Despacio porque tengo prisa

Datos y comentarios de coyuntura colombiana

Pudo ser Fernando VII, pero es común decir que fue Napoleón, quien cuando le ayudaban a vestir sus abotonados trajes hizo célebre el adagio: “Despacio porque tengo prisa”; pero tal vez se tomó del emperador romano Octavio Augusto que decía a sus asistentes “Apresúrense lentamente”.

Gustavo Petro después de un largo trayecto llegó a la presidencia convirtiéndose en el primero de izquierda, con el profundo deseo de grandes transformaciones sociales y políticas, pero sobre todo de conducir al país a lo que ha llamado una paz total. Entendida esta no solo como una negociación política o sometimiento judicial pactado con actores amados que ejercen dominio territorial, sino también con políticas activas de cambios sociales que se concretarán en el Plan de Desarrollo; una política de seguridad ciudadana, para proteger a la población del crimen organizado y la delincuencia, y finalmente una política frente al narcotráfico, que desactive la violencia implícita en la lucha contra las drogas.

Petro, desde su partido “Colombia Humana” logró primero crear una coalición con 17 partidos y agrupaciones de izquierda que se denominó “Pacto Histórico” que le permitió llegar a la segunda vuelta presidencial y posteriormente convocando a sectores de centro ganar la presidencia. Pero para gobernar no era suficiente, de tal manera que llamó a partidos de irredenta “ambición burocrática” –léase liberal, conservador, el partido de la U– a sumarse al gobierno y de esa manera tener cómodas, aunque riesgosas mayorías en el Congreso, vitales para las grandes reformas que prometió: salud, pensional, laboral, agraria, educación, justicia, campesinos sujetos de derechos y el nuevo código minero, entre otras. Logró en tiempo récord la reforma fiscal, gracias al experimentado y hábil ministro de Finanzas y avanza bastante bien en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo la conducción de un serio y sólido director.

Al gobierno de Juan Manuel Santos le tomó ocho años (dos períodos presidenciales) en llegar a un Acuerdo de Paz con las Farc, aunque no se alcanzó a diseñar y definir suficientemente bien el “copamiento” del Estado de las zonas que dejaba esta guerrilla al deponer las armas. Además, fue lamentable el incumplimiento de lo pactado por parte del gobierno mezquino que le sucedió.

Santos, que se venía preparando, incluso como ministro de Defensa, para unas negociaciones de paz, destino dos años en diseñar el plan para las negociaciones con las Farc y el ELN, dando prioridad a la primera. Al frente de las negociones puso a experimentados y estudiosos personajes, dotó de presupuesto y suficiente equipo profesional y técnico a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Después de dos periodos presidenciales logró llegar a un acuerdo. Petro, se ha propuesto conducir unas negociaciones de paz a varias bandas (guerrilla y empresas criminales), urgido por un tiempo escaso (solo cuatro años) y con un presupuesto reducido y un pequeño equipo de apoyo a los negociadores, al parecer sin suficiente experiencia y solidez. Todo indica que ha faltado una mayor y mejor planeación, el tiempo les urgía y pudieron caer en la trampa de hacer y pensar al mismo tiempo. El propio presidente a fines del año 2022, urgido por mostrar resultados habló de acuerdos de ceses bilaterales al fuego, sin que realmente se hubieran convenido.

Si negociar con el ELN requiere toda la paciencia del mundo por su largo discurso redentor y su belicoso y criminal actuar contra comunidades, ejército y territorios, adentrarse a diálogos con empresas del crimen rentables, desde el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, deberá cogerse con pinzas, so pena de permitir que amplíen y controlen nuevos territorios y se reciclen como un mostro de mil cabezas.

Hasta ahora el cese al fuego, como cuota inicial de deseables acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia, ha sido más un deseo y una intención que una práctica verificable. El Clan del Golfo, el grupo más numeroso y violento, estuvo detrás de las acciones criminales del llamado paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño, durante casi todo el mes de marzo, situación que obligó al gobierno a romper el acuerdo de cese al fuego con este grupo. Ambulancias, vehículos de transporte público y de alimentos fueron quemados durante la protesta, mientras el gobierno respetaba el acuerdo. En el Pacífico las comunidades Afro e Indígena siguen sufriendo la violencia que no cesa por parte de grupo criminal.

