, quienes, en su mayoría, terminaron asesinados.

¿El Estado es acaso un ente conformado por marcianos? No. El Estado está y ha estado compuesto por personas de carne y hueso que han dado las órdenes de matar o se han hecho las pendejas ante los asesinatos y las desapariciones, primero de los casi 6.000 miembros de la UP y después de los 6.402 asesinados en los mal llamados falsos positivos.

En su sentencia la Corte dice: “Tomando en cuenta la sistematicidad y la gravedad de esas faltas (…) se podría considerar que las mismas llegaron a ser de un grado tal que implicaron una conducta estatal que propició la impunidad, al punto de constituir una forma de tolerancia sistematizada frente a los hechos de violencia contra los integrantes y militantes de la UP”.

Por eso la Corte le ordenó al Estado, entre muchas otras medidas que incluyen apoyo psicológico y pagos de indemnizaciones a las víctimas o a sus familiares, “iniciar, impulsar, reabrir y continuar en un plazo no mayor de dos años y concluir en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones de derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que puedan existir”.

Ese es el punto clave. Porque de lo contrario ocurrirá lo que dijo Érika, la hija de José Antequera: “No hay justicia. El culpable sigue siendo la mano negra que, aunque tiene nombre y apellidos, no pagará condena”.

Desentrañar esa maraña que permitió que durante seis gobiernos se produjera ese genocidio es un deber ineludible de esta democracia. Porque, como me dijo el senador Iván Cepeda, cuyo padre fue asesinado en ese genocidio, “esa es una severa impugnación a la democracia colombiana, porque democracia y genocidio son conceptos excluyentes”

Pero aquí la democracia y el genocidio han convivido por décadas de una manera vergonzosa.

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