Para la CIDH, el “Estado” colombiano es culpable y debe responder por los delitos de ejecuciones extrajudiciales (3.170 casos), desaparición forzada (521 casos), desplazamiento forzado (1.596 casos), tortura (64 casos), judicializaciones infundadas (19 casos), atentados o tentativas de homicidio (285 casos) y lesiones (10 casos).

Son muchas las acciones a desarrollar para que esta política avance y se requiere la participación social en todos los niveles, de ahí la importancia que el gobierno convoque y le dé dinámica al Consejo Nacional de Paz, una ficha muy importante de este esfuerzo de Paz Total.

La CIDH, finalmente ha declarado responsable al Estado colombiano por el genocidio de más de 6.000 activistas y militantes de Unión Patriótica. Según el fallo, el Estado colombiano violó los derechos a la vida, la honra, la libertad de expresión, de circulación y residencia de los integrantes de la UP, así como el derecho de los familiares a conocer la verdad acerca de lo sucedido.

Empieza la dura batalla para que el mandato de la CIDH no quede en el papel. A las generaciones de ahora y a las que vengan se les debe enseñar que a nadie debemos quitar del camino por pensar diferente. Mientras tengamos memoria, que no se nos olvide: eran seres humanos, no cucarachas.

A través de titulares, filtraciones de proyectos de ley, falsas noticias y entrevistas amañadas con fuentes enemigas del gobierno, estos medios de comunicación están haciendo las veces de “bancada de Oposición”, con la clara intención de generar un mal ambiente social y político, que finalmente lleve al presidente a vivir momentos de una insoportable ingobernabilidad.

El mayor reto en la actualidad es no caer en el abismo de una democracia adversarial y de revancha, solo interesada en vencer a la oposición o provocar el colapso del gobierno, sino transitar por la búsqueda de acuerdos nacionales donde el sentido de lo público y el bienestar general prevalezcan sobre los intereses y las obsesiones de las partes.

Desde hace casi dos meses se protagonizan en Perú constantes manifestaciones y la indignación popular no se debilita. Luego de los sucesos del 7 de diciembre pasado, con la detención del hasta entonces presidente Pedro Castillo, y su posterior substitución por la vicepresidenta Dina Boluarte, el país sudamericano parece ingobernable.

Quienes giran alrededor de lo que ocurre en el gobierno (burocracia), aquellos que idealizan demasiado a dirigentes y funcionarios, rápidamente se frustran y desertan. Olvidan que ésta es una lucha que –en gran medida– se definió en las calles, como está sucediendo en Perú.

Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe 2023 – Intervención del Relator Especial