Se mantiene en el papel, los ceses con las llamadas “Autodefensas de la Sierra” y con las disidencias de “Iván Mordisco”, grupo que tendría más de 2.000 hombres en armas. Sin embargo, este último es el que más veces ha violado la tregua pactada con el Gobierno; la propia agencia de inteligencia del Gobierno habría reportado entre el 1º de enero y el 23 de marzo al menos 145 violaciones al cese al fuego bilateral, entre las que se incluyen asesinatos, hostigamientos, extorsiones, secuestros y retenciones de personal.

La paz total es una necesidad, es una exigencia de todo el pueblo colombiano, no podemos dejar que la violencia continúe y aún peor que aumente. La decisión firme del presidente Petro debe ser respaldada, pero la voluntad política con la que se cuenta ahora debe ir acompañada con una mayor decisión presupuestal, con una mejor y más rigurosa planeación, con suficientes y cualificados profesionales y técnicos que la apoyen. En este sentido existen fuertes críticas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como la expresada por profesor Alejandro Reyes Posada: “Mientras que la negociación con las Farc tuvo una cuidadosa preparación de dos años, con cursos acelerados sobre negociación de conflictos, Danilo Rueda pretende hacer cinco o seis negociaciones simultaneas sin preparación adecuada de los negociadores”1. La fuerza ciudadana parece estar hasta ahora a la expectativa y tal vez con cierta distancia de la propuesta de la paz total, cuando se requiere del impulso y la fortaleza de la movilización social que manifieste de manera masiva que esta es una oportunidad de oro para la anhelada paz total y dejar claro que se rechaza la violencia, y que no existe ninguna justificación continuar con un conflicto armado contra la sociedad y el estado.

El cese al fuego bilateral y mejor multilateral es un imperativo para poder negociar de un lado y dialogar del otro con la guerrilla y con las empresas del crimen organizadas. Pero la voluntad, la decisión y la práctica debe obligar y debe ser verificada. La guerrilla y las organizaciones criminales no lo pueden tomar como una oportunidad para ampliar el control territorial y negocios criminales. Negociar y/o dialogar con estos actores violentos es un asunto nada fácil, por la degeneración que invade sus frentes donde siempre están buscando espacio para hacerse a nuevos botines y controles territoriales. Entre tanto el ejército a regañadientes cumple las órdenes del jefe del Estado y de su ministro de Defensa.

Planear y acordar el cese al fuego implica dejar claras las reglas de juego y la verificación de estas. Los distintos grupos con quienes se quiere pactar tienen perfiles e intereses distintos, que se deben tener cuidadosamente en cuenta al momento de los acuerdos. Es evidente que las líneas de mando en este archipiélago de grupos son frágiles y siempre puede estar a la vista el reciclaje, que no es más que la desagregación para seguir con el actuar criminal.

Negociaciones con ELN con pronóstico reservado

La coherencia del ELN es nula. Se ufana con su discurso de la participación del pueblo en las organizaciones de la sociedad civil desde los territorios, sostiene que los cambios estructurales necesarios en la política, en la economía y hasta en la ecología y la cultura, deben venir de la gente desde su participación regional. Hasta aquí el discurso bonito. Pero en la práctica asolan a las comunidades con su violencia, con el reclutamiento de menores, con los desplazamientos, los asesinatos, la instalación de minas antipersonas y el confinamiento. Es decir, la principal afectación por cuenta de las acciones del ELN es la población civil. Se atreven a sumarse al discurso de la naturaleza como víctima del conflicto, pero arrasan y horadan los territorios con la minería ilegal. Las comunidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general piden a gritos que paren su guerra, que comiencen con el cese al fuego propuesto por el gobierno, pero en su terquedad y cálculos de lucro y control territorial en lugar de acoger el llamado, arrecian con su violencia y muerte, como la cometida este 29 de marzo contra una base del Ejercito que protegían una infraestructura energética y por lo tanto no tenía ninguna misión beligerante. Fueron asesinados mientras dormían 7 jóvenes militares campesinos que prestaban servicio militar obligatorio y dos suboficiales.

El presidente alarmado convocó a consultas a la delegación del gobierno que sostiene diálogos con este grupo guerrillero y acordó finalmente continuar con los diálogos, pero presionando para que se llegue lo más pronto posible a un acuerdo de cese al fuego bilateral. Se espera que, en la tercera ronda de diálogos a sostener en La Habana se llegue a un acuerdo en este sentido. La experiencia positiva sobre cese al fuego con este grupo no falta, en el año 2017 se acordó con el gobierno Santos que duró 101 días, quedando unos protocolos y mecanismos de verificación, que deberán ser tenidos en cuenta.

El dogmatismo y el ser en la práctica una guerrilla federada no facilita las cosas, pero se espera que aprovechen el compromiso firme y generoso del gobierno que busca que la violencia no siga invadiendo la vida de los colombianos, sobre todo en las zonas más pobres y alejadas. Los primeros que claman porque su accionar violento cese de atormentarlos son las comunidades donde hacen presencia.

La comunidad internacional está atenta y con gran disposición de contribuir para que los diálogos avancen y den espacio a programas y proyectos para las comunidades, como lo señala la nueva embajadora de Alemania en Colombia: “Hoy en día se está creando un grupo de países acompañantes (a los diálogos con el ELN) con Suecia y Suiza y estamos estableciendo un fondo para financiar las negociaciones y los proyectos”2.

Asuntos de familia

Rondando las fiestas de comienzo de año se publicaron algunas fotos de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, donde departía con conocidos personajes del entorno de la parapolítica y la corrupción en Córdoba –de donde es oriundo. Su medio hermana Andrea Petro, ante las fotos de Nicolás reacción diciendo: “No nos metan en el mismo costal si él la embarro lo hizo solito...”. Este no sería sino el piadoso abrebocas delante de los líos en que se encuentra hoy el hijo mayor del presidente, que ha obligado al propio jefe del Estado a desmarcarse rápidamente y pedir a la fiscalía “que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confío en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto”. Pero luego agregó “Nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas”. Posteriormente en entrevista a la Revista Cambio ratificó aún más la distancia con su hijo: “El (Nicolás Petro) se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”.

Nicolás es diputado en el Departamento del Atlántico, en razón a que sacó la segunda votación para la gobernación de ese departamento. Fue el jefe de campaña de Petro a la presidencia en el departamento del Atlántico.

No es la primera vez que el actual presidente pide que se investigue a su hijo. Siendo alcalde de Bogotá (2012 – 2015) había pedido a la Fiscalía que lo investigara por posible contratación con el Distrito. Un segundo lío judicial –de Nicolás– lo tuvo en 2017 que fue superado cuando pago una deuda con cuantía de 320 millones de pesos a principios de 2020, poco tiempo después que se posesionara como diputado del Atlántico.

Daysuris Vásquez, más conocida como Day, exesposa de Nicolás concedió una entrevista el 2 de marzo a la revista Semana, donde mostró un sin número de WhatsApp donde se demostraría una seguidilla de actos corruptos de su expareja, especialmente el haber recibido dinero del exnarcotraficante y contrabandista guajiro, Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, que se hizo famoso con el contrabando de estos cigarrillos –poder que le dio para hacerse senador de la república–, aunque después fue extraditado y condenado en Estados Unidos a pagar 25 años de prisión; en 2021 fue liberado tras pagar parte de su condena. Y por el todo poderoso contratista cartagenero Alfonso Hilsaca Elijalde, llamado el “turco Hilsaca”, quien tiene cargos de homicidio y concierto para delinquir. Del “Hombre Marlboro” habría recibido 600 millones de pesos y del “turco Hilsaca” 400 millones. Supuestamente esa era la contribución para la campaña presidencial de Petro, pero Nicolás la habría tomado en perspectiva de compra de una mansión donde quería vivir con gran lujo.

La pareja, Nicolás y Day, había estado en primera línea en la posesión de Gustavo Petro, sin embargo, según fuentes periodísticas la relación se rompió ante el hecho que Nicolás habría preñado a la mejor amiga de Day. De allí para adelante la furiosa esposa que conservaba un arsenal de WhatsApp, los hizo públicos y señala que tiene en su poder otras pruebas que mostrarían el actuar corrupto de su exesposo.

Según la exnuera del presidente, tuvo un encuentro con éste el 1º de febrero en su despacho de la Casa de Nariño y allí lo enteró de conducta mafiosa de su hijo y de los dineros recibidos en efectivo. Además, lo puso al tanto de su activa visita a ministros y altos funcionarios del gobierno en la búsqueda de puestos y prebendas para sus amigos.

Gustavo Petro ha sido un luchador implacable contra la corrupción y nadie puede tacharlo de haberse enriquecido con un centavo de forma ilícita. Si Nicolás está incurso en actos de corrupción, lo habría hecho por su cuenta y riesgo, lejos de la mirada de su padre, pero sin duda no deja de afectar la figura del primer mandatario.

Al dolor de cabeza llevado por el hijo se suma el confuso actuar de Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Sin ser consultado y mucho menos autorizado por el mandatario, Juan Fernando visitó algunas cárceles para dialogar con paramilitares y extraditables en el marco de la paz total. Incluso antes que se eligiera a su hermano como presidente, en abril 2022 se divulgó una foto acompañado con el hoy Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en visita a la cárcel de La Picota en Bogotá en aras de hablar del “perdón social”.

Juan Fernando ha sido enfático en afirmar que nunca ha ofrecido beneficios a extraditables y que no ha pedido pagos o comisiones a cambio de cupos para la “paz total”. Sin embargo, el diario El Tiempo reveló que “agentes federales –de Estados Unidos– ya tienen un audio en donde se oye hablar a capos como alias Douglas, uno de los jefes de la “oficina de Envigado”, desde la Picota. Y otros intervinientes en la conversación asegura que ya habían enviado plata a Juan Fernando Petro a través de un abogado”3.

Juan Fernando en entrevista al mismo diario responde que se han tratado de “Construir historias sobre supuestas negociaciones. (Abogados habría ido donde sus clientes en la cárcel, y les abrían dicho): “esto puede servir, esto puede ser aprovechado”. Y fueron los abogados quienes pidieron dinero. Eso es lo que está averiguando la Fiscalía para aclarar los nombres concretos de qué abogados inventaron rebajas de penas, y qué a través mío los harían gestores de paz, etcétera, etcétera –Pregunta el periodista: ¿Y usted cómo supo eso? – Porque en reuniones sobre la paz social se me acercaban y me decían que “hay abogados intermediarios que están cobrando 20 millones de pesos por permitir acercarse a hablar con usted sobre la paz total””4.

La reacción inmediata del presidente fue la siguiente: “Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro y mi hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”. La posición firme e inmediata del presidente ha sido acogida con beneplácito, su actitud es diametralmente distinta de las históricas posiciones de gobernantes que en las distintas épocas han tratado de cubrir con su influencia y poder a sus vástagos y familiares cercanos.

Los modales cuentan

Los buenos modales deberían ser regla de oro en el tratamiento que les damos a los otros y cuando las posiciones deben ser firmes no podemos menos que recordar el adagio: “Lo cortés no quita lo valiente”.

Ha pasado más de un mes en que la exministra de Cultura, Patricia Ariza, está esperando una llamada de quien la nombro y después sin ninguna explicación la despidió sin justa causa. Pero ella bien sabe que los nombramientos de ministros son de libre nombramiento y remoción, pero no entiende porque el presidente no se ha tomado la molestia de llamarla sobre ese cambio abrupto en la conducción del ministerio, cuando el balance de 200 días al frente del ministerio muestra cómo se logró poner en el debate nacional la necesidad de la transformación cultural y en ella otorgarle a la paz la dimensión cultural. En su informe de gestión Ariza señala: “Fueron 1.172 iniciativas y 3.431 actividades. El Estallido Cultural sucedió en los 32 departamentos y en 280 municipios. Se produjeron 250 juntanzas y 400 foros en los cuales el movimiento cultural planteó su voluntad inquebrantable de trabajar desde el arte y la cultura por la paz y por la vida. Es increíble que esto para algunos pase inadvertido”. La exministra en su balance señala otra serie de actividades y logros, incluso la búsqueda y aumento del presupuesto, que siempre ha sido exiguo para este ministerio. En el mundo artístico y cultural Patricia Ariza cuenta con gran reconocimiento y en el mundo político de izquierda se le respeta profundamente por su compromiso y por ser una de las supervivientes a la masacre que se dio contra la dirigencia y militantes de la UP. Patricia Ariza, como persona comprometida y luchadora, con toda gallardía señala que va a seguir apoyando y respaldando el gobierno del cambio liderado por el presidente Petro, pero también dice que todavía espera una llamada del primer mandatario.

En este como en otros casos parece que la sombra de Verónica Alcocer –la esposa del presidente– se atraviesa en el nombramiento y remoción de algunos funcionarios. Patricia Ariza dice que buscó de distintas maneras una cita con la “primera dama” para hablarle sobre su labor en el ministerio y de paso aclarar posibles desinformaciones, pero no lo logró. Quien permanecía en diálogos con la Sra. Alcocer era el viceministro, el maestro de piano –también de los hijos de Petro–, Jorge Zorro, que es ahora el ministro encargado y era contradictor de la ministra en funciones. Pero las alarmas no están allí. Quienes suscitan inquietud son lo que se ha venido en llamar la “legión catalana” cercana a la familia presidencia, compuesta por “Xavier Vendrell (político independentista catalán, enjuiciado por corrupción en España y asesor de campaña del presidente Gustavo Petro), Manuel Grau Pujadas (empresario de la construcción y otros negocios) y Eva Ferrer (alta consejera para la Reconciliación de la presidencia y amiga de Verónica Alcocer)”5. Los tres fueron nacionalizados de forma exprés. En visita al Papa Francisco, en el Vaticano, se han visto sendas fotos de Verónica Alcocer con la “Legión Catalana”, caras desconocidas para los colombianos, hasta ahora. Preocupa sobre todo la influencia y negocios que pueda hacer Grau Pujadas a quien el gobierno Petro nombró en la junta directiva de la Asamblea de Accionistas de la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad que responde ante el Ministerio de Hacienda por la comercialización de inmuebles e inversiones del Estado. Todo indica que Manuel Grau Pujadas busca realizar inversiones inmobiliarias en ubicaciones céntricas como son los centros históricos, donde el Ministerio de Cultura tiene la última palabra desde la Dirección de Patrimonio.

El 27 de febrero en alocución presidencial a lado de sus ministros, el presidente anunció que no estarían más en sus carteras la ministra de Cultura, el ministro de Educación y la ministra de Deporte –ellos no estaban en esa alocución.

Alejandro Gaviria se desempeñaba como ministro de Educación con gran solvencia y compromiso dadas sus altas cualidades intelectuales, académica y su experiencia como funcionario público, entre ellos ocho años al frente del ministerio de Salud y Protección Social. Alejandro es un irredento polemista, él mismo señala “alguien tiene que llevar la contraria”, tal vez esto llevó al presidente Petro a ponerlo fuera del gabinete presidencial. Los aportes de Alejandro siempre son sinceros y valiosos, busca construir, pero no desde la facilidad. Se había convertido en un contradictor del proyecto a la necesaria reforma a la salud, una de las banderas principales del gobierno Petro. En el ministerio de Educación se avanzaba en propuestas y ajustes necesarios, era respetado por sus opiniones sustentadas en el gabinete presidencial, pero tanto sirirí en la reforma a la salud seguramente canso a jefe de Estado. Sus críticas al proyecto de reforma a la salud fueron suficientemente sustentadas en documentos escritos; sobre el tema Gaviria es una autoridad. El gobierno pierde a un excelente ministro de Educación, a un franco y muy competente constructor y polemista. Petro tuvo la deferencia de invitar a Gaviria a almorzar antes de avisar oficialmente que ya no estaría en el ministerio de Educación.

María Isabel Urrutia fue la primer atleta colombiana en recibir una medalla de oro en unos juegos olímpicos, lo logro en Sidney 2000 en halterofilia –levantamiento de pesas-. Entre el 2002 y el 2010 fue Representante a la Cámara. El presidente Petro la eligió ministra de Deporte. La salida de la Urrutia del ministerio se dio en medio de escándalo. El 27 de febrero se le pidió la carta de renuncia, pero ni corta ni perezosa “se puso al día” con una “firmatón” de contratos entre el 2 y 5 de marzo (jueves a domingo), incluyendo la media noche del domingo, en esta “rauda eficiencia” firmó 260 contratos, de tal manera que también es la primera que siendo ministro se declara “insubsistente” –medida administrativa drástica aplicada cuando una persona no quiere renunciar-. El presidente dijo expresamente: “He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”. La Fiscalía abrió investigación contra Urrutia.